La Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó hoy que el próximo 27 de enero anunciará su fallo sobre la disputa marítima entre Chile y Perú.

La disputa limítrofe entre Perú y Chile a enero

internacional

La fecha fue dada a conocer en un comunicado en el que se indicó que el presidente de ese tribunal, el juez Peter Tomka, leerá la sentencia, que será vinculante e inapelable. Perú presentó en 2008 una demanda en la que solicita que el límite marítimo con Chile se establezca en una línea equidistante a las costas de ambos países, aduciendo que éste nunca ha sido fijado.

De serle favorable el fallo, recibiría unos 35.000 kilómetros cuadrados de mar que hasta ahora están bajo soberanía chilena. Chile defiende el actual límite sobre la línea del paralelo y sostiene que la delimitación fue fijada por dos tratados suscritos en 1952 y 1954, que en su demanda Perú considera que son sólo acuerdos pesqueros.

La CIJ es el principal órgano judicial de la ONU y tiene su sede en La Haya.

En Ecuador, un juez dispuso: ‘el embargo de 50 marcas y sellos de propiedad de la empresa estadounidense Chevron que estaban registrados en este país, en el marco de una sentencia judicial que dispone a esa empresa el pago de 19.000 millones de dólares por contaminar parte de la amazonia norte de Ecuador’.

Wilfrido Erazo,  presidente subrogante de la Corte de Justicia de Sucumbíos, ordenó: “Al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual el embargo de 50 marcas y sellos considerados bienes intangibles de Chevron en Ecuador”.

Algunas de  las marcas que se embargaron son:  Havoline, Texaco, Ursa, Geotex, Multigear, entre otras.

Los abogados de algunos  ecuatorianos que demandaron a Chevron por contaminación, reclamaron  el pago de la multimillonaria sentencia del 2012, que ordenó a Chevron pagar 19.000 millones de dólares.

Andrés Icaza,  director del Instituto de propiedad intelectual, para el  canal de televisión Ecuavisa, manifestó que: “la acción  significa que están prohibidas de ser enajenadas, no pueden ser transferidas, y adicionalmente que las regalías que se están generando sobre estas marcas, no van hacia el titular de las marcas, sino hacia el que tiene el embargo (los demandantes)”.

Pablo Fajardo abogado de los demandantes, en declaraciones a la  agencia de noticias AP, dijo que: “lo resuelto por el juez significa que se están ejecutando (por orden judicial) los pocos activos que Chevron tenía en Ecuador, económicamente no sabemos cuánto cuesta, porque aún hace falta la valoración de los peritos, aunque sabemos que son marcas devaluadas. Este embargo  es un hecho simbólico más que monetario”.

“Ahora nos toca conversar, discutir y negociar con los ecuatorianos que tienen esas marcas bajo su responsabilidad, porque nuestra intención no es hacer ningún daño al mercado, queremos llegar a un acuerdo con estas empresas para que puedan seguir comercializando esos productos, pero que paguen las regalías a los demandantes y ya no a Chevron”.

James Craig,  vocero de Chevron para América Latina, James Craig, para  The Associated Press dijo que: “lo ocurrido  es una violación más al derecho internacional de parte de la república de Ecuador. Es otra muestra de la inexistencia del Estado de Derecho en el país y evidencia de la colaboración entre el Gobierno y los abogados demandantes para avanzar el fraude contra Chevron”.

ANTECEDENTES DEL JUICIO CONTRA CHEVRON CORP. EN ECUADOR.

