COLOMBIA
CONFLICTO: Hasta el momento, se conoce que tres personas han fallecido por impactos de bala.
25 junio 2013
Aquí están en el sepelio de uno de los campesinos muertos durante las protestas en la región del Catatumbo.
Foto: EFE
Al menos un campesino murió este martes y otros cuatro quedaron heridos de bala en enfrentamientos con la fuerza pública en el municipio colombiano de Ocaña, escenario desde hace dos semanas de un paro contra el abandono en que vive la región del Catatumbo, dijeron a EFE fuentes de los manifest
antes.
Con esta víctima son ya tres los muertos registrados en Ocaña desde cuando se inició el paro, el pasado 10 de junio.
Uno de los portavoces de los campesinos, César Jerez, explicó que el enfrentamiento se dio en el sitio conocido como La Y, una intersección de carreteras de Ocaña hacia la costa Caribe y a los vecinos municipios de Convención y Teorama, que los labriegos tienen bloqueada.
Al parecer hubo una ráfaga de disparos desde el sector en el que estaban ubicadas unidades del Ejército y del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD) contra el grupo de campesinos, que en ese momento eran entre 500 y 1.000, según la fuente.
"Hay un muerto que tiene un tiro de bala en el pecho", dijo Jerez, quien explicó además que otro campesino "quedó tirado" en el lugar de la refriega y no saben si está herido o también falleció.
Aparte de ese manifestante que quedó tendido en el suelo, otros tres resultaron heridos de bala, de acuerdo con Jerez.
El sábado la protesta se cobró sus dos primeras víctimas mortales en una refriega con la fuerza pública en el mismo sector, cuando un grupo de campesinos trataba de tomarse el control del aeropuerto de Ocaña, que queda en la misma vía.
Los campesinos comenzaron hace 15 días la movilización para reclamar que se suspenda la erradicación de cultivos ilícitos y se implanten proyectos productivos, así como la creación de una zona de reserva campesina y el respeto a los Derechos Humanos en la región del Catatumbo.
La protesta congrega unos 16.000 manifestantes de la zona, de los cuales 11.000 se han congregado en Ocaña, la segunda ciudad del departamento de Norte de Santander, y 5.000 en Tibú, una importante zona petrolera, según los propios campesinos.
Tras conocerse esta nueva víctima mortal, la ONG Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo emitió un comunicado en el que exige al Gobierno "que no siga asesinando al campesinado del Catatumbo".
"Responsabilizamos al presidente Juan Manuel Santos por estos hechos y le exhortamos a que de la orden inmediata de cese al fuego", agrega el comunicado.
Por otro lado, representantes de los campesinos recibieron este martes en Tibú, uno de los focos de la protesta, a la comisión enviada por el Gobierno nacional para negociar con manifestantes e integrada además por autoridades del Norte de Santander.
Los representantes del Gobierno pidieron a los manifestantes que para iniciar una negociación se mitigue la situación alimentaria en la zona, que tras dos semanas de protesta sufre problemas de abastecimiento
FUENTE: SEMANA (COLOMBIA)
Procuraduría hace acompañamiento preventivo en el Catatumbo
Adelantará actuaciones de tipo preventivo para verificar que en el futuro se fortalezca la institucionalidad en esta región estratégica.
26 DE JUNIO 2013
s
La Procuraduría General de la Nación, informó este miércoles que dio inicio a una actuación de acompañamiento integral, sosteniendo inicialmente una reunión con representantes del Gobierno Nacional en aras de ser informada sobre la problemática que se presenta en la región del Catatumbo (Norte de Santander).
En este espacio, entre otros asuntos, la Procuraduría presentó algunas recomendaciones en relación con la adopción de medidas por parte de las entidades a nivel nacional y territorial para garantizar la protección de la población civil y para que se fortalezca la presencia institucional en la región.
La Procuraduría que buscará acciones específicas que apuntan a incrementar el crecimiento y la generación de empleo; mejorar la igualdad de oportunidades y aportar a la reducción la pobreza, y contribuir a la consolidación de la paz y al incremento de la seguridad.
