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jueves, 19 de noviembre de 2015

Los delincuentes etnosubversivos "mapuches".


ismo en la organización Ad Mapu a finales de los ochenta, y con 23 años empezó a viajar al exterior como propagandista internacional del separatismo mapuche. En 1990 fundó su propia organización, el Consejo de Todas las Tierras, y en 1992, en el marco del V Centenario del Descubrimiento de América dicho Consejo creó una bandera (la misma izada en San Martín de los Andes la semana pasada) y realizó una serie de actos de protesta, a raíz de los cuales Huilcamán fue procesado junto a otros 140 mapuches por asociación ilícita. Debió huir de Chile, interrumpiendo sus estudios de Derecho, y se trasladó a Roma y Ginebra para cursar Derecho Internacional Humanitario y fue contratado por la ONU, que le otorgó un pasaporte e inmunidad diplomática para investigar crímenes de guerra en Guatemala entre 1993 y 1999.
Durante la presidencia de Ricardo Lagos pudo regresa a Chile y en 2001 integró la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato, creada con el fin de asesorar al Poder Ejecutivo en cuanto a una política hacia los indígenas. En 2005 intentó presentar una candidatura independiente a presidente de la República, pero la misma fue rechazada por el Servicio Electoral por no reunir el número necesario de firmas.
Huilcamán es un activo lobbista en el Parlamento europeo, y como representante de un centenar de comunidades ubicadas en las VIII, IX y X regiones de Chile, logró ser aceptado como consultor de la ONU para la cuestión mapuche. En su ambiente se le suele criticar cierto personalismo, pero también se le reconoce su capacidad de gestión. Pasa la mitad del año en Suiza buscando financistas para su proyecto separatista. Tan mal no le debe ir, porque según datos de la Policía de Investigaciones de Chile, Huilcamán realizó 198 viajes a Europa en 10 años.
En 2013 realizó una cumbre en el cerro Ñielol junto a diversas organizaciones, dando a conocer el "Pacto Mapuche por la Autodeterminación". Invoca la declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el artículo 3 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación, y amenaza: "Antes de cinco años formaremos un autogobierno". Acusa de "ignorantes" a los mapuches que no buscan la autodeterminación y justifica TODO método de lucha, incluyendo la violencia.

viernes, 4 de abril de 2014

Presos políticos a 48 días de huelga de hambre.

PARAGUAY, PENAL DE TACUMBÚ



(AW) Los cinco detenidos que se encuentran en la cárcel tras la masacre deCuruguaty en junio de 2012, dieron a conocer el carácter indefinido de la medida a menos que se resuelva la titularidad de las tierras y sus libertades.
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 ”Si uno de nosotros muere, el Estado paraguayo y la familia Riquelme serán los responsables ante el pueblo y la historia”.
Los cinco compañeros presos políticos, encerrados luego de la masacre de Curuguaty (junio de 2012),llevan 48 días de huelga de hambre y dieron a conocer el carácter de indefinido de la medida en la siguiente misiva, escrita hace dos jornadas. Toda nuestra solidaridad con los luchadores encarcelados que reclaman tierra y libertad: Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Rubén Villalba, Néstor Castro y Adalberto Castro.
Desde la cárcel de Tacumbú nos dirigimos a todos/as para poner a conocimiento de nuestros compañeros/as, familiares, abogados, a las autoridades nacionales, nuestra decisión de seguir con nuestra huelga de hambre indefinida. A pesar de que ya sentimos fuertemente la debilidad en nuestro cuerpo, volvemos a pedir que se resuelva la titularidad de las tierras de Marina Cué y nuestra libertad.
Nuestra decisión está firme y junto al pueblo seguiremos nuestra lucha hasta el final. Si uno de nosotros muere, el Estado paraguayo y la familia Riquelme serán los responsables ante el pueblo y la historia.
Reiteramos: no levantaremos nuestra huelga si no resuelven la titularidad de las tierras y nuestra libertad.
Marina Cué, pueblo mba’e! (!Marina kué es del pueblo!)
Los 5 presos políticos en huelga de hambre:Arnaldo Quintana/ Felipe Benítez/ Rubén Villalba/ Néstor Castro/ Adalberto Castro.

miércoles, 5 de febrero de 2014

Asesinan en Medellín a otro familiar de la exsenadora Piedad Córdoba.

COLOMBIA

Carlos Arturo Ospina era hijo de Ana Fabricia Córdoba, quien también fue asesinada en Medellín en 2011 por su actividad de reclamante de tierras en el departamento de Antioquia.

Piedad Córdoba.

Colombia vivió un nuevo caso de asesinato de un reclamante de tierras con la muerte de Carlos Arturo Ospina, de 22 años, quien fue tiroteado por sicarios en la ciudad de Medellín, según denunciaron este domingo la Unidad para las Víctimas y la Defensoría del Pueblo.
Ospina era hijo de Ana Fabricia Córdoba, quien también fue asesinada en Medellín en 2011 por su actividad de reclamante de tierras en el departamento de Antioquia, un caso que estremeció al país, por tratarse, además, de la prima de la exsenadora y actual líder del Movimientos izquierdista Marcha Patriótica, Piedad Córdoba.

Según las informaciones difundidas, dos hombres armados que iban en moto llegaron la tarde del sábado al lugar donde trabajaba el joven lavando vehículos y le segaron la vida.

Igualmente, Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección, a través de su cuenta de twitter dijo: " la Unidad de Restitución de Tierras, la persona asesinada no tenía actividad alguna asociada con Restitución".

Y continuó: "no había ninguna amenaza conocida contra esta persona en los últimos años ni solicitud de protección".
Este es un nuevo episodio de la trágica y triste historia de esta familia que, oriunda de Chigorogó, en el Urabá antioqueño, en 1995 vivió el asesinato del padre de familia, Delmiro Ospina, lo que obligó a Ana Fabricia Córdoba, junto a sus hijos, a desplazarse a Medellín.

En el 2001, en la capital antioqueña, sicarios mataron a uno de sus hijos cuando tenía 13 años y en 2010 a otro, de 19 años, a la vez que durante este tiempo fueron también víctimas de desplazamiento intraurbano.

Un año después y tras acusar a un sargento de la Policía del crimen de su hijo, un sicario subió en el autobús en el que Córdoba se desplazaba y la mató.

La Unidad para las Víctimas "lamentó y rechazó" el asesinato de Carlos Arturo Ospina, a la vez que denunció que esta familia "ha recibido reiteradas amenazas y situaciones victimizantes desde los años noventa".

