COLOMBIA
No puede existir la llamada "neutralidad" ante un enemigo como el estado colombiano,
sostiene el autor de este importante documento.
por José Antonio Gutiérrez D.
?No puede observarse la lucha de clases a través de los vitrales de una catedral, ni a través de las leyes de los capitalistas?
(William ?Big Bill? Haywood, 1910)
?Chen Gen Kat Pat, Men Se Yon Sel Wout Li Fe?
(El perro tiene cuatro patas, pero puede ir sólo en una dirección. Proverbio haitiano)
Sin lugar a dudas que la afirmación de Marx de que ?Todo lo sólido se desvanece en el aire? cae como anillo al dedo al régimen presidido por Juan Manuel Santos, que hace un año parecía casi inexpugnable, la maquinaria de consenso más impresionante que había vivido Colombia desde la instauración del Frente Nacional en 1958. Hoy, el santismo está acosado por las múltiples crisis del sistema de salud y educativo, por fuertes diferencias en su seno que han resquebrajado la Unidad Nacional, por el descrédito generalizado de las instituciones y una falta de credibilidad ante una población frustrada a la cual se le prometió mucho, sin que ninguna de las propuestas demagógicas hayan sido hasta ahora implementadas de modo sustancial. Ni en el campo de la restitución de tierras, ni en el campo de las víctimas, ni en el campo de la paz, ni mucho menos en el campo de la ?prosperidad? el gobierno ha cumplido en lo más mínimo. El régimen ha comenzado a enfrentar un desgaste generalizado, a la par que el ciclo de luchas populares abierto a finales del 2008, ha seguido acumulando fuerzas: dos victorias para el campo popular, como son la derrota de la reforma al sistema educativo a fines del año pasado, y la derrota a la reforma a la justicia por una ola de indignación ciudadana hace apenas unas semanas, son prueba de ello. A su vez, el fracaso de la Marcha Guerrerista de Diciembre del 2011, con la cual se pretendía alinear el consenso de la población en torno al escalamiento del conflicto, sonprueba del creciente agotamiento de la Unidad Nacional como fórmula de gobierno. La actual agitación en el Cauca plantea otro escenario importante de la crisis que enfrenta el régimen santista.
La realidad del conflicto en el Cauca
Con el asesinato del comandante fariano Alfonso Cano, en Chirriadero, Norte del Cauca, en Noviembre del 2011[1], la oligarquía pensó que ?el fin del fin? estaría cerca, que el Cauca se ?pacificaría? y que la guerrilla, desmoralizada, se desmovilizaría a raudales. En realidad nada de eso ocurrió, y antes bien, una victoria militar del régimen se convirtió en una derrota política, pues pareciera que, como han afirmado varios guerrilleros, la muerte de su máximo comandante reforzó su moral y convicción. Tal pareciera ser la conclusión lógica que se desprende del escalamiento del conflicto en el Cauca, particularmente en el Norte y en el Oriente del Departamento[2]. Desde comienzos de Julio, ha habido una seguidilla de hostigamientos y enfrentamientos en toda la zona del Norte del Cauca: Toribío, Jambaló, Caloto, Corinto, Argelia. Un comunicado de la Columna Jacobo Arenas de las FARC-EP, fechado el 12 de Julio, plantea que en los pasados 12 días desarrollaron 32 acciones militares en el Norte del Cauca[3], lo cual demuestra la renovada capacidad de acción de la insurgencia y la eficiencia político-militar de la estructura adelantada por Alfonso Cano antes de su asesinato. La estrategia insurgente en el Cauca, que se extiende por todo el país y es parte de las orientaciones del movimiento guerrillero desde el 2009, se basa en la ?utilización de los accidentes geográficos para sorprender al enemigo, el camuflaje en todas sus formas imaginables y el ataque permanente como mejor estrategia defensiva han permitido a los insurgentes mantener una iniciativa feroz en la región. Como repiten una y otra vez los generales, son grupos muy pequeños que hostigan día y noche a la tropa (?) El impacto sobre la moral de los soldados es evidente, hasta el punto que se refieren a la región como ?el infierno caucano?. Para todo el mundo está claro que las FARC han hecho del Cauca su nueva Marquetalia.?[4]
Marzo-abril 1988: Se realiza la 2ª Cumbre de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en Casa Verde, campamento central de las FARC-EP. Entre las banderas guerrilleras se puede ver al extremo izquierdo la verde, blanca y roja de Quintín Lame, insurgencia indígena del Cauca.
Pero la insurgencia ha logrado combinar hábilmente estos pequeños destacamentos guerrilleros (las Unidades Tácticas de Combate) conocedores del terreno y que cuentan con la confianza de un sector importante de la población, para enfrentar fuerzas concentradas muy superiores[5]. Como lo relata un reportaje de Semana, describiendo un combate en Toribío:
?No fue el típico hostigamiento de dos o tres milicianos de civil que disparan un tiro o lanzan una pipeta y se camuflan en una casa. Fue un ataque protagonizado por grupos de guerrilleros uniformados que la fuerza pública no pudo repeler por tres días, ?con 15 puntos de fuego? contra el pueblo desde los cerros cercanos, según lo describió un oficial. Al menos uno de esos grupos, según los pobladores del lugar y varios militares que lo combatieron, tenía 30 integrantes.?[6]
El 11 de Julio, Santos llegó a Toribío para realizar un consejo de Ministros en el cual anunció que no se desmilitarizaría ni un solo centímetro del Cauca[7], afirmando además que el Estado tenía el control del Departamento. Como telón de fondo, se escuchaban ráfagas de la insurgencia y caía derribado un avión Super Tucano en el Plateado, en Jambaló. Si bien el gobierno desmiente que haya sido derribado por la insurgencia, las FARC-EP no solamente afirman haberlo derribado sino que revelaron videos de pruebas de misiles tierra-aire artesanales, de elaboración autóctona, realizados en el Municipio de Suárez, Cauca, a finales del pasado año[8]. No es necesario insistir en la importancia que la elaboración de estos misiles tendría para el destino militar de la guerra en Colombia, dado que la estrategia militar del Estado se ha sustentado, desde los inicios del Plan Colombia, en la superioridad militar otorgada por el poderío de fuego aéreo[9].