Chevron Corporation se está defendiendo de falsas acusaciones de ser responsable por supuestos daños
ambientales y sociales en la región amazónica del Ecuador. En 2011, la Corte Provincial de Sucumbíos emitió una
sentencia en contra de Chevron Corp. Chevron Corp. nunca ha operado en Ecuador. Texaco Petroleum Co.
(“TexPet”) operó en ese país hasta 1990 y remedió completamente lo que le correspondía por sus operaciones
petroleras. Después de que la remediación fue certificada por todos los
organismos de control del Gobierno ecuatoriano, TexPet fue liberada
totalmente por los gobiernos nacionales, provinciales y municipales del
Ecuador de cualquier responsabilidad ambiental, extinguiendo todos los
reclamos antes de que TexPet pasara a ser una subsidiaria indirecta de
Chevron Corp. en el 2001. Todas las evidencias científicas legítimas
exoneran a Chevron Corp. y prueban que los sitios remediados no
representan un riesgo para la salud ni para el medio ambiente.
LA SENTENCIA DICTADA - JUICIO DE LAGO AGRIO, ECUADOR
El 14 de febrero de 2011, la Corte
Provincial de Sucumbíos en Ecuador
dictó una sentencia ilegítima y sin
fundamentos contra Chevron Corp. Esta decisión impone a Chevron Corp. el
pago de "daños y perjuicios" por la suma de USD 8.646 millones, más el
10% (USD 846 millones) para el Frente de Defensa de la Amazonía. La
sentencia es el resultado de fraude y va en contra de las legítimas pruebas
científicas presentadas en el juicio. El 8 de marzo del 2012, Nicolás
Zambrano, el juez que dictó la sentencia contra Chevron Corp., fue
destituido por mala conducta al liberar a un supuesto narcotraficante en
Ecuador.
Chevron Corp. considera que la sentencia es ilegítima e inejecutable, y que no debe ser admitida en ninguna
corte que respete el Estado de Derecho.
PROCEDIMIENTOS LEGALES PARALELOS RELACIONADOS AL CASO
1. Recurso de Casación ante Corte Nacional de Justicia del Ecuador (vea el documento completo acá)
El 20 de enero de 2012 Chevron Corp. presentó un Recurso de Casación
buscando que la Corte Nacional de Justicia del Ecuador revise la sentencia
de segunda instancia emitida contra la compañía a principios del 2012. El
Recurso de Casación detalla los múltiples fundamentos legales para
revertir la decisión tomada por la corte de segunda instancia.
2. Demanda Civil basada en la ley estadounidense contra el crimen
organizado ("RICO", por su sigla en inglés) (vea el documento completo acá):2
El 1° de febrero de 2011, Chevron Corp. presentó una demanda civil fundada en la ley RICO ante la Corte
Federal de Nueva York que busca un resarcimiento por las acciones fraudulentas y extorsivas de los
demandantes, sus abogados y consultores del caso Lago Agrio.
El 18 de octubre del 2012, el juez estadounidense Lewis Kaplan fijó para el 15 octubre del 2013 el inicio del
juicio de Chevron Corp. contra los que avanzaron el fraude contra la compañía – incluyendo los abogados y
asesores de los demandantes ecuatorianos – en la obtención de la sentencia de
19.000 millones de dólares por supuesta polución.
3. Demanda de Chevron Corp. contra la República del Ecuador ante la Corte
Permanente de Arbitraje de La Haya
El 25 de enero de 2012, un tribunal de La Haya que
preside el arbitraje convocado bajo el Tratado Bilateral
de Inversión (“TBI”) ordenó al Ecuador tomar “todas
las medidas que están a su disposición para suspender
o hacer que se suspenda la aplicación o
reconocimiento de cualquier sentencia contra Chevron
Corp. dentro o fuera del Ecuador” en el caso de Lago
Agrio hasta que se finalice el arbitraje. (vea el
documento completo acá).
El 16 de febrero de 2012 el tribunal emitió un segundo
laudo interino ordenando al Ecuador que tome todas
las medidas necesarias para suspender la ejecución y el reconocimiento de la sentencia de Lago Agrio por
18.2 mil millones de dólares, tanto dentro como fuera del Ecuador (vea el documento completo acá).
El 27 de febrero de 2012 el tribunal dictaminó que tiene jurisdicción para resolver la demanda de Chevron Corp.
contra el Ecuador.(vea el documento completo acá).
El 7 de febrero 2013, el tribunal emitió un cuarto laudo determinando que el Ecuador ha violado sus
obligaciones internacionales al no acatar los laudos interinos de la misma corte, que ordenan al Estado
suspender la ejecución de la sentencia de Lago Agrio contra Chevron Corp. El tribunal también concluyó que
Ecuador incumplió las resoluciones anteriores del tribunal y ordenó a la República explicar por qué no debe
ser condenada a pagar una compensación a Chevron Corp. (vea el documento completo acá).
Jueces federales de Nueva York, Carolina del Norte, Nuevo México, Nueva Jersey, Florida, Washington D.C. y
California han determinado que existe evidencia de fraude y otras conductas ilícitas de parte de los abogados
demandantes en el juicio contra Chevron Corp. en Ecuador.
ARGENTINA, BRASIL & CANADÁ - EL INTENTO DE EJECUTAR LA SENTENCIA FRAUDULENTA ECUATORIANA EN
OTROS PAÍSES
Los demandantes del caso de Lago Agrio pretenden extender su fraude a países fuera de Ecuador, pero no en
Estados Unidos – el único país donde la compañía tiene su domicilio. Los demandantes ecuatorianos iniciaron
acciones para el reconocimiento y ejecución de su fraudulenta sentencia contra las subsidiarias de Chevron Corp.,
en Canadá, Brasil, y Argentina.3
4 de Junio de 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de Argentina levantó el
embargo contra los activos de Chevron Argentina que fue ordenado en octubre de 2012 por un
juez civil que dictaminó se congelaran como medida cautelar.
El 01 de mayo de 2013, el Tribunal Superior de Ontario en Canadá suspendió (ver opinión)
una acción iniciada por el grupo de demandantes que persiguen el reconocimiento y ejecución de la sentencia
ecuatoriana contra Chevron Corp. El tribunal dictaminó lo siguiente: "Los demandantes no tienen posibilidad
alguna de éxito en su intento de que el velo corporativo de Chevron Canadá sea levantado e
ignorado, de forma tal que sus activos se vuelvan exigibles para cumplir una sentencia
emitida en contra de su casa matriz en último término. No existen fundamentos de hecho
ni de derecho para tal reclamo....".
La sentencia ecuatoriana es ilegítima y el producto de sobornos y fraude. La compañía cree que el fallo obtenido
en el Ecuador no es ejecutable en ninguna corte que respete el Estado de Derecho. Está claro que si los abogados
de los demandantes creyeran en la integridad de su sentencia, buscarían la ejecución en Estados Unidos, donde
Chevron Corp. tiene su sede.
Chevron Corp. se defenderá enérgicamente contra cualquier acción para ejecutar la sentencia. Chevron Corp.
también seguirá buscando que el Ecuador cumpla con su obligación de resarcir a la compañía por los daños
ocasionados, mediante el proceso arbitral pendiente en La Haya. De igual manera tomará las debidas acciones
jurídicas contra los representantes de los demandantes por asociación para delinquir y extorsionar, en el proceso
amparado bajo la ley RICO (por sus siglas en inglés) que se sigue en Nueva York.
ALIADOS QUE HAN ABANDONADO A LOSDEMANDANTES ECUATORIANOS CONTRA CHEVRON CORP. A RAÍZ DEL
FRAUDE
17 Noviembre 2012- Alberto Guerra, juez que presidió el caso inicialmente
cuando fue presentada la demanda en 2003, reveló que los abogados
demandantes sobornaron al juez Nicolás Zambrano –quien firmó la sentencia
fraudulenta -- para que les permitiera redactar ilegalmente la sentencia. Esto lo
reveló mediante una declaración jurada (véala aquí) presentada en una corte
federal de Nueva York. El testimonio del Guerra está ampliamente sustentado por
correos electrónicos, récords bancarios, de envíos y de computadora.
Burford Capital, un fondo de inversión de 300 millones de dólares que cotiza en
bolsa e invierte en demandas judiciales, ha acusado a los abogados de los ecuatorianos contra Chevron
Corp., de haber engañado a la empresa para que invirtiera en su caso hace dos años. A raíz de esto,
Christopher Bogart, Director General de Burford, rindió una declaración jurada
en la cual dijo haber otorgado USD 4 millones (de los USD 15 millones
programados) a Patton Boggs – bufete jurídico estadounidense de los
demandantes-- antes de retirarse en 2011 debido a la ventilación de evidencia
sobre el fraude.
En enero 2013, miembros de los Huaorani, una de las cinco nacionalidades
indígenas que abogados demandantes dicen representar en su juicio contra Chevron Corp. en Lago Agrio,
pidieron intervenir en un proceso ante la Corte Federal de Nueva York aduciendo que no son representados
por dichos abogados ni por su organización de fachada, el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA)
En agosto de 2010, Joseph Kohn, del bufete Kohn, Swift & Graf, antiguo codefensor y financiador del litigio,
dijo a los demandantes que estaba “sorprendido por las recientes revelaciones sobre los contactos 4
potencialmente improcedentes y poco éticos, si no ilegales, con el perito designado por la corte.” Los
abogados ecuatorianos de los demandantes en un correo electrónico admitieron que si se revelaban las
pruebas de su colusión y fraude “podemos ir todos tus abogados a la cárcel”.
El Dr. Charles Calmbacher, perito de los abogados demandantes en las primeras cuatro inspecciones
judiciales en 2004, declaró bajo juramento que ninguno de los sitios remediados por TexPet requería
reparación adicional y que no representaban riesgo alguno a la salud o al medioambiente. Adicionalmente,
sobre los informes que fueron presentados en su nombre por los abogados demandantes, Calmbacher
declaró: “No llegué a esas conclusiones y no escribí ese informe.”
En marzo 2013, directivos de Stratus Consulting, la principal consultora
ambiental de los demandantes, expuso en detalle, mediante las declaraciones
juradas de Ann Maest y Douglas Beltman, las conductas inapropiadas de los
abogados de los demandantes. Entre las conclusiones más relevantes, se
encuentran: a) el rechazo total de las conclusiones y testimonios técnicos
presentados en su proyecto en Ecuador; b) la firma consultora no cuenta con
evidencia científica de que la gente en la antigua área de concesión esté
tomando agua contaminada por petróleo; c) no hay ningún dato científico de ningún efecto adverso para la
salud que sea ocasionado por contaminación derivada de operaciones petroleras en el Oriente. Finalmente,
no hay evidencia científica que respalde la afirmación de que los índices de cáncer en el área son más altos de
los normales.
David Russell, experto de los demandantes, declaró bajo juramento el 8 de mayo de 2013, que los abogados
demandantes “han corrompido el proceso judicial en el Ecuador”. Adicionalmente, dijo: “hallé que las
pruebas medioambientales no respaldaban ni respaldan los reclamos de los demandantes”, y que “las
muestras no estaban indicando la contaminación que Donziger quería”. En un correo electrónico de febrero
del 2005, Russell afirmó ‘no estamos encontrando ninguno de los compuestos altamente carcinogénicos que
uno espera ver cuando investiga las piscinas de petróleo”.
¿Cómo tenían planificado repartirse el dinero del fallo inicial los
abogados demandantes? Véalo aquí
Para más información sobre el fraude de los abogados demandantes,
visite www.juiciocrudo.com. Síganos en Twitter: @juiciocrudo.
El caso resumido en videos que contienen tomas de los propios
demandantes (obtenidas mediante procesos de descubrimiento de
pruebas (discovery), testimonios de expertos durante audiencias y
más, están disponibles aquí .

Protestas en todo EEUU tras fallo de caso Zimmerman.

ESTADOS UNIDOS

14 julio 2013 Cubadebate
Las principales ciudades de EE.UU. se han convertido en escenarios de protestas tras conocerse el fallo que declara ?no culpable? a George Zimmerman, que había sido acusado de matar el año pasado al joven afroamericano Trayvon Martin.

Manifestación en contra de la absolución de Zimmerman ayer en la plaza de Times Square, en Nueva York. KEITH BEDFORD (REUTERS)

Marcha de protesta en el barrio neoyorquino de Lower East Side.- John Minchil

Un grupo de policías impide el paso de manifestantes en una protesta ayer en una carretera de Los Ángeles. ROBYN BECK (AFP)

Protesta por la absolución de George Zimmerman, ayer en Union Square, Nueva York. - MARIO TAMA (AFP)

Protesta en una calle de Nueva York, cerca de Times Square, contra la sentencia de absolución de George Zimmerman, 14 de julio de 2013. John Minchillo (AP)

Absuelven a George Zimmerman por la muerte de Trayvon Martin

El vigilante se enfrentaba a la cadena perpetua. El jurado le declara "no culpable" de asesinato en segundo grado del joven de 17 años

14/07/2013 

George Zimmerman absuelto de todos los cargos


Zimmerman se abraza a un familiar tras escuchar el veredicto.

El exvigilante voluntario hispano George Zimmerman, de 29 años, ha sido declarado "no culpable" de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario que se le imputaban por la muerte en 2012 en Florida (EEUU) del adolescente desarmado Trayvon Martin. Tras algo más de 16 horas de intensas deliberaciones, el jurado, compuesto por seis mujeres, alcanzó el veredicto unánime de no culpable para ambos cargos y lo entregó por escrito a la jueza encargada del caso, Debra Nelson.

