LA FISCAL GENERAL DE VENEZUELA SEÑALA QUE SON 8 LAS PERSONAS MUERTAS EN LOS INCIDENTES DE ESTAS DOS ULTIMAS SEMANAS. HAY 137 HERIDOS.

VENEZUELA

(Caracas, 21 de febrero de2014) La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que los hechos de violencia registrados en varios estados del país, desde el pasado miércoles 12 de febrero, dejaron como resultado ocho personas fallecidas, 137 heridas y 24 personas privadas de libertad.
Así lo indicó en el programa Justicia y Valores, transmitido este viernes 21 de febrero por el Circuito Unión Radio (90.3 FM), durante el cual explicó quecuatro de las muertes ocurrieron en el AMC, dos en el estado Carabobo, uno en Sucre y otro en Lara.
Ortega Díaz precisó que respecto a la muerte del adolescente de 17 años, tras haber sido arrollado el pasado 17 de febrero en la avenida perimetral Rómulo Gallegos de Carúpano (Sucre), ya se encuentra privado de libertad un hombre, quien fue imputado por el delito de homicidio intencional.
Asimismo, refirió que otra de las victimas de estos hechos de violencia, fue el fiscal 3º auxiliar del estado Carabobo, Julio González, quien tuvo un accidente de tránsito al tratar de evadir una barricada que obstaculizaba la vía por la cual se trasladaba hacia un centro asistencial, con el objetivo de verificar la información sobre un presunto lesionado.
En cuanto al total de personas heridas, indicó que 100 son civiles y 37 son funcionarios policiales y militares.
Informó que en las próximas horas, 80 personas serán presentadas ante los respectivos tribunales de control de los estados Anzoátegui, Aragua, Carabobo y Lara, además del Área Metropolitana de Caracas (AMC), entre otras zonas del país.
La Fiscal General reiteró que estas acciones deben repudiarse, porque atentan contra la estabilidad del Estado y la tranquilidad del pueblo venezolano.
Por otra parte, se refirió a las medidas judiciales acordadas contra las alcaldías de Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Valencia y Naguanagua, por lo que informó que estas acciones están orientadas a restablecer el sistema de recolección, saneamiento y disposición final de los desechos sólidos.
La razón es el impacto negativo que genera la falta de recolección de basura, la cual no solo crea un problema de salud pública, sino que también es utilizada por manifestantes para obstaculizar el libre tránsito de la ciudadanía y generar así problemas de orden público
En este sentido, Ortega Díaz exhortó a los fiscales superiores a hacerle seguimiento a la decisión, pues de no cumplir con el mandato judicial tales alcaldes estarían incurriendo en desacato.

El martes, se realizaron concentraciones en todo el país para conmemorar el primer aniversario del asesinato del adolescente afroestadounidense desarmado Trayvon Martin.

Concentraciones en el primer aniversario del asesinato de Trayvon Martin

 El 26 de febrero de 2012, el estudiante de secundaria de 17 años fue ultimado a tiros en Sanford, Florida, por George Zimmerman, un voluntario autodesignado vigilante del vecindario que declaró haber actuado en defensa propia. En un principio, la policía se rehusó a detener a Zimmerman, pero este finalmente fue acusado de homicidio en segundo grado tras la oleada de protestas que sacudió al país. El martes, los partidarios de Trayvon se concentraron en California, Florida y Nueva York para rendir homenaje a su memoria y llamar la atención sobre la aplicación de perfiles raciales y la discriminación. Muchos asistentes llevaban capuchas como la que tenía Trayvon la noche en que lo mataron. El padre de Trayvon, Tracy Martin, se dirigió a una multitud de centenares de personas en Union Square, Nueva York.

Tracy Martin dijo: “Es un día sombrío para nosotros, pero también es un día de paz, porque como padres sabemos que hemos hecho todo lo que estuvo a nuestro alcance para que la vida de nuestros hijos fuera la correcta".

En el acto de NuevaYork también estuvo el actor y cantante Jamie Foxx, ganador del Oscar.

Foxx dijo: “Lo único que pedimos es sencillez. Lo sencillo es permitir que el sistema judicial funcione”.

El comienzo del juicio de George Zimmerman está previsto para junio, aunque sus abogados buscan otro aplazamiento. El acusado está en libertad tras el pago de una fianza de un millón de dólares.

Gallardón contenta al ala dura del PP con una cadena perpetua sin efecto.

*EUSKAL HERRIA / PAIS VASCO*

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presentó ayer su 
propuesta de cadena perpetua para casos de «terrorismo» y otros 
supuestos. En lo referente a Euskal Herria no tendrá efectos prácticos, 
ya que ETA ha decretado el cese de su actividad y la reforma solo será 
aplicada en el momento en que entre en vigor. El anuncio del Gobierno 
español parece más destinado a contentar a los sectores más ultras del 
PP, airados por la libertad de Uribetxebarria.

