Todo el poder de la DEA contra dos de sus exagentes.

ESTADOS UNIDOS

Washington ? La administración antidrogas de Estados Unidos (DEA) desarrolla una guerra sucia para ocultar las evidencias de la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el secuestro, tortura y asesinato ?en México, en febrero de 1985? de Enrique Kiki Camarena, denuncian dos exagentes antinarcóticos.

?La DEA y la CIA no soportarían que se sepa toda la verdad sobre el caso Camarena. Saldrían muy afectadas?, dice en entrevista telefónica con Proceso Phil Jordan, exagente de la DEA y exdirector del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC).

Desde el pasado octubre, cuando Jordan y Héctor Berrellez, otro exagente de la DEA, revelaron a Proceso (edición 1928) que la CIA fue cómplice del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero en el secuestro, tortura y asesinato de Camarena, ambos se convirtieron en ?enemigos del Departamento de Justicia? de Estados Unidos, que antes había hecho múltiples reconocimientos a su trabajo.

?La DEA y la CIA, a través de varios de mis excolegas, están buscando desacreditarnos por decir la verdad sobre el caso Camarena. Pero no lo van a lograr. Tenemos muchas pruebas para fundamentar lo que denunciamos?, apunta Jordan, quien fue también subadministrador antidrogas.

Oficialmente, comenta Berrellez en conversación telefónica con el corresponsal, la campaña de desacreditación de la DEA arrancó el pasado 29 de octubre con un acto bautizado ?Llevados ante la Justicia: Operación Leyenda?, un foro donde se hizo un recuento oficial del caso Camarena (Proceso 1931).Efectuado en el Museo de la DEA, en el foro participaron como oradores su exdirector Jack Lawn, el exagente Jack Taylor ?primero a cargo de la Operación Leyenda, dedicada a investigar el homicidio de Camarena? y la periodista Elaine Shannon, autora del libro Desperados.

La reforma energética y el sindicato oficial, enterradores de los trabajadores petroleros

MÉXICO

El contubernio entre Pemex y el líder del sindicato petrolero oficialista allanó el paso a la reforma, que echará a la calle a decenas de miles de trabajadores.

por Adazahira Chávez
diciembre 23, 2013 

México, Distrito Federal. ?Es muy tarde? para una reacción masiva de los trabajadores petroleros en México, advierte la ingeniera Silvia Ramos Luna. El desmantelamiento de Petróleos Mexicanos lanzará al desempleo a decenas de miles de trabajadores, pues la paraestatal se reducirá a una simple contratista y toda su estructura (petroquímica, contratos, ductos, servicios médicos, entre otros) se desmantelará. En este proceso, el líder sindical Carlos Romero Deschamps tuvo una participación decisiva, pues firmó convenios desde julio, denuncia.

Silvia Ramos, trabajadora de las refinerías de la ex paraestatal, aventura que quizá quedarán 30 mil de los 153 mil trabajadores actuales, y dejarán de ser servidores públicos. Además, los trabajadores quedan excluidos del consejo de administración, otro recorte que permitió el líder petrolero.



¿A dónde van los trabajadores?

Una vez que Pemex se convierta en una contratista más, se prevé reajuste de personal y todo es incertidumbre.

Con la propuesta del PRI, señala Ramos ?integrante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros-, calcularon que el proceso de despidos tardaría 10 años, pero la propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) ?es diez veces peor y en ella sobran los trabajadores con su contrato colectivo?.

En el artículo transitorio 2 de la reforma recién aprobada se menciona que se respetarán los derechos laborales conforme a la ley. ?No se menciona a los contratos colectivos, ni del STRM ni de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y eso es muy sospechoso?, aclara Ramos Luna. ?¿Cómo los van a liquidar??

En el transitorio 21 se habla de la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que hará el cierra de las empresas por motivos ambientales. ?Nosotros nos imaginamos que van a chatarrizar varios centros de trabajo, como hicieron con los ferrocarriles, para poderlos vender.

¿Y qué va a pasar con esos trabajadores??

Otro caso preocupante es que la refinación ahora la pueden hacer los privados. Abunda Ramos que la reforma ?no dice nada de las refinerías. Si los contratos los hará la Secretaría de Energía, toda el área de contratos de Pemex ?que es muy grande- se pierde. Y si ya los ductos y el almacenamiento de gas lo va a manejar el Centro Nacional que formaron, toda esa gente del PGPB (Pemex Gas y Petroquímica Básica) queda fuera de la empresa. Lo que hacen es desmantelar completamente Petróleos Mexicanos?. Y con ello, expulsar a los trabajadores.

