En un intento de desalojo de unos 150 campesinos de una reserva forestal, cerca de Brasil, ocho policías y diez campesinos fallecieron y alrededor de otros cien resultaron heridas, por los violentos enfrentamientos.
27 agentes resultaron heridos en el tiroteo.
El presidente de Paraguay, Fernando Lugo comunicó: “Expreso mi gran pesar y repudio a los hechos que condujeron al fallecimiento de personas”.
‘‘He ordenado a las Fuerzas Armadas a sumarse de inmediato desde su misión específica en apoyo a este operativo’’, y se retiró sin aceptar preguntas.
Carlos Filizzola, ministro del Interior fue quien informó sobre los muertos en combate de diez campesinos.
Walter Gómez, comisario y jefe de investigaciones policiales en Curuguaty, a 400 kilómetros al noreste de Asunción, informó para la radioemisora Cardinal de Asunción que: ‘‘la balacera continúa en medio de la selva porque los invasores no quieren rendirse, entonces debemos seguir combatiendo hasta dominar la situación’’, y confirmó la muerte de siete policías, también ratificado por la dirección del hospital público del departamento de Curuguaty.
Los enfrentamientos se produjeron después de que 321 policías con apoyo de helicópteros ingresaron en la hacienda Morumbí, del conocido empresario y político paraguayo Blas Riquelme, para desalojar por orden judicial a más de 150 ocupantes.
Horas más tarde renunció el ministro del Interior, Carlos Filizzola, aceptada por el presidente Lugo y dijo que hoy anunciará el reemplazante, la misma situación ocurrió con el Jefe de policía.
En una conferencia de prensa, Filizzola responsabilizó a los campesinos del inicio de los enfrentamientos: “Hubo disparos de parte de ellos, la policía tuvo que responder”.
José Rodríguez, el dirigente campesino vinculado a Lugo, dijo que: “el enfrentamiento pudo haber sido un autoatentado de la policía para justificar la muerte de quienes ocupaban la tierra”.
El Jefe de Estado convocó anoche ‘a una reunión de urgencia a sus ministros del Interior, de Defensa y al comandante de las fuerzas armadas para analizar el conflicto’.
La oposición, responsabilizó al gobierno por la pérdida de vidas: “Ellos garantizaron la integridad de los campesinos y despreciaron la vida de los policías. Por eso se produjo la masacre”.
La gobernadora de Canindeyú, Cristina Villalba indicó que: “Coincidencia o no, los que lideraron esta ocupación son amigos del presidente. Están al lado de sus principales colaboradores”.
Y advirtió que “los dirigentes campesinos tienen sus propiedades en Curuguaty y hacen un negocio de las ocupaciones. Ellos poseen una radio comunitaria desde donde incitan todos los días a la violencia”.
Las ocupaciones de tierras son muy frecuentes en esa región.
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