Asesinato de campesinos es un ataque al proceso de democratización del agro.

ECUADOR

FENACLE, CNC-EA y FOCAL denuncian represión y exigen justicia


El pasado 10 de noviembre, el sicariato que opera al servicio de grandes terratenientes volvió a teñir de sangre el suelo ecuatoriano.  La Federación Nacional de Trabajadores Agroindustrial, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador(FENACLE), la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA) y la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral (FOCAL) exigen una exhaustiva investigación y el castigo a los culpables materiales e intelectuales.

En el marco del Plan Tierras, un programa gubernamental de redistribución y entrega de tierras de carácter asociativo a los pequeños productores, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) decidió traspasar a campesinos integrantes de varias asociaciones adscritas a la FENACLE, la CNC-EA y a la FOCAL, un predio de 770 hectáreas ubicado en el recinto Zafando, que pertenece a la parroquia Chongón, provincia del Guayas.

Según las organizaciones campesinas, estas tierras habían sido declaradas baldías desde el año 2000 y el MAGAP se las había entregado en julio de 2012. Sin embargo, a raíz de las fuertes presiones y amenazas ejercidas por el terrateniente Carlos Manzur, quien asegura ser el legítimo propietario de las tierras, fue hasta el 6 de noviembre del mismo año que los grupos campesinos pudieron tomar posesión del predio.

Durante todo un año, las familias campesinas denunciaron la presencia de grupos de choque y las amenazas vertidas por el señor Manzur contra dirigentes de las organizaciones beneficiarias del programa.El pasado 10 de noviembre, Carlos Ramos, dirigente de base de la CNC-EA, Patricia Burgos, funcionaria del Banco Nacional de Fomento y Patricia Pinargote, esposa de Ramos, fueron al terreno para una reunión.

Al llegar a la garita puesta en la entrada de la finca se dieron cuenta que no estaban los guardias de seguridad, sino cinco hombres armados que, sin mediar palabras, comenzaron a disparar.Carlos Ramos y Patricia Burgos perdieron la vida al instante, mientras que Patricia Pinargote quedó gravemente herida y perdió la vista.

La violencia que no cesa

?A partir de que las asociaciones campesinas se apoderaron del predio, Carlos Ramos había recibido varias amenazas y los terrenos fueron repetidamente invadidos por ganado de propiedad de Manzur?, dijo a La Rel, Ángel Rivero, presidente de la FENACLE.

El dirigente sindical explicó que en la zona de Zafando la situación se ha vuelto muy difícil, y que teme por la vida de sus afiliados.?La compañera Rosa Mero, presidenta de una de las asociaciones de la zona afiliadas a la FENACLE, ha sido amenazada y perseguida, con la clara intención de asesinarla?, explicó Rivero.

Ante este grave acto, la FENACLE, la CNC-EA y la FOCAL dieron a conocer una declaración en la que exigen al Estado el inicio de un proceso de investigación exhaustiva, ?hasta dar con los autores materiales e intelectuales del execrable crimen de dirigentes que vienen luchando por la tenencia de la tierra, y que tocan intereses de terratenientes, traficantes de tierras y grupos de poder?.

Asimismo, pidieron que se conforme una Comisión integrada por Ángel Rivero, delegados de organizaciones campesinas, delegados del Parlamento, el Gobierno y del Poder Judicial, ?para dar con los responsables de cobarde asesinato?.

Finalmente, las tres organizaciones exigieron al gobierno acelerar el proceso de redistribución y entrega de tierra en el país, desalojar de inmediato a los invasores del recinto Zafando, así como garantizar protección de las y los dirigentes de las diferentes organizaciones que se encuentran en los procesos de adjudicación de tierras a nivel nacional.

La reacción de los terratenientes

?El programa gubernamental de redistribución de tierras está generando una fuerte reacción de parte de los terratenientes, y ya son varios los compañeros asesinados en todo el país. Esta situación debe parar -exigió Rivero-, porque no es posible que la gente muera solamente por pedir que se respete su derecho a tener acceso a la tierra, y a producir alimentos?, aseveró.