El presidente llegó, rodeado de 70 cortesanos, en un helicóptero, porque todas las rutas de acceso estaban en manos de la insurgencia, que instaló varios retenes desde los cuales algunos comandantes farianos adelantaron improvisadas conferencias de prensa con los reporteros que se aventuraban por los caminos y decían a quienes pasaban en vehículos, luego de chequearlos ?Díganle al presidente que para llegar a Toribío tuvieron que pasar por un retén del frente sexto de las Farc?[10]. Claramente, el control de la situación era una fantasía imposible de sostener.
Indignación Indígena
El consejo de Ministros de Santos en Toribío fue una clara muestra del autismo tradicional de la clase dominante colombiana, que viajó a una comunidad rural, alejada, para reunirse solamente entre ellos, entre gente que no tenía necesidad de viajar al Cauca ya que podrían perfectamente haberse reunido en Bogotá. Al movimiento indígena y a los campesinos se les ignoró completamente. Es por ello que los indígenas y la mayoría de la población en lugar de sumarse a un circo en el cual solamente podían ser espectadores, prefirieron manifestarse con una pared de abucheos contra la cual se estrelló el ?país político?. Denunciaron el hecho de que nadie mandó llamar a Santos y que éste no les consultó nada.
En una línea tan propia de lo que ha sido la política social del santismo, es decir, sin ninguna consulta a las comunidades sobre sus necesidades y sin tener en cuenta en absoluto sus demandas, el mandatario anunció un programa de inversión de $500.000.000.000 (unos 278 millones de dólares); sobre este programa, las propias organizaciones indígenas se han mostrado reacias a creer en palabras hermosas que rara vez se traducen en realidad, temiendo que de esta inversión nada terminará en manos de los campesinos ni de los indígenas, sino que estará al servicio de las locomotoras del Plan de Desarrollo Nacional, fundamentalmente de la expansión de los agronegocios y de las actividades minero-extractivas. A la vez, se sigue aumentando el pie de fuerza y la militarización de la región[11]. El mismo nombre dado por Santos al programa, ?Plan Cauca?, revela que está diseñado desde una perspectiva más militar que otra cosa (o cívico-militar, como se dice en la jerga del poder).
La indignación indígena pronto se tradujo en una masiva movilización en contra de tropas de la Tercera Brigada del Ejército acantonadas en el Cerro Berlín, en Toribío[12]. Esta movilización fue parte de un ultimátum que ya habían dado los indígenas para que los soldados se retirasen de un sitio que consideraban sagrado, y se sumó a las acciones que ya antes se habían desarrollado en el Norte del Cauca, en la vereda de Monterredondo en Miranda, contra la base militar de Tres Cruces, que se planea instalar en esa zona. Allí, miles de campesinos e indígenas desde el 8 de Junio vienen ocupando los predios destinados a servir a la Brigada Móvil No. 28 de la Tarea Conjunta Apolo, fuerza contrainsurgente de élite que opera en la región[13].
En una clara muestra de las posibilidades de resistencia frente al militarismo por parte de la acción directa de masas de un pueblo organizado y decidido, el 17 de Julio, 500 guardias indígenas, apoyados por unos cuatro mil indígenas de las comunidades, lograron expulsar a 100 soldados del Cerro Berlín, sacándolos a la rastra mientras algunos de ellos lloraban de impotencia como chiquillos al verse sobrepasados, en una imagen diametralmente opuesta a la tradicional violencia, prepotencia y agresividad con que se relacionan con las comunidades[14]. Estas imágenes fueron utilizadas hábilmente por los medios colombianos, siempre al servicio del militarismo y de la defensa del status quo, para decretar unilateralmente la ?indignación? de todos los colombianos ?de bien? por la ?agresión? contra ?su? ejército. Como lo denunció amargamente el profesor caucano Fabián Moreno: ?Quizás un Estado de furor mediático sea el que haya llevado a la prensa colombiana en conjunto a registrar con ímpetu la acción de desalojo que ejerció la Guardia Indígena contra los militares dispuestos en el cerro Berlín de Toribío (Cauca). El Espectador tituló: ?Desplazados?; Noticias Caracol destacó la imagen del sargento Rodrigo García llorando y al final concluyó con que ?los colombianos están indignados?. El Tiempo, fiel a su estilo (el de defender el statu quo), realzó en primera página las palabras del presidente Santos que se refirió al hecho con la despótica frase: ?Todo tiene un límite??[15].
La ?ley y el orden? se impone con gases y metralla
Que los soldados no hayan herido a ningún indígena durante su desalojo fue más una muestra de impotencia e incapacidad de reacción, que de ?grandeza? como quisieron mostrarlo en los medios. Esto fue señalado claramente por el general Jorge Humberto Jerez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Apolo, quien dijo ?Tengo en esta montaña a suficientes soldados para combatir a la guerrilla, pero para enfrentar a más de 1.000 indígenas no son suficientes?[16].
La supuesta ?agresión? fue desvergonzadamente exagerada como lo denunció el propio gobernador de Toribío: ?No fue confrontación, simplemente fue un forcejeo entre un guardia indígena con un sargento, principalmente por las palabras. Insultos de uno y otro lado. Se cometieron errores de pronto en los guardias, al tratar de presionar para que se salieran rápido. Hubo disparos. El soldado trató de disparar a los pies, después los otros dispararon. Algún soldado bulloso decía que nosotros les habíamos disparado primero, ¿pero con qué armas??[17]. Sin embargo, los medios mostraron al victimario (Ejército) como víctimas de la irracionalidad y el salvajismo ?propio? de los indios.
Los medios se encargaron así de preparar anímicamente el terreno para la retoma del Cerro Berlín el día 18 de Julio por parte de varios cientos de efectivos del ESMAD que llegaron en helicópteros, disparando balas, perdigones, arrojando gases y papas bombas. Mientras las guardias indígenas no hirieron a ningún soldado y los sacaron cargándolos, los efectivos del ESMAD, sus rostros cubiertos con máscaras anti-gases que recordaban aterradoras imágenes de la Primera Guerra Mundial, hirieron a 35 indígenas con perdigones, esquirlas, bombas lacrimógenas[18]. Todo esto, mientras Santos amenazaba, a través de Twitter a los indígenas, hablándoles como a niños chiquitos, con un paternalismo francamente colonial: ?No quiero ver a un solo indígena en las bases militares?[19]. Para disipar cualquier ilusión relativa la ?diferencia? entre el santismo y el uribismo, Santos recurrió, al igual que Uribe ante la Minga del 2008, a la estigmatización del movimiento denunciando que la estrategia de desalojo de la fuerza pública es ideada por las FARC-EP, anunciando a la vez judicializaciones en masa contra más de un centenar de indígenas acusados de ser parte de la red de apoyo a la insurgencia[20]. Pero esta violencia desmedida de los uniformados no fue reportada como agresión, sino como el restablecimiento de la racionalidad, de la ley y el orden.
