| URUGUAY-COMUNICACIÓN |
| La Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Uruguay demandó atención a la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones. Advirtió sobre los obstáculos que enfrenta el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria. |
A partir de la Ley de Radiodifusión Comunitaria de 2007 se creó el Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria (CHARC) en Uruguay.
Su objetivo es garantizar la transparencia en la entrega de frecuencias en las audiencias públicas de cada localidad uruguaya.
El Consejo depende administrativamente de la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (URSEC).
En un comunicado reciente, AMARC Uruguay aseguró que, desde dichos inicios, el espacio contó con diversas dificultades por la falta de atención dela Unidad Reguladora.
Sucesivas reuniones con la entidad responsable no lograron revertir las faltas operativas tales como demoras en expedientes y falta de espacio físico para su archivo.
Asimismo, AMARC Uruguay remarcó la falta de participación y difusión adecuada de la entidad reguladora para las audiencias públicas en las cuales se entregan las frecuencias.
La organización también reclamó la pérdida de resoluciones y ausencia de presupuestos para traslados o costos administrativos.
Vale aclarar que la falta de concursos para la adjudicación de licencias es un hecho que restringe la libertad de expresión.
AMARC Uruguay reforzó su reclamo a partir de la importancia que el consejo tiene para el sector comunitario en Uruguay.(PÚLSAR)
|
"La balanza está inclinada.Enderezarla depende de usted".
Mostrando entradas con la etiqueta licencias. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta licencias. Mostrar todas las entradas
jueves, 18 de octubre de 2012
AMARC Uruguay reclama atención a las radios comunitarias.
lunes, 2 de abril de 2012
Acuerdos alcanzados al llegar la marcha indígena, campesina y popular.
GUATEMALA
CUC
La presión social que hicieron las comunidades indígenas, campesinas y movimientos populares que participaron en la ?Marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral?, comprometió a los tres organismos del Estado a dar solución a las diversas problemáticas agrarias.
El organismo Ejecutivo se comprometió a solucionar la deuda agraria que suma unos Q300 millones y que afecta a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional.
El cumplimiento de las Medidas Cautelares, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las 14 comunidades desalojadas, en marzo de 2011, en el Valle del Polochic. También se acordó de que una finca del estado ubicada en esa región será adjudicada a las familias afectadas por esos desalojos violentos.
Otro de los acuerdos tiene relación con la presentación de una iniciativa de ley para declarar la moratoria de las operaciones de los proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias de las mismas.
Solucionar los conflictos sociales en la comunidad indígena Santa María Xalapan, Jalapa, fue otro de los compromisos asumidos por el gobierno. Así como resolver los conflictos agrarios en la Sierra Chinajá, relacionados con el acceso a la tierra y áreas protegidas.
La solución de la problemática agraria de la comunidad Los Regadíos en el Norte del Quiché y otros conflictos en Alta Verapaz, también fue un acuerdo firmado.
Este organismo también aceptó el retiro de tropas militares en Santa María Xalapan, en San Juan Sacatepéquez y en la comunidad Los Olivos, de Cobán, Alta Verapaz.
El documento de compromisos fue firmado por el presidente de la República, no sin antes, comprometerse a dar respuesta el 17 de abril a todo el pliego de demandas de las comunidades indígenas y campesinas.
Para dar seguimiento a las demandas planteadas se programó una reunión entre el organismo Ejecutivo y los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares que acompañaron dicha movilización.
?Quiero decirle que las comunidades estarán atentas al cumplimiento de estos compromisos, expresó Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina a Pérez Molina, al finalizar la larga reunión en la que se alcanzaron estos acuerdos.
En el Congreso de la República, este 28 de mazo dirigentes comunitarios y representantes del CUC sostendrán una reunión con los integrantes de la Comisión de Energías y Minas, para abordar la normativa relacionada con la minería.
¡El pueblo unido...jamás será vencido!
Comité de Unidad Campesina - CUC
La presión social que hicieron las comunidades indígenas, campesinas y movimientos populares que participaron en la ?Marcha indígena, campesina y popular por la defensa de la Madre Tierra, contra los desalojos, la criminalización y por el Desarrollo Rural Integral?, comprometió a los tres organismos del Estado a dar solución a las diversas problemáticas agrarias.
El organismo Ejecutivo se comprometió a solucionar la deuda agraria que suma unos Q300 millones y que afecta a más de 100 comunidades campesinas a nivel nacional.
El cumplimiento de las Medidas Cautelares, dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de las 14 comunidades desalojadas, en marzo de 2011, en el Valle del Polochic. También se acordó de que una finca del estado ubicada en esa región será adjudicada a las familias afectadas por esos desalojos violentos.
Otro de los acuerdos tiene relación con la presentación de una iniciativa de ley para declarar la moratoria de las operaciones de los proyectos mineros, hidroeléctricos y licencias de las mismas.
Solucionar los conflictos sociales en la comunidad indígena Santa María Xalapan, Jalapa, fue otro de los compromisos asumidos por el gobierno. Así como resolver los conflictos agrarios en la Sierra Chinajá, relacionados con el acceso a la tierra y áreas protegidas.
La solución de la problemática agraria de la comunidad Los Regadíos en el Norte del Quiché y otros conflictos en Alta Verapaz, también fue un acuerdo firmado.
Este organismo también aceptó el retiro de tropas militares en Santa María Xalapan, en San Juan Sacatepéquez y en la comunidad Los Olivos, de Cobán, Alta Verapaz.
El documento de compromisos fue firmado por el presidente de la República, no sin antes, comprometerse a dar respuesta el 17 de abril a todo el pliego de demandas de las comunidades indígenas y campesinas.
Para dar seguimiento a las demandas planteadas se programó una reunión entre el organismo Ejecutivo y los representantes de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y populares que acompañaron dicha movilización.
?Quiero decirle que las comunidades estarán atentas al cumplimiento de estos compromisos, expresó Daniel Pascual, coordinador general del Comité de Unidad Campesina a Pérez Molina, al finalizar la larga reunión en la que se alcanzaron estos acuerdos.
En el Congreso de la República, este 28 de mazo dirigentes comunitarios y representantes del CUC sostendrán una reunión con los integrantes de la Comisión de Energías y Minas, para abordar la normativa relacionada con la minería.
¡El pueblo unido...jamás será vencido!
Comité de Unidad Campesina - CUC
Suscribirse a:
Entradas (Atom)