URUGUAY
Los verdaderos responsables
> por Jorge Zabalza
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> En el 2009 hubiera bastado conque los candidatos Mujica y Astori mostraran la papeleta y dijeran ?yo voto rosado? para que se alcanzaran los votos necesarios para anular la ley de caducidad. Ese gesto los indisponía con los capitales extranjeros, las fuerzas armadas y los EEUU, por eso no lo hicieron y prefieron el discurso del Olvido y el Perdón.
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> Desde el 1 de marzo del 2005 hubo mayorías palramentarias para anular la ley de Caducidad pero la conducción del Frente amplio no quiso hacerlo. Después vino el episodio de Víctor Semproni que se prestó a incinerarse para salvar el caudal electoral de muchos ?tapados? que hubieran querido hacer lo mismo.
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> Finalmente se aprobó la tibia ley de imprescriptibilidad, tan tibia que la jueza Mariana mota consideró innecesario aplicarla. Los parlamentarios del Frente Amplio han dado más de mil vueltas para quedar bien con el poder y con sus votantes.
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> Sin embargo no se dieron cuenta que la atmósfera de olvido y perdón habilitaba para que los fascistas de la Suprema Corte iniciaran una escalada en defensa del terrorismo de Estado y removieran a la jueza Mariana Mota. Así como miles nos indignamos y muchos estuvimos en el pasaje de los Derecho Humanos, el gobierno de Mujica podía haber apoyado al canciller Luis Almagro en su crítica a los ministros de la corte. El propio Mujica podría haber dicho ?qué feo lo que hizo la Corte?, pero nó, tanto él como Huidobro estaban contentos con la inmunda maniobra de los jueces y salió a atacar a los manifestantes. Sin ningún tipo de vergüenza la primera dama no quiso faltar a la cita de los que le pegaban a Mota e indirectamente a la lucha por Verdad y Justicia
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> Ahora, al declarar inconstitucional la tibieza de la ley de imprescriptibilidad, la Corte embreta al gobierno y a los parlamentarios desde la extrema derecha: ¿está o no dispuestos a perdonar y olvidar los crímenes de lesa humanidad?
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> Los del MPP se rasgan las vestiduras y quieren quedar bien con todos. Ya no pueden hacer mucho más equilibrio. Fracasó la estrategia del abrazo con las culebras... se fue Saravia y Semproni son muy venenosos. Hay otros peores que no han mostrado los colmillos todavía. Se dan cuenta de que pierden votos por todos lados y, como es habitual, Lucía Topolansky sale a hablar de juicio político y otras pavadas en todos los medios. Tiene un rostro de piedra. Si están tan decididos a tomar todos los caminos legales (¡no vayan a hacer nada ilegal, por favor!). PROPONGAN ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD DE UNA VEZ POR TODAS. Así crean un hecho político que obligue a definirse a favor y en contra de la impunidad. ¿Qué excusa les queda ahora o son unos charlabaratas de feria (sin alusión alguna)? ¡Vamos señores pongan un poco de coraje sobre la mesa! Es la única forma de recuperar unos gramos de la dignidad perdida.
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> Por supuesto siempre tiene un camino alternativo... Huidobro es la vanguardia y se los señala: agacharse bien hasta el piso para abrazarse con las culebras uniformadas de verde y azul.
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> Los votantes y la militancia emepepista decide: con la Verdad y Justicia o con la Impunidad del terrorismo de Estado, no caben medias tintas ni como te digo una cosa te digo la otra.
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> Creemos que hay que acompañar a Madres y Familiares pero sin callarse ni una sílaba y sin entregar a los verseros de siempre el campo de la consciencia popular. El lunes 25 iremos a la Plaza Libertad a decir nuestras verdades y a exigir a ese parlamento desprestigiado que anule la ley de caducidad.
> ¡Arriba los que luchan!
URUGUAY
Verdad y justicia: miles de personas concentraron en plaza Libertad
MONTEVIDEO (Uypress) - Organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantes y militantes políticos se hicieron presentes en la concentración convocada desde las 18 hs. de este lunes en la plaza Libertad con el fin de reclamar contra la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831, por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
A pesar de que la convocatoria desde el Frente Amplio era 'en silencio', los murmullos no cesaron en ningún momento de la hora y media que duró el encuentro en pleno centro montevideano. Sobre las 18.40 hubo aplausos fuertes y sostenidos y se dio paso al Himno Nacional; luego siguieron más palmas y cánticos pidiendo justicia.
Entre banderas de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), de la comunidad LGBT y de la asociación de ex presos políticos (Crysol), una señora abrazó fuerte a Valentín Enseñat, integrante de HIJOS Uruguay, al grito de 'Nosotros somos ellos'.
Enseñat calificó a la convocatoria como 'un poco extraña', dado que 'desde un principio esto trascendía la convocatoria política, cuando convocamos el viernes' y agregó que defenderán estos 'espacios propios', en referencia a las organizaciones sociales que convocaron desde un comienzo.
El joven sostuvo en diálogo con Uypress que la medida de la SCJ de inconstitucionalidad 'nos toma por sorpresa. No nos esperábamos esta decisión, y menos en pleno carnaval, pero vamos a trabajar esto tanto desde lo jurídico como desde lo público, con la gente, reivindicando nuestra lucha'.
Tanto el integrante de HIJOS, como miembros de Crysol, confirmaron que van a acudir al derecho internacional, considerando la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya falló respecto al Caso Gelman, como llevando las más de 50 causas de presos políticos conocida como 'Boiso Lanza', en referencia al centro de detención.
Baldemar Tarocco (Crysol) afirmó que 'la decision de la SCJ que no hace más que trancar la justicia y perpetuar la impunidad' y que 'la Corte se pone del lado de los represores'. 'Creemos que están tirando para adelante las causas para que no haya resolución', agregó.
Respecto a las declaraciones que se conocieron en las últimas horas del militar procesado Jorge 'Pajarito' Silveira, Tarocco insistió en que 'nunca hubo sentido de venganza ni revanchismo. La búsqueda de justicia es para nuestros hijos y nietos, para su futuro. Tampoco queremos que los militares tengan un trato como el que ellos nos dieron'.
