Chevron Corporation se está defendiendo de falsas acusaciones de ser responsable por supuestos daños
ambientales y sociales en la región amazónica del Ecuador. En 2011, la Corte Provincial de Sucumbíos emitió una
sentencia en contra de Chevron Corp. Chevron Corp. nunca ha operado en Ecuador. Texaco Petroleum Co.
(“TexPet”) operó en ese país hasta 1990 y remedió completamente lo que le correspondía por sus operaciones
petroleras. Después de que la remediación fue certificada por todos los
organismos de control del Gobierno ecuatoriano, TexPet fue liberada
totalmente por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales del
Ecuador de cualquier responsabilidad ambiental, extinguiendo todos los
reclamos antes de que TexPet pasara a ser una subsidiaria indirecta de
Chevron Corp. en el 2001. Todas las evidencias científicas legítimas
exoneran a Chevron Corp. y prueban que los sitios remediados no
representan un riesgo para la salud ni para el medio ambiente.
LA SENTENCIA DICTADA - JUICIO DE LAGO AGRIO, ECUADOR
El 14 de febrero de 2011, la Corte
Provincial de Sucumbíos en Ecuador
dictó una sentencia ilegítima y sin
fundamentos contra Chevron Corp. Esta decisión impone a Chevron Corp. el
pago de "daños y perjuicios" por la suma de USD 8.646 millones, más el
10% (USD 846 millones) para el Frente de Defensa de la Amazonía. La
sentencia es el resultado de fraude y va en contra de las legítimas pruebas
científicas presentadas en el juicio. El 8 de marzo del 2012, Nicolás
Zambrano, el juez que dictó la sentencia contra Chevron Corp., fue
destituido por mala conducta al liberar a un supuesto narcotraficante en
Ecuador.
Chevron Corp. considera que la sentencia es ilegítima e inejecutable, y que no debe ser admitida en ninguna
corte que respete el Estado de Derecho.
PROCEDIMIENTOS LEGALES PARALELOS RELACIONADOS AL CASO
1. Recurso de Casación ante Corte Nacional de Justicia del Ecuador (vea el documento completo acá)
El 20 de enero de 2012 Chevron Corp. presentó un Recurso de Casación
buscando que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador revise la sentencia
de segunda instancia emitida contra la compañía a principios del 2012. El
Recurso de Casación detalla los múltiples fundamentos legales para
revertir la decisión tomada por la corte de segunda instancia.
2. Demanda Civil basada en la ley estadounidense contra el crimen
organizado ("RICO", por su sigla en inglés) (vea el documento completo acá):2
El 1° de febrero de 2011, Chevron Corp. presentó una demanda civil fundada en la ley RICO ante la Corte
Federal de Nueva York que busca un resarcimiento por las acciones fraudulentas y extorsivas de los
demandantes, sus abogados y consultores del caso Lago Agrio.
El 18 de octubre del 2012, el juez estadounidense Lewis Kaplan fijó para el 15 octubre del 2013 el inicio del
juicio de Chevron Corp. contra los que avanzaron el fraude contra la compañía – incluyendo los abogados y
asesores de los demandantes ecuatorianos – en la obtención de la sentencia de
19.000 millones de dólares por supuesta polución.
3. Demanda de Chevron Corp. contra la República del Ecuador ante la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya
El 25 de enero de 2012, un tribunal de La Haya que
preside el arbitraje convocado bajo el Tratado Bilateral
de Inversión (“TBI”) ordenó al Ecuador tomar “todas
las medidas que están a su disposición para suspender
o hacer que se suspenda la aplicación o
reconocimiento de cualquier sentencia contra Chevron
Corp. dentro o fuera del Ecuador” en el caso de Lago
Agrio hasta que se finalice el arbitraje. (vea el
documento completo acá).
El 16 de febrero de 2012 el tribunal emitió un segundo
laudo interino ordenando al Ecuador que tome todas
las medidas necesarias para suspender la ejecución y el reconocimiento de la sentencia de Lago Agrio por
18.2 mil millones de dólares, tanto dentro como fuera del Ecuador (vea el documento completo acá).