Asimismo, la Defensoría del Pueblo "repudió" el homicidio y manifestó la necesidad de fortalecer los programas de protección de los líderes amenazados.

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció a finales de 2013 que despojar, amenazar y desplazar "resulta gratis" en Colombia.

En el informe llamado "El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia" , HRW constató que el accionar de los grupos paramilitares así como "la falta de Justicia", impiden que se aplique con éxito la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

La restitución, así como el fin del conflicto armado con la guerrilla de las Farc, son los principales retos que se ha marcado Santos en su primer mandato de cuatro años, que terminará el 7 de agosto de 2014.

La ONG denunció además que los paramilitares están detrás de decenas de asesinatos de líderes de restitución de tierras, secuestros, múltiples amenazas y nuevos desplazamientos.

domingo, 26 de enero de 2014

Los "hermanos bolivianos" nos devuelven con creces el que hayamos recibido a toda la población marginal que nos enviaron.

Argentina cedió casi 600 kilómetros cuadrados de territorio

Corrieron un límite con Bolivia y hay malestar en familias salteñas



Autoridades de Tarija habrían intimado a los habitantes a desalojar un territorio que era considerado argentino. En noviembre del 2013 se firmó el traslado de un hito que corre la frontera 30 km dentro de territorio salteño. 


ANTONIO GASPAR/ EL TRIBUNO

Las consecuencias de mover los límites con Bolivia no fueron tomadas en cuenta por las autoridades argentinas. Ahora, las familias salteñas están siendo intimadas por las autoridades bolivianas a desalojar terrenos de pastoreos que históricamente fueron consideradas tierras argentinas.


El problema sucedió en el denominado Valle del Silencio, ubicado en el departamento Santa Victoria Oeste. Si bien la intimación recayó sobre 17 familias, el desplazamiento al sur de la frontera entre Bolivia y Argentina afecta a más de 50 familias y constituye la pérdida de por lo menos 600 kilómetros cuadrados de territorio nacional.
Los primeros que se percataron de esto fueron los pobladores del paraje Abra de San Cruz.
Los ancestrales habitantes tenían hasta hace unos años el hito de la frontera a unos 32 kilómetros al norte; hoy lo tienen a sólo 2 km.
El Tribuno llegó hasta el lugar y dialogó con los vecinos. El malestar es evidente ya que declararon que en noviembre del año pasado se firmó un acuerdo entre autoridades de ambos gobiernos para que quede la línea fronteriza a menos de 2 km de la primera escuela argentina.
Los campesinos que viven de la cría de animales y de lo poco que cultivan recibieron automáticamente la visita de las autoridades bolivianas, acompañadas por militares, intimándolos a definir su situación de ciudadanía.
Es decir, “optaban por la condición de ser bolivianos o debían retirarse del territorio”, dijo uno de los vecinos.
Es importante aclarar que estas familias salteñas tienen animales que desde siempre usaron el terreno escarpado para el pastoreo. Aseguran que no pueden retirarse y abandonar esas tierras porque destruirían su economía de subsistencia.
Desidia oficial
Los vecinos acusan directamente a la falta de consideración de las autoridades municipales, provinciales y nacionales al entregar un territorio utilizado históricamente por familias de campesinos argentinos.
Afirman que el intendente de Santa victoria Oeste, Cástulo Yánque, desde hace años que no va por el lugar y que nunca se ocupó del conflicto limítrofe. Se quejaron del gobernador Juan Manuel Urtubey porque jamás dialogó sobre la problemática con los lugareños.
“Vino sólo una vez por acá con su helicóptero para inaugurar la ampliación de la escuela y luego rápido se fue”, dijo una de las trabajadoras del lugar.
Respecto de los funcionarios de la Cancillería afirman que nunca conocieron a alguno.
El ex concejal Ignacio Peloc aseguró que armó carpetas con la información sobre el tema y que “paseó” por las diferentes oficinas del Estado, pero nadie le dio solución.
En ese contexto de carrera por el territorio, los bolivianos llevan la delantera. Están a punto de terminar una ruta que comunica a Tarija con la región utilizando mano de obra argentina. Tienen para estrenar un establecimiento educativo de lujo que consideran está en territorio salteño. Y exigen a las familias argentinas la doble nacionalidad para que accedan a la escolaridad boliviana.
Realidades que los superan
Los que recibieron el impacto fue ron los docentes de la escuela N§ 4.260 “Frontera Argentina”, del paraje Abra de Santa Cruz que en el 2012 contaba con un plantel docente de 9 trabajadores y casi 190 alumnos. El año pasado quedaron 7 docentes para 140 alumnos y para el presente ciclo lectivo solo quedan 4 maestras sin que se conozca todavía el número de matriculados.
La nueva escuela boliviana tiene un edificio acorde a las necesidades pedagógicas de la zona y desde el año pasado comenzó a funcionar en un lugar prestado.
Mientras la primera escuela del Valle del Silencio funciona con paneles solares, sin agua potable y sin gas natural. Recién el año pasado le inauguraron la ampliación donde además funciona la cocina.
Por lo demás, las maestras siguen haciendo patria pagando $65 por una garrafa, más de $300 del tramo Salta - La Quiaca y luego $800 más para llegar al lugar donde el camino es el principal condicionante.
Camino del Diablo

Si bien el Valle del Silencio es un paraíso, para llegar hasta ahí hay que pasar por un verdadero camino del Diablo. La ruta provincial 47, que en realidad apenas se puede decir que es una senda, es un camino vecinal. Y por lo tanto lo cuidan los vecinos porque el intendente de Santa Victoria Oestes, Cástulo Yánque, no muestra allí su trabajo. Las familias ruegan que no surjan emergencias porque el camino es una huella serpenteante que baja de las montañas.
El Tribuno estuvo en la zona en 2010 y desde ese tiempo hasta ahora no hubo mejoras. Para llegar hasta el Valle del Silencio primer hay que recorrer los más de 400 kilómetros que separan Salta de La Quiaca. Luego hay que tomar por la ruta provincial jujeña Nº 5 hasta Yavi por 15 kilómetros y desde ahí los kilómetros dejan de ser una medida de espacio para convertirse en una medida de tiempo. Al menos tres horas hay que luchar contra la montaña hasta el primer paraje del Valle del Silencio que se llama Abra de Santa Cruz.Ç

Fuente: El Tribuno 

sábado, 23 de noviembre de 2013

Asesinato de campesinos es un ataque al proceso de democratización del agro.