El área de Petroquímica Básica será privatizada, ?¿y qué va a pasar con los complejos, que son de primer mundo, con buen mantenimiento y que siempre han estado muy bien cuidados y valen un dineral??, cuestiona la sindicalista. ?Hay muchas dudas, pero lo que nos queda claro es que Pemex desaparece, deja de ser un organismo público descentralizado y pasa a ser una contratista?, resume la trabajadora.

La pérdida de los puestos de trabajo será paulatina, predice la ingeniera. Las empresas transnacionales traerán a su propio personal, asegura Ramos. ?Siempre lo hacen y para eso es el convenio de redimensionamiento de la estructura, para que te puedan correr tranquilamente y puedan tomar la empresa desde cero?. Un adelanto de lo que pasará con la reforma es lo que sucedió en el complejo petroquímico Pajaritos, de Coatzacoalcos, Veracruz, donde Pemex cedió el 62 por ciento de las acciones a Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV). ?La dirección de esta empresa privada tomó posesión de esa unidad, ?porque tiene mayoría accionaria?; asimismo, pidió la renuncia del personal técnico, hizo que firmaran un nuevo contrato y desplazó a los trabajadores de base a las bodegas. Las oficinas y centros de trabajo están ahora dirigidas por el personal que llevó la firma privada y a los trabajadores de la paraestatal los hicieron a un lado; les han anunciado que sólo se quedará una cuarta parte de la plantilla y que los demás serán despedidos?, escribió la reportera Patricia Muñoz, de La Jornada.

Pemex tiene un plazo de dos años para convertirse en una empresa productiva. En el año 2014 recibirá subsidios, pero no en el año 2015. ?Primero saldrán los trabajadores de contratos y después los encargados del sistema nacional de ductos, porque en 12 meses se formará el Centro de Control de Gas Natural, y Pemex tiene que entregarle toda la infraestructura?.

El papel del sindicato y la fama de corrupción

La ingeniera Ramos, quien fue readmitida en Pemex después de un despido injustificado, señala que el argumento de que la reforma atacará la corrupción en Pemex es un pretexto, y asegura que la mayor corrupción está dentro de los directivos y la empresa, y no en el sindicato.

?No hay comparación entre las cifras que manejan ellos (los directivos) y las del sindicato. La corrupción de los líderes del STPRM es enorme, pero la de la empresa es mucho mayor?, denuncia.

Del sindicato oficialista, la ingeniera ?opositora a él- llama a distinguir entre la corrupción del líder y las bondades del contrato colectivo. Ramos señala que dentro del neoliberalismo, es un logro que no se hubiera echado atrás ninguna cláusula del contrato colectivo de los petroleros, favorable a los trabajadores.

Los beneficios del contrato colectivo de los petroleros ?ganado a partir de 1938, y no gracias a la actual dirección sindical, aclara Ramos Luna- no quiere decir que el dirigente Carlos Romero Deschamps no haya tenido contubernios con Pemex ?de contratos, por ejemplo, para permitir la tercerización?.

Pemex emplea a 153 mil trabajadores (incluyendo, por ejemplo, a los trabajadores de los servicios médicos), y las empresas que realizan outsourcing de sus tareas, a 85 mil. Esta cesión de materia de trabajo la permitió el sindicato, a cambio probablemente de dinero adicional, denuncia la ingeniera química.

El manejo oscuro de las cuotas sindicales es otro punto que abona a la fama del sindicato, reconoce Ramos ?quien fue despedida de Pemex en 1985 por intentar organizar un sindicato independiente. Además, el contrato colectivo incluye cláusulas que benefician directamente al STPRM: ?Que tantos millones para los juegos interpetroleros, para el 1 de mayo, para el 18 de marzo, y de todo ese dinero jamás dieron cuentas?.

La relación de corrupción entre el líder sindical y la empresa es clara, señala Silvia Ramos, pues si fuera un trabajador normal no podría darles a sus hijos los lujos que se permiten ?automóviles de edición especial y paseos en aviones privados. ?Además, hay que recordar todo el asunto del Pemexgate?, apunta Ramos Luna. En el año 2000, el Instituto Federal Electoral documentó que el dirigente desvió 500 millones de pesos de las cuotas sindicales para la campaña presidencial del priista Francisco Labastida Ochoa. ?Una parte se fue para el PRI (Partido Revolucionario Institucional), pero otra apuesto a que se la quedó Romero?, señala.