La guerrillera indígena Marleny.
Con todo, la violencia oficial no impidió que en Huasanó, en la vía Caloto-Corinto, otra base militar fuera desmontada por los indígenas[21]. Es que la indignación acumulada por la estrategia militarista contenida en el Plan Espada de Honor, que convierte al Cauca en una zona estratégica para la ?Consolidación? ha hecho a las comunidades perder el miedo.
Este rechazo de la población a un Ejército que balea, desplaza, viola, abusa sexualmente, amenaza, arremete, insulta, humilla, bombardea, que utiliza a la población civil como escudos humanos convirtiendo hogares, escuelas, parcelas y hospitales en trincheras no es exclusivo del Cauca: en zonas como el Sumapaz, Arauca, Caquetá también ha habido múltiples y valientes expresiones de resistencia civil contra un Ejército que sólo es capaz de actuar como tropas de ocupación. El propio general Jerez denunció, con bastante amarillismo, que ?los indígenas están escupiendo a mis soldados, les han quemado la comida, les han quemado el área donde pueden tomar agua, los empujan, los insultan... Mis soldados han aguantado, han soportado esta situación de estos indígenas y en este momento pienso que se está desbordando la situación?.[22]
El gobierno está consciente de que esta guerra no se gana sólo con el fusil. Sobre todo hay ganarse a la población civil. La disputa es, ante todo, por el corazón del pueblo. Pero la misma guerra sucia, única manera con la cual el Estado puede enfrentar a la insurgencia, como hemos señalado con anterioridad, es la que explica por qué esta guerra está perdida de antemano. Los métodos propios de esta guerra irregular confrontan al Estado con toda la comunidad, mientras el ejército fomenta el paramilitarismo como un mecanismo eficaz de contrainsurgencia[23] y se multiplican las violaciones contra las comunidades al por mayor: no se puede ganar la guerra sucia con armas limpias. Esta es la dialéctica de fondo que explica por qué la estrategia contrainsurgente del Estado incuba, en sí misma, las semillas de la derrota y es la causa real de la desmoralización creciente del Ejército[24]. Esta desmoralización de las tropas del Estado es más clara en el Cauca que en ninguna otra parte de Colombia.
Como dice de manera gráfica un artículo de opinión: ?Hay mucho de humillación en que los soldados tengan que hacer sus necesidades en las mismas trincheras donde duermen y comen por físico miedo a los hostigamientos, o que frente a las cámaras afirmen que no pueden caminar de día porque la guerrilla les dispara de todos lados. O que lloren como niños pequeños cuando confirman que el pueblo al que dicen defender los odia con furia?.[25]
Piden respeto y les dan plomo
Juan Manuel Santos, haciendo oídos sordos a las demandas indígenas, ha dicho que no cederán en la militarización del Cauca: lo dijo en Toribío el 12 de Julio y lo repitió en Popayán el 18 de Julio: ?La presencia de militares y policías en cualquier lugar del país no es negociable. No podemos ceder un milímetro?[26]. A contravía de la demanda de autonomía, de desmilitarización, de respeto a las comunidades, Santos ha ofrecido profundizar la guerra, mediante la implementación en la región del Comando Conjunto del Suroccidente, con 5.000 hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, al mando del general Leonardo Barrero[27], relevando así la comandancia de la III Brigada del Ejército que hasta entonces lideraba las operaciones contrainsurgentes en la región bajo el mando del general Miguel Pérez[28]. Esto de la mano de una fuerte campaña de criminalización del movimiento indígena, al cual no solamente se le muestra como títeres del ?terrorismo?, sino que el comandante de la Brigada 29, Henry Piraquive, les acusa directamente de lesiones personales, tentativa de homicidio, sedición, ?asonada?, terrorismo y secuestro[29].
Asesinado por el ejército nacional, el joven
campesino, de 22 años, Fabián Güetio.
El plomo no ha tardado en llegar: en Caldono, el 18 de Julio fue asesinado un joven campesino, de apenas 22 años, llamado Fabián Güetio, en un retén en Laguna Siberia. El ejército dice que fue un error, pero en realidad es el resultado directo del ambiente de criminalización y del odio que los medios han estimulado contra la población del Cauca de manera incesante durante dos semanas. Los indígenas, indignados, retuvieron a una treintena de soldados por algunas horas[30]. En Huasanó, el 19 de Julio, mientras se desarrollaban manifestaciones en la carretera exigiendo el retiro de soldados que están ocupando las fincas de los campesinos, fue asesinado el campesino Mauricio Largo, de 28 años, por parte de la Brigada Móvil XIV del Ejército, la misma que hace un mes aproximadamente, asesinó en Barrio Colorado, Caloto, al campesino y miembro de la Marcha Patriótica, Gustavo Londoño[31]. Aparte de Largo, cuatro campesinos fueron heridos, uno de ellos por impacto de bala[32].
Desde luego, los medios no se indignan con estas muertes ni con las lágrimas de los familiares, como se indignaron al ver a los soldados salir a la rastra, lloriqueando, pero sanos y salvos? ni mucho menos, los comandantes denuncian la gravedad de estos asesinatos. Un manto de impunidad rodeará a estos ?daños colaterales?, mientras la prensa cómplice seguirá justificando el asesinato por parte del Ejército, culpabilizando de menor a mayor grado de todo cuanto suceda a los indios y, sobre todo, a la guerrilla que, como una ?mano negra?, estaría ?infiltrando? la región, lavando mentes y poniendo ideas peligrosas en las cabezas de inocentes indígenas, de unos ?nobles salvajes? supuestamente ?abandonados? por el Estado. En realidad, ni hay tal ?abandono? (el Estado se hace presente con la impresionante militarización del territorio y convirtiendo escuelas y hospitales en trincheras ?antes bien, los indígenas lo que piden es menos presencia del Estado), ni hay tal ?infiltración guerrillera?. Tal discurso es fruto de una labor sistemática de desinformación sobre la naturaleza del conflicto social y armado colombiano.
¿Infiltración guerrillera en el Cauca?
Guerrilleras de las FARC de la década 60 o 70. Foto: Archivo FARC-EP.