El 27 de febrero de 2012 el tribunal dictaminó que tiene jurisdicción para resolver la demanda de Chevron Corp.
contra el Ecuador.(vea el documento completo acá).
El 7 de febrero 2013, el tribunal emitió un cuarto laudo determinando que el Ecuador ha violado sus
obligaciones internacionales al no acatar los laudos interinos de la misma corte, que ordenan al Estado
suspender la ejecución de la sentencia de Lago Agrio contra Chevron Corp. El tribunal también concluyó que
Ecuador incumplió las resoluciones anteriores del tribunal y ordenó a la República explicar por qué no debe
ser condenada a pagar una compensación a Chevron Corp. (vea el documento completo acá).
Jueces federales de Nueva York, Carolina del Norte, Nuevo México, Nueva Jersey, Florida, Washington D.C. y
California han determinado que existe evidencia de fraude y otras conductas ilícitas de parte de los abogados
demandantes en el juicio contra Chevron Corp. en Ecuador.
ARGENTINA, BRASIL & CANADÁ - EL INTENTO DE EJECUTAR LA SENTENCIA FRAUDULENTA ECUATORIANA EN
OTROS PAÍSES
Los demandantes del caso de Lago Agrio pretenden extender su fraude a países fuera de Ecuador, pero no en
Estados Unidos – el único país donde la compañía tiene su domicilio. Los demandantes ecuatorianos iniciaron
acciones para el reconocimiento y ejecución de su fraudulenta sentencia contra las subsidiarias de Chevron Corp.,
en Canadá, Brasil, y Argentina.3
4 de Junio de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de Argentina levantó el
embargo contra los activos de Chevron Argentina que fue ordenado en octubre de 2012 por un
juez civil que dictaminó se congelaran como medida cautelar.
El 01 de mayo de 2013, el Tribunal Superior de Ontario en Canadá suspendió (ver opinión)
una acción iniciada por el grupo de demandantes que persiguen el reconocimiento y ejecución de la sentencia
ecuatoriana contra Chevron Corp. El tribunal dictaminó lo siguiente: "Los demandantes no tienen posibilidad
alguna de éxito en su intento de que el velo corporativo de Chevron Canadá sea levantado e
ignorado, de forma tal que sus activos se vuelvan exigibles para cumplir una sentencia
emitida en contra de su casa matriz en último término. No existen fundamentos de hecho
ni de derecho para tal reclamo....".
La sentencia ecuatoriana es ilegítima y el producto de sobornos y fraude. La compañía cree que el fallo obtenido
en el Ecuador no es ejecutable en ninguna corte que respete el Estado de Derecho. Está claro que si los abogados
de los demandantes creyeran en la integridad de su sentencia, buscarían la ejecución en Estados Unidos, donde
Chevron Corp. tiene su sede.
Chevron Corp. se defenderá enérgicamente contra cualquier acción para ejecutar la sentencia. Chevron Corp.
también seguirá buscando que el Ecuador cumpla con su obligación de resarcir a la compañía por los daños
ocasionados, mediante el proceso arbitral pendiente en La Haya. De igual manera tomará las debidas acciones
jurídicas contra los representantes de los demandantes por asociación para delinquir y extorsionar, en el proceso
amparado bajo la ley RICO (por sus siglas en inglés) que se sigue en Nueva York.
ALIADOS QUE HAN ABANDONADO A LOSDEMANDANTES ECUATORIANOS CONTRA CHEVRON CORP. A RAÍZ DEL
FRAUDE
17 Noviembre 2012- Alberto Guerra, juez que presidió el caso inicialmente
cuando fue presentada la demanda en 2003, reveló que los abogados
demandantes sobornaron al juez Nicolás Zambrano –quien firmó la sentencia
fraudulenta -- para que les permitiera redactar ilegalmente la sentencia. Esto lo
reveló mediante una declaración jurada (véala aquí) presentada en una corte
federal de Nueva York. El testimonio del Guerra está ampliamente sustentado por
correos electrónicos, récords bancarios, de envíos y de computadora.