Chela Fontoura (Crysol) agregó que 'es vergonzoso que se dé prensa a un torturador comprobado, alguien que ha actuado como un animal, ha violado y ha torturado', en referencia a las palabras de Silveira.
Respecto a los dichos del ex Jefe del Estado Mayor de Defensa, José Bonilla, quien afirmó que el cierre de las causas 'es una buena situación para [que] el que algo sabe, alivie su conciencia' y proporcione datos sobre el destino de las desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura sin probabilidad de procesamiento, Fontoura afirmó que 'están protegiendo a los militares'. 'Ellos tienen que hablar ante la justicia. Hasta ahora, esto no ha sucedido y si se promueve que declaren de esta forma, nunca llegarán a ser juzgados', concluyó.
Otro de los presentes fue el Rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arocena, quien sostuvo que era un 'deber' estar allí, cuando 'es evidente que hay gran inquietud en toda la ciudadanía uruguaya para saber qué va a pasar con la búsqueda de la verdad y la asignación de la justicia'.
Arocena informó que la UdelaR trató las implicaciones del traslado de la jueza Mariana Mota durante la última sesión del Consejo Directivo Central (CDC) y que se decidió consultar al respecto a los profesores de Derecho Constitucional, 'como debe hacerlo la universidad para informar a la sociedad y que cada ciudadano pueda armar una opinión bien formada sobre este tema'.
A su vez, remarcó que 'nos gustaría conocer con detalle y cuidado, los detalles de las decisiones que adopta el sistema judicial', en referencia a decisiones como las de pasar a la magistrada del fuero penal al civil tras ocho años de seguimiento de causas de delitos de lesa humanidad.
El rector destacó la 'vocacion tradicional y el mandato legal sobre su compromiso con los derechos humanos que tiene la Universidad' y señaló la importancia de que los estudiantes de Derecho se formen pensando 'cómo construir un sistema jurídico que garantice vigencia de la justicia y cómo colaborar para que todos los ciudadanos entendamos bien el proceso de administración de justicia'.
Los aplausos se sucedían en oleadas. 'Es que por más que pidas silencio, la gente por algún lado se tiene que expresar', comentaban dos señores cerca del momumento emplazado en medio de la 18 de julio.
También estuvo presente la comunidad LGBT, con integrantes como Federico Graña, quien señaló que 'este colectivo tiene que estar porque acá se atentó contra la libertad durante el terrorismo de Estado' y remarcó que entre quienes asistieron a la concentración 'hay sensación de impotencia muy grande, se están pagando muchos errores de la sociedad.
Graña también se refirió a las calificaciones de 'asonada' que tuvo la concentración durante el fin de semana: 'Esta manifestación no es una asonada, como la calificó una parte de la oposición. Decir que es una asonada, es no entender el dolor de la gente'.
Entre las figuras políticas se encontraba el senador Enrique Rubio (VA), quien defendió la concentración: 'si uno está en desacuerdo con fallos de inconstitucionalidad puede manifestarlo de manera pacífica, como lo está haciendo la gente', e indicó que 'estudiaremos los otros fallos de inconstitucionalidad, uno por uno'.
Referente a la posible injerencia del poder político sobre el judicial, el senador precisó: 'Hay 'separación de poderes' pero no hay repúblicas aparte, no hay independencia de poderes. Hay una sensibilidad herida, y eso no lo podemos desconocer' y concluyó remarcando la necesidad de una reforma de la Ley de la Magistratura.
'¡No más silencio! ¡No más silencio!', gritaban unos grupos de jóvenes, mientras los asistentes se desconcentraban sobre las 19.30 hs, muchos de ellos hacia el Velódromo, para el festival artístico de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
IMPUNIDAD:
Naciones Unidas rechaza la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay que ?viola el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación?
Domingo 24 de febrero de 2013 | 22:03 La República uy
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó el domingo su preocupación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucionales artículos de una ley de 2011 que había determinado que los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985) eran imprescriptibles.
?Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país?, expresó la Alta Comisionada, citada en un comunicado del organismo.
?Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional?, añadió.
La decisión de la Corte, adoptada el viernes por cuatro votos contra uno, ?abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación?, sostuvo el comunicado.
?Esta alarmante noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota -quien ha estado a cargo de investigar cerca de 50 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo- fuera abruptamente trasladada por la Suprema Corte de su jurisdicción penal a un tribunal civil?, agregó el texto.
La ley cuestionada por la Suprema Corte fue aprobada en octubre de 2011 por el oficialista Frente Amplio (izquierda) con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.
Los artículos considerados inconstitucionales declaraban los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985 ?crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales? y afirmaban que ?no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad? para su juzgamiento.
La Corte justificó su decisión en que la cuestionada ley viola el principio de no retroactividad establecido en la Constitución. AFP
FASCISMO !
La resolución de la SCJ hace posible LA LIBERACIÓN DE LOS ASESINOS enjuciados y condenados por crímenes como el de Ramón Peré y el del Maestro Julio Castro. Secuestrar al Maestro Julio Castro, torturarlo, asesinarlo con un tiro en la cabeza, enterrarlo en un cuartel y tenerlo como desaparecido durante decenios es, según los testaferros de la SCJ, un "delito común". Según se deduce, de ahora en más será "común" el asesinar personas y ENTERRARLOS EN CUARTELES, debe de ser una verdadera novedad "jurídica". Los integrantes de la SCJ son desde ya parias a nivel del derecho internacional, ha quedado muy claro en todo el mundo que se trata de una pandilla vendida al mejor postor, que de Suprema no tienen nada y de Corte solo el nombre ya que en los hechos son una banda que promueve la injusticia. "Delitos comunes" los cementerios clandestinos de opositores ANTIDICTACTORIALES asesinados !! Estafadores !!
Último Momento
Fallo de SCJ abre puerta para liberar dos presos
El coronel Tranquilino Machado y el policía retirado Ricardo Zabala, actualmente en prisión, podrían ser los dos primeros en ver las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley sobre imprescriptibilidad de los crímenes, dictado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El fallo emitido el viernes, se centró en un caso. Pero, según consigna El Observador, para la abogada y asesora legal del Centro Militar, Graciela Figueredo, si la Corte falla sobre las causas de Machado y Zabala aplicando los mismos argumentos de la sentencia inicial a los casos ya presentados con opiniones jurídicas similares sobre la inconstitucionalidad, y cae la ley, se puede establecer que los delitos prescribieron y los procesados podrían ser liberados. En los fallos del militar y el policía se alude a texto expreso a la ley 18.831 en cuestión.