Así mimos, informó que las acciones transversales buscan contribuir a: i) la sostenibilidad ambiental y ii) el mejoramiento de las capacidades institucionales de la región.
La entidad hizo un llamado a la población manifestante para que a través del diálogo constructivo se pueda llegar a los acuerdos que sean necesarios y posibles y que respeten en todo momento la ley, mientras recuerda que ante cualquier situación que comprometa a los servidores públicos y que afecte sus derechos y garantías, pueden radicar las quejas de carácter disciplinario que correspondan en las procuradurías territoriales ubicadas en la jurisdicción, al igual que en el Distrito de Policía de Ocaña.
Reportaje: por qué arde el Catatumbo
De Ocaña a Tibú, los campesinos de una de las regiones más sufridas del país llevan dos semanas de protestas.
Esta imagen en la vereda El Cuatro refleja el descontento de 4.800 labriegos en Tibú y 6.000 más en Ocaña. Detrás de los bloqueos y enfrentamientos con la Policía en Norte de Santander hay viejas reivindicaciones campesinas que no han sido atendidas por el Estado.
Foto: Daniel Reina Romero / Semana
22 junio 2013
El pasado miércoles no era festivo ni jugaba la Selección Colombia de fútbol, pero la mayoría de los habitantes de Tibú salió a las calles con la camiseta tricolor. Pensaban que sería el primer día de respiro y de soluciones desde que un volcán de manifestaciones campesinas entró en erupción el pasado 11 de junio.
Los días previos habían sido un caos. El casco urbano de esta población petrolera de 19.000 habitantes estaba bloqueado por tierra y aislado de Cúcuta, con el consecuente desabastecimiento de víveres, y el comercio y transporte suspendidos. Los manifestantes incendiaron la fachada de la casa del alcalde y la Fiscalía y acusaron al Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) de brutalidad, mientras el Ejército hablaba de ?infiltración guerrillera? en la protesta.
Lo que los campesinos denominan como ?erradicación no concertada de cultivos de coca?, que el Ejército inició manualmente en la parte alta de la zona rural del municipio a comienzos de junio, fue el detonante. Las protestas de los campesinos, que pusieron retenes en los accesos a Tibú y Ocaña, cobraron tal fuerza que el gobierno nacional, con el ministro de Agricultura a la cabeza, llegó ese miércoles a Tibú para tratar de concertar acuerdos que apagaran parte del incendio. Pero todo acabó peor.
El ministro, Francisco Estupiñán, la gerente del Incoder, Miriam Villegas, y el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, se preparaban para exponer sus programas para convencer a los campesinos de que el camino es sustituir la siembra de cultivos ilícitos, la causa de todas las tragedias en esta región desde que las Farc regaron de coca estos campos en 1981.
Otro tema en discusión, el más importante para los campesinos, era la declaratoria de un amplio territorio del Catatumbo como Zona de Reserva Campesina, una figura que busca entregar a campesinos de escasos recursos tierras que son del Estado y que no se están aprovechando debidamente.
Doscientos miembros de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), agrupados para la reunión, plantearon de entrada que no estaban de acuerdo con la presencia de los generales Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, y Marcolino Tamayo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano del Ejército.
?Desde 2009, cuando creamos la Mesa, no se han sentado militares cuando hemos hablado con el gobierno?, dijeron. El gobierno insistió en que estuvieran presentes los uniformados y los 200 labriegos se marcharon sin que la reunión empezara. Los 4.800 labriegos que bloqueaban Tibú y 6.000 más, que se les habían sumado tres días antes en Ocaña, decidieron seguir adelante con su protesta.
Garrotera en La Cuatro
Una medida de la indignación campesina es el bloqueo en la vereda La Cuatro, a cuatro kilómetros de Tibú. Detrás de algún carro incinerado, árboles talados se atraviesan en la vía hacia Cúcuta, junto a largos palos de madera y llantas quemadas. Al frente de la protesta aparecen, encapuchados, los campesinos de Ascamcat.