Lo venía anunciando desde que tomó posesión de la cartera y ayer 
formalizó la propuesta. El ministro español de Justicia, Alberto Ruiz 
Gallardón, avanzó su intención de imponer la cadena perpetua para casos 
relacionados con grupos armados o «delitos de especial gravedad», entre 
los que se incluye la muerte del jefe de Estado, el asesinato de menores 
o el homicidio tras una agresión sexual. En lo relacionado al conflicto 
vasco la norma no tendrá efecto real, ya que solo podrá ser aplicada a 
partir de que entre en vigor. Teniendo en cuenta que ETA decretó el cese 
definitivo de su actividad hace más de un año, el movimiento de 
Gallardón parece más destinado a tener un gesto hacia a los sectores 
ultras del PP, enfrentados a la dirección por la libertad condicional de 
Iosu Uribetxeberria.

El propio ministro de Justicia tuvo un papel determinante en el 
alargamiento del caso preso político enfermo, ya que él avaló al fiscal 
para que impulsase el recurso que retrasó la excarcelación durante dos 
semanas. Además, lo difundido ayer es un mero informe sobre una futura 
reforma del Código Penal y no el proyecto de ley, que es lo que 
habitualmente se presenta tras los consejos de ministros. Este hecho 
refuerza la tesis de que la comparecencia obedece más a intereses 
coyunturales que a impulsar cambios que además carecen de aplicación 
práctica.

Pese a estas evidencias, Gallardón rechazó explícitamente que la fecha 
elegida para presentar su proyecto estuviese motivada por las 
desavenencias internas. Para ello insistió en que «no habrá demoras pero 
tampoco urgencias» y reiteró que trabajan «desde hace meses» en una 
reforma del Código «con vocación de permanencia». Un hecho que contrasta 
con la asiduidad con la que los diferentes gobiernos españoles han 
modificado los tipos penales. Concretamente, en más de 20 ocasiones 
desde 1995.

40 años íntegros desde 2008

Según indicó el ministro, la «prisión permanente revisable» no podrá ser 
aplicada «bajo ningún concepto a delitos que sean cometidos antes de que 
se produzca su entrada en vigor». De este modo, ni siquiera afectaría a 
miembros de ETA que fuesen arrestados en el futuro y a quienes se 
imputasen actos ocurridos antes de la puesta en marcha de la reforma. 
Pese a ello, Gallardón sí que abrió la vía a la retroactividad en el 
caso de que el nuevo código tuviese una lectura «favorable» al 
prisionero. La reforma legal de 2008 impuso el cumplimiento íntegro de 
penas de hasta 40 años, por lo que habría que ver de qué manera podrá 
utilizar el Gobierno español este supuesto en el caso de presos 
políticos vascos ya condenados.

El proyecto presentado por Justicia prevé que los condenados cumplan un 
mínimo de entre 25 y 35 años. A partir de ahí, el juez que haya dictado 
sentencia podrá revisar el caso. Esta evaluación se realizará, como 
mínimo, cada dos años, aunque el prisionero podrá también solicitarla. 
«El objetivo es endurecer el castigo», quiso dejar claro Gallardón.

Además de la cadena perpetua, el Gobierno español incluirá otro formato 
de control que sí que podría tener consecuencias. Se trata de la 
«custodia de seguridad», una libertad vigilada que podría alargarse un 
máximo de 10 años tras la excarcelación. Hasta ahora, los únicos que 
eran sometidos a este régimen eran presos enfermos.

amaiur: «Imagen»

Iker Urbina, de Amaiur, remarcó que «Madrid quiere vender una imagen de 
dureza cuando la sociedad vasca exige soluciones».

Una reforma a golpe de titulares y alarma social

En un primer momento, Gallardón anunció que la cadena perpetua sería 
aplicada solo a casos relacionados con organizaciones armadas. Ayer, sin 
embargo, el ministro de Justicia rectificó y amplió los supuestos a los 
«delitos de especial gravedad». Entre ellos incluyó la muerte de jefes 
de Estado, el genocidio, el asesinato de menores o discapacitados y el 
homicidio tras una agresión sexual. Sin citarlos específicamente, 
Gallardón hizo referencia a dos casos concretos, la muerte de Ruth y 
José Bretón imputada ya a su padre en Córdoba y la de Marta del 
Castillo, ocurrida en 2009 y cuyo cadáver todavía no ha podido ser hallado.

