“La exploración de hidrocarburos es un emprendimiento comercial legítimo y el gobierno británico apoya el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar su sector de hidrocarburos”, dijo un portavoz de la cancillería británica.
“Este derecho es una parte integral del principio de autodeterminación, que está expresamente contenido en la convención internacional de derechos civiles y políticos”, agregó.
El canciller Héctor Timerman identificó a las empresas involucradas en el sector clasificándolas en tres niveles: las petroleras, las compañías que brindan “apoyo logístico” y las firmas de “servicios financieros y auditorias”.
“Son más que cinco empresas y son múltiples planos diferentes. Todas ellas dan un descrédito a las resoluciones de las ONU. Al otorgar Gran Bretaña licencia ilegítima, está colocando en un plano de ilegalidad a todas estas empresas que van a tener que asumir sus responsabilidades”, dijo el funcionario.
“Queremos que Gran Bretaña cumpla especialmente la resolución 2065, la primera que habla sobre la resolución pacífica de la soberanía de Malvinas”, sostuvo.
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