La insurgencia no es un fenómeno nuevo en el Cauca. En esa zona ha hecho presencia históricamente, aparte de las FARC-EP, el ELN, el M-19 y la insurgencia desarrollada desde 1984 por las propias comunidades del Norte del Cauca, el Movimiento Armado Quintín Lame, desmovilizado junto al M-19 en 1989. Otras facciones insurgentes también han pasado por esas tierras, con menores niveles de implantación. Pero, a diferencia de lo que digan los discursos tanto del gobierno como de ciertas autoridades indígenas, las FARC-EP han tenido en esa zona un arraigo de más de medio siglo. No existe acá una ?infiltración? de la insurgencia, sino que algunas comunidades han tenido vínculos estrechos con la organización guerrillera desde hace varias décadas, aún cuando haya conflicto político muchas veces entre los insurgentes y las autoridades tradicionales de los indígenas, basadas en los usos y costumbres ?sobre todo cuando la insurgencia es una alternativa atractiva para sectores de la juventud y de las mujeres que se sienten marginados en sus propias comunidades. El mismo Feliciano Valencia, dirigente del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una persona bastante hostil hacia la insurgencia, se vio forzado a afirmar en estos días que ?no vamos a negar que hay milicianos indígenas y guerrilleros indígenas?[33]. Las FARC-EP tienen en su seno comuneros, hijos, hermanos, vecinos, gente que es parte de las comunidades. Esta organización, de hecho, tuvo como uno de sus focos de nacimiento el Cauca. Ya antes del período conocido como la ?Violencia? (década de 1940), había agitación comunista en la región del Norte del Cauca a manos de dirigentes indígenas como José Gonzalo Sánchez, quien luchó codo a codo con el legendario Quintín Lame. Ciro Trujillo, uno de los fundadores de esa guerrilla, era originario de la región de Tierradentro y era un indígena Pijao que se alzó en los ?40 contra la represión conservadora. Hacia 1950 entró en contacto con los guerrilleros comunistas del Sur de Tolima, y en 1953, junto a Jacobo Prías Alape, conocido como ?Charro Negro? (también indígena pero proveniente de Natagaima, Tolima) y Manuel Marulanda, fundaron el Movimiento Agrario de Riochiquito en el Noreste del Cauca, en la región de Páez, en el cual reunieron a los indígenas y campesinos desplazados de otras regiones, en base al mutuo respeto y a un programa político común ?esta experiencia que fue terminada a sangre y fuego por un ataque militar en Septiembre de 1965, fue uno de los núcleos de los cuales se desarrollaría la insurgencia fariana[34]. Manuel Marulanda se desplazaba en el sector de Tierradentro en el oriente del Cauca desde los años ?50, junto a estos guerrilleros; la reunión que dio origen al Bloque Sur, predecesor de las FARC, en 1965 se celebró en la comunidad de Riochiquito[35]. El Sargento Pascuas, único fundador de las FARC-EP aún activo en la insurgencia, comandante del 6º frente que opera en el Norte de Cauca desde 1979, lleva más de medio siglo combatiendo en la zona.
El guerrillero indígena Dairo con un lombris de la selva.
DIFÍCILMENTE PODRÍA DECIRSE, como se afirma en los medios, que la insurgencia representa una organización que se atrincheró en el Cauca, cuando ahí tiene sus raíces; que se ha infiltrado en las comunidades, cuando, aunque le pese a algunos caciques, es una organización con vínculos orgánicos con sectores en las comunidades que se sienten representados en el proyecto insurgente; o que su interés en la zona se debería a los ?corredores estratégicos? (discurso fomentado desde aquellos que tienen un interés en presentar el conflicto como vaciado de contenido social y como una mera expresión del narcotráfico), cuando, independientemente de la importancia geoestratégica que tenga, esa ha sido una zona de presencia guerrillera de hace décadas por las condiciones sociales espantosas en que vive la población, que enfrenta el despojo y la represión por parte de las autoridades.
Organizaciones indígenas: ¿qué tan ?ajeno? es el conflicto?
Si bien es cierto que las organizaciones indígenas manejan un discurso según el cual el ?conflicto les es ajeno?, tal afirmación, tomada en su sentido literal, ignora la realidad del país. Y sobre todo, ignora la realidad del Cauca donde un porcentaje importante de indígenas se involucran en el conflicto por sentirse representados por las partes y los proyectos que en él operan, fundamentalmente por la insurgencia que tiene una importante base de apoyo en la región. Aún cuando las organizaciones y las autoridades se indignen con la presencia de cualquier ?actor armado? en sus territorios, y que esta opinión represente a un sector importante de las comunidades indígenas, lo cierto es que otro sector también importante de las comunidades canalizan su indignación en el respaldo activo o pasivo a los insurgentes[36]: por ello es que el gobierno, dando palos de ciego, ha adelantado capturas masivas en toda la región, incluidos alrededor de 30 comuneros, incluidos dos líderes indígenas de Caldono, por pertenecer supuestamente a redes de ?apoyo al terrorismo?[37]. Independientemente de si el gobierno hace montajes o si da palos de ciego, lo cierto es que importantes sectores indígenas ven en la insurgencia su expresión política y por ello el gobierno persigue y criminaliza a las comunidades indiscriminadamente. Basta nada más ver a los cuatro muchachos capturados por algunos guardias indígenas en las inmediaciones del cerro Berlín, a los cuales se les aplicó ?justicia comunitaria? (un castigo brutal como son latigazos[38]), precisamente por ser miembros de la comunidad, para comprobar los vínculos orgánicos de sectores de las comunidades con el proyecto insurgente[39].
LO CIERTO ES QUE, aunque sea necesario rechazar los señalamientos de Santos, de los medios y de los generales, así como la criminalización de la protesta indígena y los argumentos racistas que plantean al indio como alguien incapaz de movilizarse por sí mismo, como si fueran meros títeres de ?actores externos?, las comunidades están atravesadas por el conflicto y ante éste expresan opiniones diferentes, toman partido. La confrontación con la realidad en estas semanas demuestra que el movimiento indígena está lejos de ser un bloque monolítico: Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), condena la actitud de quienes expulsaron al ejército del cerro Berlín y llama a las autoridades a tomar acciones contra ellos[40]. La Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas del Cauca (OPIC), organización indígena minoritaria creada por el uribismo en el Cauca, que representa posiciones de ultraderecha, acusa a los indígenas movilizados de infiltrados de la ?guerrilla?[41] y llama a que se quede la fuerza pública en sus territorios[42]. Las guardias indígenas capturan a milicianos de las FARC-EP pero cuando los van a juzgar, otros sectores de la comunidad protestan contra esta medida[43]. En una entrevista, Feliciano Valencia (CRIC) oscila entre la legitimidad y la ilegitimidad del Estado, revelando las enormes presiones a las que está sometido por parte de las bases indígenas y del poder, la tensión constante entre la movilización y la institucionalización del movimiento[44].