ECUADOR

FENACLE, CNC-EA y FOCAL denuncian represión y exigen justicia


El pasado 10 de noviembre, el sicariato que opera al servicio de grandes terratenientes volvió a teñir de sangre el suelo ecuatoriano.  La Federación Nacional de Trabajadores Agroindustrial, Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador(FENACLE), la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro (CNC-EA) y la Federación de Organizaciones Campesinas del Litoral (FOCAL) exigen una exhaustiva investigación y el castigo a los culpables materiales e intelectuales.

En el marco del Plan Tierras, un programa gubernamental de redistribución y entrega de tierras de carácter asociativo a los pequeños productores, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) decidió traspasar a campesinos integrantes de varias asociaciones adscritas a la FENACLE, la CNC-EA y a la FOCAL, un predio de 770 hectáreas ubicado en el recinto Zafando, que pertenece a la parroquia Chongón, provincia del Guayas.

Según las organizaciones campesinas, estas tierras habían sido declaradas baldías desde el año 2000 y el MAGAP se las había entregado en julio de 2012. Sin embargo, a raíz de las fuertes presiones y amenazas ejercidas por el terrateniente Carlos Manzur, quien asegura ser el legítimo propietario de las tierras, fue hasta el 6 de noviembre del mismo año que los grupos campesinos pudieron tomar posesión del predio.

Durante todo un año, las familias campesinas denunciaron la presencia de grupos de choque y las amenazas vertidas por el señor Manzur contra dirigentes de las organizaciones beneficiarias del programa.El pasado 10 de noviembre, Carlos Ramos, dirigente de base de la CNC-EA, Patricia Burgos, funcionaria del Banco Nacional de Fomento y Patricia Pinargote, esposa de Ramos, fueron al terreno para una reunión.

Al llegar a la garita puesta en la entrada de la finca se dieron cuenta que no estaban los guardias de seguridad, sino cinco hombres armados que, sin mediar palabras, comenzaron a disparar.Carlos Ramos y Patricia Burgos perdieron la vida al instante, mientras que Patricia Pinargote quedó gravemente herida y perdió la vista.

La violencia que no cesa

?A partir de que las asociaciones campesinas se apoderaron del predio, Carlos Ramos había recibido varias amenazas y los terrenos fueron repetidamente invadidos por ganado de propiedad de Manzur?, dijo a La Rel, Ángel Rivero, presidente de la FENACLE.

El dirigente sindical explicó que en la zona de Zafando la situación se ha vuelto muy difícil, y que teme por la vida de sus afiliados.?La compañera Rosa Mero, presidenta de una de las asociaciones de la zona afiliadas a la FENACLE, ha sido amenazada y perseguida, con la clara intención de asesinarla?, explicó Rivero.

Ante este grave acto, la FENACLE, la CNC-EA y la FOCAL dieron a conocer una declaración en la que exigen al Estado el inicio de un proceso de investigación exhaustiva, ?hasta dar con los autores materiales e intelectuales del execrable crimen de dirigentes que vienen luchando por la tenencia de la tierra, y que tocan intereses de terratenientes, traficantes de tierras y grupos de poder?.

Asimismo, pidieron que se conforme una Comisión integrada por Ángel Rivero, delegados de organizaciones campesinas, delegados del Parlamento, el Gobierno y del Poder Judicial, ?para dar con los responsables de cobarde asesinato?.

Finalmente, las tres organizaciones exigieron al gobierno acelerar el proceso de redistribución y entrega de tierra en el país, desalojar de inmediato a los invasores del recinto Zafando, así como garantizar protección de las y los dirigentes de las diferentes organizaciones que se encuentran en los procesos de adjudicación de tierras a nivel nacional.

La reacción de los terratenientes

?El programa gubernamental de redistribución de tierras está generando una fuerte reacción de parte de los terratenientes, y ya son varios los compañeros asesinados en todo el país. Esta situación debe parar -exigió Rivero-, porque no es posible que la gente muera solamente por pedir que se respete su derecho a tener acceso a la tierra, y a producir alimentos?, aseveró.

El presidente de la FENACLE advirtió también que ya no es posible dilatar más el inicio de la discusión de la Ley de Tierra, para lograr una verdadera desconcentración de las tierras en el país.Asimismo, pidió a las organizaciones internacionales amigas, entre ellas la UITA, que sigan solidarizándose con esta lucha, que condenen el atroz asesinato de los compañeros campesinos y que estén atentas a lo que pueda pasar.

kaosenlared.net
Fuente: Rel-UITA

sábado, 16 de noviembre de 2013

Candidato presidencial propone duplicar monocultivo de palma africana

La Mosquitia en peligro

Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA


Juan Orlando Hernández, ex presidente del Congreso Nacional y candidato presidencial del partido de gobierno en las elecciones del 24 de noviembre en Honduras, promete crear unos 800 mil nuevos empleos durante los próximos cuatro años. Para ello, planea ?inundar Honduras de maquilas? y duplicar las hectáreas sembradas con palma africana y caña de azúcar. Las organizaciones sociales se rebelan.

?Me llamo Juan Orlando Hernández y vengo de las tierras del indómito cacique Lempira. De la mano de Dios, con el apoyo de mi partido y el voto mayoritario del pueblo hondureño voy a ser el próximo Presidente?, es la frase que ha marcado la campaña política del candidato del Partido Nacional, que ha hecho de la militarización de la sociedad, las maquilas y la expansión de los monocultivos los ejes de su oferta electoral.

Hernández dice que generará empleo apoyándose en las maquilas, la siembra de 125 mil nuevas hectáreas de palma aceitera y 50 mil de caña de azúcar.

Honduras cuenta hoy con unas 150 mil hectáreas sembradas con palma africana y casi 100 mil con caña de azúcar y registra una producción de 100 mil galones diarios de biodiesel, surgidos precisamente de esos dos productos, que se han ido expandiendo en detrimento de los cultivos alimenticios. Un estudio elaborado por la embajada de Estados Unidos en Honduras asegura que en el país hay unas 600 mil hectáreas aptas para nuevas siembras de palma africana.

Paralelamente, el país sufre un déficit anual de más de 10 millones de quintales de maíz, 200 mil quintales de frijol y 500 mil quintales de arroz. Unas 300 mil familias (1,5 millones de personas) no tienen acceso a la tierra, la mitad de la población rural vive con menos de un dólar diario y 5,5 millones de personas están en situación de pobreza (67 por ciento de la población), 3,8 millones de las cuales en pobreza extrema[1].

?La propuesta de este señor apunta a duplicar la cantidad de tierra sembrada con palma y aumentar en 50 por ciento la de caña. Esto significa invadir de forma brutal la región de la Mosquitia hondureña?, dijo a La Rel Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

La dirigente garífuna explicó que, durante una reunión con el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, los representantes del pueblo miskito lanzaron un llamado de alerta ante el avance del cultivo de palma en su territorio ancestral, sobre todo en la zona de Brus Laguna.