La mayoría de los trabajadores no protestan contra el sindicato porque tienen buenos ingresos, porque tienen una conciencia muy priista y porque si la empresa intentaba correrlos o castigarlos, el sindicato siempre los defendía, considera Ramos, quien forma parte del Comité de Estudios de la Energía (CEE).

La corrupción sindical fue un auténtico contubernio con los gobiernos y sindicatos, denuncia la trabajadora. ?Ellos apapachaban al sindicato con tal de que no les hiciera una huelga o estallara un conflicto, y éste, a cambio, fue cediendo?, describe. ?Que haya tantos subcontratados y que todo lo hagan las empresas privadas, requería de la complacencia del sindicato, y la empresa lo pagó de buen modo?. La venta de plazas también proporcionó grandes cantidades de dinero al sindicato, afirma. El sindicato permitió todo lo que la empresa quiso, y ésta le toleró al sindicato muchas cosas porque era de mutuo beneficio ?no para la empresa o para los trabajadores, sino para la dirección sindical y administrativa, resume Ramos.

Y en esta relación empresa-líder sindical, Pemex y el STPRM firmaron, el 29 de julio, el convenio 10717 para el redimensionamiento de la estructura. ?En ese convenio se habla de cómo va a ser la reestructuración?, señala Silvia Ramos. ?Eso evidencia cómo se prepararon, desde todas las perspectivas, para esta reforma.

Tarde para una respuesta de los trabajadores

La ingeniera Ramos, aunque se considera optimista, reconoce que el panorama es difícil y que todo estuvo muy bien diseñado para la privatización. La Untypp promoverá recursos legales contra la reforma, pero ?el STPRM no hará nada?, afirma.

Ramos prevé que muchos trabajadores que creyeron que no pasaría nada, se darán cuenta de que su trabajo está en riesgo, pero no parece convencida de que haya una reacción masiva de protesta. Pone como ejemplo la situación en Pajaritos: de 2 mil 500 trabajadores, la empresa privada dijo que conservará a 770. Y pocos trabajadores protestaron, ?pues la mayoría prefiere no moverse para ver si es de los elegidos para quedarse?, relata.

?Hay que buscarle a la cuestión legal, y apostarle a que el proceso se retrase, pues las inversiones no van a llegar mañana?, finaliza.

La Caravana de Madres, éxito de la sociedad y deudas de los gobiernos.

MEXICO

La situación de los migrantes en tránsito no mejora, pero sus familias y organizaciones defensoras no cejan en sus reclamos de protección para todos y justicia para los desaparecidos.

por Clayton Conn

México, Distrito Federal. ?Esta persona a mi lado es mi madre, que no me ha visto desde hace 10 años?, exclamó Eugenio Gómez con una gran sonrisa en el rostro. Su madre, Narcisa del Socorro Gómez, le devolvió la mirada con lágrimas de alegría mientras Eugenio continúo: ?ella vino aquí por mí, algo que nunca esperaba y nunca olvidaré. Es como una salvación, ¿me entiendes? Si ella no hubiera venido por mí, yo no hubiera hecho nada?.



El caso de Narcisa y Eugenio es uno entre las 12 reuniones entre las madres que participaron en la novena Caravana de Madres Centroamericanas Buscando a sus Migrantes Desaparecidos ?Emeteria Martínez?, y sus hijos, desaparecidos en territorio mexicano en su intento de cruzar una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo para entrar a los Estados Unidos.

Las 45 madres de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras viajaron 16 días y recorrieron 4 mil kilómetros a través de 15 estados de México para encontrar a sus familiares desaparecidos, atraer la atención del público sobre la difícil situación de los cerca de 323 mil migrantes centroamericanos que cruzan las fronteras mexicanas cada año, y para exigir que las autoridades mexicanas garanticen la seguridad de quienes van en tránsito.

?Esta caravana fue la más satisfactoria porque, a falta de confirmar todavía algunos datos, localizamos a una decena de personas, algo que no es lo habitual?, expresó Marta Sánchez, coordinadora ejecutiva del Movimiento Migrante Mesoamericano, en una entrevista con El Mundo. La defensora de derechos humanos relató que la mitad del trabajo se realiza en el transcurso del año, siguiendo muchas pistas para poder tener las reuniones previstas durante la caravana, pero la otra mitad se produjo durante el propio recorrido.

La caravana de 2013 tuvo cinco reuniones planificadas, más otras siete que ocurrieron en los últimos momentos de su recorrido.

