viernes, 19 de septiembre de 2014

Países pobres.

internacional

Los países pobres necesitan más acceso a la ayuda financiera, a los mercados comerciales así como al alivio de sus deudas, medicinas y tecnologías, destaca un informe de la ONU divulgado este jueves.

El estudio se concentra en analizar el cumplimiento de la meta 8, sobre la ayuda para el desarrollo, la cual se considera clave para el cumplimento de los demás Objetivos, para los que se fijó el plazo de diciembre de 2015.

Según el informe publicado por el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la ONU (DESA), algunas de las metas relativas al tema están cerca de ser alcanzadas, mientras que otras permanecen rezagas.

En cuanto a la deuda señala que para 2014, 35 de los 39 países fuertemente endeudados recibieron alivio de esos compromisos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores, entre ellos figuran Bolivia, Honduras y Nicaragua.

“No obstante, en particular algunos Estados pequeños están en riesgo de sobre endeudamiento. Además, la restructuración de la deuda soberana de otros países en desarrollo es muy costosa y consume mucho tiempo”, detalló Wu Hongbo, subsecretario general de DESA, durante la presentación del documento en una conferencia de prensa en Nueva York.

Otra conclusión se refiere a la asistencia para el desarrollo, que alcanzó sus niveles más altos en 2013, mientras que, por el contrario, muchas naciones han visto un retroceso de esa ayuda. 

También señala que es escaso el acceso a medicinas esenciales en los países pobres, del 55% en las clínicas del sector público y del 66% en los centros privados. A la vez, el precio de los medicamentos genéricos sigue siendo muy alto para las personas de exiguos recursos.

Reestructuración de la deuda pública.

internacional

La Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que pugna por el establecimiento de un marco jurídico multilateral para regular la reestructuración de la deuda pública de los países. Promovido por Bolivia en su calidad de presidente del G77 más China, el texto obtuvo 124 votos a favor, 11 en contra y 41 abstenciones.

La votación del documento ocurrió mientras Argentina libra una batalla con varios fondos especulativos o “buitres” que se negaron a aceptar el acuerdo de reestructuración negociado entre el país y más del 90% de sus acreedores.

La resolución pide intensificar los esfuerzos por prevenir las crisis de deuda mejorando los mecanismos financieros internacionales de prevención y solución de crisis, en cooperación con el sector privado con miras a hallar soluciones aceptables para todos.

Asimismo, anticipa que durante el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General negociará y aprobará antes de que termine 2014 el marco regulador para los procesos de reestructuración de deuda soberana.

El texto explica que el propósito de ese marco jurídico será aumentar la eficiencia, estabilidad y previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento y desarrollo económico sostenido, inclusivo y equitativo de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales.

A la votación acudió el ministro de Exteriores de Argentina, Héctor Timmerman, quien opinó que esa normativa permitirá que los países salgan de las crisis de manera sustentable y respetando a la mayoría de sus acreedores.

Entre los Estados que votaron en contra estuvo Estados Unidos, que argumentó que la resolución suscitaría incertidumbre en el mercado.

El representante de Bolivia ante la ONU, el embajador Sacha Llorenti, cuyo país ostenta la presidencia del Grupo 77 más China, consideró “histórica” la adopción por la Asamblea de esta resolución, que abre un proceso para establecer un mecanismo jurídico multilateral que permita reestructurar las deudas soberanas.

En conferencia de prensa, manifestó que el texto coloca por primera vez este tema en la instancia más democrática y legítima del sistema multilateral: la Asamblea General de la ONU donde, subrayó, todos los países tienen un voto sin tener en cuenta el tamaño de sus economías o su poderío militar.

“Se nos ha dicho que se apresuran las cosas y que esta decisión es prematura. Creemos que esta resolución viene en algunos casos demasiado tarde y que la comunidad internacional no había estado hasta este momento a la altura de las responsabilidades para tratar un tema que no es solamente financiero”, afirmó.

El diplomático boliviano destacó que este tema también tiene que ver con el crecimiento económico de los países, con el desarrollo y con el respeto de los derechos humanos de los pueblos.

