| PERÚ-MINERÍA |
| Los pobladores demandan a los representantes gubernamentales que el Estado indemnice a las familias de las personas muertas durante el conflicto minero iniciado en mayo pasado contra la instalación de la empresa Xstrata Tintaya. |
Las conversaciones comenzaron este jueves en Espinar con la participación del alcalde local, Óscar Mollohuanca, y la presencia de dirigentes sociales.
En representación del Ejecutivo peruano estuvieron presentes el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, y sus pares de Agricultura, Energía y Minas y Salud.
Ante esta comitiva, los habitantes de Espinar también demandaron el cese del estado de emergencia en esa localidad y el desbloqueo de las cuentas del municipio.
Por su parte, el alcalde Mollohuanca priorizó abordar la problemática minero-ambiental de la zona antes que analizar las propuestas de obras públicas traídas por la delegación gubernamental.
Vale recordar que Óscar Mollohuanca estuvo detenido durante 10 días por apoyar las manifestaciones contra la empresa minera Xstrata Tintaya en Espinar.
Por otra parte, los dirigentes sociales que participan de la mesa de diálogo plantearon la propuesta de un monitoreo permanente de la contaminación causada por la actividad minera en la provincia surandina.
Además, exigen que la empresa Xstrata indemnice a la comunidad por los daños causados y un pago de mayores utilidades destinadas a la provincia.
Las protestas antimineras en Espinar comenzaron el pasado 21 de mayo. El conflicto derivó en la declaración del estado de emergencia en esa región por parte del Gobierno peruano.
La represión a la protesta ambiental dejó 2 activistas muertos y una veintena de detenidos. También fueron arrestados distintos líderes sociales. (PÚLSAR)
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"La balanza está inclinada.Enderezarla depende de usted".
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viernes, 22 de junio de 2012
Gobierno peruano dialoga con dirigentes sociales de Espinar.
martes, 19 de junio de 2012
Reclaman en Perú garantías gubernamentales contra la contaminación.
| PERÚ-MINERÍA |
| Fue el pedido de las organizaciones sociales de la provincia de Espinar para instalar un diálogo con el Gobierno nacional tras las manifestaciones en esa región contra la instalación de la minera Xstrata Tintaya. |
El Frente de Defensa de Espinar y los alcaldes regionales anunciaron la posibilidad de iniciar las conversaciones el próximo jueves.
Para lograr el acercamiento, las autoridades provinciales reclamarán ante representantes del Gobierno nacional el cumplimiento de garantías contra la contaminación en la sureña localidad peruana.
Según los pobladores de Espinar, dicha contaminación es producto de la actividad de la empresa minera Xstrata Tintaya. Acusan a esa compañía de contaminar 2 ríos.
A la espera de concretar el diálogo del próximo jueves, los representantes provinciales postergaron una reunión con la transnacional minera en la que le exigirían el pago de mayores utilidades destinadas a la provincia.
En el postergado encuentro, las autoridades locales también señalarían a la empresa su obligación de controlar la contaminación ambiental en la zona.
Vale recordar que las protestas antimineras en Espinar comenzaron el pasado 21 de mayo. El conflicto derivó en la declaración del estado de emergencia en esa región por parte del Gobierno peruano.
La represión a la protesta ambiental dejó 2 activistas muertos y una veintena de detenidos. También fueron arrestados distintos líderes sociales.
El alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, había sido detenido por apoyar las manifestaciones contra la minera Xstrata Tintaya. Tras ser liberado luego de 10 días señaló que su detención fue "injusta y arbitraria". (PÚLSAR)
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miércoles, 30 de mayo de 2012
Gobierno peruano declara emergencia en provincia por violentas protestas
PERÚ
La medida tendrá una vigencia de 30 días en que se suspenden las garantías constitucionales referentes a la libertad y seguridad personal, así como la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, según el decreto.
martes 29 de mayo de 2012
ESPINAR, Perú.- Un campesino peruano se enfrenta a la policía con una onda en Espinar, departamento del Cuzco, durante el paro indefinido contra la minera suiza Xstrata por daños ambientales.
