*EUSKAL HERRIA / PAIS VASCO*
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó ayer su
propuesta de cadena perpetua para casos de «terrorismo» y otros
supuestos. En lo referente a Euskal Herria no tendrá efectos prácticos,
ya que ETA ha decretado el cese de su actividad y la reforma solo será
aplicada en el momento en que entre en vigor. El anuncio del Gobierno
español parece más destinado a contentar a los sectores más ultras del
PP, airados por la libertad de Uribetxebarria.
Lo venía anunciando desde que tomó posesión de la cartera y ayer
formalizó la propuesta. El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, avanzó su intención de imponer la cadena perpetua para casos
relacionados con grupos armados o «delitos de especial gravedad», entre
los que se incluye la muerte del jefe de Estado, el asesinato de menores
o el homicidio tras una agresión sexual. En lo relacionado al conflicto
vasco la norma no tendrá efecto real, ya que solo podrá ser aplicada a
partir de que entre en vigor. Teniendo en cuenta que ETA decretó el cese
definitivo de su actividad hace más de un año, el movimiento de
Gallardón parece más destinado a tener un gesto hacia a los sectores
ultras del PP, enfrentados a la dirección por la libertad condicional de
Iosu Uribetxeberria.
El propio ministro de Justicia tuvo un papel determinante en el
alargamiento del caso preso político enfermo, ya que él avaló al fiscal
para que impulsase el recurso que retrasó la excarcelación durante dos
semanas. Además, lo difundido ayer es un mero informe sobre una futura
reforma del Código Penal y no el proyecto de ley, que es lo que
habitualmente se presenta tras los consejos de ministros. Este hecho
refuerza la tesis de que la comparecencia obedece más a intereses
coyunturales que a impulsar cambios que además carecen de aplicación
práctica.
Pese a estas evidencias, Gallardón rechazó explícitamente que la fecha
elegida para presentar su proyecto estuviese motivada por las
desavenencias internas. Para ello insistió en que «no habrá demoras pero
tampoco urgencias» y reiteró que trabajan «desde hace meses» en una
reforma del Código «con vocación de permanencia». Un hecho que contrasta
con la asiduidad con la que los diferentes gobiernos españoles han
modificado los tipos penales. Concretamente, en más de 20 ocasiones
desde 1995.
40 años íntegros desde 2008
Según indicó el ministro, la «prisión permanente revisable» no podrá ser
aplicada «bajo ningún concepto a delitos que sean cometidos antes de que
se produzca su entrada en vigor». De este modo, ni siquiera afectaría a
miembros de ETA que fuesen arrestados en el futuro y a quienes se
imputasen actos ocurridos antes de la puesta en marcha de la reforma.
Pese a ello, Gallardón sí que abrió la vía a la retroactividad en el
caso de que el nuevo código tuviese una lectura «favorable» al
prisionero. La reforma legal de 2008 impuso el cumplimiento íntegro de
penas de hasta 40 años, por lo que habría que ver de qué manera podrá
utilizar el Gobierno español este supuesto en el caso de presos
políticos vascos ya condenados.
El proyecto presentado por Justicia prevé que los condenados cumplan un
mínimo de entre 25 y 35 años. A partir de ahí, el juez que haya dictado
sentencia podrá revisar el caso. Esta evaluación se realizará, como
mínimo, cada dos años, aunque el prisionero podrá también solicitarla.
«El objetivo es endurecer el castigo», quiso dejar claro Gallardón.
Además de la cadena perpetua, el Gobierno español incluirá otro formato
de control que sí que podría tener consecuencias. Se trata de la
«custodia de seguridad», una libertad vigilada que podría alargarse un
máximo de 10 años tras la excarcelación. Hasta ahora, los únicos que
eran sometidos a este régimen eran presos enfermos.
amaiur: «Imagen»
Iker Urbina, de Amaiur, remarcó que «Madrid quiere vender una imagen de
dureza cuando la sociedad vasca exige soluciones».
