Tribunales de honor para los veinte represores encarcelados en Domingo Arena.

URUGUAY

Los condenados por delitos durante la dictadura, entre los que están Gregorio Álvarez, Gavazzo y Silveira, serán sometidos a tribunales de honor, a pedido del futuro comandante en jefe del Ejército.

20 de enero de 2014  

La República uy

Gregorio Álvarez

El general Juan Villagrán, asumirá la comandancia de la fuerza de tierra en sustitución del actual comandante ?Pedro Aguerre- el próximo 1º de febrero, y ya se anticipa su decisión de pedir la formación de tribunales de honor para más de veinte militares que están en la cárcel de Domingo Arena.

Los tribunales estarán constituídos por tres oficiales de similar o superior graduación a la de quien sea sometido a juicio. Los jerarcas deberán definir si los militares actuaron acorde a la línea establecida por la misma fuerza, o si se apartaron de ella y cometieron delitos, con lo cual perderán sus derechos como oficiales militares.
Cambios militares de este año son clave del futuro

El Ejército inicia este primero de febrero próximo una reforma de fuernte contenido, antes de que asuma el próximo gobierno del país en 2015: además de los seis generales que ascienden, con venia parlamentaria previa, en febrero de 2015, otros cuatro se sumarán al generalato.

El nuevo comandante Villagrán, ascendió en febrero de 2007, por lo que el año entrante debería pasar a retiro al cumplir ocho años en el grado: no obstante, una nueva ley en marcha, extenderá los plazos de actuación de los comandantes, si así lo entiende el próximo Presidente de la República. De ser afirmativa la posición Villagrán, sería comandante durante todo el próximo período de gobierno.

En la Fuerza Aérea no se anticipan cambios en febrero próximo: continúan los cinco brigadieres generales y el comandante en jefe, general del Aire Washington Martínez.

En la Armada el actual capitán de navío Jorge Jaunsolo asciende a contralmirante, mientras que permanecerá al frente de la fuerza, el almirante Ricardo Giambruno

La Historia, decía James Joyce, es una pesadilla de la cual trato de despertarme.

VENEZUELA

SIN MEMORIA NO HAY JUSTICIA

POR LUIS BRITTO GARCÍA
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Férreo y tenaz fue el sueño angustioso de nuestra Historia Contemporánea. Desde 1958 nuestra cotidianidad consistió en manifestaciones abaleadas, periódicos confiscados, censura directa o indirecta de los medios, prohibición de piezas teatrales, exposiciones y películas, violaciones de domicilio, partidos ilegalizados, elecciones donde acta mataba voto, suspensiones de garantías de más de tres años consecutivos, allanamientos, torturados, enterrados vivos, desaparecidos, exiliados, universidades ocupadas militarmente y privadas de autonomía, Teatros de Operaciones donde no entraban ni  Constitución ni tribunales, aplicación de bárbaras leyes de Vagos y Maleantes que permitían condenar  mediante simple oficio a varios años de trabajos forzados a quienes carecían de profesión o domicilio, bombardeos contra  zonas rurales, desplazamientos forzosos de campesinos, asesinatos selectivos, grupos delincuenciales de la policía, detenciones en masa de todos los habitantes de zonas populares con el pretexto de verificar si tenían antecedentes penales, masacres, hecatombes. Es posible que el número de víctimas fatales llegara a las diez mil. A este horror lo llamó Rafael Caldera ?la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana?.

2

Ante el diluvio de tropelías los organismos encargados de aplicar la Ley, con honrosas excepciones, otorgaron y callaron. Correspondió a simples ciudadanos, camaradas, comités de Derechos Humanos y uno que otro parlamentario progresista  denunciar e investigar violaciones. No era fácil. Por el mero hecho de denunciar se convertían en las primeras víctimas de la represión. Los expedientes de cuerpos policíacos y tribunales de excepción permanecían cerrados a piedra y lodo, y tal situación siguió igual después de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispuso inequívocamente en su artículo 143: ?Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad?. 

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Venezuela asume la investigación de estas atrocidades con retardo injustificable. Dictadura hubo en Argentina, y para 1984 el informe Nunca más, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sábato, reconocía 8.960 desaparecidos. En Chile en 1990 el informe Rettig, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, verificó 2.296 víctimas fatales de Pinochet. Las organizaciones sociales afirman que las cifras reales son muy superiores, pero por algo se empieza. En cambio, a catorce años del triunfo bolivariano,  Ministerio de Justicia,  Fiscalía, Defensoría del Pueblo y tribunales apenas han comenzado a cumplir a plenitud con las  competencias que los obligan a investigar y sancionar  crímenes de lesa humanidad. La mayoría de las realizaciones en la materia se deben a la empecinada y desamparada labor de deudos y comités de víctimas. Sólo en 2011 la Asamblea Nacional bolivariana emite una Ley para Sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los Derechos Humanos por razones políticas en el período 1958-1998, y designa una Comisión de la Verdadpara cumplir dicha tarea.