Los organizadores y las madres atribuyen este éxito al apoyo creciente y la conciencia de la sociedad civil, que crece con cada vuelta de la caravana.

?Al caminar la misma ruta que el migrante, aprendimos lo que soportan nuestros familiares, la violencia, el sufrimiento y el malestar, pero también aprendimos que hay mucho apoyo aquí y que sigue creciendo?, reflexionó la salvadoreña Anita Celaya.


La madre salvadoreña resaltó que todavía hay un largo camino por recorrer para lograr justicia y seguridad para los migrantes: ?Incluso en nuestros países, aún hay muy poco apoyo. A menudo se cuentan las remesas, en lugar del alto precio que nuestros seres queridos tienen que pagar para buscar un ?sueño americano? que de pronto se convierte en una pesadilla?.

En el último día de la caravana, los organizadores y las madres cruzaron la frontera de México hacia Guatemala en balsa para representar las formas peligrosas en las que los migrantes viajan en busca de una vida mejor. Cada uno de los participantes regresará a su respectivo país para continuar con el trabajo de organización en la búsqueda de sus seres queridos.

Aunque la caravana produjo resultados positivos, Sánchez expresó que este Día Internacional del Migrante no es de celebración: ?Recordamos que todo los migrantes sufren algún atraco en el camino y recordamos que en todo el mundo se implementan políticas anti inmigrantes. Hay un retroceso en los avances que habíamos logrado. Recordamos que no hay nada que festejar?, aclaró.

Se estima que entre 70 mil y 120 mil centroamericanos se perdieron en México, con la sospecha de que en su mayoría se trata de casos de desapariciones forzadas.

Como culpable del fenómeno está ?una fusión entre el gobierno, ?el crimen autorizado? y pandilleros?, acusó Anita Celaya, una madre de El Salvador, cuyo hijo, Rafael Celaya, desapareció hace 11 años. ?Piensan que los inmigrantes son invisibles, que nadie les hace caso, y es por eso que son extorsionados, secuestrados y asesinados?, señaló.

Al terminar la novena caravana el 18 de diciembre ? Día Internacional del Migrante ? en Chiapas, en la frontera entre México y Guatemala, es evidente que los migrantes no son ignorados ni están solos.

El MMM informa que en nueve años de organización de caravanas, se produjeron más de 200 reuniones documentadas entre madres y sus seres queridos, así como un sinnúmero de otras reuniones sin documentar. ?A menudo se ponen en contacto después de ver la atención de  los medios en torno a nuestros esfuerzos?, explicó Marta Sánchez, coordinadora ejecutiva del MMM, en entrevista con Desinformémonos.

?Cuando Eugenio dejó Chinandega (Nicaragua) para ir tras el ?sueño americano?, a sus 16 años, yo le dije que no fuera y que era peligroso. Después nunca oí más de él, y me dije, voy a encontrar una manera de localizar a mi hijo, no sé cómo, pero lo haré, ya sea a través de los canales de televisión, de radio o de alguna otra manera?, recordó Narcisa Gómez.

Gómez se puso en contacto con organizaciones defensoras de los migrantes, como el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), y se encontró participando en las caravanas. Un año más tarde, abrazó a su hijo por primera vez en 10 años.

La publicación británica seleccionó a Uruguay como "país del año" por las leyes de la marihuana, matrimonio homosexual y la figura del presidente José Mujica.

URUGUAY

Diego Cánepa: "Ahora, qué dirá la oposición".

  El País uy

Tras la publicación de The Economist donde califica a Uruguay como el "país del año", las redes sociales se hicieron eco rápidamente de la noticia.

Una de las figuras que comentó esta distinción fue el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, quien a través de su cuenta en Twitter expresó: ?Ahora que lo dice una revista como esta, qué dirá la oposición?.

?Lo importante es el fundamento de la elección por parte de The Economist, se puede compartir o no pero nunca Uruguay estuvo tan alto en la consideración mundial, y eso es un hecho?, destacó.

¿QUIÉN ES DIEGO CÁNEPA?

Diego Cánepa, quién es reconocido como uno de los "delfines" de Mujica, ha cultivado una estrecha amistad con la embajadora yanqui en Uruguay

"quiero agradecer a las FFAA uruguayas...con las FFAA contamos para que estén siempre, en cualquier momento, 365 días al año, 24 horas por día, para cuando sucede una emergencia, inmediatamente tengamos una respuesta en el momento" Canepa se refirió a "emergencias".