Una reforma a golpe de titulares y alarma social
En un primer momento, Gallardón anunció que la cadena perpetua sería
aplicada solo a casos relacionados con organizaciones armadas. Ayer, sin
embargo, el ministro de Justicia rectificó y amplió los supuestos a los
«delitos de especial gravedad». Entre ellos incluyó la muerte de jefes
de Estado, el genocidio, el asesinato de menores o discapacitados y el
homicidio tras una agresión sexual. Sin citarlos específicamente,
Gallardón hizo referencia a dos casos concretos, la muerte de Ruth y
José Bretón imputada ya a su padre en Córdoba y la de Marta del
Castillo, ocurrida en 2009 y cuyo cadáver todavía no ha podido ser hallado.
A nadie se le escapa que el impacto social provocado por hechos
excepcionales como ambos sucesos han influido en la decisión final del
titular de Justicia. Especialmente porque todavía está reciente la
resolución del «caso Bretón», facilitada por un informe del forense
vasco Francisco Etxeberria y que desató una campaña en Twitter favorable
a la cadena perpetua. Esta actitud fue censurada ayer mismo por
asociaciones de la magistratura como Jueces para la Democracia, que
tacha el anuncio de «populismo penal». A.P.
Madrid exporta el modelo de criminalización de la protesta
La criminalización de las protestas sociales y un endurecimiento de los
castigos contra manifestantes constituyen una de las vertientes de la
reforma que prepara el Ministerio español de Justicia. Durante los
últimos meses se han sucedido las filtraciones y todas apuntaban a un
mismo objetivo: la imposición de penas más duras y la posibilidad de
encarcelar a quien sea arrestado en una marcha de protesta,
especialmente si esta deriva en enfrentamientos con la Policía. En el
fondo, lo que el Ejecutivo hace es ubicar en términos de orden público
los problemas sociales derivados de la crisis y el recorte de derechos
en un contexto en el que las movilizaciones son cada vez más frecuentes.
Todo ello, poniendo en marcha un modelo de represión de la disidencia
similar al que ya se aplica en Euskal Herria.
Por el momento, no hay datos que avancen hasta dónde está dispuesto a
llegar el Gobierno del PP. Según advirtió ayer Gallardón, se ampliará la
definición de «atentado» incluyendo «todos los supuestos de
acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de
violencia sobre el agente». También se añadirán supuestos de «alteración
del orden público». Además, la reforma ha añadido un nuevo tipo que
perseguirá a quienes lancen convocatorias que luego deriven en la
«alteración del orden público», que el ministro quiso desvincular de la
mera publicitación de movilizaciones.
Durante los últimos meses se había especulado con la posibilidad de que
el Gobierno español endureciese también el castigo contra la resistencia
pasiva. Gallardón rechazó este extremo, argumentando que tanto este tipo
de protesta como la «desobediencia» seguirán calificados como hasta
ahora: con penas de entre seis meses y un año de cárcel. Además,
insistió en que no se pretende imponer una reforma «más represiva»,
aunque no dejó claro hasta dónde ampliará las peticiones de cárcel para
los supuestos de atentado o «alteración del orden público». Tampoco
precisó cuáles serán los comportamientos específicos que se incluyan
dentro de un concepto tan abstracto y que serán los que determinen el
alcance real de la norma.
Si se atiende a las declaraciones realizadas por Justicia o por el
Ministerio del Interior durante el pasado curso político, todo apunta a
que Gallardón pretende dar potestad a los jueces para poder encarcelar a
los manifestantes, tal y como ocurrió, por ejemplo, con algunos
arrestados durante la huelga general en Catalunya.
Este endurecimiento del Código Penal es una de las exigencias en las que
ha insistido CiU durante toda la legislatura. Probablemente, Gallardón
se refería a la formación liderada por Artur Mas cuando hizo referencia
al «interés» mostrado por diversos grupos parlamentarios. De hecho, el
Congreso español ya aprobó en junio una moción presentada por CiU en la
que se instaba a la creación del delito específico de «violencia urbana»
y castigar con cárcel la participación en determinadas protestas. Que el
aviso llegue ahora no parece casual si se toma en cuenta las previsiones
de un «otoño caliente» contra los recortes.