?Existe un plan muy claro para convertir la Mosquitia, uno de los principales pulmones de Centroamérica, en un criadero de palma. Esto responde a la creciente demanda de agrocombustibles de parte de Estados Unidos y la Unión Europea?, analizó Miranda.

Durante una ronda periodística con la prensa internacional radicada en Honduras, el candidato presidencial negó la intención de "invadir" dicho territorio y aseguró que se operará "bajo los más altos estándares de responsabilidad social y ambiental" y en coordinación con los pequeños y medianos productores de las zonas de Colón, Olancho, Cortés, Yoro y Atlantida. "Honduras tiene una gran cantidad de tierra sin sembrar y por ahí vamos", dijo.

¿La palma crea empleos? Sólo falacias

La presidenta de OFRANEH consideró totalmente inaceptable la propuesta del candidato nacionalista.

?Es un grave peligro y atenta contra la soberanía y la seguridad alimentaria del país, sobre todo ahora que el modelo basado en los monocultivos está afectando gravemente la capacidad de la población de satisfacer sus exigencias alimentarias?, dijo.

Miranda rechazó también la idea de que ampliando el monocultivo de palma se generen miles de puestos de trabajo.

?Es una total falacia. Existen varios estudios que demuestran que ese cultivo no genera empleo ni contribuye al desarrollo de los pueblos. Y lo más peligroso es que el medio ambiente se va a ver afectado drásticamente?, aseguró.

La dirigente garífuna abogó por una reflexión profunda y seria acerca qué tipo de país quiere el pueblo hondureño.
                      
?Los pueblos indígenas y negros estamos sumamente preocupados por lo que se pretende hacer con nuestras tierras, y rechazamos con fuerza la idea de que el monocultivo para producir agrocombustibles deba sustituir la siembra de alimentos?, dijo.

?Hay un plan maquiavélico muy peligroso que pretende acaparar la Mosquitia. Desde el movimiento social y popular hondureño y latinoamericano debemos combatir y detener este proyecto?, concluyó Miranda.

[1] Fuente: Datos CEPAL, UNICEF y Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría del Trabajo

Fuente: Rel-UITA

jueves, 24 de octubre de 2013

Indígenas y Gobierno colombiano comienzan redacción de posible acuerdo.

COLOMBIA

En el conflicto entre los pueblos originarios y el gobierno colombiano, ya se ha avanzado en los primeros acuerdos. En la mesa de diálogo que se efectúa en el departamento del Cauca, se ha hablado de regularización de las tierras. En el tema de derechos humanos se buscan mecanismos para garantizar el respeto a los mismos, por citar algunos. teleSUR

Los dirigentes de ambas partes retomaron los diálogos y han adelantado en temas como la megaminería, respeto a los derechos humanos, territorios y paz. El pliego de acuerdos posiblemente será firmado por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, la próxima semana.


Las comunidades indígenas y el Gobierno de Colombia ya han comenzando este martes a redactar un documento que recoge los posibles acuerdos entre ambas partes para solucionar las problemáticas que han demandado desde el pasado 12 de octubre y por la cual se inició una minga social, indígena y popular.

Desde el departamento del Cauca (oeste), el corresponsal de teleSUR, Milton Henao, recordó que ya fueron retomados los diálogos entre los líderes indígenas y representantes del Gobierno, quienes han comenzado a buscarle viabilidad a las problemáticas planteadas.

Precisó que la reunión se mantiene en salón comunal del Resguardo indígena de La María, municipio de Piendamó en el Cauca, donde ya iniciaron la redacción de un documento en el que quedarán plasmados los acuerdos entre ambas partes y que se espera que sea firmado posteriormente por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de quien se espera la visita la próxima semana.

El reportero adelantó que se ha avanzado en temas como la megaminería, sobre la cual el Gobierno y los líderes indígenas han buscado mecanismos para que dichas comunidades tengan el control del medio ambiente de los territorios donde se practica la explotación minera por parte de transnacionales, debido a que no se pueden revocar los títulos mineros.

También, comentó que se está empezando a dialogar en el tema de paz y que al respecto ?se está haciendo una propuesta para que las comunidades indígenas se sienten con los negociadores que participan en los diálogos de paz en La Habana (capital cubana)".

En cuanto al tema de derechos humanos, el periodista de teleSUR reportó que se están acordando entre el Gobierno y las comunidades la garantía en el respeto de los derechos humanos, haciendo alusión a las acciones violentas de grupos paramilitares como ?Los Rastrojos?.

Vale recordar, que los líderes indígenas de Colombia habían suspendido este lunes el diálogo que sostenían desde la víspera con las autoridades del país debido a la ausencia en la mesa de negociaciones del representante gubernamental, el ministro de Interior Aurelio Iragorri Valencia, y expresaron en esa oportunidad que esperarán respuestas concretas del Ejecutivo a sus peticiones.

Un día antes, los pueblos originarios de Colombia llegaron a un preacuerdo con el Gobierno de ese país suramericano a fin de levantar las protestas que ese día cumplieron ocho días consecutivos y que dejaron un saldo de al menos 80 heridos por represión policial.

Los representantes de 102 pueblos nativos piden mejor y mayor participación política y han reiterado que se mantendrán en protesta hasta lograr una verdadera defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía.

Participación en diálogos de paz

Más tarde, el periodista de teleSUR, informó que en cuanto al tema de paz, el ministro del Interior de Colombia, Aurelio Iragorri, informó que se conformará conformará una comisión que irá a Bogota (capital colombiana) para conversar con los representantes que participan en los Diálogos de Paz.

De esta manera, se abre la posibilidad a que la comunidad indígena vaya y participe en los diálogos de paz en La Habana (capital cubana),  con el fin de que los representantes de los pueblos originarios planteen la situación que viven con relación a la violación de los derechos humanos.


Manifestaciones indígenas dejan 40 heridos y 23 detenidos

19 Octubre 2013


Foto: @KiweNasa

Las autoridades de Risaralda y Caldas niegan que en los enfrentamientos con la fuerza pública haya resultado muerto un indígena. 

Desde Risaralda, el gobernador Carlos Botero, dijo al término de un Consejo de Seguridad que no es cierto que durante las confrontaciones registradas desde tempranas horas de éste sábado se hayan registrado personas fallecidas.

El mandatario señaló que lo que sí hay son personas lesionadas, que han sido trasladadas a hospitales tanto de Belén de Umbría como de Viterbo, pero con contusiones leves.

