México debe abordar la grave situación de los derechos humanos con acciones y no con retórica.

Comunicado de prensa

Marzo 19, 2014 | Enlace a este comunicado México debe traducir en acciones las promesas que hará mañana al Consejo de Derechos Humanos de la ONU si quiere abordar la grave situación de los derechos humanos en el país, ha declarado hoy Amnistía Internacional. “Deben adoptarse medidas eficaces y duraderas para abordar las constantes vigentes de desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres y personas migrantes. México no debe volver a incumplir sus promesas a la comunidad internacional”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional. México anunciará mañana a los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuáles de sus 176 recomendaciones, formuladas en el pasado Examen Periódico Universal (EPU) adoptará. En 2009, en su última comparecencia ante este órgano de derechos humanos, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones. Sin embargo, posteriormente no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha. Aunque es positivo que el gobierno mexicano haya anunciado que aceptará la mayoría de las recomendaciones, hay indicios preocupantes de que esto sólo represente que todo sigue igual y su cumplimiento sea sólo retórico. No se han aceptado las recomendaciones para abolir la práctica del arraigo (detención preventiva sin cargos), una importante cuestión de derechos humanos. Con arreglo a esta extendida modalidad de detención preventiva, se puede mantener detenida a una persona un máximo de 80 días sin que comparezca ante un juez. “Las órdenes de arraigo abren la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos, como la tortura y las confesiones forzadas, que dan pie a juicios injustos. La negativa a abolir esta práctica es una señal muy negativa del compromiso real del gobierno de defender los derechos humanos de todas las personas”, dijo Salil Shetty. Otra cuestión importante es la reforma del Código de Justicia Militar. México ha aceptado las recomendaciones encaminadas a garantizar que se investigan, persiguen y juzgan en el sistema de justicia civil todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas. Precisamente esta semana, el Senado está debatiendo una reforma que potencialmente excluiría de la justicia militar las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles. Sin embargo, dicha medida no se aplicaría a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra otro personal militar. Aunque la propuesta va en la dirección correcta, sigue sin cumplir totalmente las normas internacionales de derechos humanos, pese a las afirmaciones del gobierno en sentido contrario. “Detectamos una preocupante autocomplacencia en la actitud de México ante el Consejo. Afirma que las medidas legislativas y administrativas en curso equivalen al cumplimiento de muchas de las recomendaciones de la ONU, pero no son suficientes para solucionar los críticos problemas que tiene el país en el campo de los derechos humanos”, prosiguió Salil Shetty. “Esta actitud hace caso omiso del drama de quienes sufren las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La experiencia cotidiana de las familias de los desaparecidos y de las víctimas de la tortura, los homicidios y la violencia no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces; la impunidad impera.” Amnistía Internacional ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano que implemente con carácter urgente las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad generalizadas. Esto incluye: Garantizar la protección de las normas internacionales de derechos humanos en todas las operaciones policiales y de seguridad, lo que incluye una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de todas las violaciones de estos derechos; Adoptar medidas concretas y eficaces para prevenir y castigar la tortura y los malos tratos; Reforzar las medidas para investigar los secuestros y las desapariciones forzadas, lo que incluye procedimientos para localizar a las víctimas y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos; Reforzar los mecanismos de protección integral para los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas a fin de detener los ataques contra ellos y garantizar que los responsables de estos ataques comparecen ante la justicia; Implementar medidas eficaces para prevenir y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres; Reforzar las medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres poniendo fin a la penalización del aborto y garantizando que las mujeres y niñas tienen acceso a un aborto sin riesgos en casos de violación, incesto y cuando corra peligro la salud de la mujer o la niña; Garantizar que los proyectos de extracción de recursos y desarrollo económico que afectan a los pueblos indígenas se llevan a cabo únicamente tras obtener su consentimiento libre, previo e informado; Prevenir y castigar los abusos contra las personas migrantes en tránsito, sean cometidos por bandas delictivas o por funcionarios públicos. “Es vital que el gobierno trabaje con la sociedad civil para implementar unas medidas concretas y eficaces para abordar la crítica situación de los derechos humanos en México. El gobierno debe aportar recursos económicos y el apoyo político de las altas esferas en todos los niveles del Estado federal”, concluyó Salil Shetty. Información complementaria El secretario general de Amnistía Internacional se ha reunido recientemente con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con otras altas autoridades del país, incluidos ministros, representantes del poder judicial y el poder legislativo durante una visita de alto nivel a México, realizada del 15 al 19 de febrero. Salil Shetty entregó al presidente un memorándum que contiene una lista de medidas urgentes para combatir la arraigada impunidad y las violaciones graves de derechos humanos. Amnistía Internacional hizo hoy entrega a la Presidencia de la República de más de 9,500 firmas recogidas por activistas de la organización en los dos últimos meses, exigiendo que México acepte totalmente todas aquellas recomendaciones realizadas en el EPU que resultan compatibles con el marco internacional de derechos humanos.