Fuente: Alberto Pradilla, en Gara
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó ayer su
propuesta de cadena perpetua para casos de «terrorismo» y otros
supuestos. En lo referente a Euskal Herria no tendrá efectos prácticos,
ya que ETA ha decretado el cese de su actividad y la reforma solo será
aplicada en el momento en que entre en vigor. El anuncio del Gobierno
español parece más destinado a contentar a los sectores más ultras del
PP, airados por la libertad de Uribetxebarria.
Lo venía anunciando desde que tomó posesión de la cartera y ayer
formalizó la propuesta. El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz
Gallardón, avanzó su intención de imponer la cadena perpetua para casos
relacionados con grupos armados o «delitos de especial gravedad», entre
los que se incluye la muerte del jefe de Estado, el asesinato de menores
o el homicidio tras una agresión sexual. En lo relacionado al conflicto
vasco la norma no tendrá efecto real, ya que solo podrá ser aplicada a
partir de que entre en vigor. Teniendo en cuenta que ETA decretó el cese
definitivo de su actividad hace más de un año, el movimiento de
Gallardón parece más destinado a tener un gesto hacia a los sectores
ultras del PP, enfrentados a la dirección por la libertad condicional de
Iosu Uribetxeberria.
El propio ministro de Justicia tuvo un papel determinante en el
alargamiento del caso preso político enfermo, ya que él avaló al fiscal
para que impulsase el recurso que retrasó la excarcelación durante dos
semanas. Además, lo difundido ayer es un mero informe sobre una futura
reforma del Código Penal y no el proyecto de ley, que es lo que
habitualmente se presenta tras los consejos de ministros. Este hecho
refuerza la tesis de que la comparecencia obedece más a intereses
coyunturales que a impulsar cambios que además carecen de aplicación
práctica.
Pese a estas evidencias, Gallardón rechazó explícitamente que la fecha
elegida para presentar su proyecto estuviese motivada por las
desavenencias internas. Para ello insistió en que «no habrá demoras pero
tampoco urgencias» y reiteró que trabajan «desde hace meses» en una
reforma del Código «con vocación de permanencia». Un hecho que contrasta
con la asiduidad con la que los diferentes gobiernos españoles han
modificado los tipos penales. Concretamente, en más de 20 ocasiones
desde 1995.
40 años íntegros desde 2008
Según indicó el ministro, la «prisión permanente revisable» no podrá ser
aplicada «bajo ningún concepto a delitos que sean cometidos antes de que
se produzca su entrada en vigor». De este modo, ni siquiera afectaría a
miembros de ETA que fuesen arrestados en el futuro y a quienes se
imputasen actos ocurridos antes de la puesta en marcha de la reforma.
Pese a ello, Gallardón sí que abrió la vía a la retroactividad en el
caso de que el nuevo código tuviese una lectura «favorable» al
prisionero. La reforma legal de 2008 impuso el cumplimiento íntegro de
penas de hasta 40 años, por lo que habría que ver de qué manera podrá
utilizar el Gobierno español este supuesto en el caso de presos
políticos vascos ya condenados.
El proyecto presentado por Justicia prevé que los condenados cumplan un
mínimo de entre 25 y 35 años. A partir de ahí, el juez que haya dictado
sentencia podrá revisar el caso. Esta evaluación se realizará, como
mínimo, cada dos años, aunque el prisionero podrá también solicitarla.
«El objetivo es endurecer el castigo», quiso dejar claro Gallardón.
Además de la cadena perpetua, el Gobierno español incluirá otro formato
de control que sí que podría tener consecuencias. Se trata de la
«custodia de seguridad», una libertad vigilada que podría alargarse un
máximo de 10 años tras la excarcelación. Hasta ahora, los únicos que
eran sometidos a este régimen eran presos enfermos.
amaiur: «Imagen»
Iker Urbina, de Amaiur, remarcó que «Madrid quiere vender una imagen de
dureza cuando la sociedad vasca exige soluciones».