Argentina acogió con beneplácito la adopción de esta resolución. El canciller argentino, Hector Timmerman, que presenció la votación del texto en la máxima instancia de Naciones Unidas, subrayó en conferencia de prensa que no debe repetirse la situación que atraviesa su país, por la existencia de distintos marcos legales para la restructuración de deuda.

“La Argentina está orgullosa de que 124 países, el 70 % de los presentes en el debate haya expresado tan claramente que teníamos razón en venir a las Naciones Unidas. Lo que se ha logrado hoy, debe ser continuado con el impulso y el trabajo de todos los países miembros”, afirmó.

jueves, 18 de septiembre de 2014

El Programa Valor.

empresas

El Programa Valor formó parte del encuentro sobre empresas y Durante los días 4 y 5 de septiembre se llevó a cabo el “II Encuentro para la sensibilización y difusión de las estrategias nacionales de empresas y derechos humanos”, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Fernando Passarelli, Coordinador del Programa Valor de AMIA, participó como expositor en uno de los paneles donde se debatió acerca de la “Debida diligencia” y los mecanismos de reparación a los DDHH en ámbito empresarial.

Durante el evento, donde estuvieron presentes más de 60 profesionales de empresas, sociedad civil y administraciones públicas, se abordó el tema de los Principios Rectores sobre las empresas y los DDHH, respaldados unánimemente por la ONU en 2011, y los desafíos que este enfoque impone a los países de la región.

Estos principios conforman un marco global autorizado, el “Marco Ruggie”, que brinda un nuevo parámetro para la acción del sector privado con relación a los DDHH. El marco identifica y clarifica los estándares de la responsabilidad empresarial, y la rendición de cuentas con relación a los DDHH, así como también específica el papel de los Estados en la regulación de las empresas de manera efectiva.

El acuerdo se apoya en tres pilares fundamentales: la obligación del Estado de proteger los abusos contra los DDHH; la responsabilidad de las empresas de respetarlos; y un mayor acceso a la reparación, judicial y extrajudicial, por parte de las víctimas.

De acuerdo con estos lineamientos, uno de los desafíos fundamentales que planteó el encuentro fue la necesidad de que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, adopten e incorporen los principios de Proteger, Respetar y Reparar eficazmente los impactos sobre los DDHH en sus operaciones, esto es, la Debida Diligencia, entendida como el proceso mediante el cual las empresas identifican activamente, previenen, mitigan y rinden cuentas sobre cómo manejan y abordan sus impactos negativos potenciales y actuales en los DDHH. Sobre este tema puntualizó Passarelli, explicando que la “Debida diligencia” implica no sólo evaluar los riesgos para la empresa, sino que su propósito es el de comprender y abordar los riesgos y abusos que presenten las actividades de la empresa a los titulares de derechos incluidos en su cadena de suministro y a través de sus otras relaciones comerciales. Además, comunicó los mecanismos judiciales y extrajudiciales de reparación para los casos en que los DDHH resultan vulnerados en las actividades comerciales.

Por último, durante las jornadas se observó que si bien los gobiernos de distintos países de Europa han avanzado en la puesta en marcha de los Principios Rectores a través de la elaboración de Planes Nacionales, en Latinoamérica las iniciativas en el tema aún son incipientes. Por tal motivo, se hizo un llamado a las empresas y los Estados a incorporar este enfoque en las estrategias de sostenibilidad, sin el cual ninguna empresa u organización podrá considerarse socialmente responsable.

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

internacional

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias transmitió 418 casos de desaparición de personas a 42 Estados, en el periodo comprendido entre noviembre de 2012 y mayo de 2014, señala el informe presentado hoy al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En un total de 93 casos hizo uso del procedimiento de acción urgente, lo que demuestra que la desaparición forzada no es un delito del pasado sino que sigue utilizándose en todo el mundo con la falsa creencia de que es una herramienta útil para preservar la seguridad nacional y combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, resaltaron los expertos.

Durante el periodo examinado, el Grupo de Trabajo llegó a esclarecer 47 casos de desaparición forzada. No obstante, más de 43.000 casos siguen aún esclarecerse y muchos de ellos se remontan a varias décadas, debido en parte a que no se realizan esfuerzos suficientes para determinar el paradero de esas personas.