Lima. - El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en la provincia de Espinar, región Cusco (sureste), y la policía asumirá el orden interno ante las violentas protestas contra la minera suiza Xstrata, a la que acusan de contaminar, con saldo dos muertos y varios heridos.
"El Gobierno declara el estado de emergencia en la provincia de Espinar, región Cusco, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población y el libre tránsito en esa zona del país ante las violentas protestas que dejaron dos muertos y un fiscal secuestrado", afirmó el primer ministro, Óscar Valdés, indicó AFP.
La medida tendrá una vigencia de 30 días en que se suspenden las garantías constitucionales referentes a la libertad y seguridad personal, así como la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, según el decreto.
Valdés, que estaba acompañado de los ministros del Interior, Wilver Calle, de Energía y Minas, Jorge Merino, y del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó que la medida se tomó debido a que "no se trata de una movilización pacífica, es gente extremista que está atacando a la autoridad policial".
El fiscal Héctor Herrera, "que había sido retenido por los manifestantes, fue puesto en libertad durante la noche y llegó en buen estado a una estación policial", dijo a la radio RPP Elizabeth Ortiz, presidenta de los fiscales de Cusco.
El Primer Ministro invocó a la población de Espinar a que cesen los actos de violencia para dialogar con el gobierno a fin de encontrar soluciones a sus reclamos, aunque fue categórico: "el gobierno se mantendrá firme en su decisión de defender a la población ante los violentistas".
Las protestas -que se iniciaron hace ocho días- dejaron el lunes "dos civiles muertos, 50 personas heridas, entre ellas 30 policías, y el secuestro del fiscal provincial de Espinar, Héctor Herrera", había informado Calle más temprano.
El ministro del Interior explicó que las protestas comenzaron muy temprano y que los manifestantes llegaron a los alrededores del campamento de la minera Xstrata, de capitales suizos, en 10 vehículos con la intención de tomar el campamento.
Luego comenzaron la manifestación lanzando piedras y colocando troncos en la carretera que conduce hacia el Cusco y conecta con la sede de la minera, dijo Calle.
Las autoridades regionales de Espinar acusan a Xstrata de contaminar los ríos Salado y Cañipía, y exigen un estudio ambiental de ambos afluentes. También exigen el aumento de 3% a 30% del aporte voluntario de las utilidades anuales de la minera.
El grupo suizo Xstrata dijo el martes en un comunicado que respeta las normas medioambientales en Perú. "Nuestras actividades son conformes a las obligaciones definidas por la ley. Esto ha sido probado por diversos procesos de vigilancia realizados por las agencias competentes", precisó el grupo de Zoug (centro de Suiza).
Xstrata, que se mostró sin embargo dispuesto a llevar a cabo estudios adicionales para responder a los temores de la población, indicó "trabajar con las autoridades nacionales y regionales para establecer un diálogo con las personas implicadas en las manifestaciones para buscar una solución y restablecer la paz y el orden en la provincia".
Con respecto al aporte voluntario de las utilidades anuales, Xstrata afirmó haber "expresado públicamente su voluntad de mejorar el acuerdo marco" que regula el ingreso del aporte.
Los enfrentamientos se suceden desde el 21 de mayo y han dejado hasta el momento 70 heridos, 12 de ellos de consideración, dijo a la prensa el coronel Gastón Rodríguez, jefe policial de Cusco.
Del lado de los pobladores, los heridos suman 42, algunos en estado grave, por efecto de perdigones disparados por la policía, informó Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de Espinar.
Antes, Valdés había responsabilizado a "grupos radicalizados que mantienen una posición ultra" de liderar las protestas y negarse al diálogo.