El jurado ha deliberado durante dos días y estudiado a fondo los dos cargos contra Zimmerman, para lo que pidieron a la jueza un listado con las pruebas numeradas y sus correspondientes descripciones que se han exhibido en este proceso judicial. Además, durante la larga jornada de deliberación, solicitaron a la jueza del tribunal de la población de Sanford, en el centro de Florida, aclaraciones sobre el concepto legal de homicidio involuntario. Zimmerman, de madre peruana, afrontaba una condena de cadena perpetua, en el caso de ser declarado culpable de asesinato en segundo grado, y de hasta treinta años de cárcel por el de homicidio involuntario.

Durante las dos semanas de comparecencias, el jurado escuchó a numerosos testigos, incluidos policías, forenses y vecinos de la urbanización donde se produjo el fatal suceso que ha conmocionado Estados Unidos y polarizado la opinión pública y los medios de comunicación del país. Ninguno de los testigos que compareció en el juicio de casi cinco semanas vio cómo se originó la reyerta que acabó con la vida del muchacho negro estudiante de bachillerato en un colegio de la localidad de Miami Gardens, aledaña a Miami.

La Fiscalía había retratado a Zimmerman como alguien que "se creía un policía", que "se tomó la justicia por su mano", cuando vio a Martin caminando bajo la lluvia, y asumió que el chico "no era para nada bueno porque era negro". El fiscal Bernie de la Rionda describió a Martin como un "chico inocente de 17 años" a quien Zimmerman "identificó como un criminal", le persiguió, tras obviar la recomendación de la Policía, se enzarzó en una pelea con él y lo mató de un tiro a quemarropa "porque quiso".

En el tiempo de refutación otorgado a la Fiscalía, el fiscal John Guy hizo una emotiva apelación al sentido común y al corazón del jurado y pidió "justicia" para Martin. Pero sobre las consideraciones y decisión final del jurado pesó más el relato de los hechos expuesto por la defensa de Zimmerman, que había defendido la inocencia de este con el argumento de que actuó en defensa propia y pedido la absolución de los cargos en su contra.

Mark O'Mara, abogado del vigilante de barrio voluntario, recordó al jurado en la exposición de los argumentos de cierre que una "duda razonable" de que el Zimmerman sólo intentó defenderse era suficiente para declarar a su cliente no culpable de los cargos que se le imputaban. La versión de Zimmerman sobre su actuación en defensa propia se fundamentó en que Martin le pegó un puñetazo en la nariz, le empujó y, al caer al suelo, el muchacho se sentó a horcajadas sobre él y comenzó a golpearle y sacudir su cabeza contra el suelo, por lo que tuvo que dispararle. El exvigilante voluntario ha mantenido siempre que disparó en defensa propia contra Martin, quien regresaba de noche a la casa de la pareja de su padre y caminaba por la urbanización de la población de Sanford, en el centro de Florida, con la capucha del suéter puesta, lo que despertó las sospechas de Zimmerman.

El caso Zimmerman ha tenido una gran repercusión mediática en Estados Unidos y ha reabierto de nuevo el debate en torno a la desigualdad racial, los derechos civiles y el uso de armas en legítima defensa, con las principales cadenas de televisión retransmitiendo en directo el juicio. En las últimas horas las autoridades locales y estatales han hecho llamamientos a la calma. Hace un año las principales protestas sociales se produjeron después de que se supiera que la policía de Sanford no había arrestado a Zimmerman por considerar que no había pruebas que contradijeran su declaración.

A lo largo de la tarde del sábado una treintena de estudiantes se concentró pacíficamente a las afueras del tribunal de Sanford, procedentes de las ciudades de Jacksonville, Gainesville, Tampa y Miami, todas en el estado de Florida. El grupo de estudiantes coreó y cantó varias consignas, entre otras "asesino no homicida", en relación a las dos imputaciones de que se le acusaba a Zimmerman: asesinato en segundo grado y homicidio involuntario, indicó el diario Orlando Sentinel.

El jefe de la Policía del condado de Seminole y el de la localidad de Sanford han realizado llamamientos en las últimas horas para que los residentes de la población y de las áreas cercanas permanezcan en calma, y advirtieron que no tolerarán ningún tipo de violencia e incumplimiento de las leyes. También activistas de la minoría negra y los derechos civiles en EEUU han hecho llamamientos a la calma en las últimas horas.

Los activistas de la Southern Christian Leadership Conference (SCLC), una de las más importantes organizaciones de la minoría negra de EE.UU., se manifestaron el viernes frente al tribunal y exhortaron a la comunidad a que se manifieste de forma pacífica. El juicio también ha tenido un amplio eco en las redes sociales. Este sábado se supo que un adolescente de quince años ha sido arrestado en Illinois por escribir en una cuenta de Twitter que cometería un "asesinato masivo", si el exvigilante voluntario George Zimmerman quedaba absuelto.

El alcalde de un pequeño pueblo en la región vasca de Francia anunció su negativa a realizar un “matrimonio” entre dos hombres que residen en su jurisdicción, lo cual lo convirtió en el primer alcalde en desacatar la nueva ley del país que aplica el nombre y derechos del “matrimonio” a las parejas del mismo sexo.

Matthew Cullinan Hoffman

13 de junio de 2013 (Notifam) – 

Jean-Michel Colo, un conservador que está a cargo del pueblo de Arcangues en la sureña región vasca de Pyrenees-Atlantiques, enfrenta la posibilidad de una sentencia de hasta cinco años en prisión y una multa de 75 mil euros (100 mil dólares estadounidenses), según medios de difusión franceses. Sin embargo, parece no sentir temor de las consecuencias de su postura, diciéndoles a los medios que él “llegará hasta la horca” para oponerse a la ley.

“No doy lecciones, no estoy incitando a otros alcaldes que sigan mi ejemplo, pero no voy a ejecutar una ley ilegítima”, dice Colo. “Mis siete concejales y yo estamos completamente de acuerdo en decir que no participaremos en esta farsa”.

Se espera que la postura del alcalde sea solamente la primera de muchas que posiblemente ocurrirán con la nueva ley, que entró en vigencia el 28 de mayo. Además del apoyo del gobierno municipal Colo dice que ha recibido 1500 mensajes de apoyo al día de la fecha.

Según reportó LifeSiteNews.com en abril de este año, la organización nacional Colectif des maires pour l’enfance (alcaldes por los niños) ha declarado que casi 15 mil alcaldes, en su mayor parte de pueblos pequeños, planean rehusarse a realizar tales “matrimonios, que es responsabilidad de los funcionarios de la ciudad en Francia. El grupo dice que 20 mil han firmado una petición que dice: “Me opongo al proyecto de ley que abre el matrimonio y la adopción de niños para dos personas del mismo sexo”.

El gobierno socialista del presidente Francois Hollande, que aprobó el proyecto de ley sobre “matrimonio homosexual” a pesar de las protestas sin precedentes por parte de millones de franceses, ha declarado que no concederá exenciones de consciencia a los funcionarios públicos que se nieguen a cooperar, y está dando a entender una acción punitiva para Colo.

“Las leyes son aplicables en todas partes y no puede haber la menor violación de igualdad”, advirtió el ministro del interior Manuel Valls en respuesta a la resistencia de Colo. “Espero que la razón gane allí (en Arcangues) como en cualquier otro lugar”, agregó.

Aunque la pareja que procura el “matrimonio”, Jean-Michel Martin y Guy Martineau-Espel , dice que están en contra de tener que recurrir a la ley, también dan a entender que pueden tomar esa medida, si no les dan lo que quieren pronto.

“El alcalde tendrá 15 días para indicar su negativa a casarnos y podremos recurrir al Procurador General de la Republica”, dijo Jean-Michel a Le Parisian en una entrevista reciente.

Este viernes, el tribunal encontró responsable al exdictador José Efraín Ríos Montt de la masacre de 1771 indígenas mayas-ixiles cometida por el Ejército durante su régimen, que controló el país entre 1982 y 1983.

