Insatisfacción de Marcha Indígena luego del tercer encuentro con Presidente.

GUATEMALA-ENCUENTRO

Las organizaciones sociales guatemaltecas que integran la Marcha Indígena se encuentran este viernes para analizar el proceso de diálogo con el presidente, Otto Pérez Molina. El pasado martes tuvo lugar la tercera sesión de trabajo con el Ejecutivo.

Audios disponibles:

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), en entrevista con AMARC Guatemala. (tercera reunión) - 54 seg. (428 Kb.)

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), en entrevista con AMARC Guatemala. (temas centrales) - 53 seg. (420 Kb.)

La insatisfacción de las organizaciones en esta tercera sesión creció porque desde el Ministerio de Defensa señalaron el papel democrático del Ejército. Sin embargo, se eludió comentar sobre las detenciones que se produjeron durante el estado de sitio en la localidad de Santa Cruz Barillas en las últimas semanas. Las organizaciones de derechos humanos todavía están investigando la cantidad exacta de personas detenidas, así como el apego de estas detenciones a los procedimientos jurídicos legales. En ese sentido, los grupos señalaron que el Presidente no reconoce que se esté produciendo una remilitarización del país. En sus declaraciones, Molina justificó el fundamento legal de la actividad minera e hidroeléctrica en el país, sin referirse en ningún momento al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Este artículo reconoce el derecho de las comunidades originarias a ser consultadas sobre actividades económicas que se desarrollan en sus territorios ancestrales. Los y las representantes de las organizaciones campesinas e indígenas denunciaron la indiferencia de las autoridades del Estado por las consultas comunitarias. Las organizaciones de la Marcha Indígena analizan este viernes el alcance de los compromisos expresados por las autoridades del Estado y los términos de la continuidad del diálogo con el Ejecutivo. También se espera que se aborden las propias estrategias de defensa ante la criminalización creciente de las actividades de defensores de derechos humanos en el país.(PÚLSAR)