Para recuperar las vías tomadas, de Bogotá llegó el Esmad. El sábado 15 de junio, un intento por abrir paso a la vía terminó en un enfrentamiento de siete horas y dio paso a graves denuncias de parte y parte. ?Vi cómo los policías se robaban televisores, consumían licor en plena refriega y hasta dispararon armas de fuego, no a nuestros hombres, sino al aire, para intimidarnos?, explica Olmer, uno de los manifestantes. Por su parte, las autoridades alegan que la protesta está infiltrada por el frente 33 de las Farc, que tiene amplia presencia en la zona y, en especial, en las áreas cocaleras.
Juan Carlos Quintero es el vicepresidente de Ascamcat, tiene 28 años y dice que llegó hace 15 a esta región de Villavicencio, y en la región lo ven como una versión local de Robin Hood. ?Uno no puede hacer una protesta porque lo estigmatizan de guerrillero. Mire el paro de cafeteros, donde no hubo presencia de la guerrilla. El 25 de febrero de 2012 fue declarado el Catatumbo como zona minero-estratégica, una oferta de demanda para la empresa multinacional que tenga más capacidad de explotación?, le dijo a SEMANA.
En su morral carga un documento de 546 páginas, que se titula ?Plan de Desarrollo Sostenible para la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo?. Dice que fue financiado por el mismo gobierno, que fue el producto de ideas de los campesinos en 2009 y que es la propuesta para dejar atrás los cultivos ilícitos. Dice que aplicarlo beneficiaría a 200.000 campesinos a un costo de 576.000 millones de pesos. ?No pueden decir que no tenemos propuestas?.
Pero el debate reivindicativo pasó a segundo plano por los reiterados choques entre la Policía y los manifestantes y las acusaciones mutuas. El general Palomino, enviado a Tibú el martes 18, respondió a los señalamientos sobre presuntos abusos del Esmad provenientes de Tibú, Ocaña y Convención.
?Estamos abiertos a atender si hay algún grado de insatisfacción. Es poco creíble lo que los campesinos señalan?. Sobre el enfrentamiento de la vereda La Cuatro, dijo que los campesinos habrían usado canecas molotov. ?Traer a manifestantes a manipular explosivos ha causado más daño a ellos mismos que a los policías?.
El alcalde de Tibú, Gustavo León Becerra, tiene una posición más neutral frente a las razones de fondo de los campesinos: ?La propuesta de la Unidad de Consolidación no es atractiva ni clara. Al arrancar la hoja de coca les arrancan las esperanzas a los campesinos. Dentro del programa de sustitución, ellos piden una compensación de un millón y medio a 2 millones de pesos por familia, en un lapso mínimo de dos años?.
Gerson Guerrero tiene un pequeño hotel de ocho habitaciones en Tibú. Respalda la posición de los campesinos, así su negocio se perjudique. ?Con esto se desabastece el pueblo y el comercio pierde, pero es un sacrificio para buscar salidas que beneficien a la comunidad. Si los campesinos piden es porque lo necesitan, nadie se va a un paro por ?hobby??.
La protesta y el fallido diálogo pusieron en evidencia una vieja verdad del Catatumbo. Por esta región han pasado todos los grupos guerrilleros y el Bloque Catatumbo de las autodefensas de Salvatore Mancuso. Hoy, varios frentes de las Farc, columnas del ELN y una disidencia del EPL controlan las partes más inhóspitas y la frontera con Venezuela, donde la coca es el centro de la economía.
La violencia ha azotado las comunidades en todas sus formas. Y hoy, después de miles de muertos, el Catatumbo es una ruta clave del tráfico de cocaína hacia Venezuela y Europa y, por eso, una región en disputa entre las Farc y los grupos sucesores de los paramilitares. En medio de todos esos fuegos cruzados, y en algunos casos bajo su influencia, están los campesinos.
?El Catatumbo es como el hijo que no fue valorado por su papá, el Estado, y, que ahora crece, se le enfrenta y no cree en sus promesas, pues siente que se le ha engañado con eternas promesas de un reconocimiento que no llegó?, resume el padre Ómar Albeiro Sánchez, obispo de Tibú.
