EL SALVADOR
Tres hombres armados penetraron en la sede de la asociación de víctimas de desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado, destruyeron parte de las oficinas y robaron diversos archivos y ordenadores.
El Salvador acaba de sufrir un grave atentado contra la consolidación del proceso democrático y la posibilidad real de hacer justicia en el país con asalto a las oficinas de Pro-Búsqueda, una asociación de víctimas de la desaparición forzada de niñas y niños durante el conflicto armado que vivió este país centroamericano entre 1980 y 1992. La organización empezó a funcionar de forma informal en abril de 1993, poco después de la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, cuando un grupo de madres y padres acudieron a la Fiscalía General de la República buscando a sus desaparecidos. Acompañados por el padre Jon Cortina, la organización logró aglutinar a diversos colectivos y comités que demandaban saber dónde estaban y qué había ocurrido con miles de menores desaparecidos. Actualmente Pro-Búsqueda promovía la reivindicación de los derechos de las víctimas, mediante el conocimiento de la verdad, la recuperación de la memoria histórica, el acceso de la justicia y la reparación integral para las personas desaparecidas y sus familiares.
Pro-Búsqueda y la gubernamental Comisión Nacional de Búsqueda han recibido hasta el momento la denuncia de cerca de 1.200 casos de menores desaparecidos de forma forzosa y en los que en la mayoría de casos estuvieron involucrados miembros del Ejército y diversos cuerpos de seguridad del Estado. De todas estas denuncias, Pro-Búsqueda había logrado resolver 387 casos y había facilitado 237 reencuentros entre niños y niñas desaparecidos y sus familiares.
El pasado lunes 11 de noviembre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tuvo que suspender la audiencia prevista en la que se estaban juzgando los procesos de habeas corpus, término jurídico empleado en casos de desaparición y donde el cuerpo de la víctima no ha aparecido, por la no comparecencia de las Fuerzas Armadas.
El asalto
Poco antes de las 5 de la madrugada del jueves 14 de noviembre de 2013 tres hombres armados a cara descubierta encañonaron a uno de los conductores de Pro-Búsqueda cuando iba a entrar en las oficinas de la organización. Ese día había llegado antes de lo habitual porque tenía que hacer un viaje al departamento de Morazán, a unas 3 horas de San Salvador. A punta de pistola le obligaron a llamar al vigilante, que al reconocer su voz abrió la puerta, sin percatarse de la presencia de los tres asaltantes, que le quitaron el arma y le redujeron. En ese momento en la sede de la asociación también se encontraba el presidente de la junta directiva, que se había quedado a dormir ahí esa noche porque vive fuera de la capital. Los tres individuos, tal como les describen las víctimas de la agresión, eran fuertes, estaban bien coordinados y portaban radios de comunicación. Una vez dentro les ataron con las manos a la espalda y los tumbaron en el suelo. Ahí les propinaron diversos golpes y patadas y amenazaron con matarles, ?si vuelves a ver te mato?, repetían. Cuentan también que todo el tiempo hacían referencia a que tenían que apurarse y encontrar dónde estaba ?esa mierda?.
Los asaltantes estaban provistos de un bidón de gasolina y una vez maniataron a los tres miembros de Pro-Búsqueda prendieron fuego y destruyeron las salas dedicadas al trabajo de incidencia política y administración, que quedaron prácticamente inservibles. También entraron en la oficina dedicada al área jurídica, donde se prepara la documentación para las demandas y juicios. De ahí sustrajeron dos ordenadores y archivos de diversos casos de desaparición forzada, habeas corpus, que la Asociación estaba llevando ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado cuyos cuerpos nunca aparecieron, y en los que Pro-Búsqueda estaba demandando al Estado que investigara por estar implicados en ellos miembros de las Fuerzas Armadas. A última hora de la noche del jueves aún no se sabía a cierta ciencia cuáles habían sido las carpetas sustraídas. Finalmente también entraron en la sala de investigación, de donde también se llevaron otros archivos.
Los tres individuos salieron de las oficinas de Pro-Búsqueda en poco más de 15 minutos, dejando tras de sí varias oficinas ardiendo. Al salir ellos, los tres miembros de la asociación, muy afectados ya por el humo, lograron desatarse unos a otros y medio apagar el fuego y pedir auxilio. Poco después llegaron los bomberos, la policía, la fiscalía y la Procuraduría de Derechos Humanos.