La escasez de denuncias sigue siendo un grave problema y ello se debe al temor a represalias, a la mala administración de justicia, a la impunidad institucionalizada y a otros obstáculos como el analfabetismo y la pobreza.

El Grupo de Trabajo exhortó de nuevo a los Estados que no lo hayan hecho a firmar o ratificar la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas.

Ariel Dulitzky, presidente de este grupo, señaló no obstante que adherirse a esa convención o adoptar leyes no es suficiente:

“ Lo que se necesita es la implementación efectiva, en el día a día, de políticas públicas que aseguren la prevención de la desaparición forzada, su erradicación,. Y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación, y garantías de no repetición, de las victimas de desaparición forzada”.

El Grupo de Trabajo también hizo hincapié en la importancia de ampliar el uso de de exámenes forenses y de pruebas de ADN y prestar mayor asistencia a los familiares y miembros de la sociedad civil , para que puedan denunciar los casos al Grupo de Trabajo.

También expresó preocupación porque de los 88 Estados con casos pendientes, algunos no han respondido nunca a sus requerimientos y otros no aportan información suficiente.

El Grupo de Trabajo señaló que está especialmente preocupado por el alcance y la magnitud de las desapariciones forzadas en algunos países, incluidos Corea del Norte y Siria.

También señaló que ha observado la existencia de desapariciones forzadas por breves periodos en varios países y entre ellos en Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos. .

También se mostró preocupado por la situación en la República Centroafricana, Sudán del Sur y Ucrania.

El Papa en Albania.

internacional

Al finalizar la audiencia general, el Santo Padre ha saludado a los presentes en diversos idiomas. En los saludos en lengua árabe, se ha dirigido a los fieles de Tierra Santa ''donde la luz del anuncio llegó hasta los confines de la Tierra'', animándoles a ''ser siempre, a pesar de las dificultades, valientes y alegres portadores del Mensaje de salvación, de la verdad y de la bendición''.

Antes de los saludos en italiano el Papa ha hablado de su viaje a Albania el próximo domingo 21 y ha invitado a todos los fieles a acompañarlo con la oración. ''He decidido visitar este país -ha dicho- porque ha sufrido mucho a causa de un terrible régimen ateo y ahora está desarrollando una pacífica convivencia entre sus diversos componentes religiosos''.

Torturas en Argentina.

internacional

Sólo una de cada tres personas en la Argentina confía en que no será torturada en caso de que fuera detenida. Así lo revela una encuesta realizada por Amnistía Internacional, en el marco de un informe sobre actitudes contra la tortura a nivel global.

Cuando se presentó la afirmación “si las autoridades de mi país me detuvieran, tengo confianza en que estaría a salvo de tortura”, un 34% estuvo de acuerdo, mientras que el 49% estuvo en desacuerdo. El 17% restante eligió la opción no sabe/no contesta.

La encuesta fue realizada en la Argentina y en otros 20 países de todos los continentes, como parte de la campaña Basta de Tortura, que Amnistía Internacional está lanzando hoy en todo el mundo. El porcentaje de personas en Argentina que confía en que, de ser detenido, no sería torturado es más bajo que la media global, que es del 48%.

La encuesta se realizó en la Argentina entre el 17 y el 27 de enero de 2014 y fueron entrevistadas 1012 personas. En general, el miedo a la tortura es muy alto en América Latina. En Brasil, solo un 18% expresó confianza en que no sería torturado en el sistema carcelario; el 21% en México y el 35% en Perú. El estudio, de todas maneras, revela que el miedo a la tortura existe en todos los países, ya que cerca de la mitad de los encuestados a nivel global (44%) temen ser torturados en caso de ser detenidos. Las excepciones son Australia y Gran Bretaña. En el total de los 21 países se entrevistaron 21.221 personas entre diciembre de 2013 y abril de 2014, personalmente o por teléfono.

“Durante los últimos cinco años, Amnistía Internacional denunció torturas en 141 países, casi todos en los que tiene oficinas. Si bien en la mayoría de los países la tortura está prohibida en las normas, en la práctica se tolera. Se percibe cierta ineficiencia de parte de los poderes del estado para investigar las denuncias contra sus propios agentes que abusan de su poder contra detenidos indefensos o por razones de seguridad nacional”, dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización de derechos humanos en la Argentina.