Una reforma a golpe de titulares y alarma social
En un primer momento, Gallardón anunció que la cadena perpetua sería
aplicada solo a casos relacionados con organizaciones armadas. Ayer, sin
embargo, el ministro de Justicia rectificó y amplió los supuestos a los
«delitos de especial gravedad». Entre ellos incluyó la muerte de jefes
de Estado, el genocidio, el asesinato de menores o discapacitados y el
homicidio tras una agresión sexual. Sin citarlos específicamente,
Gallardón hizo referencia a dos casos concretos, la muerte de Ruth y
José Bretón imputada ya a su padre en Córdoba y la de Marta del
Castillo, ocurrida en 2009 y cuyo cadáver todavía no ha podido ser hallado.
A nadie se le escapa que el impacto social provocado por hechos
excepcionales como ambos sucesos han influido en la decisión final del
titular de Justicia. Especialmente porque todavía está reciente la
resolución del «caso Bretón», facilitada por un informe del forense
vasco Francisco Etxeberria y que desató una campaña en Twitter favorable
a la cadena perpetua. Esta actitud fue censurada ayer mismo por
asociaciones de la magistratura como Jueces para la Democracia, que
tacha el anuncio de «populismo penal». A.P.
Madrid exporta el modelo de criminalización de la protesta
La criminalización de las protestas sociales y un endurecimiento de los
castigos contra manifestantes constituyen una de las vertientes de la
reforma que prepara el Ministerio español de Justicia. Durante los
últimos meses se han sucedido las filtraciones y todas apuntaban a un
mismo objetivo: la imposición de penas más duras y la posibilidad de
encarcelar a quien sea arrestado en una marcha de protesta,
especialmente si esta deriva en enfrentamientos con la Policía. En el
fondo, lo que el Ejecutivo hace es ubicar en términos de orden público
los problemas sociales derivados de la crisis y el recorte de derechos
en un contexto en el que las movilizaciones son cada vez más frecuentes.
Todo ello, poniendo en marcha un modelo de represión de la disidencia
similar al que ya se aplica en Euskal Herria.
Por el momento, no hay datos que avancen hasta dónde está dispuesto a
llegar el Gobierno del PP. Según advirtió ayer Gallardón, se ampliará la
definición de «atentado» incluyendo «todos los supuestos de
acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de
violencia sobre el agente». También se añadirán supuestos de «alteración
del orden público». Además, la reforma ha añadido un nuevo tipo que
perseguirá a quienes lancen convocatorias que luego deriven en la
«alteración del orden público», que el ministro quiso desvincular de la
mera publicitación de movilizaciones.
Durante los últimos meses se había especulado con la posibilidad de que
el Gobierno español endureciese también el castigo contra la resistencia
pasiva. Gallardón rechazó este extremo, argumentando que tanto este tipo
de protesta como la «desobediencia» seguirán calificados como hasta
ahora: con penas de entre seis meses y un año de cárcel. Además,
insistió en que no se pretende imponer una reforma «más represiva»,
aunque no dejó claro hasta dónde ampliará las peticiones de cárcel para
los supuestos de atentado o «alteración del orden público». Tampoco
precisó cuáles serán los comportamientos específicos que se incluyan
dentro de un concepto tan abstracto y que serán los que determinen el
alcance real de la norma.
Si se atiende a las declaraciones realizadas por Justicia o por el
Ministerio del Interior durante el pasado curso político, todo apunta a
que Gallardón pretende dar potestad a los jueces para poder encarcelar a
los manifestantes, tal y como ocurrió, por ejemplo, con algunos
arrestados durante la huelga general en Catalunya.
Este endurecimiento del Código Penal es una de las exigencias en las que
ha insistido CiU durante toda la legislatura. Probablemente, Gallardón
se refería a la formación liderada por Artur Mas cuando hizo referencia
al «interés» mostrado por diversos grupos parlamentarios. De hecho, el
Congreso español ya aprobó en junio una moción presentada por CiU en la
que se instaba a la creación del delito específico de «violencia urbana»
y castigar con cárcel la participación en determinadas protestas. Que el
aviso llegue ahora no parece casual si se toma en cuenta las previsiones
de un «otoño caliente» contra los recortes.
Fuente: Alberto Pradilla, en Gara
