En Ecuador, un juez dispuso: ‘el embargo de 50 marcas y sellos de propiedad de la empresa estadounidense Chevron que estaban registrados en este país, en el marco de una sentencia judicial que dispone a esa empresa el pago de 19.000 millones de dólares por contaminar parte de la amazonia norte de Ecuador’.

Wilfrido Erazo,  presidente subrogante de la Corte de Justicia de Sucumbíos, ordenó: “Al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual el embargo de 50 marcas y sellos considerados bienes intangibles de Chevron en Ecuador”.

Algunas de  las marcas que se embargaron son:  Havoline, Texaco, Ursa, Geotex, Multigear, entre otras.

Los abogados de algunos  ecuatorianos que demandaron a Chevron por contaminación, reclamaron  el pago de la multimillonaria sentencia del 2012, que ordenó a Chevron pagar 19.000 millones de dólares.

Andrés Icaza,  director del Instituto de propiedad intelectual, para el  canal de televisión Ecuavisa, manifestó que: “la acción  significa que están prohibidas de ser enajenadas, no pueden ser transferidas, y adicionalmente que las regalías que se están generando sobre estas marcas, no van hacia el titular de las marcas, sino hacia el que tiene el embargo (los demandantes)”.

Pablo Fajardo abogado de los demandantes, en declaraciones a la  agencia de noticias AP, dijo que: “lo resuelto por el juez significa que se están ejecutando (por orden judicial) los pocos activos que Chevron tenía en Ecuador, económicamente no sabemos cuánto cuesta, porque aún hace falta la valoración de los peritos, aunque sabemos que son marcas devaluadas. Este embargo  es un hecho simbólico más que monetario”.

“Ahora nos toca conversar, discutir y negociar con los ecuatorianos que tienen esas marcas bajo su responsabilidad, porque nuestra intención no es hacer ningún daño al mercado, queremos llegar a un acuerdo con estas empresas para que puedan seguir comercializando esos productos, pero que paguen las regalías a los demandantes y ya no a Chevron”.

James Craig,  vocero de Chevron para América Latina, James Craig, para  The Associated Press dijo que: “lo ocurrido  es una violación más al derecho internacional de parte de la república de Ecuador. Es otra muestra de la inexistencia del Estado de Derecho en el país y evidencia de la colaboración entre el Gobierno y los abogados demandantes para avanzar el fraude contra Chevron”.