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lunes, 23 de diciembre de 2013

Bolivia expulsa a ONG danesa por entrometerse en asuntos internos.

BOLIVIA

Bolivia ha anunciado la expulsión de una Organización No Gubernamental (ONG) de origen danesa, acusándola de entrometerse en los asuntos internos del país. 

?Nos hemos cansado de tolerar la injerencia política de IBIS en Bolivia, nos hemos cansado de tolerar que IBIS promueva el conflicto interno entre las propias organizaciones de la Cidob, Conamaq?, ha declarado este viernes el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. 

La orden de expulsar a la agencia con sede en Dinamarca, que había trabajado con las comunidades indígenas y los sindicatos en las zonas rurales de Bolivia, se hizo efectiva inmediatamente. 

Además, Quintana ha acusado a la ONG danesa IBIS de ?dividir a las organizaciones sociales, a financiar la división de organizaciones sociales y a interpretar de manera errónea su responsabilidad, su mandato y su compromiso para trabajar en Bolivia?. 

Ante esta situación, el Secretario General de IBIS, Vagn Berthelsen, ha declarado en un comunicado que la organización está ?muy sorprendida? por la medida, alegando que ha intentado cooperar con las agencias del Gobierno boliviano durante su presencia en el país latinoamericano. 

IBIS ha estado activo en Bolivia desde 1960, centrado en proyectos educativos, promoción de la democracia ?entre los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes? y en políticas de desarrollo sustentable, según su sitio Web. 

IBIS sería la primera ONG que es expulsada del país andino. 

En mayo de 2013, Bolivia ordenó a la Agencia Internacional de Desarrollo de EE.UU. (USAID, por sus siglas en inglés) salir del país por la presunta intromisión y conspiración contra el Gobierno. 

En 2008, el presidente Evo Morales acusó a la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) de conspirar contra su Gobierno y ordenó la expulsión de esta agencia. 

domingo, 20 de octubre de 2013

En el penal de Tacumbú.

Situación de los presos políticos paraguayos extraditados por el kirchnerismo



Compas con pérez esquivel
Los compañeros con Pérez Esquivel, en Marcos Paz, antes que el kirchnerismo los extraditara 
 