Primeras reacciones
Las manifestaciones de preocupación e indignación no se hicieron esperar. David Morales, Procurador General de los Derechos Humanos condenó los hechos y los comparó con lo que ocurría en el país durante el conflicto armado: ?el atentado tiene las características que tuvieron los atentados políticos contra defensores de derechos humanos en la guerra civil?. También denunció que todo parecía apuntar a una clara voluntad de generar miedo y destruir archivos y documentación muy específica: ?el trabajo parece haber sido realizado por personas que sabían muy bien el propósito, buscaron destruir archivos institucionales históricos?. Por su parte, el presidente del gobierno,Mauricio Funes calificó el asalto del siguiente modo: "Es un hecho criminal que condenamos y que vamos a hacer todo lo posible por esclarecer y establecer quiénes son los responsables del mismo".
Diversas organizaciones de derechos humanos de El Salvador, como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), condenaron también el atentado y se solidarizaron con Pro-Búsqueda. Las reacciones internacionales tampoco tardaron en llegar. WOLA, organización dedicada a la promoción de los derechos humanos, la democracia y la justicia social, con sede en Washington, expresó por medio de su director de Programas, Geoff Thale, ?su inmensa preocupación frente a este evento y su posible conexión con el debate sobre el fin de la amnistía para violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra. El acontecimiento se da pocas semanas después del cierre inesperado de Tutela Legal (organización que desempeñó un papel crítico en la documentación de abusos durante la guerra civil) y la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de admitir una demanda para declarar inconstitucional la Ley General de Amnistía?. Asimismo instó al gobierno salvadoreño a tomar medidas para proteger ?los diversos archivos sobre violaciones a los derechos humanos que existen en el país?.
En este mismo sentido, en un comunicado realizado el mismo día 14 de noviembre la Pro-Búsquedaexige a las autoridades correspondientes ?la transparente y pronta investigación de este crimen, el cual no consideramos un simple hecho delictivo, sino una vulneración al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de desaparición forzada que constituyen la Asociación Pro-Búsqueda?. Asimismo reitera su compromiso y que continuarán ?con su labor de aportar a procesos de investigación y de judicialización, así como la organización de familiares y la atención psicosocial en aquellos casos de desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado?.
Tres hombres armados penetraron en la sede de la asociación de víctimas de desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado, destruyeron parte de las oficinas y robaron diversos archivos y ordenadores.
El Salvador acaba de sufrir un grave atentado contra la consolidación del proceso democrático y la posibilidad real de hacer justicia en el país con asalto a las oficinas de Pro-Búsqueda, una asociación de víctimas de la desaparición forzada de niñas y niños durante el conflicto armado que vivió este país centroamericano entre 1980 y 1992. La organización empezó a funcionar de forma informal en abril de 1993, poco después de la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, cuando un grupo de madres y padres acudieron a la Fiscalía General de la República buscando a sus desaparecidos. Acompañados por el padre Jon Cortina, la organización logró aglutinar a diversos colectivos y comités que demandaban saber dónde estaban y qué había ocurrido con miles de menores desaparecidos. Actualmente Pro-Búsqueda promovía la reivindicación de los derechos de las víctimas, mediante el conocimiento de la verdad, la recuperación de la memoria histórica, el acceso de la justicia y la reparación integral para las personas desaparecidas y sus familiares.
Pro-Búsqueda y la gubernamental Comisión Nacional de Búsqueda han recibido hasta el momento la denuncia de cerca de 1.200 casos de menores desaparecidos de forma forzosa y en los que en la mayoría de casos estuvieron involucrados miembros del Ejército y diversos cuerpos de seguridad del Estado. De todas estas denuncias, Pro-Búsqueda había logrado resolver 387 casos y había facilitado 237 reencuentros entre niños y niñas desaparecidos y sus familiares.
El pasado lunes 11 de noviembre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tuvo que suspender la audiencia prevista en la que se estaban juzgando los procesos de habeas corpus, término jurídico empleado en casos de desaparición y donde el cuerpo de la víctima no ha aparecido, por la no comparecencia de las Fuerzas Armadas.