Las protestas en el Eje Cafetero se han concentrado en una zona limítrofe de los departamentos de Caldas y Risaralda en los sectores de El Callao y Remolinos.

El presidente del comité regional indígena de Caldas, Arahugo Gañan, aseguró que en la madrugada los uniformados del Esmad y el Ejército atacaron a los manifestantes con disparos de fusil dejando un muerto y varios heridos.

El líder indígena aseguró que de forma indiscriminada la fuerza pública realizó los disparos dejando 40 heridos un integrante de los resguardos del municipio de Mistrato, Risaralda muerto, ratifico que por estos actos seguirán retenidos 3 integrantes de la fuerza pública que fueron sorprendidos haciendo inteligencia en las concentraciones.

El comandante de la Policía de Caldas, coronel David Benavides, señaló que en la zona de El Callo, Caldas, se registraron algunos enfrentamientos en la tarde de ayer, dejando además un bus incinerado en hechos que son materia de investigación, pero hoy sábado se ha logrado retornar a la calma y los indígenas se ubicaron a los costados de la vía Manizales-Medellín.

Las autoridades en Risaralda señalaron que por la obstrucción de la vía que de Pereira conduce a Medellín y Caldas 23 personas se encuentran detenidas y será la justicia quien determine su culpabilidad o no. 

Así mismo, se investiga si el día anterior fue saqueado un camión con alimentos de la Unidad de Víctimas, quienes llevaban raciones para ésta población vulnerable en el municipio de Mistrató. 

Por su parte, Alberto Guazorna, vocero de los indígenas, también desmintió el posible fallecimiento y dijo que se desconoce el paradero de los tres militares que permanecían retenidos, ha dicho igualmente, que se declararán en asamblea permanente. 

Tanto la ONU como la Defensoría del Pueblo se encuentran mediando en Remolinos para evitar nuevas alteraciones del orden público y el llamado respetuoso por parte de las autoridades departamentales es para que ejercer su derecho a la protesta pero sin recurrir a las vías de hecho.

La vía permanece despejada y los indígenas se ubican a los costados, instalando nuevamente los campamentos que fueron destruidos por las intervenciones del ESMAD.


fuente: Caracol Radio /Anncol

lunes, 3 de junio de 2013

Los días 3, 4 y 5 de junio se llevará adelante la audiencia preliminar de los 14 campesinos paraguayos acusados de “invasión de propiedad privada”, que desató la masacre de Curuguaty el 15 de junio de 2012.

SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS DE CURUGUATY
En Buenos Aires se reclama la libertad inmediata

(AW) El Movimiento Nacional Campesino e Indígena, Vía Campesina (Argentina) y el Movimiento 138 (Colectivo de Resistencia Cultural) entregarán este lunes 3 de junio en la Embajada de Paraguay en Buenos una copia de 1500 firmas en reclamo de libertad inmediata de los presos.


Imágenes integradas 2


DESDE LA ARGENTINA SE SOLIDARIZAN CON LOS PRESOS DE CURUGUATY

El Movimiento Nacional Campesino e Indígena, Vía Campesina (Argentina) y el  Movimiento 138 (Colectivo de Resistencia Cultural) entregarán este lunes 3 de junio en la Embajada de Paraguay en Buenos una copia de 1500 firmas en reclamo de libertad inmediata para los presos.

Las planillas con las firmas originales ya se encuentran en Asunción, Paraguay, aquí se sumarán a otras miles de firmas que serán entregadas a la Corte Suprema de Justicia el mismo lunes 3 junio, fecha en la que se inicia la Audiencia Preliminar del caso de los catorce campesinos y campesinas acusadas por la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 y que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.

Los firmantes además de la libertad inmediata de los presos, reclaman:

• Recuperación de las tierras públicas de Marina Kué.
• Reparación a las víctimas de la masacre.
• Juicio y castigo a los verdaderos responsables.

 Los firmantes consideran “que solo la presión social podrá detener tanta injusticia que tiene sometidos y privados de sus libertades a 14 campesinos/as pobres en Paraguay. Convocamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, partidos políticos, medios de comunicación a acompañarnos en este sencillo acto de entrega de firmas que da cuenta de nuestro seguimiento y preocupación en el caso Marina Kue, Curuguaty, Paraguay.”

Los acusados

A la audiencia preliminar llegan 54 imputados, 12 acusados, de los cuales 7 están con arresto domiciliario y 5 en prisión, de estos 5, 3 se encuentran en el Penal de Coronel Oviedo, uno en el de Tacumbú y otro en el de la Esperanza.

Los acusados por asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso son Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo Paredes  y Dolores López Peralta.

Por frustración de la persecución y ejecución penal: Felipe Nery Urbina y por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal: Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez Paniagua.

Fuente: Blog e’a

Enlace: http://ea.com.py/desde-la-argentina-se-solidarizan-con-los-presos-de-curuguaty/


COMUNICADO DE PRENSA

Este lunes 3 de junio a las 10 hs nos presentaremos en la Embajada de Paraguay en Buenos Aires (Las Heras 2545) para entregar una copia de más de 1500 firmas de personas que en Argentina reclaman:

• Libertad inmediata a todos los presos políticos.
• Recuperación de las tierras públicas de Marina Kué.
• Reparación a las víctimas de la masacre.
• Juicio y castigo a los verdaderos responsables.

Las firmas originales arriban exactamente a las 1594 de integrantes de organizaciones e independientes que en Argentina asentaron sus firmas en solidaridad con la situación de los presos/as políticos de la Mascare de Curuguaty (Marina Kue) y de esta forma tomaron conocimiento de lo que está ocurriendo en Paraguay: un grave atropello a los derechos humanos que tiene como víctimas a campesinos/as sin tierra.

Las planillas con las firmas originales ya se encuentran en Asunción, Paraguay, allí se sumarán a otras miles de firmas que serán entregadas a la Corte Suprema de Justicia el mismo lunes 3 junio, fecha en la que se inicia la audiencia preliminar del caso de los catorce campesinos y campesinas acusadas injustamente por la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 y que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.

Los acusados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina, además de una adolescente.

La hipótesis del fiscal Halil Rachid, que no debería estar a cargo de esa función por sus comprobables vínculos con el empresario Blas N Riquelme, titular de Campos Morombí S.A. (quien mandó a desalojar el predio en cuestión), sostiene que los campesinos invadieron una propiedad privada y emboscaron a los policías. Pero la propiedad no es privada, por lo tanto este proceso judicial, no tiene razón de ser (ver Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kue. Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay, CODEHUPY. 2012)

Consideramos que solo la presión social podrá detener tanta injusticia que tiene sometidos y privados de sus libertades a 14 campesinos/as pobres en Paraguay. Convocamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, partidos políticos, medios de comunicación a acompañarnos en este sencillo acto de entrega de firmas que da cuenta de nuestro seguimiento y preocupación en el caso Marina Kue, Curuguaty, Paraguay.
Convocan:

Movimiento Nacional Campesino e Indígena. Vía Campesina (Argentina)
Movimiento 138. Colectivo de Resistencia Cultural.