La embajadora yanqui en Uruguay en la "inauguración" de un comienzo de base imperial en Santa Catalina cuyo declarado fin es actuar  ante "una emergencia"

Durante el gobierno de Mujica vino la DEA y se instaló en Uruguay. La DEA que organiza la "regulación de mercado" del narcotráfico, interviniendo junto a los carteles, y promoviendo la llamada "guerra del narco" que no es más que una cobertura para el asesinato, las desapariciones y más que nada, la financiación ilegal de las "operaciones especiales" con las ganancias del narcotráfico que dicen combatir.

Fuente: Colectivo de Noticias Uruguayas

"Pedir perdón no es solo para militares y tupamaros".

URUGUAY

Ministro Fernández Huidobro: 

  El Ministro de Defensa se refirió este miércoles al acto del perdón del Estado uruguayo. Dijo que ve mucha gente abocada a exigir perdón y poca a perdonar. 

. Eleuterio Fernández Huidobro participó este mediodía del tradicional almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing. En ese ámbito, el ex guerrillero tupamaro, y actual Secretario de Estado, se refirió a muchos temas entre ellos al debate surgido a nivel social sobre si el Estado debe pedir perdón o no por los delitos de la dictadura.
Fernández Huidobro dejó en claro que hablaba a título personal y dio su parecer. El ministro dijo que si hubiera una mesa para pedir perdón, no se debería limitar solo a militares y tupamaros.

Los cómplices de la impunidad en Uruguay 

Renunció el ministro de Economía uruguayo por la quiebra de Pluna.

URUGUAY

El presidente Mujica dijo en conferencia de prensa que el funcionario fue el que tomó la decisión de dejar el cargo "para facilitar la tarea de la justicia". La aerolínea de bandera volvería a volar en abril con gestión cooperativa.

En medio de una investigación judicial por su participación en la quiebra el año pasado de Pluna, renunció el ministro de Economía del Uruguay, Fernando Lorenzo, según anunció el propio presidente José Mujica. El ministro comparecía frente a la jueza del Crimen Organizado, Adriana de los Santos, que investiga su participación en la quiebra de  la aerolínea uruguaya.

Por ese caso están implicados varios funcionarios y empresarios, entre ellos el argentino Matías Campiani, ex gerente de Pluna, que quedó detenido en la madrugada del viernes tras declarar durante más de 12 horas.
También renunció Fernando Calloia, presidente del estatal Banco República Oriental del Uruguay (BROU), el mayor de Uruguay, quien también declaraba ayer por su presunta responsabilidad en la concesión irregular de un aval bancario a favor de una empresa durante los remates de los aviones de la antigua aerolínea de bandera uruguaya en 2012. 
Campiani era el representante del Grupo argentino Leadgate, que tenía el 75% de las acciones de Pluna y también fungía como gerente general de la aerolínea. El restante 25% de las acciones estaba en manos del Estado uruguayo. Otros dos ex socios de Campiani también son indagados por la jueza, además del ministro de Economía, el presidente del estatal Banco de la República Oriental del Uruguay (Brou), Fernando Calloia, y un notario.
Mujica dijo en una declaración a la prensa que Lorenzo presentó renuncia "por propia iniciativa" poco antes de declarar en el juzgado y "buscando facilitarle el camino a la Justicia".
El asunto de Pluna ha sido un gran dolor de cabeza para la administración de Mujica desde hace varios meses. El 15 de junio del año pasado, el gobierno anunció un acuerdo para una "salida ordenada" con el Grupo argentino Leadgate. Los legisladores uruguayos aprobaron el 17 de julio de 2012 la liquidación de Pluna a instancias del Ejecutivo, debido a la crítica situación financiera de la empresa.
Cuando se anunció la quiebra, el 9 de julio del año pasado, Pluna operaba unos 250 vuelos semanales desde y hacia Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, lo que suponía cerca del 80% del total de vuelos en Uruguay.
Mujica detalló en su declaración las acciones emprendidas por el gobierno para tratar de evitar la quiebra y, una vez producida, para intentar minimizar los costos económicos y sociales. Pero "es obvio que los resultados para nada fueron satisfactorios" y la justicia "resolverá si se cometieron errores instrumentales", afirmó el presidente.
Lorenzo, de 53 años, pertenece al entorno del vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, considerado el arquitecto de la política económica impulsada por la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) que está desde 2005 en el poder. Mujica dijo, en compañía de Astori, que el gobierno "siente la pérdida" de Lorenzo y "tratará en todo lo posible" de "preservar las orientaciones generales" diseñadas por el ministro saliente.
Además, afirmó que el Ejecutivo "no tiene dudas" sobre la "integridad ética y el compromiso positivo con el interés nacional" de Lorenzo y de Calloia.  «