El asalto
Poco antes de las 5 de la madrugada del jueves 14 de noviembre de 2013 tres hombres armados a cara descubierta encañonaron a uno de los conductores de Pro-Búsqueda cuando iba a entrar en las oficinas de la organización. Ese día había llegado antes de lo habitual porque tenía que hacer un viaje al departamento de Morazán, a unas 3 horas de San Salvador. A punta de pistola le obligaron a llamar al vigilante, que al reconocer su voz abrió la puerta, sin percatarse de la presencia de los tres asaltantes, que le quitaron el arma y le redujeron. En ese momento en la sede de la asociación también se encontraba el presidente de la junta directiva, que se había quedado a dormir ahí esa noche porque vive fuera de la capital. Los tres individuos, tal como les describen las víctimas de la agresión, eran fuertes, estaban bien coordinados y portaban radios de comunicación. Una vez dentro les ataron con las manos a la espalda y los tumbaron en el suelo. Ahí les propinaron diversos golpes y patadas y amenazaron con matarles, ?si vuelves a ver te mato?, repetían. Cuentan también que todo el tiempo hacían referencia a que tenían que apurarse y encontrar dónde estaba ?esa mierda?.
Los asaltantes estaban provistos de un bidón de gasolina y una vez maniataron a los tres miembros de Pro-Búsqueda prendieron fuego y destruyeron las salas dedicadas al trabajo de incidencia política y administración, que quedaron prácticamente inservibles. También entraron en la oficina dedicada al área jurídica, donde se prepara la documentación para las demandas y juicios. De ahí sustrajeron dos ordenadores y archivos de diversos casos de desaparición forzada, habeas corpus, que la Asociación estaba llevando ante la Corte Suprema de Justicia. Se trata de casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado cuyos cuerpos nunca aparecieron, y en los que Pro-Búsqueda estaba demandando al Estado que investigara por estar implicados en ellos miembros de las Fuerzas Armadas. A última hora de la noche del jueves aún no se sabía a cierta ciencia cuáles habían sido las carpetas sustraídas. Finalmente también entraron en la sala de investigación, de donde también se llevaron otros archivos.
Los tres individuos salieron de las oficinas de Pro-Búsqueda en poco más de 15 minutos, dejando tras de sí varias oficinas ardiendo. Al salir ellos, los tres miembros de la asociación, muy afectados ya por el humo, lograron desatarse unos a otros y medio apagar el fuego y pedir auxilio. Poco después llegaron los bomberos, la policía, la fiscalía y la Procuraduría de Derechos Humanos.
Primeras reacciones
Las manifestaciones de preocupación e indignación no se hicieron esperar. David Morales, Procurador General de los Derechos Humanos condenó los hechos y los comparó con lo que ocurría en el país durante el conflicto armado: ?el atentado tiene las características que tuvieron los atentados políticos contra defensores de derechos humanos en la guerra civil?. También denunció que todo parecía apuntar a una clara voluntad de generar miedo y destruir archivos y documentación muy específica: ?el trabajo parece haber sido realizado por personas que sabían muy bien el propósito, buscaron destruir archivos institucionales históricos?. Por su parte, el presidente del gobierno,Mauricio Funes calificó el asalto del siguiente modo: "Es un hecho criminal que condenamos y que vamos a hacer todo lo posible por esclarecer y establecer quiénes son los responsables del mismo".
Diversas organizaciones de derechos humanos de El Salvador, como la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), condenaron también el atentado y se solidarizaron con Pro-Búsqueda. Las reacciones internacionales tampoco tardaron en llegar. WOLA, organización dedicada a la promoción de los derechos humanos, la democracia y la justicia social, con sede en Washington, expresó por medio de su director de Programas, Geoff Thale, ?su inmensa preocupación frente a este evento y su posible conexión con el debate sobre el fin de la amnistía para violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra. El acontecimiento se da pocas semanas después del cierre inesperado de Tutela Legal (organización que desempeñó un papel crítico en la documentación de abusos durante la guerra civil) y la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de admitir una demanda para declarar inconstitucional la Ley General de Amnistía?. Asimismo instó al gobierno salvadoreño a tomar medidas para proteger ?los diversos archivos sobre violaciones a los derechos humanos que existen en el país?.
En este mismo sentido, en un comunicado realizado el mismo día 14 de noviembre la Pro-Búsquedaexige a las autoridades correspondientes ?la transparente y pronta investigación de este crimen, el cual no consideramos un simple hecho delictivo, sino una vulneración al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de desaparición forzada que constituyen la Asociación Pro-Búsqueda?. Asimismo reitera su compromiso y que continuarán ?con su labor de aportar a procesos de investigación y de judicialización, así como la organización de familiares y la atención psicosocial en aquellos casos de desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado?.