GUATEMALA. CONDENAN A 80 AÑOS DE PRISIÓN AL EXDICTADOR RÍOS MONTT

Culpable de genocidio y crímenes contra la humanidad (AW) La sentencia es a 50 años por genocidio y a 30 años más por crímenes contra la humanidad. Un tribunal penal de Guatemala ha condenado este viernes al exdictador José Efraín Ríos Montt a 50 años de cárcel por genocidio y a otros 30 por crímenes de guerra perpetrados por el Ejército en contra del grupo étnico ixil entre 1982 y 1983. El exjefe de Inteligencia Militar José Rodríguez Sánchez fue sin embargo absuelto de los mismos delitos al considerar el tribunal que "no tuvo injerencia" en las operaciones militares contra los indígenas. Ríos Montt, de 86 años, ha sido trasladado a prisión preventiva. Nada más conocer la sentencia, Ríos Montt califico el proceso de "show político internacional que afecta el alma y el corazón de los guatemaltecos" y añadió que se le condenó "bajo supuestos que no tienen ninguna sustentación". "No es un juicio imparcial", concluyó, y acusó al tribunal de dictar una sentencia esperada por intereses foráneos. La sentencia de hoy no cierra el proceso. Su futuro queda ligado a recursos de apelación que los abogados anunciaron que elevarían ante instancias superiores, incluso antes de conocerse el veredicto. La inminencia del veredicto, no podía ser de otra manera, monopolizó la actualidad en este país centroamericano. Por la mañana, el presidente, Otto Pérez, quien participaba en un acto social, dijo que su gobierno respetaría el veredicto, fuera cual fuera. Añadió que este juicio ha permitido mandar un mensaje importante al mundo: "Guatemala avanza dentro del respeto a los valores democráticos. Hace 20 años un proceso de esta naturaleza era, sencillamente, impensable", subrayó. Para Hellen Mack, cuya hermana Mirna fue cosida a puñaladas por sus investigaciones antropológicas sobre la represión en el altiplano indígena, este juicio marca un antes y un después eh la historia jurídica de Guatemala. En primer lugar, porque es la primera vez que los indígenas han tenido la oportunidad de hacer oír su voz y ser escuchados en un tribunal. Añade que para los guatemaltecos, el proceso ha tenido la virtud de demostrar que se puede llegar a la verdad y la justicia sin recurrir a la violencia y, finalmente, porque constituye una auténtica prueba de fuego a la Justicia, en esta ocasión bajo la lupa de la comunidad internacional. La activista humanitaria Iduvina Hernández comentó que el hecho de sentar en el banquillo a un hombre como Ríos Montt, "es un avance tan importante que pasará mucho tiempo antes de que los guatemaltecos logren comprender la magnitud de este hecho". Al margen de la sentencia, el hecho de enjuiciar a un ex jefe de Estado por delitos tan graves como genocidio ha servido para "avivar las brasas nunca apagadas de la guerra civil", en palabras de Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes, independiente). "El juicio ha reavivado la polarización y evidenciado que el atrincheramiento persiste", dijo a EL PAIS por vía telefónica. En abono a esta tesis, en lugares como el Campo de Marte, todo un símbolo de la hegemonía militar en Guatemala, han aparecido este viernes carteles que recuerdan que el deber de todo soldado "es el estricto cumplimiento del deber", argumento que permitiría a muchos oficiales, la mayoría ya en situación de retiro, escudarse en la famosa teoría de la obediencia debida a la que se acogieron, sin éxito, los militares argentinos. Ríos Montt, y quien fuera su jefe de inteligencia militar (G-2), Mauricio Rodríguez, estaban acusados de ordenar la matanza de 1.771 indígenas de la etnia Ixil en diferentes operativos realizados por el Ejército en el norteño departamento (provincia) de Quiché, entre 1982 y 1983, durante el mandato de facto del viejo militar. Ríos se ha convertido en el tercer jefe del Estado guatemalteco llevado a juicio. El primer antecedente se remonta a Manuel Estrada Cabrera, el dictador que inspiró la novela El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, y quien murió en la cárcel en septiembre de 1924, tras ser defenestrado por el Congreso que lo declaró "demente". El otro ex presidente enjuiciado es Alfonso Portillo Cabrera, sujeto a un proceso de extradición a Estados Unidos, donde un tribunal de nueva York lo reclama por utilizar bancos estadounidenses para lavar del orden de USD80 millones, malversados del erario guatemalteco durante su gobierno (2000-2004). Otros militares que ejercieron el poder durante el conflicto armado, como Carlos Arana Osorio (1970-1974), Kjell Eugenio Laugerud (1974-1978) o Fernando Romeo Lucas García (1978-1982), han muerto. Sobrevive Humberto Mejía Víctores, quien tras derrocar a Ríos Montt en agosto de 1983 abrió el proceso democratizador, y cuyo enjuiciamiento fue cancelado tras sufrir un ataque cerebral que lo dejó incapacitado para declarar. El debate empezó el 19 de marzo. Declararon 98 testigos. Entre los presentados por la fiscalía, 54 denunciaron la reiterada tendencia de los militares a quemar las cosechas y apropiarse de los animales domésticos de las poblaciones que ocupaban, sin más objetivo que matar de hambre a una población que era considerada sustento de la guerrilla, dentro de la tenebrosa teoría de la seguridad nacional patrocinada por Washington. Con todo, los testimonios más aterradores fueron los presentados por 16 mujeres víctimas de violaciones masivas y reiteradas por parte de la tropa, con agravantes de crueldad como que los actos fueran ejecutados delante de sus maridos, hijos pequeños y en algunos casos delante la comunidad entera, como advertencia de lo que podría ocurrirles a los campesinos que decidieran colaborar con la guerrilla. Fuente: El País http://internacional.elpais.com/internacional/2013/05/10/actualidad/1368201415_670677.html Rigoberta Menchú abraza a un familiar de víctima de Ríos Montt.

Unasur llama a gobernantes a pronunciarse sobre destitución de Lugo.

PARAGUAY-DEMOCRACIA

El anuncio fue realizado por el canciller venezolano, Nicolás Maduro. Los Jefes de Estado que integran el bloque regional emitirán un pronunciamiento sobre la sentencia que destituyó este viernes al mandatario paraguayo.

Audios disponibles:

Hugo Chávez, presidente de Venezuela. (reconocimiento) - 28 seg. (221 Kb.)

Rafael Correa, presidente de Ecuador. (situación) - 29 seg. (229 Kb.)

Cristina Fernández, presidenta de Argentina. (ataque) - 21 seg. (169 Kb.)

El Consejo de Jefes de Estado convocado para emitir un pronunciamiento oficial contará con la participación de los 12 presidentes de los países que integran la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Antes de este llamado, el canciller Maduro había calificado al proceso político contra Lugo como un "acto bochornoso". Una misión de cancilleres de la Unasur que se encontraba en Paraguay desde el pasado jueves para seguir las instancias del juicio político señaló que dicha querella representa "una amenaza de ruptura al orden democrático". Además de los cancilleres, distintos Mandatarios de la región se pronunciaron con respecto a la decisión del Senado paraguayo que en el marco de un juicio político "exprés" destituyó a Fernado Lugo. Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, manifestó que su país no reconocerá como presidente legítimo al vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, quien asumió la presidencia "de jure" tras la salida de Lugo. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, propuso la expulsión de Paraguay del Mercado Común del Sur (Mercosur) y de la Unasur por haberse roto en ese país el orden constitucional. Evo Morales expresó desde Bolivia que esa nación no apoyará "un gobierno que no surja de las urnas y el mandato del pueblo" paraguayo. La Mandataria argentina, Cristina Fernández, se sumó a estos pronunciamientos y dijo que su país "no va a convalidar el golpe de Estado en Paraguay". Por último, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, repudió el derrocamiento del ahora ex gobernante paraguayo y aseguró que no reconocerá al nuevo Gobierno instalado en ese país. (PÚLSAR)

BRASIL: ABORTO POR VÍA JUDICIAL.

NOTICIAS GLOBALES, Año XV. Número 1035, 13/12. Gacetilla n° 1150. Buenos Aires, 15 abril 2012

1150) BRASIL: ABORTO POR VÍA JUDICIAL. Fuentes: Propias; Antonio Donato; EFE; ACI Prensa. Por Juan C. Sanahuja

Como en Argentina, el máximo tribunal de Brasil se expidió a favor del aborto. Sentencia del Supremo Tribunal Federal. Algunas peculiaridades del caso. Los obispos hablaron antes de la sentencia. Dilma se saca la careta

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) se expidió, el 12 de abril, sobre una vieja causa del año 2004, autorizando el aborto en casos de anencefalia. El expediente estaba caratulado como ADPF/54 (Argumentación de Incumplimiento de Precepto Fundamental número 54, acción judicial propuesta para liberar el aborto en caso de anencefalia fetal), (vid NG 666 y 676).