Será una empresa recuperada
Mientras se produce la investigación judicial por la quiebra de Pluna, la aerolínea que funcionará como una cooperativa manejada por sus ex funcionarios, comenzaría a volar en junio próximo, según anunciaron los trabajadores. Ya no se llamará Pluna, sino Alas-Uruguay, para evitar posibles juicios futuros. Por la misma razón, los actuales operadores resolvieron que la nueva línea de bandera no usará los aviones de Pluna para evitar problemas judiciales, por lo que negocia el leasing de tres Boeing.
La cooperativa había presentado un pedido de préstamo del Fondo de Desarrollo Estructural (Fondes) por U$S 15 millones para comprar tres aviones de Pluna. Este paso fundamental se encuentra estancado, según comentó en días previos el diario El País, de Uruguay. El secretario de Presidencia, Homero Guerrero, manifestó semanas atrás que "la voluntad del Poder Ejecutivo es seguir trabajando y otorgar el préstamo del Fondes, el problema es que no está en nosotros, no tenemos claro en este momento, está en manos de la justicia y específicamente en manos de la doctora Teresita Rodríguez Mascardi que es la jueza que está en el caso de Pluna", informó el mismo diario. Para el gobierno, el escenario ideal es que la empresa comience a operar lo antes posible. Sobre todo con la cercanía del mundial de fútbol que se realizará en Brasil.

Tras la renuncia del titular de Economía del Uruguay, Fernando Lorenzo, investigado por la Justicia

No esperan cambios en la economía

El gobierno de Mujica ingresa en su último año y el presupuesto de gastos ya está aprobado. Analistas y empresarios no prevén grandes cambios de rumbo. Mario Bergara, actual presidente del Banco Central, podría reemplazar a Lorenzo.


El fiscal del caso Pluna, Juan Gómez, pidió que Lorenzo fuera procesado por abuso de funciones.
Pese a la renuncia del ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, la política económica de Uruguay se muestra estable y coherente y no es momento de esperar cambios importantes, coincidieron en señalar ayer analistas económicos y empresarios. Lorenzo entregó su renuncia al presidente uruguayo, José Mujica, poco antes de presentarse a declarar frente al Juzgado del Crimen Organizado, que investiga su presunta participación en la quiebra de la aerolínea uruguaya Pluna, hecho que tuvo lugar el año pasado. El actual presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, cercano al vicepresidente Danilo Astori, aparece ahora como el principal candidato para ser el futuro ministro de Economía y Finanzas. Por el momento, el titular del Interior, Eduardo Bonomi, se encuentra al frente de la cartera de Economía por expreso pedido de Mujica.

El mandatario uruguayo aceptó la dimisión de Lorenzo, que él mismo comunicó en una declaración a la prensa, y afirmó que el gobierno no  tiene dudas sobre la integridad ética y el compromiso positivo con el interés nacional del saliente ministro y del presidente del estatal Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Fernando Calloia, que también es investigado por la Justicia. El jefe de Estado fue más allá y  dijo que Lorenzo tuvo una actuación brillante y, por momentos, casi obsesionado con el interés del país.

Los márgenes para cambios en la política económica del país hacia orientaciones diferentes a la actual son muy estrechos, manifestó el economista Gabriel Oddone, socio de la consultora CPA Ferrere. Además, el gobierno ingresa en su último año de gestión y el presupuesto de gastos ya está aprobado, agregó el analista. Mujica, segundo presidente de izquierda en la historia de Uruguay, debe entregar el mandato el 1º de marzo de 2015 a quien resulte electo en los comicios de octubre de 2014. Desde la perspectiva de Oddone, en Uruguay no hay actualmente líneas de pensamiento o personalidades que impulsen cambios profundos en la política económica y, por ello, es seguro que la actual línea se mantendrá, más allá de quién sea elegido como nuevo ministro.

Además, el economista destacó que el propio presidente Mujica, al hacer pública la renuncia de Lorenzo, resaltó que el gobierno buscará continuar con su línea de trabajo. Oddone también consideró no haber percibido nerviosismo alguno a nivel local por la renuncia del ministro  de Economía. ?Obviamente hay conversaciones y consultas con y entre empresarios por el tema, pero son las normales?, agregó. Por su parte, el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Javier Carrau, opinó que el gobierno tendría que seguir en una línea como la que impulsó Lorenzo.