Pase lo que pase en los próximos días, en los que los bloqueos y las protestas no amenazan con desaparecer, los campesinos lograron una victoria: llamar de nuevo la atención nacional sobre sus necesidades. Una realidad a la que ni el Estado ni el país le pueden seguir dando la espalda.
Responsabilizan al Gobierno por masacre de campesinos en el norte
colombiano
Miércoles 26 de Junio de 2013,
Campesinos del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), responsabilizaron este miércoles al Gobierno colombiano por la muerte de cuatro labriegos y las heridas causadas a cerca de 30 durante la represión ejercida por las fuerzas policiales contra la protestas en la zona.
La presidenta de la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Gilma Téllez, afirmó que los agricultores se sienten indignados por el fallecimiento de sus compañeros producto de la represión policial durante las protestas que llevan a cabo por el estado de abandono de la localidad y para exigir atención del Estado.
Campesinos del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), responsabilizaron este miércoles al Gobierno colombiano por la muerte de cuatro labriegos y las heridas causadas a cerca de 30 durante la represión ejercida por las fuerzas policiales contra la protestas en la zona.
Tellez, afirmó que los agricultores se sienten indignados por la muerte de sus compañeros de lucha durante las manifestaciones que llevan a cabo para exigir la atención del Estado por el abandono que sufre la localidad. ?Culpamos al Gobierno por esta clase de atropellos?, señaló.
?Responsabilizamos al Estado de masacrarnos, el Ejército le disparó a los campesinos para que se desmovilizaran?, reiteró Tellez en entrevista para teleSUR.
?Como campesinos pedimos las cosas dignamente, desde hace 70 años se explota el petróleo en el Catatumbo y no tenemos vías. Nosotros estamos en miseria mientras las transnacionales siguen explotando nuestros recursos?, sostuvo.
De igual manera, aseguró que irán hasta las últimas consecuencias. No obstante, aclaró que los labriegos tienen la disposición de dialogar y no se ha podido llegar a ningún acuerdo, pues ?todavía no se ve ninguna respuesta por parte del Gobierno (...) Ellos quieren instaurar la mesa únicamente con sus condiciones y no toman en cuenta las de los campesinos?.
La víspera, el ministro de Interior colombiano, Fernando Carrillo, afirmó que el Gobierno instalaría la mesa de negociación en el Catatumbo ?cuando las condiciones de seguridad lo permitan?.
Tras un encuentro en la Casa de Nariño -sede de la Presidencia- con siete alcaldes de esa zona de Norte de Santander, el gobernador de esa región y el presidente Juan Manuel Santos, Carrillo subrayó que en la mesa de concertación "solo se discutirán los temas puntuales sobre condiciones sociales del área afectada y con los voceros legítimos de las comunidades", según reseñó un diario local.
Este martes, la coacción por parte de las fuerzas de seguridad colombianas en el municipio de Ocaña causó dos muertes y al menos 13 campesinos resultaron heridos, cuando los agricultores se dirigían por el sector Aguas Claras del Catatumbo para manifestar sus reclamos.
Más temprano, los labriegos habían denunciado la militarización de esa zona, como parte de la política represiva emprendida por Santos, que el pasado sábado cobró otras dos vidas y dejó más de 16 personas heridas.
Sobre ese aspecto, Tellez indicó que ?es una política que tiene el Gobierno en contra de los campesinos (?) Ellos no tienen en cuenta que como civiles trabajamos dignamente, ellos se niegan a reconocer nuestro trabajo?.
Desde el pasado 11 de junio, tensas jornadas viven los agricultores que salieron a la calle a exigir la definición de una Zona de Reserva y la sustitución gradual de cultivos ilícitos mediante proyectos productivos sostenibles.
Mientras tanto, un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, difundido este lunes por la Agencia de Prensa Rural, condenó la represión de la fuerza pública y exigió el cese inmediato de las hostilidades.
?Expresamos nuestra preocupación por la judicialización de los manifestantes detenidos, que refleja la criminalización de la protesta social en Colombia?, apunta el texto.