El presidente de la FENACLE advirtió también que ya no es posible dilatar más el inicio de la discusión de la Ley de Tierra, para lograr una verdadera desconcentración de las tierras en el país.Asimismo, pidió a las organizaciones internacionales amigas, entre ellas la UITA, que sigan solidarizándose con esta lucha, que condenen el atroz asesinato de los compañeros campesinos y que estén atentas a lo que pueda pasar.

kaosenlared.net
Fuente: Rel-UITA

Violencia contra comunidades originarias

TERRITORIO TUPINAMBÁ - BRASIL

(AW) En los últimos días, han sido varios los casos de violencia que han pasado en nuestro territorio con amenazas de demolición de casas, escuelas y puestos de salud. Coches de transporte escolar  dañados a causa de los disparos y quemados, coches oficiales de SESAI y la FUNAI quemados, casas de indígenas quemadas  y 2 asesinatos. Debido al terror  que se ha instalado, fueron suspendidas por 15 días las clases de las escuelas que funcionan en el Territorio Tupinambá y también la atención médica de Sesai, con excepción de los casos de extrema urgencia, que deberán ser acompañados de una escolta para que se les preste auxilio. Estamos muy preocupados, pero con conciencia de nuestro papel como indígenas y comprometidos con la lucha de nuestro pueblo por la demarcación  del Territorio Tradicional Tupinambá. Recientemente, también se informó que los pistoleros patrullan las carreteras que atraviesan el territorio en autos negros. Todos estamos muy preocupados, pero con conciencia de nuestro papel como indígenas y comprometidos con la lucha de nuestro pueblo por la demarcación  del Territorio Tradicional Tupinambá. Es inaceptable que  los verdaderos dueños de esta tierra seamos tratados como criminales.  Nos acusan y nos condenan sin darnos derecho de defensa, con argumentos manipuladores. La Fuerza Nacional está en el área para pacificar la situación. La sociedad necesita comprender rápidamente que la Tupinambá  no son sus enemigos. Por lo que estamos luchando es por nuestros derechos originarios, garantizados por la Constitución Federal de 1988, y hemos tenido muchas víctimas por ello. Esta misma sociedad tiene que despertar y no dejarse manipular por noticias falsas plantadas por presuntos pequeños agricultores. Hoy estamos en lados opuestos, pero también serán perseguidos por este sistema de muerte, que hoy nos persigue.El Estado brasileño debe posicionarse con la máxima urgencia porque  promover la firma de la Ordenanza declarativa que se encuentra en manos del Ministro de Justicia, y así poner fin al clima de tensión en nuestra región, y para que se haga justicia.UNA Justicia para el reconocimiento de nuestros derechos originarios. Que ya estaban aquí cuando el hoy llamado Brasil fue invadido. Agosto 22 2013 por P.L.c.A.P. Asociación Civil- Mat. 37502 DPPJ-GBA- RA Argentina-Uruguay-Honduras-España Alberto Mendes- Buenos Aires Pilar Vendrell- Buenos Aires Santiago Tricánico- Montevideo Carlos Roberto Zelaya- Tegucigalpa Sonia Vaccaro- Madrid contraabusodepoder@gmail.com 54 11 155 181 7712 Fbook: Profesionales Latinoamericanos-as contra el Abuso de Poder

"Los 10 de Luluncoto" fueron declarados culpables.

ECUADOR. MILITANTES SOCIALES CONDENADOS POR "TERRORISMO"