“Los resultados de la encuesta son sorprendentes. Sólo la tercera parte de quienes viven en la Argentina se sienten seguros de que no serán torturados en caso de ser detenidos. El mes pasado el Gobierno reglamentó el Mecanismo Nacional contra la Tortura, que había sido aprobado por el Congreso en 2012. Hasta ahora los gobiernos han sido incapaces de desarrollar políticas públicas destinadas a investigar casos de tortura en centros de detención eficaces y de largo plazo”.

En el estudio también se plantearon otras dos cuestiones. Un 15% de los entrevistados en la Argentina se mostró de acuerdo con que la tortura es a veces necesaria y aceptable para obtener información que sirva para proteger a la población. Esta proporción es sensiblemente más baja que la global, ya que un 36% de las personas consultadas en el total de los 21 países consideraron que la tortura puede justificarse en algunos casos. En China e India la justificación de la tortura para obtener información es muy alta: alcanza al 74% de los consultados.

El otro punto se refirió a la necesidad de que existan normas internacionales claras contra la tortura. En la Argentina, un 72% de los consultados acordó con esta afirmación, contra un 82% que lo hizo en todo el mundo.

Desde 1984, 155 Estados ratificaron la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas. Pero Amnistía Internacional observó que al menos 79 de ellos siguen torturando en 2014. Otros 32 Estados miembros de la ONU no adoptaron la Convención. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que establezcan mecanismos de protección para prevenir y castigar la tortura, como exámenes médicos adecuados, acceso rápido a los abogados, controles independientes en los centros de detención, investigaciones independientes y efectivas de las denuncias de tortura, procesamientos de los presuntos autores y reparaciones adecuadas a las víctimas.

sábado, 13 de septiembre de 2014

Educación del franquismo = educación privada.

ESPAÑA - MADRID 

(AW) El Arcipreste de Hita es el colegio más grande de Fuenlabrada. Tenía más de 1.000 alumnos y ahora tiene alrededor de 400. Está situado en una zona en la que hay únicamente una institución pública. El gobierno del PP promociona la educación privada, para que acaben llevando a sus hijos a los colegios concertados de la zona.

El año pasado se cerró un aula de 3 años por falta de solicitudes. Alberto González, secretario general de la DAT-Madrid sur, se comprometió a que si había bastantes solicitudes volvía a abrir el aula. Este año había 44 solicitudes, pero a 19 niños no les admitieron en este centro. A estos niños les mandan a colegios que están a más de un kilómetro de distancia, pero 6 de estos alumnos ni siquiera tienen otro colegio al que poder ir.
Los padres hablaron con Alberto González en una reunión en la que estaba el alcalde de Fuenlabrada, el concejal de educación y 5 portavoces de los padres afectados. Esta reunión fue bastante tensa y los padres no consiguieron lo que pedían. Supuestamente hay libre elección de centro, pero solo hay libre elección para mandar a tus hijos a estudiar a la concertada.
¡No vamos a permitir que nos hagan retroceder a la educación del franquismo!
¡Por una Huelga General de 3 días de toda la comunidad educativa a nivel estatal!
¡Por la retirada de todos los recortes (en el Arcipreste de Hita, y todos los demás)!
¡Wert dimisión!
Fuente: sindicatodeestudiantes.net
Mensaje de Jesús, uno de los padres del Arcipreste:
"El viernes 29 de agosto, a las 20h nos vemos en el Arcipreste. A falta de respuesta de los responsables de Educación de la Comunidad de Madrid  queremos compartir las propuestas de acción para septiembre, octubre....y escuchar a todas las personas que tan bien nos habéis estado acompañando desde el 24 de junio. Familias #ArcipresteOkupado, nos vemos.
No queremos vuestro apoyo, queremos tu implicación".

Solidaridad con el Colegio Arcipreste de Hita de Fuenlabrada.