Machado fue procesado con prisión en junio de 2011 por la muerte del estudiante de veterinaria Ramón Peré, ocurrida en julio de 1973. Zabala, en tanto, fue procesado en marzo de 2012 por la muerte del maestro Julio Castro, sucedida en la mañana del 1º de agosto de 1977.
El País Digital
Repercusiones internacionales: en Argentina
DECLARAN INCONSTITUCIONAL UNA LEY QUE PERMITIA JUZGAR A MILITARES
Una vuelta a la impunidad en Uruguay
El gobernante Frente Amplio y otras organizaciones convocaron a una marcha para repudiar el fallo.
Página 12
Las causas por los crímenes de la dictadura podrían quedar archivadas. Por eso la senadora y primera dama Lucía Topolansky dijo que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte Suprema.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró ayer inconstitucional una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante la dictadura uruguaya (1973-1985), por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente, José Mujica, manifestó en conferencia de prensa que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte. En este contexto, el gobernante Frente Amplio (FA) y otras organizaciones convocaron para el lunes a marchar en repudio al fallo.
En su decisión, el máximo tribunal de justicia declaró inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el ?pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985?, considerados de lesa humanidad. El principal argumento en el que coincidieron los ministros es en que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley de ?imprescriptibilidad? de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de centroizquierda FA, aunque con alguna disidencia interna. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares ?en 1986 y 2009? en favor de una ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.
La resolución contó con el voto positivo de cuatro de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, informó su portavoz, Raúl Oxandabarat, citado por la edición electrónica del diario El País, de Montevideo. Añadió que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que hay militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura deberán ser archivadas, al entenderse que prescribieron. Sin embargo, y ante la reacción y repudio del Frente Amplio y varias organizaciones, Oxandabarat pareció rectificarse al afirmar que ?la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la dictadura no significa el archivo automático de todas las causas abiertas por aquellos crímenes?. El portavoz explicó que esa interpretación es ?un disparate? y enfatizó que el alto tribunal ?solamente se pronuncia sobre un caso concreto?. ?Los jueces tienen independencia para aplicar lo que quieran?, añadió. La rectificación del vocero de la Corte, de todos modos, no explica de qué forma un dictamen del máximo tribunal sobre un recurso de inconstitucionalidad, en este caso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, no sienta jurisprudencia para otras causas.
Según el diario uruguayo La República, Topolansky puso de manifiesto que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a la Corte aunque, para ello, el FA deberá contar con una mayoría especial en el Parlamento, que requiere de los votos de la oposición.
Ante la decisión de la Justicia, la coalición gobernante, la central sindical y una organización de familiares de víctimas de la dictadura convocaron para el lunes una marcha en Montevideo. ?Por verdad y justicia nos concentramos en silencio? es el título del comunicado difundido a la prensa por el FA, que llamó a la manifestación el lunes en la Plaza Libertad de la capital uruguaya a las 19. La convocatoria es firmada también por el Plenario Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos De-saparecidos. Además de anunciar la marcha en repudio por el fallo, la presidenta del FA, Mónica Xavier, fue una de las primeras en reaccionar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). ?Dolor por inconstitucionalidad. El lunes 19 en silencio en la Plaza Libertad?, indicó en la red social Twitter en alusión a la concentración convocada por su partido. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) emitió una declaración a través de la cual expresó que la mayoría de la SCJ es ?responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República?, informó La República. Por otro lado, el diputado Luis Puig, del partido por la Victoria del Pueblo, adelantó a El País que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos. En otra exposición, el legislador dijo que la SCJ ?se puso del lado de la impunidad?, además de ?desconocer? y ?desacatar? un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver recuadro).
La semana pasada, la SCJ removió a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas cincuenta causas contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que ahora deberán pasar a manos de otro magistrado aún no designado. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló entonces que el organismo ?entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera? y agregó que ?tuvo algunos sumarios; algunos de ellos ya terminaron sin responsabilidad para ella?. Sin embargo, Mota se declaró ?sorprendida? por la resolución y aclaró que no pesaba sobre ella ningún sumario.
Cómo Uruguay se niega a juzgar a criminales del pasado
El destacado escritor uruguayo Jorge Majfud explica, en esta nota para MDZ, el meandroso camino de la democracia de su país para hacer justicia con criminales.
por Jorge Majfud
22 de Febrero de 2013
La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad porque no se puede aplicar una ley retroactivamente. ¿Pero qué es una ley que es dictada para proteger delitos cometidos en el pasado?
La lógica retroactiva
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de dictaminar la inconstitucionalidad de una ley interpretativa que limitaba la aplicación de la llamada ?Ley de Caducidad? (ley 18.831), por lo cual muchos violadores a los derechos humanos de la pasada dictadura quedaron protegidos apenas comenzó el nuevo periodo democrático en los ochenta.
Es curioso que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional una ley interpretativa sobre otra ley dictada en 1986. El principal argumento de la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional una ley que debía enmendar otra ley dictada en 1986, consistió en que una ?ley penal no puede aplicarse retroactivamente?. Lo cual es lógico y común en cualquier país. Sin embargo me quedan dos perplejidades:
1) ¿Cómo es posible que un derecho natural (como lo es el derecho a la justicia) que preexiste a toda ley, pueda ser cancelado por una ley aprobada en un parlamento?
2) La ley de 1986 establece la ?caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto?.
Es decir que la ley se refiere a hechos y delitos pasados y nada comunes, delitos que ocurrieron antes de la cuestionada ley.
Entonces, ¿cómo es posible que en algunos casos una ley se pueda aplicar retrospectivamente? ¿Qué es una ley de indulto sino la aplicación retroactiva de nuevas reglas sobre delitos que fueron cometidos contra las leyes del momento? ¿O el secuestro, la tortura y el asesinatos habían sido legalizados formalmente por la dictadura o por el régimen anterior?