(AW) Tras permanecer un año en prisión en Quito, los presos políticos denominados "Los 10 de Luluncoto" (siete varones y tres mujeres) fueron condenados por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador por "tentativa de terrorismo". Fueron acusados de detonar tres bombas panfletarias en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca durante la visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en diciembre de 2011. La detención se efectuó el 3 de marzo de 2012 cuando los militantes trataban en una reunión su participación en la Marcha Plurinacional por el Agua la Vida y la Dignidad de los Pueblos que se realizaría al día siguiente, organizada por comunidades indígenas. La defensa apelará la condena y llevará el caso a instancias internacionales. Apenas unos días después del triunfo electoral de Rafael Correa, se conoció en Ecuador una sentencia condenatoria a los llamados "10 de Luluncoto". Los diez militantes fueron detenidos en el Operativo Sol Rojo, realizado hace un año en ese barrio de Quito, acusados por "tentativa de sabotaje y terrorismo". Para el mandatario reelecto, se trató de un acto de la Justicia, ya que "en un Estado de Derecho se persiguen delitos, no personas". Sin embargo, participó de la acusación el Ministro del Interior. El dirigente ambientalista, Alberto Acosta, expresó que la estrategia del gobierno fue tomar presos políticos, con el objetivo de "descalificar la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos". En la noche del martes pasado, los jueces del Tribunal Tercero de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dieron sentencia de un año de cárcel a "Los 10 de Luluncoto" por tentativa de terrorismo, un delito tipificado en el numeral 1 del artículo 160 del Código Penal. Se trata de una figura jurídica que data del año 1972, por lo cual una veeduría internacional dirigida por el reconocido juez español Baltasar Garzón pidió en su informe final de diciembre del 2012 que se revise la tipificación del delito del terrorismo en las leyes penales. Asimismo, en un informe preliminar se habían referido al caso de "Los 10 de Luluncoto" al decir: "Ponemos de manifiesto la inquietud suscitada por unos hechos cuya calificación jurídica penal se sustenta en una antigua ley, con un supuesto de hecho que no se compadece mínimamente con la gravedad de la sanción prevista para tal conducta". El hecho concreto investigado fue la colocación de "bombas panfletarias" en las ciudades de Quito y Cuenca en diciembre de 2011, en contra de una visita a la capital ecuatoriana del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Los panfletos estaban firmados por una desconocida entidad "Fuerzas armadas insurgentes revolucionarias del Ecuador" que llamaban a conformar un "Grupo de Combatientes Populares". Un hecho que fue mínimamente retratado en la prensa argentina. Sin embargo, para el Presidente Correa fue motivo de preocupación: "Esas bombas panfletarias con el llamado a la lucha armada, a la violencia, es un delito en Ecuador y eso es lo que se está investigando". Para grupos de derechos humanos, la causa fue otra. Y es que los detenidos participaban de la organización de la Marcha Plurinacional por el Agua, la Vida y la Dignidad de los Pueblos, que se hizo en marzo del año pasado, semanas después de la detención de los diez. Amnistía Internacional se había pronunciado por el caso y relevó que entre los elementos presentados como evidencia se encuentran: "objetos como camisetas del Che Guevara y una pañoleta del FMLN de Nicaragua, así como CD's de música protesta, películas, libros de derecho constitucional, folletos de varias organizaciones sociales, cuadernos de la Universidad Central, en la que algunos de los detenidos estudian, libros y materiales de prensa, la Constitución de la República, el periódico "El Ciudadano", y un documento gubernamental titulado Defiende la Democracia". "¡Que las liberen, que no son terroristas, luchaban por la vida y hoy son presas políticas!", fue uno de los cantos durante las movilizaciones en solidaridad. De entre los presos, se destacó el caso de las mujeres. Una de ellas, Fadua Tapia, se la mantuvo en arresto domiciliario por encontrarse embarazada en el momento de su detención, con el riesgo de que podía ser separada de su bebé al nacimiento. Los siete hombres fueron beneficiados por un habeas corpus: Pablo Castro, Royce Gómez, Santiago Gallegos, Luis Merchán, Héctor Estupiñán, Víctor Hugo Vinueza, César Zambrano. Pero Cristina Campaña y Abigaíl Heras siguieron detenidas en la cárcel de mujeres, por lo cual se inició la campaña "Yo las quiero libres mariposas". Por su parte, Alberto Acosta al enterarse de la condena expresó: "¡Lamentable, pensar distinto no es terrorismo! La sentencia contra los 10 de Luluncoto, a partir de una figura ambigua e imprecisa de pertenencia a un `grupo subversivo´ resulta indignante. De esta manera la justicia con esta sentencia pierde su sentido y termina convertida en un instrumento del Poder Ejecutivo". El abogado Marco García dijo que en la condena se violó el derecho a la defensa y que es de "un tipo penal del cual no podemos defendernos". Como los presos ya cumplieron su año en prisión, se trata de "Una condena simbólica, un mensaje de miedo a la sociedad". "¿Qué entendemos por terrorismo? Yo entiendo terrorista a aquel que siembra terror a inocentes", había expresado Correa en la famosa Cumbre del UNASUR (Bariloche, 2009) donde se discutió el conflicto con Colombia para las FARC. Años después, un Ministerio de su gobierno impulsó una causa donde se juzgó a militantes sociales bajo el mismo título de terroristas. Antecedente en Argentina. En nuestro país, se modificó la legislación anti-terrorista en diciembre de 2011, a pedido de organismos financieros internacionales, donde se hicieron más difusas las características del delito y duplicó las penas previstas. Por la presión de organizaciones sociales, se agregó un artículo que pone como excepción las protestas por "derechos humanos". Sin embargo, en enero del 2012, un fiscal de Catamarca detuvo a asambleístas contra la megaminería bajo el título de terroristas, pero por la trascendencia que tomó el caso, afortunadamente la causa fue archivada. Fuente. Com Ambiental