Luego de señalar, en declaraciones publicadas en el diario conservador El País, que la CIU tuvo diferencias con el ministro saliente sobre el diagnóstico de competitividad, Carrau reconoció que por lo menos hubo un manejo estable, coherente y bien intencionado de la política económica. En este sentido, el presidente de la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), Alvaro Queijo, coincidió en que la gremial no espera que se produzcan cambios en la política económica.

?Todo indica que Bergara será el sucesor, entonces se mantendrá la tranquilidad y la línea económica del gobierno?, dijo Queijo. Aunque matizó que es necesario que las autoridades afronten y ajusten el tema de la competitividad regional del país. El fiscal del caso Pluna, Juan  Gómez, pidió que Lorenzo y Calloia fueran procesados sin prisión por el delito de abuso de funciones. No obstante, los abogados de los funcionarios presentaron un recurso de inconstitucionalidad que retrasó la decisión judicial antes de que la Suprema Corte de Justicia analice el recurso.

Además de los ahora ex funcionarios, el fiscal pidió procesar a otras cuatro personas dentro de la megacausa Pluna, entre ellos al ex presidente del directorio de la línea uruguaya, el argentino Matías Campiani, según la denuncia presentada en su contra luego de la quiebra  de la aerolínea, en 2011.

La jueza Adriana de los Santos accedió a la petición del fiscal y procesó con prisión efectiva a Campiani y sus socios Sebastián Hirsch y Arturo Alvarez Demalde, los tres integrantes del grupo argentino Leadgate, que fue el principal accionista de la quebrada aerolínea uruguaya entre 2007 y 2012, todos acusados de haber cometido un delito continuado de estafa especialmente agravado.

Gómez pidió además, por falsificación de documento, el procesamiento del escribano que participó de la subasta de los aviones de la ex Pluna, Pablo Seitún. La megacausa Pluna se compone en realidad de tres investigaciones a cargo de la jueza y el fiscal, entre ellas la denuncia por las irregularidades en el aval en el proceso de liquidación de la ex Pluna. También se indaga una denuncia presentada por el opositor Partido Nacional referida a irregularidades en la gestión de la firma Leadgate.

La tercera línea es una denuncia que presentó la petrolera estatal Ancap, en la que acusó a los jerarcas de Leadgate de pagar combustible  con cheques sin fondo. Cuando se anunció la quiebra, el 9 de julio del año pasado, Pluna operaba unos 250 vuelos semanales desde y hacia Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, alrededor del 80 por ciento del total de vuelos en Uruguay.

Entrevista con la dirigente indígena hondureña Bertha Cáceres.

HONDURAS

Hoy es un crimen defender los derechos humanos.

por Orsetta Bellani

Viernes, 20 de Diciembre de 2013 19:44

  
Bertha Cáceres cuenta del proceso judicial en su contra, de las elecciones en Honduras y de la criminalización de la protesta social en el país.
En Honduras, donde el 80% de los crímenes quedan impunes, los movimientos sociales son criminalizados y perseguidos judicialmente. En el marco de la lucha del pueblo lenca en contra de la hidroeléctrica Agua Zarca, por considerar que privatiza ríos, agua, territorios y energía, tres integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han sido acusados de graves delitos. Se trata de Tomás Gómez, Aureliano Molina y Bertha Cáceres, coordinadora general de la organización. Orsetta Bellani, corresponsal de Noticias Aliadas, entrevistó a Cáceres la víspera de las elecciones presidenciales del pasado 24 de noviembre, donde finalmente ganó el derechista Juan Orlando Hernández.

¿Cuáles son las acusaciones en su contra y cómo se está desarrollando el proceso judicial?
La persecución judicial es sólo una expresión de toda la persecución política en contra de COPINH y es una estrategia definida a nivel presidencial. Estamos conscientes de que con nuestra lucha, que es pacífica pero enérgica, nos enfrentamos a poderes grandes e influyentes. En uno de los dos casos de que se me acusa ?portación ilegal de armas en prejuicio de la seguridad interna del Estado de Honduras?, la Procuraduría y el Ministerio Público me han planteado una audiencia conciliatoria. Primero me propusieron terminar la persecución en mi contra a cambio de que indemnizara al Estado y le pidiera perdón, asumiendo que el arma era de mi propiedad, cosa que por supuesto no voy a hacer; no cometí ningún delito y no tengo porqué conciliar a estas cosas. [Por este caso fue detenida el 24 de mayo y por no hallar suficientes pruebas para comprobar el delito fue liberada 21 días después con medidas sustitutivas a la prisión].