A ello hay que sumar el hecho que no estamos hablando de delitos financieros o impositivos sino de violaciones a los derechos humanos, aunque la Corte Suprema los haya declarado ?delitos comunes? para evitar esta imprescriptividad.
Ahora, si los crímenes fueron ?delitos comunes?, ¿por qué se necesitaba una Ley de Caducidad? ¿Es que algunas personas no son tan comunes para ir a la cárcel aunque cometan delitos comunes? ¿Estamos en una sociedad estamental al viejo estilo, cuando se aplicaban distintas leyes a distintas clases sociales, o simplemente ante los largos tentáculos de una vieja dictadura?
¿O es que las leyes pueden ser aplicadas retrospectivamente para perdonar a criminales que violaron los derechos humanos pero no pueden ser aplicadas retroactivamente para condenarlos, como en cualquier sociedad decente y civilizada?
(*) Jorge Majfud es un escritor e intelectual uruguayo, elegido por Foreign Policy como "el más influyente en Latinoamérica". Reside en Jacksonville, Florida y es docente de la Universidad de Georgia.
Uruguayos por los DDHH en la Argentina
Condenan la actitud de la Suprema Corte y del Gobierno de Mujica-Huidobro
Buenos Aires 22-02-2013
Nosotros los uruguayos que militamos en DDHH desde hace muchos años, estamos acostumbrados a que nos traicionen, porque desde la militancia por el Voto Verde, supimos que el fracaso era muy difícil de remontar.
No obstante ello, decidimos no dar nunca un paso atrás y seguir batallando mientras no haya justicia.
Hace varios años decidimos dar pelea, y conformamos la Comisión de DDHH de uruguayos en Argentina; intentando participar de todas las propuestas por anular la ley de la Impunidad. Esta tarea no fue para nada fácil ya que nunca contamos con ninguna ayuda, sólo con la voluntad y el esfuerzo de muchos compañeros.
Hemos soportado la mala voluntad de quienes batallaron en contra del Voto Rosa, pero seguimos en la lucha.
No nos extraña la actitud de la Suprema Corte, porque es la misma desde siempre. La jueza Mota fue como una piedra en el camino de esta Corte, por eso la trasladaron ( terrible término éste en la historia de los DDHH, por su significado).
Pero no se trata sólo de la Suprema Corte de Injusticia, porque desde el Ejecutivo y del propio presidente Mujica partió la incitación a la Corte de expedirse frente al comportamiento de la jueza Mota.
Como también la desobediencia del Ministro de Defensa las disposiciones de la jueza.
El Poder Ejecutivo tuvo injerencia en el Poder Judicial.
Y desde el Poder Legislativo se escucharon algunas voces , pero tarde, cuando los hechos estaban totalmente consumados y previamente anunciados.
Ha sido un golpe a los DDHH, un golpe moderno, pero un golpe al fin.
No nos olvidemos que la preocupación desde el Gobierno por anular la ley de Impunidad solamente se debió a una disposición de la Corte Interamericana de DDHH
y fue bastante ridículo el tratamiento que se hizo de la misma en el Legislativo.
Por lo tanto decimos que repudiamos las resoluciones de la "Suprema Corte de Injusticia"
Y acompañamos a la concentración del día 25 de febrero a las 19hs. en la plaza Libertad.
Por Verdad y Justicia
Uruguayos por los DDHH en la Argentina
Ana María Parnás
Marcia Rodríguez Otegui
URUGUAY
¿Se acuerdan cuando el lema del Frente Amplio hablaba de "Uruguay Natural"?
EL GOBIERNO URUGUAYO LE ABRE LA PUERTA
A LA TRASNACIONAL MEGAMINERA ARATIRI
El presidente José Mujica recibió este miércoles en la Residencia Presidencial de Suárez al gerente general de Aratirí en Uruguay, Fernando Puntigliano, para proponerle que "el Estado quiere ser socio en ese proyecto".
Mujica declaró que "Tenemos que definir, y le tengo que plantear que el Estado quiere ser socio en ese proyecto para dar garantía, para meternos adentro y aprender, porque no sabemos ni leer un mapa".
Fuente. El Espectador y Qué
Desde Colonia el presidente José Mujica había anunciado que le iba a proponer a la minera Aratirí asociarse en el emprendimiento que ésta tiene en Uruguay.
En la entrega de diplomas a trabajadores de Montes del Plata en Conchillas, Mujica había informado que se iba a reunir con "el dueño del circo del proyecto Aratirí" para ver "si lo sacamos o no", informó Presidencia.
"Tenemos que definir, y le tengo que plantear que el Estado quiere ser socio en ese proyecto para dar garantía, para meternos adentro y aprender, porque no sabemos ni leer un mapa", añadió.
El presidente apuntó que el desarrollo de esta iniciativa, muy criticada por productores rurales y ambientalistas uruguayos por la magnitud del proyecto, "es importante entre otras cosas por lo que significa para el futuro exportador, en materia de trabajo, y de calificación de los salarios" además de ayudar a la creación de un nuevo puerto de aguas profundas, una de las prioridades en infraestructura de su mandato.
Por su parte, el gerente general de Aratirí en Uruguay, Fernando Puntigliano, se refirió a esta propuesta como algo "imaginable" y subrayó que la empresa está abierta "a cualquier propuesta del presidente Mujica".
Aún así, Puntigliano sostuvo que de momento lo único que obliga a modificar el desarrollo del proyecto de Aratirí es la nueva ley de minería de gran porte, de estudio en el Parlamento y que establece nuevas y más severas condiciones de explotación para las empresas mineras.
El proyecto original de la Minera Aratirí pretendía la construcción de un complejo minero a cielo abierto de 6.210 hectáreas sobre el yacimiento de VALENTINES, en el interior del país y de un mineroducto de 212 kilómetros de largo hasta una terminal portuaria en el océano Atlántico con la intención de exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
Los verdaderos responsables
> por Jorge Zabalza
>
> En el 2009 hubiera bastado conque los candidatos Mujica y Astori mostraran la papeleta y dijeran ?yo voto rosado? para que se alcanzaran los votos necesarios para anular la ley de caducidad. Ese gesto los indisponía con los capitales extranjeros, las fuerzas armadas y los EEUU, por eso no lo hicieron y prefieron el discurso del Olvido y el Perdón.