Nueva amenaza contra defensores de derechos Humanos.

COLOMBIA- ACCIÓN URGENTE

 AW) Colombia, nuevas amenazas de muerte a defensores de derechos humanos, comunicado y pedido de solidaridad nacional e internacional, que el estado colombiano garantice la vida y la integridad de contra  Alfamir castillo  y los abogados  Jorge Eliécer molano y Germán romero

 

Transcribimos

La presidenta del comité de mujeres corteras de la caña Alfamir castillo, madre de Darvey Mosquera castillo víctima de ejecución extrajudicial y los abogados de la parte civil del caso Jorge Eliécer molano y Germán romero, son nuevamente amenazados.

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las graves amenazas de muerte contra la lideresa y presidenta del Comité de Mujeres Corteras de la Caña ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ y los abogados defensores de derechos Humanos JORGE ELIÉCER MOLANO Y GERMÁN ROMERO, apoderados de la parte civil del proceso que se lleva en contra de integrantes del Batallón Contraguerilla 57 Mártires de Puerres y de la VIII Brigada del Ejército Nacional, por la ejecución extrajudicial de Darbey Mosquera Castillo y Alex Hernando Ramírez Hurtado ocurrida el 7 de febrero de 2008 en la vereda Java, municipio de  Manizales, departamento de Caldas.

LOS HECHOS.

El 17 de mayo de 2013, en horas de la mañana bajo la puerta de la Casa Taller del Comité Mujeres Corteras de Caña, coordinada por la Asociación NOMADESC, llegó un panfleto elaborado con recortes de palabras en el que se lee textualmente“MUERFE A AlfaMIR A SUS aBOGados POR meTERSE on los  lovos peses” (Ver anexo) .

Desde el 18 de julio de 2012, los familiares, testigos y abogados representantes  de las víctimas, y funcionarios públicos, han sido objeto de constantes amenazas y acoso por parte de desconocidos.

Estas nuevas amenazas contra la presidenta del Comité de Mujeres Corteras de la Caña, ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ y los abogados representante de familiares de víctimas, JORGE ELIÉCER MOLANOY GERMÁN ROMERO, llega una semana antes de realizarse la audiencia de acusación contra altos mandos del Ejército implicados  en el  caso.

Entre los militares vinculados está el ex Comandante del Batallón 57 de Contraguerrilla Mártires de Puerres, José Yobanny Linares Hernández, quién en abril del presente año, se negó a comparecer a los estrados judiciales. Al procesado se le han imputado cargos por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público por la ejecución extrajudicial de dos personas en la vereda Java de Manizales.

También por estos hechos ha sido interrogado el Brigadier General Emiro José Barrios, quien se desempeñaba como Comandante de la Octava Brigada y en la actualidad ejerce el mando de la Brigada Doce del Ejército Nacional.

 Por este caso hay siete militares condenados en primera instancia a penas entre 41 y 43 años de prisión, sentencia que es estudiada en el momento por el Tribunal Superior de Manizales. Este proceso ha sido marcado por las amenazas a los familiares, a los funcionarios públicos y a quienes hacen la defensa de las víctimas.

 PETICIONES AL  ESTADO COLOMBIANO

                     Exigimos al gobierno nacional,  se adopten de manera concertada, medidas eficaces e inmediatas, con el objetivo de brindar protección real y efectiva a ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ  y  los abogados defensores de Derechos Humanos, JORGE ELIÉCER MOLANO RODRIGUEZ  para que puedan continuar  el  pleno ejercicio de sus labores.

  

·                     A los organismos de control y judiciales, que realicen las investigaciones necesarias con el fin de determinar los responsables de las amenazas, persecución y hostigamiento contra ALFAMIR CASTILLO BERMUDEZ  y  los abogados defensores de Derechos Humanos JORGE ELIÉCER MOLANO RODRIGUEZ  y GERMAN ROMERO.

Solicitamos a todos ustedes pronunciarse a la mayor brevedad y exigir del Estado colombiano una respuesta clara y oportuna para prevenir cualquier hecho que atente contra la integridad de los defensores de derechos humanos amenazados.