Tras un debate de dos días, los jueces que votaron a favor del aborto fueron: Marco Aurélio Mello, autor de la sentencia; Rosa Weber, Cármen Lúcia, Joaquim Barbosa, Luiz Fux, Carlos Ayres Britto, Gilmar Mendes y Celso de Mello. Los votos contrarios a la resolución correspondieron al presidente del STF, Cezar Peluzo, y a Ricardo Lewandowski. El juez José Antonio Dias Toffoli  se abstuvo, porque ya se había manifestado a favor del aborto de los bebés anencefálicos cuando era Abogado General de la Unión, el cargo de asesoramiento jurídico más importante del Poder Ejecutivo.

Hasta ahora, en Brasil se reconocían tres causales de aborto legal: protección de la vida de la mujer, violación e incesto.

Algunas peculiaridades del caso

Según los boletines pro-vida de Antonio Donato, el ministro (juez) Marco Aurélio de Mello, autor de la sentencia, había dado a conocer su opinión varias veces, es decir, había prejuzgado, lo que es inadmisible en un juez honesto. Por ejemplo, en un reportaje a la revista Veja, de Mello declaró que su intención en esta causa era sentar un precedente que permita en el futuro la liberalización del aborto en Brasil. En los comunicados de Donato se acusa a de Mello de “estar usando su cargo -en la más alta instancia judicial de la magistratura brasileña- como instrumento del activismo y la militancia política”.

La misma fuente indica que la acción judicial fue promovida por el Instituto de Bioética, Derechos Humanos y Género. Quienes ayudaron a crear, desde 1992, “casos testigos” a favor del aborto de los niños anancefálicos fueron, entre otros, el Dr. Thomas Gollop, obstetra de San Pablo, y otro conocido activista pro aborto, Dr. Aníbal Faundes del Centro de Atención Integral para la Salud de la Mujer, de Campinas y presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FIGO y FLASOG -Federación Latinoamericana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia-, (vid. NG 461,632, 726, 727, 749).

Los obispos hablaron antes de la sentencia

En los días previos a conocerse el fallo del Superior Tribunal se manifestaron en contra de permitir el aborto de los niños no-nacidos anancefálicos, instando a los ministros de la Corte a respetar el derecho a la vida, el Cardenal Odilo Pedro Scherer, arzobispo de San Pablo; Mons. Orani João Tempesta, arzobispo de Río de Janeiro; el arzobispo de Belém do Pará, Mons. Alberto Taveira; Mons. Fernando Arêas Rifan, obispo de la Administración Apostólica São João Maria Vianney de Río de Janeiro; Mons. José Antonio Peruzzo, obispo de Palmas-Francisco Beltrão; Mons. Dimas Lara Barbosa, arzobispo de Campo Grande y segundo vice-presidente del Consejo Episcopal Latino-americano (CELAM); Mons. Antônio Augusto Dias Duarte, obispo auxiliar de Río de Janeiro; Mons. Jacyr Francisco Braido, obispo de Santos; Mons. Airton José dos Santos, arzobispo de Campinas; y Mons. Henrique Soares Costa, obispo auxiliar de Aracaju.

La Conferencia Episcopal, con posterioridad a la sentencia, divulgó un comunicado en el que lamentó la decisión judicial y acusó al Supremo Tribunal Federal de haber usurpado la prerrogativa del Congreso Nacional de legislar, modificando, vía judicial, el Código Penal.

"Legalizar el aborto de fetos con anencefalia es descartar a un ser humano frágil e indefenso", dice además, la nota de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB).

En el mismo texto, el episcopado alegó que su defensa del derecho a la vida de los anencefálicos está basada en argumentos científicos y jurídicos, y reivindicó el derecho de la Iglesia de defender el derecho natural a la vida, ya que algunos de los magistrados del STF alegaron, ante los reclamos de los obispos, que Brasil es un “Estado laico”.

Dilma se saca la careta

Un día después del fallo, el gobierno brasileño anunció que aumentará el número de hospitales públicos capacitados para realizar abortos legales. “Hoy contamos con 65 hospitales habilitados por el Ministerio de Salud para realizar abortos legales, es decir los que la justicia autoriza. Y tenemos otros 30 hospitales que están siendo capacitados para que también puedan hacerlo”, anunció el ministro de Salud, Alexandre Padilha.

Hay que recordar, que faltando pocas semanas para las elecciones en las que fue elegida, ante la presión de algunos obispos y de los grupos pro-vida, la presidente Dilma Rousseff aseguró que no favorecería nuevas medidas a favor el aborto. Pocos creyeron en esa afirmación, ahora aparece más claro que esas declaraciones eran sólo por el afán de ganar votos. FIN, 15-04-12

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN VENEZUELA.

VENEZUELA

Luis Britto García

        En Venezuela los medios de comunicación crecen y se expresan sin cortapisas

        

Venezuela es uno de los países con mayor libertad de expresión en el mundo, tanto por la sostenida expansión de su sector de comunicaciones, como por la ausencia de restricción para los contenidos que éste difunde.


La más decisiva prueba de que el  Estado venezolano no viola el derecho de buscar, recibir y difundir información,  consta en las  decisiones de la propia Corte Interamericana de los Derechos humanos emitidas el día 28 de enero de 2009 en los dos casos relativos a los medios planteados ante ella.


La primera sentencia, relativa al caso Radio Caracas Televisión (RCTV), declara que:  ?No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 335 a 394 de la presente Sentencia?.


La segunda sentencia, relativa al caso GLOBOVISIÓN, declara en forma terminante que: ?No ha sido establecido que el Estado haya violado el derecho a buscar, recibir y difundir información, en los términos del artículo 13.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por las razones señaladas en los párrafos 366 a 369 de la presente Sentencia?.


Más adelante aportamos testimonios, extraídos textualmente de los medios de comunicación venezolanos, que respaldan irrefutablemente ambas sentencias y demuestran que desde ese entonces hasta el presente reina en Venezuela la más irrestricta libertad de expresión.


Los medios privados venezolanos crecen sin cortapisas


        Los medios privados venezolanos están en un proceso de sostenida expansión que desmiente la idea de que el Estado les imponga frenos o cortapisas. Citemos cifras contundentes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Para 2012 circulan 334 publicaciones periódicas; de ellas un centenar son cotidianos. La mayoría son abiertamente opositoras al Gobierno. Sólo dos guardan un relativo equilibrio en la información, según mediciones del comunicólogo opositor Marcelino Bisbal: Últimas Noticias  (Caracas)  y Panorama (Maracaibo). Apenas  tres (03) diarios, aparecidos en los últimos años, no son  opositores: Diario Vea, Correo del Orinoco, y Ciudad Caracas.



        Para 1998 funcionaban 331 emisoras de FM comerciales privadas y apenas 11 de servicio público. Para 2012 estas cifras casi se duplican: hay 499 emisoras FM comerciales, 83 de servicio público y 247 comunitarias. En 1998 emitían en señal abierta 36 televisoras comerciales y 8 de servicio público; para 2012 las cifras casi llegan al doble, pues funcionan 67 comerciales, 13 de servicio público y 38 comunitarias. Advirtamos que las emisoras comunitarias tienen alcance limitado a una parroquia o un distrito, y que su existencia a veces es efímera.


Este sostenido crecimiento de los medios de comunicación privados y su decisiva preponderancia tanto en número como en capacidad de emisión sobre los de servicio público, desmiente categóricamente el alegato  según el cual  el Estado venezolano ejercería  una hegemonía comunicacional o aplicaría  políticas que limitarían a los medios privados.



        Los medios venezolanos están en pocas manos

Pero el crecimiento cuantitativo de los medios no significa una democratización en su propiedad ni en la selección del contenido. En los medios privados más importantes en Venezuela opera una extrema concentración de la propiedad, tanto vertical como horizontal, en manos de una decena de familias. Estos grupos para 1986 controlaban cerca de 94% de la cobertura nacional de radio y televisión, y en oportunidades dominaban  diarios impresos. Los dueños de televisoras asimismo poseen las radioemisoras más importantes, y  paralelamente manejan empresas disqueras, agencias de asesoría de imagen, de publicidad y de relaciones públicas. Hasta 2006, sólo dos televisoras, Radio Caracas Televisión y Venevisión, controlaban el 75% de la factura publicitaria televisiva, se cartelizaban para ofrecer rebajas a los anunciantes que se abstuvieran de anunciar en otras plantas, y cobraban sus servicios con una sola firma, Sercotel.