>
> Desde el 1 de marzo del 2005 hubo mayorías palramentarias para anular la ley de Caducidad pero la conducción del Frente amplio no quiso hacerlo. Después vino el episodio de Víctor Semproni que se prestó a incinerarse para salvar el caudal electoral de muchos ?tapados? que hubieran querido hacer lo mismo.
>
> Finalmente se aprobó la tibia ley de imprescriptibilidad, tan tibia que la jueza Mariana mota consideró innecesario aplicarla. Los parlamentarios del Frente Amplio han dado más de mil vueltas para quedar bien con el poder y con sus votantes.
>
> Sin embargo no se dieron cuenta que la atmósfera de olvido y perdón habilitaba para que los fascistas de la Suprema Corte iniciaran una escalada en defensa del terrorismo de Estado y removieran a la jueza Mariana Mota. Así como miles nos indignamos y muchos estuvimos en el pasaje de los Derecho Humanos, el gobierno de Mujica podía haber apoyado al canciller Luis Almagro en su crítica a los ministros de la corte. El propio Mujica podría haber dicho ?qué feo lo que hizo la Corte?, pero nó, tanto él como Huidobro estaban contentos con la inmunda maniobra de los jueces y salió a atacar a los manifestantes. Sin ningún tipo de vergüenza la primera dama no quiso faltar a la cita de los que le pegaban a Mota e indirectamente a la lucha por Verdad y Justicia
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> Ahora, al declarar inconstitucional la tibieza de la ley de imprescriptibilidad, la Corte embreta al gobierno y a los parlamentarios desde la extrema derecha: ¿está o no dispuestos a perdonar y olvidar los crímenes de lesa humanidad?
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> Los del MPP se rasgan las vestiduras y quieren quedar bien con todos. Ya no pueden hacer mucho más equilibrio. Fracasó la estrategia del abrazo con las culebras... se fue Saravia y Semproni son muy venenosos. Hay otros peores que no han mostrado los colmillos todavía. Se dan cuenta de que pierden votos por todos lados y, como es habitual, Lucía Topolansky sale a hablar de juicio político y otras pavadas en todos los medios. Tiene un rostro de piedra. Si están tan decididos a tomar todos los caminos legales (¡no vayan a hacer nada ilegal, por favor!). PROPONGAN ANULAR LA LEY DE CADUCIDAD DE UNA VEZ POR TODAS. Así crean un hecho político que obligue a definirse a favor y en contra de la impunidad. ¿Qué excusa les queda ahora o son unos charlabaratas de feria (sin alusión alguna)? ¡Vamos señores pongan un poco de coraje sobre la mesa! Es la única forma de recuperar unos gramos de la dignidad perdida.
>
> Por supuesto siempre tiene un camino alternativo... Huidobro es la vanguardia y se los señala: agacharse bien hasta el piso para abrazarse con las culebras uniformadas de verde y azul.
>
> Los votantes y la militancia emepepista decide: con la Verdad y Justicia o con la Impunidad del terrorismo de Estado, no caben medias tintas ni como te digo una cosa te digo la otra.
>
> Creemos que hay que acompañar a Madres y Familiares pero sin callarse ni una sílaba y sin entregar a los verseros de siempre el campo de la consciencia popular. El lunes 25 iremos a la Plaza Libertad a decir nuestras verdades y a exigir a ese parlamento desprestigiado que anule la ley de caducidad.
> ¡Arriba los que luchan!
URUGUAY
Verdad y justicia: miles de personas concentraron en plaza Libertad
MONTEVIDEO (Uypress) - Organizaciones sociales, de derechos humanos, estudiantes y militantes políticos se hicieron presentes en la concentración convocada desde las 18 hs. de este lunes en la plaza Libertad con el fin de reclamar contra la declaración de inconstitucionalidad de la ley 18.831, por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
A pesar de que la convocatoria desde el Frente Amplio era 'en silencio', los murmullos no cesaron en ningún momento de la hora y media que duró el encuentro en pleno centro montevideano. Sobre las 18.40 hubo aplausos fuertes y sostenidos y se dio paso al Himno Nacional; luego siguieron más palmas y cánticos pidiendo justicia.
Entre banderas de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), de la comunidad LGBT y de la asociación de ex presos políticos (Crysol), una señora abrazó fuerte a Valentín Enseñat, integrante de HIJOS Uruguay, al grito de 'Nosotros somos ellos'.
Enseñat calificó a la convocatoria como 'un poco extraña', dado que 'desde un principio esto trascendía la convocatoria política, cuando convocamos el viernes' y agregó que defenderán estos 'espacios propios', en referencia a las organizaciones sociales que convocaron desde un comienzo.
El joven sostuvo en diálogo con Uypress que la medida de la SCJ de inconstitucionalidad 'nos toma por sorpresa. No nos esperábamos esta decisión, y menos en pleno carnaval, pero vamos a trabajar esto tanto desde lo jurídico como desde lo público, con la gente, reivindicando nuestra lucha'.
Tanto el integrante de HIJOS, como miembros de Crysol, confirmaron que van a acudir al derecho internacional, considerando la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ya falló respecto al Caso Gelman, como llevando las más de 50 causas de presos políticos conocida como 'Boiso Lanza', en referencia al centro de detención.
Baldemar Tarocco (Crysol) afirmó que 'la decision de la SCJ que no hace más que trancar la justicia y perpetuar la impunidad' y que 'la Corte se pone del lado de los represores'. 'Creemos que están tirando para adelante las causas para que no haya resolución', agregó.
Respecto a las declaraciones que se conocieron en las últimas horas del militar procesado Jorge 'Pajarito' Silveira, Tarocco insistió en que 'nunca hubo sentido de venganza ni revanchismo. La búsqueda de justicia es para nuestros hijos y nietos, para su futuro. Tampoco queremos que los militares tengan un trato como el que ellos nos dieron'.
Chela Fontoura (Crysol) agregó que 'es vergonzoso que se dé prensa a un torturador comprobado, alguien que ha actuado como un animal, ha violado y ha torturado', en referencia a las palabras de Silveira.