Asociación para la Investigación y Acción Social –NOMADESC

MOVICE- Capitulo Valle del Cauca

SEMBRAR - DH Colombia

SINTRAUNICOL Subdirectiva Cali.

Campaña Prohibido Olvidar

JUAN MANUEL SANTOS

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

 Carrera 8 No. 7 -26 Palacio de Nariño

 Bogotá.

Fax. 5662071

 www.presidencia.gov.co

FERNADO CARRILLO FLOREZ

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

Carrera 9. No. 14-10,

 D.C.-Bogotá-Colombia Sur América

PBX: 57+(1) 444 31 00 –

www.correo.minjusticia.gov.co

EDUARDO MONTEALEGRE,

FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)

 Conmutador: 57(1) 570 20 00 - 57(1) 414 90 00

 www.fiscalia.gov.co

JORGE ARMANDO OTÁLORA,       

DEFENSORÍA DEL PUEBLO COLOMBIA

Oficinas en Bogotá: Calle 55 Nº 10 - 32

 asuntosdefensor@defensoria.org.co

ANDRES VILLAMIZAR PACHÓN

Director de la Unidad Nacional de Protección

andres.villamizar@uno.gov.co 

contacto@unp.gov.co

Santiago de Cali  Mayo 18 de 2012

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dhColombia - Red de Defensores No Institucionalizados de Colombia

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Las víctimas solicitarán captura de dos generales y tres coroneles

El pasado martes se escucho en indagatoria al General Carlos Ospina Ovalle quién fue el comandante de las Fuerzas Militares, para la fecha de los hechos ocurridos el 21 de febrero de 2005 en las veredas de Mulatos y la Resbalosa en la que fueron asesinados 8 personas, de ellos cuatro menores de edad (de un año, cinco, once y diecisiete años).

Las investigaciones continúan, estas cada vez más arrojan merito para solicitar la captura de los generales Héctor Jaime Fandiño y Luis Alfonso Zapata y de los coroneles Néstor Iván Duque, José Fernando Castro y José Orlando Acosta Cely. Ya que se viene demostrando que hubo un ejercicio de mando en la planeación y ejecución de la operación y que desde elevados niveles de la Brigada existían alteraciones sobre las condenadas de ubicación de las tropas en la zona.

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Controversia por rumbo de proceso por muerte de sindicalista en Bolívar

El procurador delegado para la defensa de derechos humanos, Rafael José Durán Mantilla, resolvió cerrar la investigación contra los soldados profesionales Yelson Pérez Castillo, Jhon Fredy Ortiz Bautista y Julio César Carvajal Rodríguez porque estableció que, de acuerdo con el material probatorio, la muerte del líder campesino “se vería más como un daño colateral por el accionar del Ejército ante la ejecución de una orden de operaciones debidamente planeada a efectos de controlar el área, sin que se tuviera conocimiento de que allí había civiles”.

http://www.dhcolombia.com/spip.php?article1269

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Justice for Colombia's San José Peace Community?

http://www.wola.org/video/livestream_516_justice_for_colombias_san_jose_peace_community

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Accion Urgente Alfamir 20052013.pdf   Accion Urgente Alfamir 20052013.pdf

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Sacerdote Alejandro Solalinde abandona México por amenazas de muerte.

MÉXICO-DDHH

Se trata del coordinador del albergue para migrantes centroamericanos “Hermanos en el Camino”, ubicado en el municipio de Ixtepec, perteneciente al sureño estado mexicano de Oaxaca.

El también defensor de los migrantes denunció que fue agredido verbalmente y amenazado de muerte por desconocidos cuando acompañaba a unos mil 500 migrantes en su tránsito por México hacia Estados Unidos. Previo a su partida a Europa, Solalinde Guerra detalló que fue amenazado en un par de ocasiones por una fuente relacionada con la delincuencia organizada. El activista aclaró que ambos incidentes ocurrieron en un lapso menor a dos semanas. En diálogo con la agencia de noticias Proceso, Solalinde explicó que el primero de abril, un vecino de la comunidad de Ixtepec acudió al albergue para alertarle sobre la contratación de un sicario para asesinarlo. De acuerdo con datos del último informe dela Comisión Interamericanade los Derechos Humanos (CIDH), de 2006 a 2010 fueron asesinados en aquel país 61 defensores. Del mismo modo, se registraron 128 agresiones a representantes de organizaciones pro derechos humanos en ese tiempo.(PÚLSAR)