(AW)El penal de Tacumbú, el más grande del Paraguay, se encuentra a pocas cuadras del centro de Asunción. Señalado por organizaciones internacionales de derechos humanos por las pésimas condiciones de vida en que se obliga a vivir a los reclusos, tiene un altísimo nivel de hacinamiento: alberga a 4000 internos, cuando su capacidad es de 1200. Entre ellos, sobreviven en el encierro los seis compañeros que, desde la cárcel de Marcos Paz, fueron extraditados por el kirchnerismo, en 2008, hacia la garras stronistas. La decisión, que violó la tradición de asilo en la Argentina, fue tomada en contra de 3 Premios Nobel, escritores como Osvaldo Bayer y el abogado incansable Eduardo Soares, entre miles de luchadores populares que se movilizaron una y otra vez por su liberación. Con la siguiente nota de Cecilia R. continuamos la lucha por la libertad de Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Basiliano Cardozo, Gustavo Lescano, Arístides Vera, Simeón Bordón.
Este es un barrio cerrado”, bromea Roque Rodríguez, uno de los seis presos políticos paraguayos que fueran extraditados desde Argentina. “Un barrio cerrado pero pobre…”
Tal como lo dice, el penal de Tacumbú es un espejo exagerado de la realidad social paraguaya, lo que puede observarse antes de entrar. En la avenida que bordea el frente se apiñan míseras casillas de madera: son los puestos de alquiler de ropa para ingresar al penal. En algunos también venden frutas y guardan elementos que las visitas no pueden ingresar a la cárcel.
Una vez adentro, apenas se traspasa la reja que separa el área de administración y admisión, el visitante se encuentra con centenares de reclusos desesperados y harapientos, mayormente muy jóvenes, que se acercan a pedir monedas o comida, que llaman desde atrás del alambrado que delimita el paso hacia los pabellones; que se ofrecen como guías o llamadores de los presos que tienen visita. Casi todos ellos son los llamados “pasilleros”, presos que no consiguen lugar en los pabellones y celdas del penal, por lo que viven en los pasillos o en los tinglados de la cancha de básquet. Son más de 300 los presos que viven en estas condiciones, durmiendo en el piso y viviendo a la intemperie, inclusive durante el invierno. Muchos de ellos llegan a la cárcel luego de haber sido “niños de la calle” o de haber pasado su adolescencia en institutos de menores.
Las mismas autoridades del penal admiten que gran parte de la población carcelaria no se encuentra allí por haber cometido delitos sino por ser tener problemas graves de adicciones.
A este penal fueron llevados en diciembre de 2008 los seis dirigentes campesinos paraguayos que fueran extraditados desde Argentina: Agustín Acosta, Simeón Bordón, Basiliano Cardozo, Gustavo Lescano, Arístides Vera y Roque Rodríguez. Es necesario recordar que estos dirigentes, casi todos ellos militantes del Partido Patria Libre Paraguay, llegaron a nuestro país en abril de 2006 a pedir refugio político, por la encarnizada persecución de la cual era objeto esa organización en su país. Que el mismo embajador argentino en Paraguay, Rafael Romá, luego de ser puesto al tanto de la situación, les recomendó que viajen a Buenos Aires a solicitar el refugio, garantizando la respuesta positiva del gobierno argentino, “el gobierno de los derechos humanos”. Que muy lejos de ello, fueron detenidos en las oficinas del Comité Para la Elegibilidad de los Refugiados.
Una vez en Paraguay, los campesinos fueron llevados a juicio con una importante demora, recién en febrero de 2012. En julio, del mismo año los seis extraditados y otro acusado que fue agregado posteriormente a la causa, fueron condenados a 35 años de prisión, en un fallo escandaloso que los declaró culpables sin ninguna prueba, del secuestro y decisión de muerte Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas Grau.
“El síndrome de Marcos Paz”
A las 10 de la mañana los reclusos comienzan a formar la fila para recibir el almuerzo que se entrega en el comedor del penal. Centenares de personas delgadas, descalzas, de ropas muy sucias y muchas veces rasgadas, llevan en sus manos botellas de plástico cortadas en la cual les servirán la comida. Menos de la mitad de los reclusos busca el alimento: es incomible. Solamente quienes no cuentan con recursos para comprar otro alimento aceptan tener que comer semejante preparado.
“El penal compra todo lo necesario para la comida, pero los funcionarios venden casi todo lo más valioso y se prepara la comida con lo que queda” cuentan algunos presos. “Así y todo esa comida es muy buena, muy buena al lado de la que nos daban en (el penal de) Marcos Paz”, cuenta uno de los presos que fue extraditado desde Argentina.
Tacumbú no es solamente un barrio cerrado, un barrio de pobres hacinados viviendo en condiciones miserables y violentas, es sobre todo un inmenso mercado negro. Allí todo se compra y se vende: los lugares para vivir o para recibir visitas, teléfonos celulares, televisores, radios, artesanías, comida, ropa, sexo, droga. Solamente se trata de tener con qué pagarlo. Es así que los más pobres duermen en el piso y venden hasta su ropa por pocos miles de guaraníes, y algunos pocos viven en los pabellones VIP, previo desembolso, con todas las comodidades. También se paga la muerte: por monedas se puede mandar a matar a un recluso. Varios de los crímenes que se cometen en el penal son muertes por encargo.
Como parte de esa lógica mercantil, el régimen del penal es relativamente laxo. Los internos tienen permitido deambular por casi todos los ámbitos del penal durante el día y no existen regímenes de aislamiento. La requisa a los visitantes es poco exhaustiva y los criterios de ingreso de mercadería para los presos es muy permisivo.
Tal vez por eso los seis campesinos guardan un recuerdo angustioso de su experiencia carcelaria en el penal de Marcos Paz: Simeón Bordón lo llama “el síndrome de Marcos Paz”, explicando que recibían muchas visitas de parte de las organizaciones sociales y políticas, pero que el régimen de confinamiento solitario hacia muy difíciles sus días de prisión.
En la audiencia en la que fueron declarados culpables de todos los cargos, el abogado defensor Roque Orrego alegó en contra de la posición de la pena máxima a los acusados. Además de seguir sosteniendo la inocencia de todos ellos y la falta de pruebas que los vinculen a los hechos de la acusación, Orrego -conocido jurista y redactor de la última modificación del Código Procesal Penal paraguayo- advirtió al tribunal que en los hechos una pena de esas características es un pena de muerte, dadas las condiciones deplorables de detención que existen en Paraguay y particularmente en el penal de Tacumbú. Esas circunstancias sumadas a las edades de los imputados, hacen impracticable el cumplimiento en vida de la condena. Arístides Vera, uno de sus defendidos, tiene hoy 51 años, Roque Rodríguez, 60. Fueron condenados a 35 años de prisión, las condenas más altas del penal. En Tacumbú, los funcionarios admiten que los presos que ingresan jóvenes difícilmente llegarán en el penal a los 40 años, debido a la violencia, las enfermedades y las malas condiciones de vida.
Masacre de Curuguaty
Los seis dirigentes campesinos no son los únicos presos políticos que se encuentran en Tacumbú: antes que ellos ya habían sido recluidos allí algunos de los condenados en un juicio anterior contra miembros del Partido Patria Libre. Más adelante se le fueron sumando varios acusados de pertenecer al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), de los cuales algunos fueron liberados.
En noviembre de 2012 fue llevado a Tacumbú Rubén Villalba, dirigente de la toma de tierras de Marina Cué que terminó con la masacre de Curuguaty. Recientemente cuatro detenidos más por la misma causa también fueron trasladados alli. Todos los presos politicos paraguayos tienen en común su origen campesino.
A lo largo de la visita los presos cuentan detalles del larguísimo camino de irregularidades judiciales con que se los mantiene tras las rejas, condenados a una sentencia imposible. El caso de los seis asi como el de los presos de Curuguaty resumen el trato del estado paraguayo hacia el campesinado, sobre todo la voluntad implacable de reprimir a los sectores más politizados del mismo.
En Tacumbú comparten sus días con miles de presos que son hijos de la misma historia de despojo, muchos de ellos campesinos o hijos de campesinos forzados a emigrar a las ciudades para convertirse en marginales.
Desde ese lugar que consideran su rincón de lucha donde los colocó la dolorosa historia de su pueblo, los seis dirigentes evocan con inmenso cariño y agradecimiento la solidaridad que recibieron en su estadía en Argentina, convencidos de que la libertad solamente vendrá de la mano de la lucha.
Cecilia R.