Respecto a los dichos del ex Jefe del Estado Mayor de Defensa, José Bonilla, quien afirmó que el cierre de las causas 'es una buena situación para [que] el que algo sabe, alivie su conciencia' y proporcione datos sobre el destino de las desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura sin probabilidad de procesamiento, Fontoura afirmó que 'están protegiendo a los militares'. 'Ellos tienen que hablar ante la justicia. Hasta ahora, esto no ha sucedido y si se promueve que declaren de esta forma, nunca llegarán a ser juzgados', concluyó.
Otro de los presentes fue el Rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arocena, quien sostuvo que era un 'deber' estar allí, cuando 'es evidente que hay gran inquietud en toda la ciudadanía uruguaya para saber qué va a pasar con la búsqueda de la verdad y la asignación de la justicia'.
Arocena informó que la UdelaR trató las implicaciones del traslado de la jueza Mariana Mota durante la última sesión del Consejo Directivo Central (CDC) y que se decidió consultar al respecto a los profesores de Derecho Constitucional, 'como debe hacerlo la universidad para informar a la sociedad y que cada ciudadano pueda armar una opinión bien formada sobre este tema'.
A su vez, remarcó que 'nos gustaría conocer con detalle y cuidado, los detalles de las decisiones que adopta el sistema judicial', en referencia a decisiones como las de pasar a la magistrada del fuero penal al civil tras ocho años de seguimiento de causas de delitos de lesa humanidad.
El rector destacó la 'vocacion tradicional y el mandato legal sobre su compromiso con los derechos humanos que tiene la Universidad' y señaló la importancia de que los estudiantes de Derecho se formen pensando 'cómo construir un sistema jurídico que garantice vigencia de la justicia y cómo colaborar para que todos los ciudadanos entendamos bien el proceso de administración de justicia'.
Los aplausos se sucedían en oleadas. 'Es que por más que pidas silencio, la gente por algún lado se tiene que expresar', comentaban dos señores cerca del momumento emplazado en medio de la 18 de julio.
También estuvo presente la comunidad LGBT, con integrantes como Federico Graña, quien señaló que 'este colectivo tiene que estar porque acá se atentó contra la libertad durante el terrorismo de Estado' y remarcó que entre quienes asistieron a la concentración 'hay sensación de impotencia muy grande, se están pagando muchos errores de la sociedad.
Graña también se refirió a las calificaciones de 'asonada' que tuvo la concentración durante el fin de semana: 'Esta manifestación no es una asonada, como la calificó una parte de la oposición. Decir que es una asonada, es no entender el dolor de la gente'.
Entre las figuras políticas se encontraba el senador Enrique Rubio (VA), quien defendió la concentración: 'si uno está en desacuerdo con fallos de inconstitucionalidad puede manifestarlo de manera pacífica, como lo está haciendo la gente', e indicó que 'estudiaremos los otros fallos de inconstitucionalidad, uno por uno'.
Referente a la posible injerencia del poder político sobre el judicial, el senador precisó: 'Hay 'separación de poderes' pero no hay repúblicas aparte, no hay independencia de poderes. Hay una sensibilidad herida, y eso no lo podemos desconocer' y concluyó remarcando la necesidad de una reforma de la Ley de la Magistratura.
'¡No más silencio! ¡No más silencio!', gritaban unos grupos de jóvenes, mientras los asistentes se desconcentraban sobre las 19.30 hs, muchos de ellos hacia el Velódromo, para el festival artístico de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.
IMPUNIDAD:
Naciones Unidas rechaza la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay que ?viola el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación?
Domingo 24 de febrero de 2013 | 22:03 La República uy
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó el domingo su preocupación por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar inconstitucionales artículos de una ley de 2011 que había determinado que los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985) eran imprescriptibles.
?Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país?, expresó la Alta Comisionada, citada en un comunicado del organismo.
?Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional?, añadió.
La decisión de la Corte, adoptada el viernes por cuatro votos contra uno, ?abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación?, sostuvo el comunicado.
?Esta alarmante noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota -quien ha estado a cargo de investigar cerca de 50 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo- fuera abruptamente trasladada por la Suprema Corte de su jurisdicción penal a un tribunal civil?, agregó el texto.
La ley cuestionada por la Suprema Corte fue aprobada en octubre de 2011 por el oficialista Frente Amplio (izquierda) con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.
Los artículos considerados inconstitucionales declaraban los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985 ?crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales? y afirmaban que ?no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad? para su juzgamiento.
La Corte justificó su decisión en que la cuestionada ley viola el principio de no retroactividad establecido en la Constitución. AFP
FASCISMO !
La resolución de la SCJ hace posible LA LIBERACIÓN DE LOS ASESINOS enjuciados y condenados por crímenes como el de Ramón Peré y el del Maestro Julio Castro. Secuestrar al Maestro Julio Castro, torturarlo, asesinarlo con un tiro en la cabeza, enterrarlo en un cuartel y tenerlo como desaparecido durante decenios es, según los testaferros de la SCJ, un "delito común". Según se deduce, de ahora en más será "común" el asesinar personas y ENTERRARLOS EN CUARTELES, debe de ser una verdadera novedad "jurídica". Los integrantes de la SCJ son desde ya parias a nivel del derecho internacional, ha quedado muy claro en todo el mundo que se trata de una pandilla vendida al mejor postor, que de Suprema no tienen nada y de Corte solo el nombre ya que en los hechos son una banda que promueve la injusticia. "Delitos comunes" los cementerios clandestinos de opositores ANTIDICTACTORIALES asesinados !! Estafadores !!
Último Momento
Fallo de SCJ abre puerta para liberar dos presos
El coronel Tranquilino Machado y el policía retirado Ricardo Zabala, actualmente en prisión, podrían ser los dos primeros en ver las consecuencias de la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley sobre imprescriptibilidad de los crímenes, dictado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
El fallo emitido el viernes, se centró en un caso. Pero, según consigna El Observador, para la abogada y asesora legal del Centro Militar, Graciela Figueredo, si la Corte falla sobre las causas de Machado y Zabala aplicando los mismos argumentos de la sentencia inicial a los casos ya presentados con opiniones jurídicas similares sobre la inconstitucionalidad, y cae la ley, se puede establecer que los delitos prescribieron y los procesados podrían ser liberados. En los fallos del militar y el policía se alude a texto expreso a la ley 18.831 en cuestión.