Contactos:

Delia Ramírez (011) 1568024569
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LA FARSA CONTINÚA: SE APROXIMA EL JUICIO POR CURUGUATY


El juzgado a cargo de Rosa Janine Ríos, fijó los días 3, 4 y 5 de junio para la audiencia preliminar de los 14 campesinos acusados injustamente por la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012, que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo. Juzgan a campesinos y campesinas por una supuesta "invasión de propiedad privada", pero no hay duda alguna de que la tierra en disputa es del Estado.

El próximo lunes 3 de junio se iniciará la audiencia preliminar por el caso Curuguaty, en Asunción, Paraguay. Los acusados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina, además de una adolescente.

El juzgado a cargo de Rosa Janine Ríos, fijó los días 3, 4 y 5 de junio para la audiencia preliminar de los catorce campesinos y campesinas acusadas injustamente por la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 y que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.

La hipótesis del fiscal Halil Rachid, que no debería estar a cargo de esa función por sus comprobables vínculos con el empresario Blas N Riquelme, titular de Campos Morombí S.A. (quien mandó a desalojar a los campesinos que acampaban en el predio en cuestión), sostiene que los campesinos invadieron una propiedad privada y emboscaron a los policías. Pero la propiedad no es privada, por lo tanto este proceso judicial, no tiene razón de ser.

Con el reclamo "¿Qué pasó en Curuguaty?" las organizaciones intentaron instalar la necesidad de una investigación imparcial sobre el acontecimiento que terminó con la vida de 11 campesinos y campesinas y 6 policías el 15 de junio del año pasado, masacre que se llevó puesta a partir de un bochornoso juicio político también conocido como juicio express, a un presidente democráticamente electo.

Sin título de propiedad, no hay invasión

Campesinos y campesinas serán juzgadas por "invasión a la propiedad privada", acusación que carecería de sustento si se revisaran los antecedentes de las tierras en disputa. En el año 1967, la Industrial Paraguaya S.A. (IPSA) donó al Estado una propiedad y allí se instaló un destacamento de la Marina hasta finales de 1999, cuando por problemas presupuestarios, desocupó el predio. Por eso el lugar es conocido como "Marina Kué", que significa "la vieja Marina".

El predio comprende 2 mil hectáreas que, durante el gobierno de Alfredo Stroessner, pasaron a manos del Estado. Ese gobierno intentó instalar dispositivos vinculados a la Doctrina de Seguridad Nacional vigente en los años 60. La Marina operó desde allí durante más de 30 años, pero tras un prolongado abandono del predio por parte del Estado, las familias campesinas comenzaron a realizar los trámites para habitar legalmente ese lugar, porque entendían que era propiedad del Estado.

Campos Morombí S.A., de Blas Riquelme, recién se interesó por tener esas tierras cuando vio que los campesinos avanzaron en las gestiones correspondientes frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La estrategia del empresario, entonces, fue iniciar un juicio por usucapión y así, en tiempo récord, consiguió una sentencia que implicaba un conjunto de graves irregularidades, entre ellas, no permitir ninguna intervención al Estado que, en su legítimo derecho, estaba disputando la propiedad de esas tierras.

Repasemos entonces. En 1967 el terreno fue donado por la IPSA al Estado paraguayo. Luego, el 4 de octubre de 2004, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto por el cual declaró las tierras de "interés social", con objeto de iniciar un proceso de reforma agraria. Blas Riquelme empezó entonces un juicio de usucapión y un juez corrupto sentenció que las tierras pertenecían al mencionado empresario, sin dar cabida al Estado. Ese mismo Juez, José Benítez, era el que tenía hasta hace poco tiempo en sus manos el caso de la Masacre. Afortunadamente fue desplazado por mal desempeño de sus funciones.

Es necesario insistir para que quede en claro el montaje: el lunes 3 de junio empiezan a juzgar a campesinos y campesinas por una supuesta "invasión de propiedad privada", pero no hay duda alguna de que la tierra en disputa es del Estado. Los campesinos tenían y tienen razón. Pero la acción de los funcionarios de la justicia demuestra desprecio por dos puntos fundamentales: la falta de titulación a nombre de Riquelme y la propiedad estatal.


La masacre de Curuguaty: una herida sangrante

Una mirada retrospectiva encuentra que la misma adquisición de tierras de parte de IPSA tuvo que ver con una historia de saqueo sistemático. El poder político paraguayo tejió durante un tiempo extenso e intenso la conformación de un conglomerado de tierras malhabidas. Para convertirse en latifundistas, los stronistas despojaron de sus territorios a campesinos e indígenas de manera violenta. La historia de concentración de las tierras en Paraguay es también la de la violación de los Derechos Humanos y, en ese contexto, la masacre de Curuguaty ocupa un capítulo especial y representa una herida abierta.

Desde 1963 hasta 2013 el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) transfirieron de forma irregular 8 millones de hectáreas. Entre los criminales beneficiados se encuentra Riquelme: las tierras de Marina Kué en Curuguaty se encuentran rodeadas por el latifundio de Campos Morombí S.A.
La familia del colorado-stronista Blas Riquelme posee, sólo en el departamento de Canindeyú, 70 mil hectáreas; sin contar las que tiene en otros departamentos de Paraguay. Las 2 mil hectáreas por las que se desató la disputa -sobre las que no detenta título-, representan una menudencia respecto a las posesiones del empresario. En cambio, miles de familias paraguayas, entre las que se contaban los once campesinos muertos, no tienen dónde vivir ni dónde trabajar.

Los documentos de la "investigación oficial" que se han producido a partir del caso Curuguaty resultan una sumatoria de absurdos. Se encuentran imputadas alrededor de 60 personas que no estaban en el lugar de la disputa, sino que se encontraban en un listado oficial de personas en situación de "sin tierra". Entre ellas los 14 procesados y un adolescente condenado en un proceso abreviado.

Uno de los testigos clave en el caso, Vidal Vega, dirigente rural, fue asesinado a fines del año pasado. Vega es una de las tantas víctimas del Estado del terror que se despliega de manera silenciosa, pero persistente.