La fiscalía presentó denuncias contra 58 personas, entre autoridades y dirigentes sindicales, por entorpecer el funcionamiento de servicios públicos y el bloqueo de rutas.
martes 29 de mayo de 2012
Lima. - El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en la provincia de Espinar, región Cusco (sureste), y la policía asumirá el orden interno ante las violentas protestas contra la minera suiza Xstrata, a la que acusan de contaminar, con saldo dos muertos y varios heridos.
"El Gobierno declara el estado de emergencia en la provincia de Espinar, región Cusco, con la finalidad de salvaguardar la seguridad de la población y el libre tránsito en esa zona del país ante las violentas protestas que dejaron dos muertos y un fiscal secuestrado", afirmó el primer ministro, Óscar Valdés, indicó AFP.
La medida tendrá una vigencia de 30 días en que se suspenden las garantías constitucionales referentes a la libertad y seguridad personal, así como la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, según el decreto.
Valdés, que estaba acompañado de los ministros del Interior, Wilver Calle, de Energía y Minas, Jorge Merino, y del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, afirmó que la medida se tomó debido a que "no se trata de una movilización pacífica, es gente extremista que está atacando a la autoridad policial".
El fiscal Héctor Herrera, "que había sido retenido por los manifestantes, fue puesto en libertad durante la noche y llegó en buen estado a una estación policial", dijo a la radio RPP Elizabeth Ortiz, presidenta de los fiscales de Cusco.
El Primer Ministro invocó a la población de Espinar a que cesen los actos de violencia para dialogar con el gobierno a fin de encontrar soluciones a sus reclamos, aunque fue categórico: "el gobierno se mantendrá firme en su decisión de defender a la población ante los violentistas".
Las protestas -que se iniciaron hace ocho días- dejaron el lunes "dos civiles muertos, 50 personas heridas, entre ellas 30 policías, y el secuestro del fiscal provincial de Espinar, Héctor Herrera", había informado Calle más temprano.
El ministro del Interior explicó que las protestas comenzaron muy temprano y que los manifestantes llegaron a los alrededores del campamento de la minera Xstrata, de capitales suizos, en 10 vehículos con la intención de tomar el campamento.
Luego comenzaron la manifestación lanzando piedras y colocando troncos en la carretera que conduce hacia el Cusco y conecta con la sede de la minera, dijo Calle.
Las autoridades regionales de Espinar acusan a Xstrata de contaminar los ríos Salado y Cañipía, y exigen un estudio ambiental de ambos afluentes. También exigen el aumento de 3% a 30% del aporte voluntario de las utilidades anuales de la minera.
El grupo suizo Xstrata dijo el martes en un comunicado que respeta las normas medioambientales en Perú. "Nuestras actividades son conformes a las obligaciones definidas por la ley. Esto ha sido probado por diversos procesos de vigilancia realizados por las agencias competentes", precisó el grupo de Zoug (centro de Suiza).
Xstrata, que se mostró sin embargo dispuesto a llevar a cabo estudios adicionales para responder a los temores de la población, indicó "trabajar con las autoridades nacionales y regionales para establecer un diálogo con las personas implicadas en las manifestaciones para buscar una solución y restablecer la paz y el orden en la provincia".
Con respecto al aporte voluntario de las utilidades anuales, Xstrata afirmó haber "expresado públicamente su voluntad de mejorar el acuerdo marco" que regula el ingreso del aporte.
Los enfrentamientos se suceden desde el 21 de mayo y han dejado hasta el momento 70 heridos, 12 de ellos de consideración, dijo a la prensa el coronel Gastón Rodríguez, jefe policial de Cusco.
Del lado de los pobladores, los heridos suman 42, algunos en estado grave, por efecto de perdigones disparados por la policía, informó Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de Espinar.
Antes, Valdés había responsabilizado a "grupos radicalizados que mantienen una posición ultra" de liderar las protestas y negarse al diálogo.
La fiscalía presentó denuncias contra 58 personas, entre autoridades y dirigentes sindicales, por entorpecer el funcionamiento de servicios públicos y el bloqueo de rutas.
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