Machado fue procesado con prisión en junio de 2011 por la muerte del estudiante de veterinaria Ramón Peré, ocurrida en julio de 1973. Zabala, en tanto, fue procesado en marzo de 2012 por la muerte del maestro Julio Castro, sucedida en la mañana del 1º de agosto de 1977.
El País Digital
Repercusiones internacionales: en Argentina
DECLARAN INCONSTITUCIONAL UNA LEY QUE PERMITIA JUZGAR A MILITARES
Una vuelta a la impunidad en Uruguay
El gobernante Frente Amplio y otras organizaciones convocaron a una marcha para repudiar el fallo.
Página 12
Las causas por los crímenes de la dictadura podrían quedar archivadas. Por eso la senadora y primera dama Lucía Topolansky dijo que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte Suprema.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay declaró ayer inconstitucional una norma aprobada en 2011 que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante la dictadura uruguaya (1973-1985), por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes y las causas, archivadas. La senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente, José Mujica, manifestó en conferencia de prensa que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a los jueces de la Corte. En este contexto, el gobernante Frente Amplio (FA) y otras organizaciones convocaron para el lunes a marchar en repudio al fallo.
En su decisión, el máximo tribunal de justicia declaró inconstitucionales los dos primeros artículos de la Ley 18.831, que restablecieron el ?pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985?, considerados de lesa humanidad. El principal argumento en el que coincidieron los ministros es en que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente. La ley de ?imprescriptibilidad? de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de centroizquierda FA, aunque con alguna disidencia interna. También había sido cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares ?en 1986 y 2009? en favor de una ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.
La resolución contó con el voto positivo de cuatro de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, informó su portavoz, Raúl Oxandabarat, citado por la edición electrónica del diario El País, de Montevideo. Añadió que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que hay militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura deberán ser archivadas, al entenderse que prescribieron. Sin embargo, y ante la reacción y repudio del Frente Amplio y varias organizaciones, Oxandabarat pareció rectificarse al afirmar que ?la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la dictadura no significa el archivo automático de todas las causas abiertas por aquellos crímenes?. El portavoz explicó que esa interpretación es ?un disparate? y enfatizó que el alto tribunal ?solamente se pronuncia sobre un caso concreto?. ?Los jueces tienen independencia para aplicar lo que quieran?, añadió. La rectificación del vocero de la Corte, de todos modos, no explica de qué forma un dictamen del máximo tribunal sobre un recurso de inconstitucionalidad, en este caso presentado por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, no sienta jurisprudencia para otras causas.
Según el diario uruguayo La República, Topolansky puso de manifiesto que se plantea la posibilidad de realizar un juicio político a la Corte aunque, para ello, el FA deberá contar con una mayoría especial en el Parlamento, que requiere de los votos de la oposición.
Ante la decisión de la Justicia, la coalición gobernante, la central sindical y una organización de familiares de víctimas de la dictadura convocaron para el lunes una marcha en Montevideo. ?Por verdad y justicia nos concentramos en silencio? es el título del comunicado difundido a la prensa por el FA, que llamó a la manifestación el lunes en la Plaza Libertad de la capital uruguaya a las 19. La convocatoria es firmada también por el Plenario Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos De-saparecidos. Además de anunciar la marcha en repudio por el fallo, la presidenta del FA, Mónica Xavier, fue una de las primeras en reaccionar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ). ?Dolor por inconstitucionalidad. El lunes 19 en silencio en la Plaza Libertad?, indicó en la red social Twitter en alusión a la concentración convocada por su partido. Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular (MPP) emitió una declaración a través de la cual expresó que la mayoría de la SCJ es ?responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República?, informó La República. Por otro lado, el diputado Luis Puig, del partido por la Victoria del Pueblo, adelantó a El País que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos. En otra exposición, el legislador dijo que la SCJ ?se puso del lado de la impunidad?, además de ?desconocer? y ?desacatar? un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver recuadro).
La semana pasada, la SCJ removió a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas cincuenta causas contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que ahora deberán pasar a manos de otro magistrado aún no designado. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló entonces que el organismo ?entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera? y agregó que ?tuvo algunos sumarios; algunos de ellos ya terminaron sin responsabilidad para ella?. Sin embargo, Mota se declaró ?sorprendida? por la resolución y aclaró que no pesaba sobre ella ningún sumario.
Cómo Uruguay se niega a juzgar a criminales del pasado
El destacado escritor uruguayo Jorge Majfud explica, en esta nota para MDZ, el meandroso camino de la democracia de su país para hacer justicia con criminales.
por Jorge Majfud
22 de Febrero de 2013
La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional la Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad porque no se puede aplicar una ley retroactivamente. ¿Pero qué es una ley que es dictada para proteger delitos cometidos en el pasado?
La lógica retroactiva
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay acaba de dictaminar la inconstitucionalidad de una ley interpretativa que limitaba la aplicación de la llamada ?Ley de Caducidad? (ley 18.831), por lo cual muchos violadores a los derechos humanos de la pasada dictadura quedaron protegidos apenas comenzó el nuevo periodo democrático en los ochenta.
Es curioso que la Suprema Corte de Justicia declare inconstitucional una ley interpretativa sobre otra ley dictada en 1986. El principal argumento de la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional una ley que debía enmendar otra ley dictada en 1986, consistió en que una ?ley penal no puede aplicarse retroactivamente?. Lo cual es lógico y común en cualquier país. Sin embargo me quedan dos perplejidades:
1) ¿Cómo es posible que un derecho natural (como lo es el derecho a la justicia) que preexiste a toda ley, pueda ser cancelado por una ley aprobada en un parlamento?
2) La ley de 1986 establece la ?caducidad de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto?.
Es decir que la ley se refiere a hechos y delitos pasados y nada comunes, delitos que ocurrieron antes de la cuestionada ley.