Con estos indicios nada alentadores se espera, de todas maneras, que la jueza Janine Ríos no continúe con un montaje erigido sobre un megamontaje. Paraguayos y paraguayas de todo el mundo exigen:


Libertad inmediata a todos los presos políticos.
Recuperación de las tierras públicas de Marina Kué.
Reparación a las víctimas de la masacre.
Juicio y castigo a los verdaderos responsables.

Las tierras malhabidas en Paraguay no se obtienen por normas, sino por un conjunto infinito de transgresiones violentas. Los que hoy se dicen propietarios y reclaman por sus derechos, son los verdaderos usurpadores.

Fuente: Superficie, Por Delia Ramírez

jueves, 14 de febrero de 2013

Rechazo del movimiento campesino de Plan de Regulación de Tierras.

PARAGUAY




(AW) El Movimiento Campesino Paraguayo, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. (CLOC-VIA CAMPESINA) difundió un comunicado en el que expresan  su rechazo al Plan de Regularización de la Tenencia de Tierras y Censo Rural. Sostienen que obedece al avance de la Política Neoliberal y consistirá por sobre todo al Blanqueo de las tierras mal habidas que fueron entregados a los no sujetos de la Reforma Agraria. Este plan, carece totalmente de cualquier intención de resolver los graves problemas que aqueja a las familias campesinas como la falta de asistencia técnica y crediticia, infraestructura, acceso a servicios, caminos, etc..


campesinos




Paraguay, 13 de febrero de 2013 (http://www.apc-suramerica.net).-


COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El Movimiento Campesino Paraguayo, integrante de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. (CLOC-VIA CAMPESINA), se dirige a la opinión pública para manifestar cuanto sigue:
Rechazamos el Plan de Regularización de la Tenencia de Tierras y Censo Rural promovida por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, porque creemos que obedece al avance de la Política Neoliberal, proyectos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, consistirá por sobre todo al Blanqueo de las tierras mal habidas que fueron entregados a los no sujetos de la Reforma Agraria. Este plan, carece totalmente de cualquier intención de resolver los graves problemas que aqueja a las familias campesinas como la falta de asistencia técnica y crediticia, infraestructura, acceso a servicios, caminos, etc. Esta inversión de G. 18.100 millones, del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), si fuese destinado para fortalecer la agricultura familiar campesina, ayudaría a paliar en gran medida la crisis en el campo generada justamente por la ausencia de políticas del Estado hacia los productores de pequeñas fincas campesinas y las comunidades indígenas.
Creemos que éste y otros planes o proyectos promovidos desde el gobierno golpista de Federico Franco gira en torno al interés de recaudar para las arcas de algunos operadores políticos y que en gran medida será utilizado para la campaña electoral en vista a las elecciones generales del 21 de abril próximo.
Repudiamos estas prácticas corruptas, y reivindicamos la aplicación de programas de desarrollo participativo, transparente y por sobre todo que busque el arraigo de las familias campesinas en el campo.
Exigimos a este gobierno la implementación de un catastro nacional para la revisión de la situación legal de las tierras e iniciar el proceso de recuperación de las tierras mal habidas y redistribuir a los verdaderos sujetos de la Reforma Agraria.
Invitamos a todas las organizaciones campesinas, a la ciudadanía honestas, progresista, patriotas a estar alertas y a denunciar éstas y tantas otras prácticas antidemocráticas y corruptas promovidas desde este gobierno golpista.
POR LA REFORMA AGRARIA INTEGRAL!!!
UNIDAS Y UNIDOS VENCEREMOS!!!
POR LA CONDUCCIÓN NACIONAL DEL MCP
Pablo Ojeda Angel Varela Cecilia Quiroga

domingo, 13 de enero de 2013

Los etnosubversivos mapuches masacraron una familia.


Un dramático audio fue conocido en las últimas horas que retrata el momento de desesperación en que el matrimonio Luchsinger Mackay se encontraba cuando fueron atacados en su finca Lumahue, en la comuna de Vilcún.
En el audio se oye la voz de Vivianne MacKay, la esposa de Werner Luchsinger, quien pide ayuda a Carabineros ante el ataque de unos 20 encapuchados que pertenecerían a la comunidad mapuche, quienes exigen el retorno de sus tierras, por lo que ellos llaman un “derecho milenario”.
A continuación el diálogo:
Carabineros: ¿Cuál es su emergencia?
Nos atacaron, por favor, en Palermo… (quejidos)… Vivian Mackay y Werner Luchsinger… Está herido…
Carabineros: ¡¿En qué fundo, señora?!
En el fundo La Granja de Lumahue.
Carabineros: ¡La granja fue atacada!
Sí, la granja Lumahue.
Carabineros: El dueño del mismo está lesionado.
Werner Luchsinger.
Carabineros: ¿Por dónde dice que llegamos, señora?
General López 5 km.
Carabineros: En General López a 5 km.
¡Esto es un asalto!
Carabineros: Es un asalto, ya señora, ¿y usted está lesionada o no? ¿Cuántas personas había más menos?
No sé, no vi a más que uno, pero oí que gritaban ¡mátalos, mátalos!
Carabineros: Centro Palermo, ¿cierto?
No, no, no, La Granja Lumahue. Yo llamé a mi hijo ahora, que iba a venir ahora. Mi marido está herido (llantos).
Carabineros: Ah, bueno, ya, ya, ya, señora, ¿esto queda cerca de Vilcún me dijo?
No, a 5 km de General López.
Carabineros: ¿En General López, a 5 km?
Sí.
Carabineros: General López 5 km. Ya señora.
Granja Lumahue.
Carabineros: En el fundo de La Granja Lumahue, ya.
Werner Luchsinger.
Carabineros: ¿Cuánto se llama su esposo?
Werner Luchsinger, ¡siguen disparando, por favor, sálvennos! (gritos).
Carabineros: Ya, señora. ¡Están disparando al fundo! (gritos).

sábado, 3 de noviembre de 2012

Los etnosubversivos mapuches insisten en el camino del delito.

CHILE. LA LUCHA MAPUCHE NO TERMINA


"No vamos a parar mientras no recuperemos las tierras"

(AW) Los cuatro presos políticos mapuches detenidos en la cárcel de Angol depusieron la huelga de hambre después de que la Corte Suprema absolviera a Paulino Levipán y Daniel Levinao de la condena a 11 años por supuesto homicidio frustrado a Carabineros. Si bien se logró este punto del petitorio, los voceros de los huelguistas afirmaron que "seguimos en pie de guerra y no vamos a parar mientras no recuperemos las tierras".