El guerrillero Arnobis, de las negritudes del Cauca.
LA LUCHA ARMADA QUE ATRAVIESA todo el país rural, incluidas las comunidades, es la más aguda expresión de la lucha de clases en Colombia, de la cual nadie está totalmente al margen. Por ello insistimos siempre en que estamos ante un conflicto social y armado. Aún cuando el discurso indigenista de las organizaciones históricas indígenas tienda a negar la lucha de clases (al menos en lo relativo a las demandas indígenas), lo cierto es que esta dinámica hace que sectores de las comunidades hagan parte de esta confrontación junto a campesinos y otros sectores del bloque popular que, de una u otra manera, consideran a la insurgencia el proyecto que las representa en su resistencia contra el bloque en el poder. Es cierto que la insurgencia no es la única manera de resistir al Estado, ni necesariamente tiene por qué ser la principal, como lo demuestra la resistencia no armada de organizaciones indígenas de larga trayectoria como la Asociación de Cabildos de Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) o el CRIC, pero es una tradición de resistencia con largas raíces en la región, que enfrentan al mismo bloque en el poder que los cabildos y cuyas motivaciones se encuentran clavadas en el seno de las mismas comunidades. Creo que afirmaciones como las del Consejero Mayor del CRIC, Jesús Chávez, que explica el crecimiento de la guerrilla debido a que ?mienten al interior de los cabildos indígenas para debilitar la credibilidad de la autoridad tradicional, bajo la excusa de la defensa del territorio?[45], o quienes han explicado el creciente reclutamiento de jóvenes indígenas por los insurgentes pues estos les darían radios y otras cosas, es simplista y peca de un paternalismo no muy diferente al de un Santos cuando afirma que los indígenas movilizados no serían más que ?títeres? guerrilleros. Los indios que se unen a la insurgencia ni son idiotas, ni se unen a ella (una opción bastante sacrificada) por baratijas y espejos. Es necesario entender las causas objetivas que hacen que la insurgencia sea una opción legítima, desde la perspectiva de la dinámica del conflicto en las comunidades rurales colombianas, para poder encontrar la manera de aliviar las tensiones entre las diversas tradiciones de resistencia y lucha que existen en el país, las cuales deben aprender a confluir en la propuesta estratégica de la solución política al conflicto, como un proyecto alternativo de país, incluyente, el cual no puede sustentarse en las estigmatizaciones recíprocas al interior del bloque popular. Esto bien lo sabe el gobierno, cuya estrategia para domesticar al movimiento indígena consiste en atizar las discrepancias para hacer creer que ?el enemigo común? es la FARC-EP, y no la militarización, ni las multinacionales que saquean nuestros recursos y envenenan los ríos, ni los gamonales que acumulan tierra mediante el despojo violento.
Conceptos erróneos que necesariamente llevan a una estrategia errónea: re-leyendo el Proyecto Nunca Más
La guerrillera morena Susana Teller, una de tres sobrevivientes del
bombardeo del campamento del comandante Raúl Reyes el 1 de marzo de
2008. Recibió asilo político y trastamento médico en Nicaragua sandinista.
Cuando lo humanitario se ha vuelto un elemento central en el discurso de las organizaciones populares, y entre ellas del movimiento indígena, ante el conflicto, debemos necesariamente ver qué ha pasado en este terreno en la última década. Es evidente que la discusión de los derechos humanos en Colombia se ha empobrecido enormemente durante este tiempo, mediante la desaparición física de los defensores de derechos humanos más comprometidos y consecuentes, y mediante toda clase de presiones desde el régimen ?la persecución, el chantaje, la presión económica hasta la amenaza abierta y el señalamiento, todo fue aplicado por el régimen uribista, con bastante éxito entre importantes sectores, para domesticar al movimiento de Derechos Humanos. El discurso violento desde el régimen contra los defensores de DDHH como ?aliados del terrorismo? tuvo el impacto deseado: poner a la mayoría de estas organizaciones a la defensiva. Así pasaron de agache una serie de conceptos extraordinariamente nocivos, que buscan poner al defensor de DDHH en una situación de ?equidistancia? de todos los actores armados, más no así respecto al Estado, el cual se ve como una figura neutral, garante de los derechos de la población ?aún cuando toda la experiencia histórica de Colombia demuestra la falacia de esta utopía que encubre la naturaleza del conflicto social y armado. Conceptos como ?neutralidad?, ?rechazo de la violencia venga de donde venga? (como si todas las violencias fueran iguales), se han convertido en lugares comunes del discurso reciente de muchas organizaciones de derechos humanos. Muchas veces este discurso se ha impuesto de la mano del financiamiento por parte de la ?cooperación internacional?.
Estos conceptos equívocos han sido incorporados en el discurso de algunas organizaciones populares, muchas de ellas de una indudable consecuencia y una trayectoria de luchas que merece todo el reconocimiento del mundo: recientemente, un comunicado de la Subdirectiva de la CUT del Valle del Cauca sobre la situación de Toribío, fechado el 19 de Julio afirmaba que esta guerra ?no es del pueblo colombiano?[46]. Afirmación que es una negación patente de la realidad ?que la guerra haya sido ?impuesta? desde arriba al pueblo, no significa que el pueblo no tome parte y que, de hecho, sea el que ponga la mayoría de los muertos. Creo que es importante un examen crítico de estos discursos: conceptos equívocos necesariamente llevan a una concepción política y estratégica igualmente equívoca.