Agosto es época de vacaciones para algun@s, de viaje para disfrutar de la playa, conocer otro lugar y cambiar de escenario. Quizás estés pasándolo en Madrid por obligación o por gusto; de viaje, en paro, trabajando, estudiando, o simplemente, viviendo.
Desde finales de junio, en Fuenlabrada, a pocos minutos de la estación de tren de La Serna, en la Avenida de España nº 26, hay un colegio donde se enseña incluso en vacaciones.
Su nombre es Colegio Arcipreste de Hita, y resulta fácil de reconocer, porque al acercarse, sus vallas ya nos hablan de su historia reciente, que es también la de la escuela pública de Madrid,  y la de buena parte del Estado español, en este tiempo de estafa, de desmantelamiento de derechos y a su vez, de reacción y empoderamiento ciudadano.
Llevan 57 días de encierro, de ocupación del colegio, de reivindicación y de dignidad.
Durante el curso, aprendieron en sus aulas niñ@s con sus maestr@s. Ahora son unas familias quienes enseñan a sus niñ@s, y también al resto de la comunidad educativa (a las otras madres y padres y sus hij@s, a sus maestr@s y al director), pero también al resto del vecindario de Fuenlabrada, y a estas alturas, de todo el país, a no rendirse, a no resignarse, a ser libres practicando la libertad día a día.
Después del curso pasado, les quitaron una de las dos aulas del primer curso de Primaria, por falta de matrícula. Pero al final de este curso, había 44 demandas de plaza, cuando la ratio legal es de 25 niñ@s por clase. Motivo por el que las 19 familias restantes, pidieron que se volviera a dotar al colegio del aula suprimida.
La respuesta del  director de la DAT Sur fue que no habrá otra aula. Que las familias pueden escoger otros colegios de la zona; privados subvencionados con sus impuestos, de los que no faltan a su alrededor, o públicos (¡bilingües incluso!) aunque mucho más lejos de donde viven.
Además en la DAT les dieron otro argumento de peso: que la libertad de elección, no es un derecho absoluto.
Y es que cuando su libertad defiende la elección de centro privado, la subvención de los colegios religiosos, el regalo del suelo donde construirlos, permitiendo que haya más aulas con menos alumnado en ellos, entonces sí, es un derecho absoluto.
En cambio, entender esa libertad como el derecho a elegir para tu hij@ el colegio público donde tú estudiaste, pedir que reabran el aula cerrada porque ya no hay excusa, y ya hay demanda suficiente, entonces no puede ser, esa libertad tiene que tener un límite. Y ese límite es económico, se cuantifica en miles de euros por aula y para eso, no hay dinero.
Esos miles de euros, juntos con otros muchos más, se necesitan pagar subvencionar los colegios de la Iglesia, dar becas a las familias que matriculen a sus hij@s en la privada, derrochar en programas publicitarios e innecesarios como el bilingüismo, y ahora, para reformar el sistema educativo entero, con la LOMCE, para hacerlo más desigual e injusto.
Entonces, en lugar de resignarse, aceptar una plaza en otro centro, y conformarse con migajas, que es lo que esperan que hagamos tod@s, estas familias decidieron responder ocupando el colegio.
También con una movilización intensa: concentración en la Consejería de Educación en julio, recogida de firmas, petición constante de entrevistas con Lucía Figar…
Y han abierto el colegio a quienes quieran conocerles a ell@s y a sus razones. Con el esfuerzo diario, mediante turnos, con un gran sentido del humor, durmiendo en colchonetas, compartiendo lo que tienen con quien llega.
Así han recogido muchos apoyos: sindicatos, partidos políticos (salvo el PP), la FAPA (que ha puesto una denuncia a la Consejería por prevaricación), maestr@s que iban “de paso” desde Málaga al encuentro de mareas verdes en Galicia, interin@s solidari@s, un profesor que hacía flores para l@s niñ@s, un vecino con una discapacidad severa que ayuda haciendo turnos. A su vez, ell@s  recogen tapones para echarle una mano, y también, medicamentos para Gaza. De lo pequeño a lo grande, todo cuenta.
Por eso, si tienes un rato para echarles una mano, expresarles tu apoyo en persona, creo que merece mucho la pena hacerlo. Vas a recibir mucho más de lo que pensabas que aportarías.
Allí permanecerán todo el mes de agosto, dándonos con su ejemplo, esta lección de compromiso durante las vacaciones escolares, de la que el colegio entero y el resto de la ciudadanía, tendremos que demostrar que aprendimos cuando comience el curso, con el apoyo de tod@s.