Burford Capital, un fondo de inversión de 300 millones de dólares que cotiza en
bolsa e invierte en demandas judiciales, ha acusado a los abogados de los ecuatorianos contra Chevron
Corp., de haber engañado a la empresa para que invirtiera en su caso hace dos años. A raíz de esto,
Christopher Bogart, Director General de Burford, rindió una declaración jurada
en la cual dijo haber otorgado USD 4 millones (de los USD 15 millones
programados) a Patton Boggs – bufete jurídico estadounidense de los
demandantes-- antes de retirarse en 2011 debido a la ventilación de evidencia
sobre el fraude.
En enero 2013, miembros de los Huaorani, una de las cinco nacionalidades
indígenas que abogados demandantes dicen representar en su juicio contra Chevron Corp. en Lago Agrio,
pidieron intervenir en un proceso ante la Corte Federal de Nueva York aduciendo que no son representados
por dichos abogados ni por su organización de fachada, el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA)
En agosto de 2010, Joseph Kohn, del bufete Kohn, Swift & Graf, antiguo codefensor y financiador del litigio,
dijo a los demandantes que estaba “sorprendido por las recientes revelaciones sobre los contactos 4
potencialmente improcedentes y poco éticos, si no ilegales, con el perito designado por la corte.” Los
abogados ecuatorianos de los demandantes en un correo electrónico admitieron que si se revelaban las
pruebas de su colusión y fraude “podemos ir todos tus abogados a la cárcel”.
El Dr. Charles Calmbacher, perito de los abogados demandantes en las primeras cuatro inspecciones
judiciales en 2004, declaró bajo juramento que ninguno de los sitios remediados por TexPet requería
reparación adicional y que no representaban riesgo alguno a la salud o al medioambiente. Adicionalmente,
sobre los informes que fueron presentados en su nombre por los abogados demandantes, Calmbacher
declaró: “No llegué a esas conclusiones y no escribí ese informe.”
En marzo 2013, directivos de Stratus Consulting, la principal consultora
ambiental de los demandantes, expuso en detalle, mediante las declaraciones
juradas de Ann Maest y Douglas Beltman, las conductas inapropiadas de los
abogados de los demandantes. Entre las conclusiones más relevantes, se
encuentran: a) el rechazo total de las conclusiones y testimonios técnicos
presentados en su proyecto en Ecuador; b) la firma consultora no cuenta con
evidencia científica de que la gente en la antigua área de concesión esté
tomando agua contaminada por petróleo; c) no hay ningún dato científico de ningún efecto adverso para la
salud que sea ocasionado por contaminación derivada de operaciones petroleras en el Oriente. Finalmente,
no hay evidencia científica que respalde la afirmación de que los índices de cáncer en el área son más altos de
los normales.
David Russell, experto de los demandantes, declaró bajo juramento el 8 de mayo de 2013, que los abogados
demandantes “han corrompido el proceso judicial en el Ecuador”. Adicionalmente, dijo: “hallé que las
pruebas medioambientales no respaldaban ni respaldan los reclamos de los demandantes”, y que “las
muestras no estaban indicando la contaminación que Donziger quería”. En un correo electrónico de febrero
del 2005, Russell afirmó ‘no estamos encontrando ninguno de los compuestos altamente carcinogénicos que
uno espera ver cuando investiga las piscinas de petróleo”.
¿Cómo tenían planificado repartirse el dinero del fallo inicial los
abogados demandantes? Véalo aquí
Para más información sobre el fraude de los abogados demandantes,
visite www.juiciocrudo.com. Síganos en Twitter: @juiciocrudo.
El caso resumido en videos que contienen tomas de los propios
demandantes (obtenidas mediante procesos de descubrimiento de
pruebas (discovery), testimonios de expertos durante audiencias y
más, están disponibles aquí .