Entonces, ¿cómo es posible que en algunos casos una ley se pueda aplicar retrospectivamente? ¿Qué es una ley de indulto sino la aplicación retroactiva de nuevas reglas sobre delitos que fueron cometidos contra las leyes del momento? ¿O el secuestro, la tortura y el asesinatos habían sido legalizados formalmente por la dictadura o por el régimen anterior?
A ello hay que sumar el hecho que no estamos hablando de delitos financieros o impositivos sino de violaciones a los derechos humanos, aunque la Corte Suprema los haya declarado ?delitos comunes? para evitar esta imprescriptividad.
Ahora, si los crímenes fueron ?delitos comunes?, ¿por qué se necesitaba una Ley de Caducidad? ¿Es que algunas personas no son tan comunes para ir a la cárcel aunque cometan delitos comunes? ¿Estamos en una sociedad estamental al viejo estilo, cuando se aplicaban distintas leyes a distintas clases sociales, o simplemente ante los largos tentáculos de una vieja dictadura?
¿O es que las leyes pueden ser aplicadas retrospectivamente para perdonar a criminales que violaron los derechos humanos pero no pueden ser aplicadas retroactivamente para condenarlos, como en cualquier sociedad decente y civilizada?
(*) Jorge Majfud es un escritor e intelectual uruguayo, elegido por Foreign Policy como "el más influyente en Latinoamérica". Reside en Jacksonville, Florida y es docente de la Universidad de Georgia.
Uruguayos por los DDHH en la Argentina
Condenan la actitud de la Suprema Corte y del Gobierno de Mujica-Huidobro
Buenos Aires 22-02-2013
Nosotros los uruguayos que militamos en DDHH desde hace muchos años, estamos acostumbrados a que nos traicionen, porque desde la militancia por el Voto Verde, supimos que el fracaso era muy difícil de remontar.
No obstante ello, decidimos no dar nunca un paso atrás y seguir batallando mientras no haya justicia.
Hace varios años decidimos dar pelea, y conformamos la Comisión de DDHH de uruguayos en Argentina; intentando participar de todas las propuestas por anular la ley de la Impunidad. Esta tarea no fue para nada fácil ya que nunca contamos con ninguna ayuda, sólo con la voluntad y el esfuerzo de muchos compañeros.
Hemos soportado la mala voluntad de quienes batallaron en contra del Voto Rosa, pero seguimos en la lucha.
No nos extraña la actitud de la Suprema Corte, porque es la misma desde siempre. La jueza Mota fue como una piedra en el camino de esta Corte, por eso la trasladaron ( terrible término éste en la historia de los DDHH, por su significado).
Pero no se trata sólo de la Suprema Corte de Injusticia, porque desde el Ejecutivo y del propio presidente Mujica partió la incitación a la Corte de expedirse frente al comportamiento de la jueza Mota.
Como también la desobediencia del Ministro de Defensa las disposiciones de la jueza.
El Poder Ejecutivo tuvo injerencia en el Poder Judicial.
Y desde el Poder Legislativo se escucharon algunas voces , pero tarde, cuando los hechos estaban totalmente consumados y previamente anunciados.
Ha sido un golpe a los DDHH, un golpe moderno, pero un golpe al fin.
No nos olvidemos que la preocupación desde el Gobierno por anular la ley de Impunidad solamente se debió a una disposición de la Corte Interamericana de DDHH
y fue bastante ridículo el tratamiento que se hizo de la misma en el Legislativo.
Por lo tanto decimos que repudiamos las resoluciones de la "Suprema Corte de Injusticia"
Y acompañamos a la concentración del día 25 de febrero a las 19hs. en la plaza Libertad.
Por Verdad y Justicia
Uruguayos por los DDHH en la Argentina
Ana María Parnás
Marcia Rodríguez Otegui
URUGUAY
¿Se acuerdan cuando el lema del Frente Amplio hablaba de "Uruguay Natural"?
EL GOBIERNO URUGUAYO LE ABRE LA PUERTA
A LA TRASNACIONAL MEGAMINERA ARATIRI
El presidente José Mujica recibió este miércoles en la Residencia Presidencial de Suárez al gerente general de Aratirí en Uruguay, Fernando Puntigliano, para proponerle que "el Estado quiere ser socio en ese proyecto".
Mujica declaró que "Tenemos que definir, y le tengo que plantear que el Estado quiere ser socio en ese proyecto para dar garantía, para meternos adentro y aprender, porque no sabemos ni leer un mapa".
Fuente. El Espectador y Qué
Desde Colonia el presidente José Mujica había anunciado que le iba a proponer a la minera Aratirí asociarse en el emprendimiento que ésta tiene en Uruguay.
En la entrega de diplomas a trabajadores de Montes del Plata en Conchillas, Mujica había informado que se iba a reunir con "el dueño del circo del proyecto Aratirí" para ver "si lo sacamos o no", informó Presidencia.
"Tenemos que definir, y le tengo que plantear que el Estado quiere ser socio en ese proyecto para dar garantía, para meternos adentro y aprender, porque no sabemos ni leer un mapa", añadió.
El presidente apuntó que el desarrollo de esta iniciativa, muy criticada por productores rurales y ambientalistas uruguayos por la magnitud del proyecto, "es importante entre otras cosas por lo que significa para el futuro exportador, en materia de trabajo, y de calificación de los salarios" además de ayudar a la creación de un nuevo puerto de aguas profundas, una de las prioridades en infraestructura de su mandato.
Por su parte, el gerente general de Aratirí en Uruguay, Fernando Puntigliano, se refirió a esta propuesta como algo "imaginable" y subrayó que la empresa está abierta "a cualquier propuesta del presidente Mujica".
Aún así, Puntigliano sostuvo que de momento lo único que obliga a modificar el desarrollo del proyecto de Aratirí es la nueva ley de minería de gran porte, de estudio en el Parlamento y que establece nuevas y más severas condiciones de explotación para las empresas mineras.
El proyecto original de la Minera Aratirí pretendía la construcción de un complejo minero a cielo abierto de 6.210 hectáreas sobre el yacimiento de VALENTINES, en el interior del país y de un mineroducto de 212 kilómetros de largo hasta una terminal portuaria en el océano Atlántico con la intención de exportar 18 millones de toneladas de hierro al año.