Ataques al Poder Ejecutivo

En cuanto a la afirmación de que este complejo y creciente sistema de  medios difunde informaciones y sobre todo opiniones con la más absoluta libertad,  no hay mejor prueba que una antología del contenido reciente de algunas de las más importantes y difundidas publicaciones del país. Radios y televisoras replican y amplifican los mismos contenidos.

        
Para verificar el imperio de la más absoluta libertad de expresión basta dar un  somero vistazo a la prensa mas reciente. En su edición del 7 de febrero de 2012, El Nacional muestra en primera página una cerrada concentración de titulares tendientes a desacreditar a la administración. Así, a tres columnas antetitula ?Gobierno niega intención de sabotaje? para luego titular ?El PSUV prohíbe a sus militantes votar en primarias? y subtitular ?La amenaza es vista en la MUD como una muestra de temor?. En forma directa o indirecta, tildan así al gobierno de saboteador que amenaza y sufre ?temor?.  Abajo, el titular a dos columnas ?Olvidados por el padrino? se refiere ?a las 387 familias damnificadas que viven desde hace 15 meses en los sótanos del edificio Líder, en La Florida?, las cuales piden ?al padrino del refugio, el alcalde Jorge Rodríguez, los reciba y les mejore las condiciones que habitan?. Las autoridades, que han habilitado refugios para más de trescientos mil damnificados por las lluvias del año 2011, algunos en hoteles de lujo u oficinas públicas, son tratadas así como un ?padrino?, capo de mafia, que tendría a sus protegidos ?olvidados?.  Al lado, se titula una gráfica en diapositivo ?Con ingenio vencen la desidia?, para celebrar que un ciudadano haya colocado en una calle de Petare ?una instalación que alumbra las zonas de más peligro y las mantiene resguardadas del hampa?.  Se abre así un verdadero menudeo de titulares que perseveran en una campaña perenne para incrementar la percepción de la inseguridad del ciudadano ante el hampa. Por ejemplo, en la misma página: ?Inseguridad: Capturaron a 3 implicados en secuestro de embajador?. ?Tres detenidos: Un muerto en tiroteo por asalto a joyería en el Sambil?. Y ?Atienden hasta 50 partos diarios: Emergencia en Hospital de Maracay por muerte de 11 recién nacidos?. Como colofón: ?Piden diálogo: Empresarios rechazan que se vuelva al PVP?. Empresarios que rechazan  a priori una medida de control de precios piden diálogo: vale decir, debe ceder la otra parte.  En  medio, en un recuadro en verde que arroja dudas sobre si se trata de un titular noticioso o de propaganda, se afirma: ?Henrique Capriles Radonski: Nadie necesita vestir de un color para ser atendido? y ?Ruta a las primarias: Faltan 5 días?. Resumamos: en tan sólo una primera plana, a grandes titulares, se trata al gobierno electo, bien por denotación o por connotación, de ?saboteador?, ?amenaza?, culpable de ?miedo?, de  ?desidia?,  de ?padrino? que tendría a los ciudadanos ?olvidados?, sería incapaz de garantizar la seguridad y la salud pública, se mostraría  refractario al diálogo y, por implicación, para atender al ciudadano requeriría que éste debiera ?vestir de un color?. Ningún gobierno que restringiera la libertad de expresión permitiría una primera página como la reseñada.


Ataques al Poder Electoral

¿Esta libertad de expresión se limita a las primeras planas? Pasemos a la página 2 del mismo día y cotidiano. En ella se titula ?Estrategia: el oficialismo niega que planifique sabotear elecciones del 12-F? (Unas elecciones internas de la oposición para seleccionar su candidato).  Un subtítulo  resaltado denuncia: ?Miedo político? y especula: ?La amenaza del PSUV es vista como una muestra de miedo?.  En la misma página, a dos columnas: ?Peligra la democracia: Advierten que Chávez dará autogolpe?.  Al lado, también a dos columnas: ?Piden garantías para los electores?.  A la derecha de la misma página, en forma incongruente: ?Informe 2011: Reportan 94 agresiones a la libertad de prensa?. Un ?Grupo Andino de Libertad Informativa? reporta dicha cifra, sin explicar cómo pueden ocurrir tales violaciones en un país donde circulan cotidianamente semejantes titulares e informes, y mucho menos cómo se pueden publicar agresiones a la libertad de prensa en un país donde supuestamente ésta no existe.

  De nuevo resumimos: el gobierno planearía ?sabotear elecciones?, estaría poseído de ?Miedo político?, ?dará un autogolpe?,  sería culpable de ?agresiones a la libertad de prensa?. Son meras especulaciones gravísimas e infundadas, la mayoría sobre hechos futuros e inciertos. El  que sean cotidianamente publicadas sin obstáculos ni consecuencias es la prueba irrefutable de que en Venezuela existe la libertad de expresión más plena.

¿Se trata de una situación casual? Examinemos el mismo periódico un mes después, el 7 de marzo de 2012. En su página 2, un titular a seis columnas: ?El Gobierno fomenta la impunidad para generar miedo?. Otro titular, a cuatro columnas: ?Discurso del Ejecutivo aviva la violencia?. Y a dos columnas: ?Califican de atentado el suceso en Cotiza?, y ?Tavares denuncia amenazas por identificar a los oficialistas?. Tenemos así presentadas como noticias opiniones según las cuales el gobierno ?fomenta la impunidad?, ?aviva la violencia?, habría promovido un ?atentado? y proferiría ?amenazas por identificar a oficialistas?. Ningún gobierno que atentara contra la libertad de expresión dejaría publicar tal concentración de acusaciones sin pruebas y sin consecuencias.


Ataques al Poder Legislativo y Judicial

¿Esta libertad o más bien libertinaje de expresión, que muy pocos gobiernos democráticos tolerarían, la ejerce sólo El Nacional? La primera plana de El Universal del 2 de febrero de 2012 es una frontal agresión a cuatro columnas contra el Poder Legislativo: ?Alertan que mayoría de la AN aprobó una ´ley sapo´?. ?Sapo? es venezolanismo infamante por ?delator?; la mayoría parlamentaria, por extensión, lo sería. La quinta columna es una granizada de titulares contra los demás poderes: ?Solicitan que se garantice el suministro de energía el día 12 F?, lo cual sugiere que habría peligro de que el Ejecutivo la cortara durante las primarias de la oposición. ?Sin registro Electoral venezolanos en Australia, Madrid y Ciudad de Panamá? cuestiona al Poder Electoral. ?Capriles: El que en 14 años no ha bajado la delincuencia, no lo hará en 6 años? y ?Pérez: el Código Orgánico Procesal Penal no frenará el crimen ni el lenguaje violento del Presidente?. Así se cuestiona equitativamente al Poder Ejecutivo y al Judicial, omitiendo que los estados donde gobierna la oposición son justamente los que presentan mayor tasa delictiva.





Ataques al sistema de Defensa Nacional

Igual libertad para presentar opiniones o especulaciones como noticias impera en el resto de los medios. La primera página del diario Últimas Noticias del 15 de marzo de 2012  proclama que ?Hay 500 ´boliches´ armados?, que ?Guerrilla criolla compró 600 granadas al Cartel de La Guajira? y que ?Tienen escuela de combatientes, 11 casas-bases, imprenta y radio?. Los  llamados ´boliches´ serían una supuesta guerrilla bolivariana, sobre la cual en la página 16 se afirma sin pruebas que ?Boliches funcionan como la guerrilla colombiana ELN?, en prosecución del intento de vincular en alguna forma supuestos grupos que operarían en Venezuela con insurgentes foráneos. En todo el texto no se mencionan fuentes ni evidencias: lo único que prueba es, una vez más, la ilimitada libertad de expresión en Venezuela. En El Nacional de 7-2-2012, un titular de la página 2 prosigue la perpetua campaña para inculpar al gobierno electo venezolano como aliado de organizaciones guerrilleras: ?FARC: Uribe advirtió presencia de Timochenko?. El cuerpo de esta noticia señala que ?El ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez aseguró en noviembre de 2011 que el ahora jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko) y alias ´Iván Márquez´ estaban en territorio venezolano?. La información es extemporánea por cuatro meses, pero alegatos de tal género son útiles como coartada intemporal para invadir países, como ocurrió con la agresión de Colombia contra Ecuador.

