Día Internacional de la Mujer.

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A pesar de los importantes avances en materia de derechos humanos que América Latina ha realizado durante los últimos 20 años, las mujeres de la región siguen encontrando dificultades para acceder a sus derechos, como consecuencia de un persistente patrón de discriminación, dijo Amnistía Internacional Argentina, en ocasión del Día Internacional de la Mujer.

La vida y la salud de las mujeres de América Latina están en riesgo constante debido a que los Estados no cumplen con su obligación de garantizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que son parte integral de los derechos humanos. Las altas tasas de mortalidad materna y de embarazo adolescente –que suele estar asociadas a uniones forzadas y a violencia sexual– son consecuencia de esa omisión. De acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, una de cada diez mujeres tiene insatisfecha su demanda de planificación familiar y tres de cada diez han sufrido violencia física o sexual de parte de sus parejas.

“Todos los estados de América Latina deben garantizar a la población, y especialmente a las mujeres y niñas que son víctimas de las desigualdades sociales y de género, programas de salud sexual y reproductiva integrales. Los objetivos deben ser evitar los embarazos tempranos y los no deseados, combatir las enfermedades de transmisión sexual y generar las condiciones para que la vida sexual sea ejercida en forma responsable, placentera y saludable”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Durante la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, que se desarrolló en agosto pasado en Montevideo, los gobiernos de América Latina reconocieron que las elevadas tasas de mortalidad materna en la región se deben fundamentalmente “a la dificultad para acceder a servicios adecuados de salud sexual y salud reproductiva y a la realización de abortos inseguros”. También afirmaron, en base a la experiencia continental, que “la penalización del aborto provoca el incremento de la mortalidad materna y morbilidad maternas y no disminuye el número de abortos”; en cambio, fuerza a las mujeres a recurrir a abortos clandestinos e inseguros.

En la Argentina el aborto está penalizado, excepto cuando el embarazo es producto de una violación o cuando corre riesgo la salud o la vida de la mujer en caso de continuar la gestación. A pesar de que así lo aclaró la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un trascendente fallo de marzo de 2012, todavía hay provincias donde se obstaculiza el acceso de las mujeres al aborto no punible, en los términos establecidos por la Corte. Para evaluar la situación en este punto y el cumplimiento de la sentencia, Amnistía Internacional Argentina y otras organizaciones de la sociedad civil pidieron recientemente al máximo tribunal que convoque a una audiencia pública.

Durante la Conferencia de Montevideo, los estados de América Latina , entre ellos Argentina, se comprometieron, precisamente, a garantizar el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo en los casos previstos por la ley, y también a “una amplia gama de métodos anticonceptivos modernos, incluyendo la anticoncepción oral de emergencia”. “Argentina debe asumir con responsabilidad los compromisos acordados en Montevideo y esto alcanza a todos los poderes del Estado. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deben generar las normas y directrices para garantizar que todas las mujeres accedan a los derechos sexuales y reproductivos, de manera que puedan tomar decisiones libres e informadas, no corran riesgos innecesarios, y puedan tener una mejor calidad de vida”, dijo Mariela Belski.

Los movimientos, principalmente de mujeres y jóvenes, que luchan por la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos en la región han conseguido victorias importantísimas en los últimos años. A través de su campaña global Mi Cuerpo, mis Derechos, Amnistía Internacional se suma a esos movimientos y está exigiendo a los Estados que cumplan con sus obligaciones para que todas las mujeres y niñas de la región puedan tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción sin discriminación ni coacción.