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Aquellos que no aprenden de la Historia, decía Santayana, se ven obligados a repetirla ¿Qué hacer para evitar que el horror reincida? En primer lugar, se deben abrir los sepulcros blanqueados de los expedientes de tribunales y cuerpos represivos, hasta hoy vetados para la ciudadanía. Se debe evitar que continúe la destrucción de archivos y de pruebas, e investigar y sancionar a sus responsables.

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En segundo lugar, Ministerio de Justicia, Fiscalía y Defensoría del Pueblo deben  poner a disposición de la Comisión las investigaciones que en función de sus competencias estaban y están obligados a adelantar sobre estos crímenes de lesa humanidad, y explicar y justificar las posibles omisiones en el cumplimiento de ellas, entendiéndose que la creación de una Comisión de la Verdad no los releva ni exonera del cumplimiento de tales atribuciones, ni del deber de continuar desempeñándolas.

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En tercer lugar, la Comisión debe desarrollar un mecanismo para desempeñar sus tareas. Un cuerpo colegiado trienal de una treintena de  personas que ejercerán funciones a título honorífico,  parece  diseñado para hacer casi imposible que se reúna y que cuente con medios para cumplir con tareas que durante una década no cumplieron organismos con abundante dotación administrativa y presupuestaria.  Sólo el convocarnos para la juramentación ha tomado año y medio. ?Mas estas víctimas serán vengadas, estos verdugos serán exterminados?, escribía Bolívar en Mérida el 9 de julio de 1813. Esperémoslo.

Amenazan a dirigente campesino del Bajo Aguán.

HONDURAS-AMENAZAS

El coordinador de la Vía Campesina de Honduras, Rafael Alegría, fue notificado por el presidente de ese país, Porfirio Lobo, de un plan para asesinarlo. El dirigente pidió protección y reiteró el pedido de solución al conflicto en el Bajo Aguán.

Audios disponibles:

Rafael Alegría, dirigente campesino, a TeleSur. (preocupación) - 24 seg. (190 Kb.)

Además del Mandatario hondureño, el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, también confirmó este lunes la existencia del plan para atentar contra la vida del dirigente. Ante esta situación, Alegría señaló que interpuso una denuncia a nivel nacional e internacional. Asimismo, pidió a las autoridades que desarticulen dicho plan y que presenten a los responsables ante los tribunales de justicia. En ese sentido, Rafael Alegría, denunció que las amenazas provienen de sectores de la oligarquía hondureña. Según el coordinador de la Vía Campesina de ese país, dichos sectores "se oponen a la reforma agraria, a la soberanía alimentaria y a los derechos elementales de los campesinos y pueblos indígenas". Por otra parte, el dirigente expresó que el Gobierno nacional no atiende el conflicto agrario que se desarrolla en la región del Bajo Aguán y que ya causó 75 muertes. Cabe destacar que en esa región, 4 mil familias representadas por 9 organizaciones campesinas luchan por recuperar las tierras que habían adquirido a través de la reforma agraria. Actualmente, las tierras se encuentran en poder de 3 latifundistas. Se trata de Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales. Estos terratenientes poseen más de 25 mil hectáreas de tierra en la zona del Aguán. Las familias de esa región también denuncian persecuciones, amenazas e intimidaciones. Asimismo, los trabajadores rurales reclaman su derecho a la tierra y a la alimentación. (PÚLSAR)

El islamista Mohamed Mursi asumió como el primer presidente democrático de Egipto.

Ayer fue aclamado en la plaza Tahrir.

El nuevo mandatario, ingeniero de 60 años doctorado en Ciencia Espacial en Estados Unidos, prometió ”un nuevo estado civil, constitucional y moderno. El nacimiento de una nación fuerte con su pueblo, creencias, historia e instituciones”.

“Respeto, lo quiero decir claramente; respeto a las autoridades legislativas y ejecutivas, y me aseguraré de que estén separadas. Saludo al Tribunal Constitucional, la institución que garantizo que seguirá siendo independiente y fuerte. Respetaré a los tribunales y defenderé sus libertades”, agregó

“Hoy Egipto inició el camino para una vida real con libertad y democracia real”, concluyó Mursi.