A nadie se le escapa que el impacto social provocado por hechos 
excepcionales como ambos sucesos han influido en la decisión final del 
titular de Justicia. Especialmente porque todavía está reciente la 
resolución del «caso Bretón», facilitada por un informe del forense 
vasco Francisco Etxeberria y que desató una campaña en Twitter favorable 
a la cadena perpetua. Esta actitud fue censurada ayer mismo por 
asociaciones de la magistratura como Jueces para la Democracia, que 
tacha el anuncio de «populismo penal». A.P.

Madrid exporta el modelo de criminalización de la protesta

La criminalización de las protestas sociales y un endurecimiento de los 
castigos contra manifestantes constituyen una de las vertientes de la 
reforma que prepara el Ministerio español de Justicia. Durante los 
últimos meses se han sucedido las filtraciones y todas apuntaban a un 
mismo objetivo: la imposición de penas más duras y la posibilidad de 
encarcelar a quien sea arrestado en una marcha de protesta, 
especialmente si esta deriva en enfrentamientos con la Policía. En el 
fondo, lo que el Ejecutivo hace es ubicar en términos de orden público 
los problemas sociales derivados de la crisis y el recorte de derechos 
en un contexto en el que las movilizaciones son cada vez más frecuentes. 
Todo ello, poniendo en marcha un modelo de represión de la disidencia 
similar al que ya se aplica en Euskal Herria.

Por el momento, no hay datos que avancen hasta dónde está dispuesto a 
llegar el Gobierno del PP. Según advirtió ayer Gallardón, se ampliará la 
definición de «atentado» incluyendo «todos los supuestos de 
acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de 
violencia sobre el agente». También se añadirán supuestos de «alteración 
del orden público». Además, la reforma ha añadido un nuevo tipo que 
perseguirá a quienes lancen convocatorias que luego deriven en la 
«alteración del orden público», que el ministro quiso desvincular de la 
mera publicitación de movilizaciones.

Durante los últimos meses se había especulado con la posibilidad de que 
el Gobierno español endureciese también el castigo contra la resistencia 
pasiva. Gallardón rechazó este extremo, argumentando que tanto este tipo 
de protesta como la «desobediencia» seguirán calificados como hasta 
ahora: con penas de entre seis meses y un año de cárcel. Además, 
insistió en que no se pretende imponer una reforma «más represiva», 
aunque no dejó claro hasta dónde ampliará las peticiones de cárcel para 
los supuestos de atentado o «alteración del orden público». Tampoco 
precisó cuáles serán los comportamientos específicos que se incluyan 
dentro de un concepto tan abstracto y que serán los que determinen el 
alcance real de la norma.

Si se atiende a las declaraciones realizadas por Justicia o por el 
Ministerio del Interior durante el pasado curso político, todo apunta a 
que Gallardón pretende dar potestad a los jueces para poder encarcelar a 
los manifestantes, tal y como ocurrió, por ejemplo, con algunos 
arrestados durante la huelga general en Catalunya.

Este endurecimiento del Código Penal es una de las exigencias en las que 
ha insistido CiU durante toda la legislatura. Probablemente, Gallardón 
se refería a la formación liderada por Artur Mas cuando hizo referencia 
al «interés» mostrado por diversos grupos parlamentarios. De hecho, el 
Congreso español ya aprobó en junio una moción presentada por CiU en la 
que se instaba a la creación del delito específico de «violencia urbana» 
y castigar con cárcel la participación en determinadas protestas. Que el 
aviso llegue ahora no parece casual si se toma en cuenta las previsiones 
de un «otoño caliente» contra los recortes.

Fuente: Alberto Pradilla, en Gara

“La policía de Pilkhuwa, en India arrestó al padre y al tío de una bebé de dos meses cuando intentaban enterrarla viva, para cumplir un rito tántrico”.

El ritual  aconseja hacer esto para conseguir que nazca un hijo varón.

Según la policía, “Intervinieron  a tiempo gracias a un empleado del crematorio de la localidad que vio a dos hombres que excavaban una fosa y que se disponían a enterrar un cuerpo que se movía”. “Era una niña viva, envuelta en una manta, que lloraba”.

En la nota explican que “Cuando llegaron las autoridades policiales comprobaron que  se trataba de un ritual tántrico, ejecutado  por el padre  y el tío de la pequeña, cuyo objetivo era  tener un hijo varón,  y lograr prosperidad en la familia”.

La beba, en estado grave, fue trasladada inmediatamente al hospital. Los dos hombres fueron arrestados por tentativa de homicidio.

El gurú tántrico, quien recomendó el ritual se encuentra desaparecido.

En la India existe todavía la creencia de que ‘el nacimiento de una niña es una desventura económica para la familia’.