POR ELLO, CREO IMPORTANTE desempolvar el famoso Capítulo V, Tomo I (?Nuestras Reservas Frente a los Crímenes de Guerra?), del Proyecto Nunca Más, de lejos el proyecto más importante de DDHH y Crímenes de Lesa Humanidad que se ha realizado hasta la fecha en Colombia. Publicado el año 2000, en él participaron las organizaciones de derechos humanos colombianas de mayor seriedad, las cuales explicitan el marco teórico de su trabajo[47]. En él se establecen ciertos elementos que permiten un debate crítico de algunos de los elementos planteados desde el movimiento indígena en el Cauca, como el rechazo, como si fueran lo mismo, de todos los ?violentos?, de los ?actores armados?, de la ?bota militar de izquierda o derecha? y otros lugares comunes que diluyen la naturaleza del conflicto social y armado colombiano. Creo que la discusión de estos lugares comunes es crucial para el avance del movimiento popular; abordo este examen crítico no con la intención de polarizar sino de facilitar un marco que permita la más amplia unidad del pueblo. En el marco teórico para entender la situación humanitaria colombiana, el Proyecto plantea, en resumen, los siguientes elementos que tienen plena relevancia en el contexto actual:
?1. Insuficiencias del Derecho Internacional Humanitario para interpretar y regular modalidades de conflictos internos como el que se da en Colombia: (?) El DIH no tuvo en cuenta, pues, la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas (?) modelo de guerra (?) diseñado para dirimir conflictos de legitimidad dentro de un mismo Estado, y desde los intereses del polo más pobre de la población (?) surge y es diseñada para enfrentar una estructura estatal, detentora de medios de medios muy poderosos de guerra (como aviones y tanques de guerra, ejércitos bien financiados y armados gracias al presupuesto del Estado) sin tener acceso a los recursos del Estado, dado que el motivo fundamental de la guerra es justamente el no acceso de las capas empobrecidas a los recursos del Estado. (?) Este elemento fundamental de la racionalidad propia de la Guerra de Guerrillas entra ya en contradicción con uno de los principios básicos del DIH, como es la distinción neta entre combatientes y no combatientes.
Muchos Estados, y entre ellos el colombiano, han tomado pie en esta característica de la Guerra de Guerrillas (?) para justificar su agresión sistemática contra la población civil, o para camuflar a los combatientes del Estado bajo fachadas de ejércitos irregulares o paramilitares que se presentan como ?no estatales?. Pero mal podría justificar un Estado el asumir métodos característicos de fuerzas guerrilleras, métodos cuya única justificación descansaría precisamente en la imposibilidad de acceder a los recursos que tiene el Estado.
(?) La Guerra de Guerrillas (?) no se dirige fundamentalmente a la destrucción de un ?ejército enemigo? o de una simple estructura estatal, sino a la destrucción de un modelo de sociedad. Por eso la ?ventaja sobre el enemigo?, en este tipo de guerra, está ligada al boicot o sabotaje de infraestructuras que son vitales para el mantenimiento de dicho modelo de sociedad. (?) Algo similar se podría decir de los esquemas de financiación de la Guerra de Guerrillas, que en la racionalidad de ésta no debe fundarse en aportes de los sectores pobres de la población, sino en aportes forzados de los sectores ricos, que no los aportarían libremente sino mediante medidas extorsivas.
(?) Este problema está planteando la necesidad de (?) construir un Derecho Humanitario que salvaguarde la dignidad humana ?en los márgenes? de esa racionalidad de la Guerra de Guerrillas, como lo hizo el DIH a mediados del siglo XX frente a la racionalidad propia de las guerras regulares internacionales (?)
2. Elementos de discernimiento ético frente a la legitimidad de la guerra: (?) El haber acompañado durante décadas a las víctimas de la represión en Colombia y a sus dolientes, nos da un marco sólido para afirmar que el blanco de la represión oficial ha sido la población civil que de una u otra manera hace opciones ideológicas o políticas por luchar a favor de condiciones más justas de vida para las mayorías, con medios no violentos (?) Esta experiencia trágica (?) nos inhibe para deslegitimar el marco motivacional general de la insurgencia.
3. Discernimiento ético de la ?Neutralidad?: Desde hace varios años, las organizaciones no gubernamentales responsables de este Proyecto, nos hemos visto sometidas a extremas presiones, por parte de fuerzas sociales, nacionales e internacionales, para que nuestras denuncias y acciones humanitarias se sitúen en ?posiciones neutrales?, que no recarguen las censuras sobre ninguna de las partes en conflicto, y para que nuestro trabajo se rija por parámetros de ?equilibrio? que lleve a estigmatizar ?por igual? y a ?equiparar? las diversas violencias que afectan a la sociedad colombiana. Se nos ha presentado como principio rector que debe orientar nuestro trabajo, el de ?Condenar toda violencia, venga de donde viniere?. Muchas veces nos hemos preguntado si tal tipo de neutralidad es éticamente sustentable. (Subrayado ANNCOL).
Creemos que ningún tipo de discernimiento ético puede dispensarnos (?) de tener en cuenta (?) los móviles y estrategias globales que comprometen a los diversos actores enfrentados. Imperativos éticos (?) nos llevan a censurar con mayor fuerza a quienes se sirven de la violencia represiva para defender violencias estructurales e injusticias institucionales que favorecen a capas privilegiadas de la sociedad, mientras victimizan, exterminan o destrozan a las capas sociales más pobres y vulnerables, sometidas a siglos de despojo e injusticia.
(?) No es posible ser neutral cuando se es consciente de que un polo de la violencia es mucho más dañino para el conjunto de la sociedad, o acumula en sí mismo mayores perversidades, o representa la oclusión institucional de los caminos que podrían conducir a una sociedad más justa, o acumula en su haber mayor violencia contra los débiles.
4. Una opción por escapar del cerco anti-ético de las ?Simetrías?: El afán de neutralidad se ha expresado en Colombia, en los últimos años, como una política de simetrías. Asume la forma de una presión social, no pocas veces extorsiva, para que los análisis académicos, las denuncias, las estrategias informativas y las acciones humanitarias, se enmarquen en una estricta simetría: se tiene derecho a denunciar los crímenes de una de las partes en conflicto, a condición de denunciar simétricamente los de la parte contraria.
Esta presión ha llevado a acuñar expresiones simétricas que envuelven en calificaciones equivalentes a los diversos actores del conflicto: ?grupos al margen de la ley?, ?actores violentos?, ?grupos armados?, ?fuerzas oscuras?, ?los guerreros?, términos todos que fuerzan la simetría mediante la omisión de identidades y móviles. Para no pocos periodistas, comunicadores sociales, analistas, académicos y activistas de derechos humanos, asumir la política de las simetrías ha constituido el obligado precio a pagar para conservar su empleo, y muchas veces para conservar su vida (?)
Este mismo proyecto del Nunca Más ha tenido que resistir muchas presiones de agencias financiadoras, que quisieron condicionar sus aportes a una opción por la política de las simetrías. (Subrayado ANNCOL).