Así como los medios critican encarnizadamente la supuesta debilidad de un sistema de Defensa que permitiría la presencia de insurgentes, igualmente  atacan los esfuerzos por fortalecerlo. El diario capitalino El Mundo titula el 20 de marzo de 2012, desplegado en toda la primera página ?Venezuela le gana a sus vecinos en compra de armas?, refiriendo a una adquisición excepcional de pertrechos en 2011. El cotidiano, por supuesto, no balancea la noticia informando sobre el contexto. Venezuela  mantiene un ejército de poco más de ochenta mil efectivos, al cual según el World Economic Outlook dedica en 2005 unos 1.477 millones de dólares, el 1,6% de un PIB del cual destina casi 9% a la Educación. La vecina  Colombia en 2007 mantiene 459.687 funcionarios destinados a labores de Defensa y Seguridad; y gasta anualmente en la guerra 6,5 % de su PIB, unos 22.000 millones de dólares anuales,  según los investigadores Juan Camilo Restrepo y Pedro Medellín (Semanario VOZ, edición 2427, cit. Por Álvaro Angarita: ?Crece el gasto militar. Guerra devora el presupuesto?; 27-2- 2008 www.geocities.com/vozxcol/voz.pdf).

Informaciones dirigidas a difundir pánico

Práctica usual de los medios venezolanos privados es la de difundir contenidos tendientes a crear pánico en la ciudadanía. Ya aludimos al graneo de titulares destinados a incrementar la sensación de inseguridad. Esta campaña no se limita a reseñar actos del hampa. A principios de febrero ocurre un derrame de petróleo en el río Guarapiche, en el estado Monagas, del Oriente del país. Para proteger a los ciudadanos, las autoridades cierran la planta de tratamiento de agua del Bajo Guarapiche y la mantienen más de cuarenta días así (Últimas Noticias, 15-3-2012, p.2).


Es la oportunidad para que la oposición convierta mediáticamente un accidente local en un pánico nacional. El 14 de marzo el gobernador opositor de Carabobo, Enrique Salas, declara  a Globovisión  que las autoridades distribuyen por el sistema de acueductos ?agua podrida?, que someten a tratamiento agua ?salubre? (sic) y pide declarar emergencia sanitaria en el centro del país porque ésta causaría ?el crecimiento del autismo?. Este inaudito descubrimiento clínico, que bien podría reportar el Premio Nobel para el funcionario, es la señal para otra persistente campaña destinada a convencer a la ciudadanía de que el líquido vital causa la muerte, sobre la cual citaremos apenas algunos ejemplos. Al día siguiente El Carabobeño titula ?Hiperkinesis y alzheimer por mala calidad del agua e Aragua y Carabobo?. El 15 de marzo el cotidiano Tal Cual agrava la campaña con el tinte racista en caricatura según la cual ?Basta de supremacía blanca: ahora tenemos aguas afrodescendientes?. El 15 de marzo Últimas Noticias titula a cuatro columnas la  página 2: ?Alertan sobre contaminación de embalses que surten a Caracas?, y el 19 de ese mes, en la misma página: ?En tela de juicio calidad del agua en Venezuela?. A la velocidad de las rotativas una campaña sobre un suministro de agua local en Orienta, vincula en el Centro en forma fantasiosa agua ?salubre? y autismo y Alzheimer, y se potencia hasta abarcar la capital y luego la totalidad del país.


Se comprenden los efectos que puede tener la divulgación de falsas noticias. En 1938 Orson Welles desató un pánico en Estados Unidos al difundir una versión radiofónica de La guerra de los mundos, de H.G. Wells. La policía no lo dejó concluir el programa. A fines de los años 60 los hippies desataron otro pánico amenazando verter LSD en el acueducto de Nueva York. El Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas el 21 de marzo debió ?INSTAR a los distintos medios de comunicación nacionales y regionales, tanto impresos como noticieros digitales, radio y televisión, actuar con extrema responsabilidad al momento de difundir cualquier tipo de información relacionada con la presunta contaminación de los cuerpos de agua cruda y potable, destinada al uso del consumo humano, que no haya sido debidamente avalados por un ?ORGANISMO TÉCNICO COMPETENTE PARA ELLO?. Y añade que ?esta exacción no puede entenderse como un mecanismo limitante de la libertad de expresión e información, si no por el contrario, reafirmar tales derechos al procurar que las informaciones tengan un aval científico que las revista de absoluta veracidad, tal como lo prevee el contenido del artículo 58 del Texto Constitucional según el cual ?toda persona tiene derecho a la información oportuna y veraz e imparcial´, so pena de incurrir en tipos penales, descritos por el legislador como hechos punibles que de alguna forma conlleven a crear pánico y zozobra en la ciudadanía?.

Entiéndase bien: la decisión sólo alerta contra la invención de noticias sobre el agua no avaladas por organismos técnicos competentes, y exhorta a cumplir normas constitucionales y penales. A este respecto, nuestro Código Penal dispone:

ART 296.A.?Todo individuo que por medio de informaciones falsas difundidas por cualquier medio impreso, radial, televisivo, telefónico, correos electrónicos o escritos panfletarios, cause pánico en la colectividad o la mantenga en zozobra, será castigado con prisión de dos a cinco años.

Si los hechos descritos en el aparte anterior fueren cometidos por un funcionario público, valiéndose del anonimato o usando para tal fin el nombre ajeno, la pena se incrementará en una tercera parte.

Este artículo será aplicado sin perjuicio a lo establecido en la legislación especial sobre los delitos informáticos, telecomunicaciones, impresos y transmisión de mensajes de datos.


Una vez más resumimos: ningún gobierno que coartara la libertad de expresión permitiría la divulgación de noticias o más bien de opiniones como las citadas, encaminadas a causar pánico en la comunidad. Los medios de comunicación en Venezuela gozan de la más amplia libertad de expresión, y en la actualidad siguen la misma línea que desde principios de siglo: critican abierta y la mayoría de las veces infundadamente  a todos los poderes del Estado, sin ser constreñidos ni sufrir consecuencias por ello.


Los medios en Venezuela funcionan como actores políticos



Para mejor valorar en su justa perspectiva esta situación de plena libertad de expresión, es oportuno señalar que por su parte los medios llevan adelante en forma persistente prácticas de violación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de sus leyes y de la ética del gremio periodístico.


Para probar estas prácticas, que son del dominio público, y cuya exposición rebasaría de los límites de esta audiencia, recurrimos a testimonios emitidos por los propios medios, por sus propietarios y sus comunicadores, recogidos en forma textual en el libro  Dictadura mediática en Venezuela: Investigación de unos medios por encima de toda sospecha (Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Caracas, 2008), que acompañamos como Anexo al presente alegato y del cual consignamos un ejemplar a cada uno de los miembros de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.



En el documento citado consta, en afirmaciones de los propios periodistas y propietarios, que en Venezuela los medios privados no actúan como comunicadores, sino como actores políticos, promueven en forma consistente la antipolítica e intentan suplantar a los partidos (pp.308-314). Que incitan de manera pertinaz a la discriminación étnica y racial, la guerra civil, el magnicidio y la  deposición violenta del gobierno legítimo (pp. 309).


Los medios fueron cómplices y ejecutores de un golpe de Estado


Consta asimismo en testimonios citados textualmente en dicho libro que para el año 2002, a excepción de dos diarios con cierto grado de equilibrio, los medios predicaron abiertamente el derrocamiento del gobierno legítimo, mintieron que éste habría disparado contra una manifestación, mintieron que el Presidente había renunciado, colaboraron con su tecnología superior en el corte de comunicaciones que lo derrocó, pactaron con la dictadura la entrega de los órganos de control de las telecomunicaciones, llamaron a la delación contra los partidarios del gobierno democrático, difundieron entusiásticamente sus detenciones y ocultaron con un apagón comunicacional los movimientos populares que en definitiva restablecieron el gobierno legítimo (Op. Cit. pp. 45 -103).


      Ni el presidente electo ni sus funcionarios aplicaron ninguna sanción: Desde el 2 de diciembre de 2002 hasta marzo de 2003 los medios privados en Venezuela se encadenaron 24 horas diarias en una saturativa cadena de llamamientos a derrocar el gobierno legítimo, de apoyo a un cierre patronal de empresas, al sabotaje de la industria petrolera y a la desobediencia tributaria. La falta de apoyo popular a esta agresión comunicacional de una duración nunca vista en el mundo determinó su fracaso, sin que de nuevo las autoridades ejecutaran  sanción alguna (Op.cit. pp 140-155).