viernes, 8 de febrero de 2013

Degradación que no cesa.

CÁRCELES DE MÉXICO



Mxico

(AW) Tras el motín ocurrido el sábado pasado en el complejo penitenciario de
 Islas Marías, protagonizado  por unos 600 internos para protestar por el empeoramiento de las condiciones de trabajo, alimentación y esparcimiento, en el que resultaron heridos entre cinco y ocho mandos y custodios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició ayer una investigación sobre las circunstancias de la rebelión y pidió al Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación la aplicación de medidas cautelares, a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad personalde los presos y de sus familiares, y evitar actos de represalia contra los amotinados. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas orientadas a mejorar en forma urgente "las condiciones de internamiento y estancia de los internos".

Cabe recordar que en el sexenio pasado el ex titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, estableció en la zona de la isla María Madre conocida como Laguna del Toro un centro de máxima seguridad para albergar a reos de alta peligrosidad, lo que se tradujo en restricciones a las actividades de los reclusos por delitos menores,quienes tienen permitido llevar a sus familias a las Islas Marías.
Posteriormente, la Policía Federal, que tiene a su cargo la vigilanciade las colonias penales, redujo las actividades sociales y endureció las condiciones laborales de los internos. Con ello se afectó el funcionamiento del único centro de reclusión del país que podríaconsiderarse ejemplar por sus perspectivas de rehabilitación, las condiciones de vida de los presos y su articulación con programas y
actividades de readaptación, actividades productivas y proyectos ambientales.
La descomposición y el motín en uno de los penales más estables del país son ilustrativos de la crisis por la que atraviesa el sistema carcelario en general, agudizada por el crecimiento casi exponencial de la población carcelaria en los tres sexenios anteriores y, en particular, en el contexto de la "guerra contra la delincuencia organizada" emprendida por Felipe Calderón.
Resulta deplorable, por decir lo menos, que en las postrimerías de su gobierno el político michoacano haya exhibido como motivo de orgullo la construcción de 15 cárceles federales, habida cuenta de que ni la
proliferación de prisiones ni el incremento en la población de éstas se ha traducido en una disminución de los índices delictivos ni, peor aun, en una reducción de la impunidad en el país.
Hoy existe el triple de personas en prisión que en 1994, pero la inseguridad y la violencia, lejos de amainar, se han extendido y ahondado. Los penales siguen siendo escuelas del crimen y en ellos campean la corrupción y las violaciones regulares a los derechos humanos.
En tal circunstancia, el nuevo gobierno federal tiene la necesidad imperiosa de concebir y aplicar un modelo penitenciario mínimamente eficaz y digno que, sin atentar contra las garantías irrenunciables de
los reclusos, coadyuve a mejorar la seguridad de la ciudadanía. Porque, como permite constatarlo la frecuencia y gravedad de motines, fugas y muertes violentas en las prisiones del país, el problema de las
cárceles es una bomba de tiempo.
Fuente: Guillermo C. Cohen-DeGovia