(?) La política de simetrías se erige como una barrera que impide enjuiciar el conflicto desde perspectivas no inmediatistas; desde los móviles profundos de cada uno de los actores; desde los modelos de sociedad que el conflicto pone en juego; desde las aspiraciones y pretensiones globales de cada actor; desde perspectivas que permitan evaluar el conjunto de las violencias que afectan a las capas más vulnerables de la sociedad; desde responsabilidades profundas frente al futuro.
(?) La política de simetrías busca inmovilizar a la sociedad, convenciéndola de que ?todos los actores son igualmente perversos? y de que lo mejor es marginarse, descomprometerse en toda medida, y entrar a gozar del ?paraíso ético? del que condena a todo el mundo menos a sí mismo (?)?[48]
NO CREO NECESARIO AHONDAR más en el tema después de esta larga cita. Pero me parece importante señalar que la importancia de estas reflexiones no puede ser subestimada en momentos en que tanto desde el movimiento indígena, así como desde la insurgencia y el gobierno, han surgido ideas sobre el establecimiento de mesas regionales para regular temas como derechos humanos o aplicación del derecho internacional humanitario.
El perro tiene cuatro patas, pero puede ir sólo en una dirección
En la medida en que los recientes eventos del Cauca dan una señal más, quizás la más crítica hasta la fecha, del agotamiento creciente del modelo de gobierno de la ?Unidad Nacional? y del modelo de guerra impuesto por el ?Plan Colombia?[49], también dan señales de las limitaciones que tienen los de abajo para constituirse en un bloque popular que pueda enfrentar y derrotar al poder oligárquico entronizado en el Estado. Cauca representa a la vez una oportunidad como un desafío para el movimiento popular. Una oportunidad, pues demuestra la capacidad de las comunidades de enfrentar al régimen y de exigir respeto a su autonomía ?hecho este último facilitado por las particularidades de la Constitución de 1991, que garantiza la autonomía indígena aunque rara vez se respete. Pero aún cuando es difícil que este ejemplo se reproduzca mecánicamente en otras partes del país, un cierto contagio es posible, pues se demuestra que un pueblo organizado puede enfrentar a la más formidable maquinaria de muerte del hemisferio occidental, el ejército colombiano.
Sin embargo, la movilización del Cauca representa un desafío para el movimiento popular, pues demuestra que los roces y contradicciones en el seno de las organizaciones populares en resistencia son hondos. Todo esto dificulta la ?solución política?, más allá de lo retórico, en lo cual todos en el campo popular estamos de acuerdo (más no así el gobierno, que insiste en la rendición y desmovilización sin negociación política ?este ?detalle? es clave). Como hemos dicho en ocasiones anteriores:
?La llave para solucionar el conflicto pasa por la capacidad que tenga el pueblo colombiano de construir un espacio de convergencia amplio y participativo, teniendo por punto de partida su propia tradición e historia de luchas. Este espacio es el que debe articular la solución política al conflicto, como expresión amplia, nacional, del movimiento popular (no de ese sofisma llamado ?sociedad civil?), mediante la construcción de un proyecto alternativo, colectivo, y a la luz de los enormes desafíos y obstáculos, revolucionario, que permita la superación del conflicto.?[50]
ESTO LO ENTIENDE LA PROPIA INSURGENCIA fariana, que en su último comunicado plantean:
?Resulta urgente por tanto recurrir a la unificación de fuerzas con todos los sectores indignados, conformar un inatajable torrente popular que se lleve por delante la indecencia (?) Con el movimiento obrero, campesino, indígena, de negritudes, de mujeres, de desempleados, de pequeños y medianos mineros, de estudiantes, de profesionales empobrecidos, pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciantes, la academia, la intelectualidad, el profesorado, los informales y trabajadores independientes, los partidos y organizaciones de izquierda o de clara definición democrática. Con los liberales y conservadores aterrados con tanta podredumbre, hasta con los policías y militares retirados y olvidados por el régimen que los usó, con los creyentes, los cristianos, los ateos, los jóvenes, los ancianos y todas las minorías discriminadas. Concientización, organización, protesta, resistencia y movilización activas. He allí la tarea prioritaria. Sumar y unificar la rebeldía del pueblo colombiano por los cambios.?[51]
Lógicamente resulta más fácil declararlo que hacerlo. Y ahí es donde todos los sectores del movimiento popular, sin excepción, deben entrar a un genuino ejercicio de autocrítica antes de ver la paja en el ojo ajeno.
¿HASTA QUÉ PUNTO LOS movimientos populares han sido tragados por la cooptación y la oenegización?
¿Hasta qué punto es sostenible el discurso de la neutralidad cuando hubo organizaciones indígenas que hicieron una ceremonia de inauguración a Santos en la Sierra Nevada, u otros que hayan aplaudido los llamados a una minga por la ?prosperidad democrática?
¿Hasta qué punto las autoridades tradicionales están dispuestas a aceptar que en su seno coexistan personas con posiciones diferentes frente al conflicto y los destinos de Colombia?
¿Hasta qué punto la insurgencia está dispuesta a coexistir con otras expresiones del movimiento popular?
¿Hasta qué punto la insurgencia respetará ciertos marcos en acuerdo con las comunidades para desarrollar su estrategia de resistencia armada con el menor impacto posible sobre el pueblo?
¿Cómo superar lógicas militaristas y vanguardistas de comprender el conflicto social?
¿Cómo superar las fricciones producidas en el bloque popular por las diferentes elecciones tácticas hechas por distintos sectores?
¿Cómo mejorar la comunicación de los proyectos emancipatorios y generar una cultura de diálogo real en el bloque popular?
Nada de esto tiene fácil respuesta y ella debe ser buscada y encontrada por quiénes están en el terreno mismo.
LO QUE SÍ, ES QUE HAY CIERTOS elementos que permiten entrever que es posible un cierto acuerdo entre las partes del bloque popular. Rafael Coicué, del ACIN, plantea que la militarización de los territorios y la profundización de la estrategia de guerra ha contribuido a romper acuerdos existentes, acuerdos que pueden restablecerse:
?Siempre han estado aquí [ie., las FARC-EP] y eso no hay que negarlo. Las autoridades indígenas habían planteado que ellos respetaran a la gente, que no reclutaran niños y que podían pasar por el territorio, pero no quedarse en él. No podían acercarse a las escuelas, ni a los sitios de reunión de los indígenas, ni instalar campos minados. Ese era el protocolo y ellos a veces lo respetaban?[52].