Los medios venezolanos no se consideran obligados a ser veraces ni imparciales

Para sustentar tales políticas los medios han dejado de lado la veracidad, objetividad, imparcialidad y equilibrio que debe caracterizarlos. Para justificarlo, el doctor Pedro Nikken sostiene en la audiencia de 27 de marzo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que ?nadie sabe lo que es la verdad?. Es la pregunta de Pilatos, y cada vez que la hace un agente del Imperio, sale crucificado un inocente. Si verdaderamente tuviera dudas, el doctor Nikken no debería acudir ante una Corte Interamericana para que legitime como verdad judicial una verdad que él mismo dice ignorar, y los medios opositores venezolanos a los cuales representa deberían abstenerse de presentar como verdades la granizada de mentiras que constantemente esgrimen contra el gobierno democrático de Venezuela.

Lo cierto es que de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ?La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes?. Por tanto, nadie puede en Venezuela emitir información inoportuna, falsa y parcializada, ni pretender que como desconoce la verdad, está libre de los deberes y responsabilidades que indique la ley.

Para evidenciar que gran parte de los medios en Venezuela no se consideran obligados a proporcionar información veraz, imparcial y oportuna, citamos opiniones textuales de comunicadores  de la propia oposición y de observadores foráneos. El reportero Roberto Giusti declara: ?Me pregunto si a la hora de exigirnos objetividad lo que quieren en el fondo es silencio cómplice, babosa obsecuencia, la entrega incondicional o la renuncia? (Laura Weffer: ?Roberto Giusti: es necesario ir más allá de la objetividad?, El Nacional,  26-6-03, A-5). El opositor Manuel Isidro Molina apunta que ?los medios deben volver a ser espacios plurales y éticos, sin manipulaciones, censura ni tergiversaciones politiqueras. Y deben salir del dispositivo neoliberal que los viene animando?. (?La rectificación mediática tiene que ser valiente, sincera y honesta?, La Razón, 3-11-02, A-5).

Patrick Butler, para 2003 vicepresidente del Centro Internacional de Periodistas, sostiene que  ?no está haciendo un periodismo independiente sino partidario, que no trata de informar al público sino de convencer al público para cambiar un gobierno.? (Marianela Palacios: ?Universidades abogan por un periodismo ético?, El Nacional 26-6-03, A-5). El británico Phillip Gunson, para 2003 presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros, declara que: ?El periodismo venezolano está tan polarizado como cualquier otro aspecto de la vida nacional. Muchos periodistas, editores y dueños de medios parecen pensar que esto es no sólo inevitable, sino hasta deseable, que la llamada imparcialidad es una meta inalcanzable y hasta absurda en medio de esta  coyuntura, que a la imparcialidad hay que tirarla por la borda porque así lo exigen las circunstancias?. (Marianela Palacios: ?Periodismo en tiempos de crisis?, El Nacional,  27-6-03, A-8). Y  según apunta el analista del Consejo para Asuntos Hemisféricos Larry Byrns: ?Los medios venezolanos no reportan sucesos, ayudan a crearlos. Su punto de vista se encuentra no sólo en la página editorial, sino en todas y cada una de las columnas de sus periódicos, en escandalosa contradicción con todo sentido y responsabilidad profesional? (Temas, Caracas, 16-1-03, p. 13).

Los propietarios de los medios vetan, censuran y explotan a los comunicadores

Estas políticas, ordenadas por los dueños de los medios, no necesariamente cuentan con la aprobación de los comunicadores ni les garantizan un trabajo digno y estable. En remitido que el diario El Nacional se negó a publicar, el sindicato de ese diario exige: ?Basta ya de manipular a los trabajadores de los medios de comunicación para exponernos como responsables de las líneas informativas de los mismos, los dueños de los medios deben aceptar que son un poder y que por consiguiente tienen una responsabilidad social no sólo con sus trabajadores sino con toda la sociedad venezolana (?)? (9-6-2002. www.antiescualidos.com.).

Sorprende por ello que organismos gremiales como el Colegio Nacional de Periodistas o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en lugar de democratizar su funcionamiento y defender a sus agremiados contra los patronos, hagan causa común con éstos a la hora de cursar falsas acusaciones contra Venezuela. El Colegio pasó diez años sin elegir nuevas autoridades; ni él ni el SNTP movieron un dedo contra los masivos despidos de cerca de medio millar de comunicadores que siguieron al fracaso del paro patronal de 2002 y 2003, y que desde entonces no han cesado. Tampoco  adoptaro una sola medida contra la crónica inestabilidad laboral y la falta de seguridad social que aqueja a sus afiliados gracias a las prácticas de tercerización, ni contra la permanente censura y el veto que se ejerce sobre los profesionales que disienten de los propietarios. Sobre estas materias rige el criterio que la ?Defensora del lector? Alba Sánchez consigna en El Nacional del 8-10-2002 legitimando el veto contra colaboradores expulsados del diario: ?No basta con ser buenos con la escritura o desarrollar ideas brillantes (lo cual también importa), sino que sus textos tienen que gustarle además de a los lectores, a los directivos del periódico, a sus comités editoriales, a sus directores o a sus dueños (?). Obviamente los ?ungidos? dejan de serlo cuando los antes mencionados lo deciden?.

Visto lo cual, todavía más sorprende que la presidenta del CNP, en lugar de atender a precaria  situación laboral de sus agremiados, alegue ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que los comunicadores venezolanos son inducidos a la ?autocensura? mediante ?dispositivos de temor?. Si hay ?autocensura? en medios que no se consideran obligados a ser veraces, es impuesta por ?los directivos del periódico, sus comités editoriales, sus directores o sus dueños?, según confiesa Alba Sánchez. Ni un solo comunicador venezolano ha dejado de sentir estos mecanismos patronales, sobre los cuales CNP y SNTP guardan el más cómplice silencio, quizá por no dejar de ser ?ungidos? a su vez por los propietarios.

Los medios son la principal fuente de las denuncias ante la CIDH

Como otra prueba de la libertad de expresión integral de que se disfruta en Venezuela, señalamos el hecho de que la mayoría de las denuncias interpuestas por Organizaciones no Gubernamentales ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,  y que ésta por lo regular cursa sin mayor verificación como acusaciones ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se fundan única y exclusivamente en notas de prensa, que a menudo no aportan precisiones sobre personas, lugar, fecha ni hechos.








En repetidas oportunidades hemos criticado esta conducta, ya que viola los principios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 46 pauta que ?Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá (?) d. que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición?.

        Y en repetidas ocasiones también hemos exigido a la Comisión que se ajuste a su jurisprudencia, que ella misma cita en sus informes, según la cual los funcionarios públicos (de organismos nacionales o internacionales) ?están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos?.

        Pero si la Comisión  funda sus decisiones esencialmente en alegatos basados en notas de prensa de los medios venezolanos, los cuales explícitamente rechazan el deber de veracidad y de objetividad (y que son una fuente que ningún órgano jurisdiccional digno de tal condición acepta por si sola como prueba), confiesa con ello que en su propio juicio dichos medios informan y opinan sin cortapisas ni limitaciones sobre lo que sucede en Venezuela, y confirma con tal práctica que en nuestro país existe la más plena y total  libertad de expresión.

Cerramos estas consideraciones con un llamamiento para que la Comisión Interamericana revise sus inveteradas prácticas de aceptar y dar curso irreflexivamente a todo tipo de denuncias sobre violación de Derechos Humanos en casos en los cuales no se ha agotado la jurisdicción interna, en los cuales no se precisan nombres, lugares, fechas ni pruebas, en los cuales meramente se efectúan especulaciones sobre posibles hechos futuros e inciertos, y sobre todo, basados única y exclusivamente en notas de prensa de medios que  según sus propias declaraciones no se consideran obligados a respetar la objetividad, la veracidad ni la imparcialidad,  y que no representan más que la opinión interesada y parcial de reducidos grupos de propietarios.

Sobre el particular, la Comisión debe tener muy en cuenta las críticas formuladas por los representantes de Brasil, Bolivia, Ecuador, México y Perú  que constan en el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana, de 13 de diciembre de 2011. No sólo se trata de un nutrido grupo de países que formulan críticas al desempeño de esta Comisión: en conjunto, representan cerca de la mitad del territorio y de la población de América Latina y el Caribe. Los pueblos de estos países, así como los gobiernos democráticos legitimados por el voto de ellos, merecen la consideración y el respeto que tales prácticas vulneran de manera continua: también son titulares de Derechos Humanos, y no se debe los debe considerar incapaces de defenderlos cuando quienes los vulneran son empresas o empresarios.

Por estas muestras de los medios que hemos citado la veracidad y la imparcialidad no se divisan, pero sí se divisa que la libertad de expresión en Venezuela es quizá la más plena del mundo.