Luego,  por la presión de la defensa, de los movimientos sociales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Amnistía Internacional y de las de miles de expresiones de solidaridad que han denunciado esta injusticia en todo el mundo, me propusieron pagar al Estado todo lo que había gastado en este proceso, siendo éste victima mía. También rechacé esto. En este momento lo más probable es que en la próxima audiencia el juicio siga sin consideración de conciliación.

En el otro caso de que la empresa nos acusa, o sea de daños continuados, coacción y usurpación, en setiembre dictaron prisión preventiva en mi contra, y han fijado la próxima audiencia preliminar para el 11 de febrero del 2014. [Por este caso pesa sobre Cáceres orden de detención y ella se ha declarado perseguida política]. Además, este año aprobaron una reforma que prevé que una persona beneficiada por medidas sustitutivas a la prisión ?como ha sido en el primer caso en el que me impusieron la prohibición  de salir del país y la obligación de presentarme al juzgado cada 15 días? no puede ser beneficiada una segunda vez en otro caso. Cuando me acusaron de posesión del arma, en mayo del 2013, esta ley no estaba en vigor, pero la hicieron retroactiva y esto es ilegal, no hay ninguna ley retroactiva en Honduras.

Estas acusaciones se dan en el marco de la oposición de COPINH al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en la comunidad de Río Blanco, departamento de Intibucá. ¿Por qué la lucha de esta comunidad es tan importante para el Estado hondureño?

Hace años las comunidades de COPINH de Río Blanco emprendieron una lucha por la defensa del territorio y del río Gualcarque, que es un río sagrado para el pueblo lenca. En abril del 2013 logramos sacar a Sinohydro/Desa, que es la mayor constructora de represas del mundo, lo nuestro es un ejercicio de autonomía y control territorial. La empresa obtuvo la concesión de manera ilegal en el 2010 y por sus vínculos con el Ejército ha presionado mucho a las comunidades, no sólo hostigando sino también ofreciendo sobornos y tratando de manipular a la población. Esto indica que las transnacionales no necesitan de intermediarios políticos, sino van directamente a reprimir a las comunidades. Donde hay intención de construir proyectos mineros o hidroeléctricos hay planes de militarización.

La lucha de Río Blanco es un mal ejemplo para el gran capital, porque ha demostrado que es posible echar para atrás un proyecto de dominación y de privatización, demuestra que sí es posible sacar a una transnacional invasora y esto es parte de la lucha legítima del pueblo lenca.

La persecución en su contra parece insertarse en un clima de criminalización de la protesta social que abarca todo el país.
El Estado ha construido estructuras represivas que tienen financiamiento incluso del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el Plan de Seguridad Regional paraCentroamérica. Esto es muy preocupante para las y los luchadores sociales, ya que se va a profundizar la represión. Hoy es un crimen defender los derechos humanos. El Congreso y los sectores oligárquicos han impulsado la creación de la Policía Militar, que está trabajando como una estructura paramilitar dirigida en contra de los movimientos sociales. No funcionan sólo los aparatos policiales y de inteligencia, también están operando cuerpos encubiertos y agencias privadas de seguridad, que son nada más que otro ejército que cuida los intereses de los grandes empresarios. Ellas funcionan de manera conjunta con la Policía y el Ejército, y duplican su número. Durante la semana electoral se ha incrementado la presencia militar y policial, incluso con reservistas. No es un clima que ayuda el desarrollo de elecciones democráticas.

En las elecciones presidenciales de mañana la candidata por el partido Libre (Libertad y Refundación) es Xiomara Castro, esposa de Manuel Zelaya. Ella se movilizó en contra del golpe de 2009, promete una vía hondureña al socialismo del siglo XXI y quiere romper un bipartidismo de hace cien años. ¿Cuál es tu opinión sobre Castro? 
El pueblo hondureño está sediento de cambios profundos, hemos tenido un proceso de concientización y de formación, sobre todo en las calles, donde hemos aprendido más que en cualquier lado. Creo que sería importante que ganara Libre, en Honduras hay necesitad de que otra fuerza política partidaria se instale en el gobierno, no haría cambios profundos pero representaría un gobierno distinto a los que hemos tenido con la ultraderecha fascista.