Cabe destacar que en el 2009 el Secretariado de las FARC-EP llamó a la constitución de espacios comunes para dialogar, en un ambiente de ?mutuo respeto y comprensión?, sobre acuerdos básicos con las comunidades relativos al impacto que las acciones insurgentes puedan tener sobre sus comunidades[53]. El tema del impacto del accionar insurgente, fue planteado por una de las autoridades indígenas durante el juicio a los cuatro milicianos: ?No se les castiga por ser guerrilleros. Es su decisión de pertenecer a esos grupos u a otros, sino porque pudieron ocasionar un ataque de la Fuerza Pública contra la comunidad?, debido a que estaban planeando una acción militar contra las tropas apostadas en el Cerro Berlín cuando la comunidad pretendía recuperarlo. Según el gobernador de Toribío, Marco Yule ?De no haberse evitado eso, el Ejército hubiera disparado contra la comunidad en general?.[54]
ES ESTE UN TEMA CRUCIAL que merece una discusión de alto perfil entre las comunidades y la comandancia insurgente, aún cuando estamos conscientes de las múltiples dificultades que tal diálogo enfrenta, precisamente en medio de la criminalización y satanización hacia los indígenas y la insurgencia por parte de los medios. Por ello son tan importantes opiniones como las de Catalina Ruiz-Navarro cuando plantea, desde El Espectador, una opinión demoledora contra la polarización que se busca generar para obstaculizar el avance de una salida política al conflicto: ?los paeces son un nosotros, y cada uno que muere, sea por los actores armados o por el olvido del Estado, es también un colombiano. En esa misma línea olvidamos con frecuencia que los guerrilleros también son nuestros, colombianos que viven en este país, y no una manada de orcos sin nombre que hay que exterminar?.[55]En cierta medida, se trata de que el bloque popular reconozca, en medio del conflicto, la humanidad del otro y sus motivaciones profundas.
AYER, 23 DE JULIO, en Santander de Quilichao, se instaló la mesa de diálogo entre el gobierno nacional y las organizaciones indígenas[56]. Sencillamente se plantearon los temas de relevancia para cada una de las partes, en un buen ambiente según las autoridades, pero el conflicto sobre la militarización del Cerro Berlín es el punto en el que no parece posible la conciliación ?y las implicancias de esta diferencia puntual son enormes si se proyecta sobre la estrategia de militarización de todo el Cauca contenida en el Plan Espada de Honor del Ejército. Pocas veces el enemigo de clase del bloque popular es tan claro: el mediador del conflicto, por parte del gobierno, es Aurelio Iragorri Valencia, bisnieto de Guillermo Valencia, quien combatiera a Quintín Lame, miembro de una familia de gamonales del Cauca[57].
A las claras, el Estado intentará utilizar la mesa de negociación como un espacio para intentar ganar al movimiento indígena a su estrategia. Esto es, precisamente, lo que recomienda con un gran sentido práctico un santista de primera línea como León Valencia:
?La torpeza del gobierno es infinita. Tiene a la mano un auténtico movimiento pacifista con el cual puede pactar unas reglas de juego para contener a las fuerzas irregulares sin dañar para nada el orden constitucional y la soberanía nacional y en vez de ello se dedica a hacerles eco a las voces que vituperan y estigmatizan a las organizaciones indígenas?.[58]
Es decir, utilizar al movimiento indígena como un elemento de contención en un programa de cooperación cívico-militar, en el mejor de los casos. En el peor, convertir a las organizaciones indígenas en organismos de control y vigilancia, de delación, en una red subcontratada de cooperantes, mientras se amenaza con capturas masivas. Difícilmente el gobierno obtendrá lo que quiere de esta mesa, pero también se ve difícil que los indígenas obtendrán respeto a su autonomía.
PERSONALMENTE, NO CREO que nada salga de este diálogo si se da a puertas cerradas y se circunscribe al Cauca, que no es más que un eslabón más del conflicto, por crucial que sea en la actual fase de la confrontación armada. Si no es esta negociación parte de un diálogo más amplio y más inclusivo, no creo que tenga mayor futuro, desafortunadamente.
No puede discutirse sobre paz o sobre el conflicto e ignorar, como pretende hacerlo el gobierno, a la insurgencia[59]. Sin la presencia de ésta, es muy poco probable que el diálogo termine en algo más que declaraciones de buenas intenciones mientras prosigue la militarización y el conflicto. Hablando en criollo: acá no habrá solución política al conflicto ?ni en el Cauca ni mucho menos en el país- sin un amplio acuerdo en el bloque popular, independiente de las diversas formas de lucha que adopten sus diversos protagonistas, por lo cual es necesario abandonar sofismas como ?ilegales?, ?actores armados? que dificultan la identificación de los puntos de acuerdo entre sectores sociales que comparten intereses objetivos en terminar con la guerra que, ante todo, impulsa el Estado. No habrá solución política sin la insurgencia, sin el movimiento indígena, sin el movimiento sindical, sin las diversas expresiones que componen al bloque de los de abajo en Colombia. Pero para ello es necesario que, antes de negociar con el bloque en el poder, el movimiento popular y las organizaciones en resistencia negocien entre sí mismos.[60]
POR LO PRONTO, EL PUEBLO prosigue en la escalada de luchas sociales ante el deterioro de las condiciones de vida y ante el despojo, mientras el conflicto también sigue en su dinámica de profundización. La Marcha Patriótica convocó la movilización contra el militarismo y por la solución política al conflicto de más de 100.000 colombianos el 21 de Julio en Guaviare, Meta, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caldas y Huila; también 7.000 personas se movilizaron en el Departamento de Putumayo durante toda la semana, al igual que en Tolima, Arauca y en la Costa[61]. Los indígenas Awá, por su parte, en Nariño, también amenazaron con tomarse la base militar de El Diviso[62].
Se anuncian más movilizaciones en los próximos días y semanas, por diversos temas como la salud, de cara a lo que será el Encuentro por la Unidad Popular, anunciado para los días 10 y 11 de Agosto, un paso crucial hacia el Paro Cívico Nacional.
El Cauca es una pieza clave dentro de la actual coyuntura, pero no solamente por la trascendencia de las movilizaciones recientes, sino porque plantea al movimiento popular el desafío de articular, desde abajo y en la lucha, de forma respetuosa y solidaria, una gran convergencia que articule la solución política del conflicto con las múltiples formas de resistencia que deben desarrollarse en contra del actual modelo de saqueo, guerra y despojo.
José Antonio Gutiérrez D.
24 de Julio, 2012