Después que Eric y Rodrigo Montoya, Paulino Levipán y Daniel Levinao anunciaran este jueves el fin de la huelga de hambre que mantenían hace 60 días en la cárcel del Angol, el vocero de los presos, Daniel Melinao, aseguró que la medida de presión se depuso por razones humanitarias, advirtiendo que continuarán con el proceso histórico de recuperación de tierras.
1_MAPUCHES._INTERIOR_DE_LA_CARCEL_DE_ANGOL

"La lucha mapuche no termina con la huelga de hambre, seguimos en pie de guerra, más unidos que nunca con las comunidades y la resistencia. No vamos a parar mientras no recuperemos el más mínimo de tierras que han estado ocupadas por las forestales, por las grandes empresas, trasnacionales, latifundistas, vamos a seguir con ese proceso", indicó Melinao.
Aunque la decisión estuvo marcada por el fallo de la Corte Suprema que el miércoles anuló las condenas del juicio por homicidio frustrado al general Iván Bezmalinovic, a Levipán y Levinao, poniendo en libertad al primero y ordenando un nuevo juicio para el último, según los voceros no habría sido fácil de tomar.
Los voceros y los presos de la comunidad Wente Winkul Mapu sostuvieron intensas conversaciones para determinar si se continuaba o no con la medida, debido a que aún hay otros puntos del petitorio que no se han cumplido, como el fin de los "procesos judiciales irregulares" y la desmilitarización de las comunidades en proceso de reivindicación.
En este sentido, el padre de Daniel Levianao, manifestó su desconfianza ante la justicia chilena, afirmando que "siempre el Estado va a respaldar al carabinero, aunque esté mintiendo o esté haciendo montaje. Yo le pido a la Justicia que a mi hijo me lo entreguen porque cuando fue detenido, fue secuestrado y torturado", denunció.
Sin embargo, con esta noticia culminan, y de forma positiva para los huelguistas, los movimientos de Angol con un fallo positivo de la Corte Suprema y de Temuco con la promesa de traslado por parte de Gendarmería que logró el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

sábado, 16 de junio de 2012

Matanza en Paraguay pone en evidencia conflicto sobre tierras.

URGENTE PARAGUAY  URGENTE PARAGUAY  URGENTE PARAGUAY

PARAGUAY
Por Vladimir Hernández

Al menos 18 personas fallecieron a consecuencia de un tiroteo en Curuguaty.


Para algunos se trató del peor hecho de violencia en la historia de Paraguay en relación con un conflicto de tierras.

Más de 200 policías llegaron en la mañana del viernes a desalojar a un grupo de campesinos que ocupaban unos terrenos propiedad del exsenador del Partido Colorado (de índole conservadora) Blas Riquelme, en Curuguaty, unos 400 kilómetros al noreste de Asunción.

En el lugar, señalaron las autoridades, había unas 100 familias que iban a ser desalojadas por las fuerzas de seguridad.

Aún se está tratando de determinar qué fue lo que hizo estallar la violencia, pero lo que sí ya fue confirmado es que al menos 18 personas fallecieron a consecuencia de un tiroteo que se desató en el lugar: once víctimas fueron identificadas como campesinos y siete como policías. Uno de ellos era el comandante de las fuerzas especiales del cuerpo policial que participó en el operativo.

"No hay un conflicto por tierras con este número de muertes en la historia de Paraguay", señaló a BBC Mundo Milda Rivarola, historiadora y socióloga paraguaya.

El incidente además dejó unos 80 heridos, algunos de gravedad.

"Lo que ocurrió es que al haber una persona armada hubo disparos que lamentablemente impactaron en efectivos policiales", señaló en rueda de prensa el ministro del Interior, Carlos Filizzola, quien pocas horas después del incidente fue destituido.

"Hubo disparos de parte de ellos, la policía tuvo que responder", agregó Filizzola.

En cambio José Rodríguez, dirigente del movimiento de campesinos que ocupaba los terrenos, indicó a un diario paraguayo que "estos problemas no se solucionan enviando más armas y balas, obviamente por ese camino sólo se van a empeorar las cosas".

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional, emitió un comunicado en el que urgió a las fuerzas de seguridad a no usar fuerza excesiva, aunque según su visión del hecho "al llegar los policías varios campesinos armados dispararon contra los agentes. Los policías respondieron con más disparos".

El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, ordenó el despliegue de las fuerzas armadas a Curuguaty, luego de conocerse la magnitud de la violencia.

Factores


La intervención policial  dejó unos 80 heridos, algunos de gravedad.

La agrupación que estuvo detrás de las ocupaciones se llama Liga Nacional de Carperos y es considerada una de las más radicales en cuanto a sus acciones por el reclamo de las tierras, un conflicto de larga data no sólo en Paraguay si no en toda América Latina.

El grupo afirma que tomó los terrenos propiedad de Blas Riquelme, porque los señala de ser "malhabidos".

Riquelme es un exsenador del Partido Colorado y es considerado cercano al exgobernante militar de Paraguay Alfredo Stroessner.

La agrupación de sin tierras afirma que esta relación se tradujo en la entrega de tierras por parte del Estado al ahora retirado legislador, por lo que el movimiento debía "recuperarlas".

Un informe publicado la semana pasada por la Comisión de Verdad y Justicia, de Paraguay, se aboca al tema de la entrega de tierras por parte del gobierno militar de Stroessner.

En el documento se señala que durante sus 35 años en el poder Stroessner entregó casi siete millones de hectáreas de manera irregular a personas allegadas, lo que se acerca a casi al 19% de la superficie de todo el país.

La Comisión de Verdad y Justicia señala a Riquelme como uno de los principales beneficiados de estas entregas de tierras.

No obstante, José Riquelme, hijo del exsenador y empresario, señaló a medios locales que el lugar que había sido ocupado lo habían declarado como reserva forestal hace dos décadas, aunque se encuentra dentro de la hacienda de su familia.

"Hace veinte años declaramos como reserva forestal la zona boscosa pero desde el año pasado los campesinos la quieren para instalarse en ella. Los fiscales Miguel Rojas y Ninfa Aguilar ordenaron el desalojo meses atrás, pero la Policía no pudo cumplir el mandato porque primero buscó que abandonaran el predio pacíficamente pero se negaron'', dijo Riquelme.

Contexto


Lugo convocó de urgencia a todo su gabinete ministerial.

"El origen de esto (la matanza de este viernes) es el conflicto de tierras", señaló la historiadora Milda Rivarola.

"La transición democrática en Paraguay coincidió con una nueva concentración de tierras en manos de pocos y el país sigue siendo controlado por partidos de derecha con fuerte apoyo de terratenientes", apuntó.

La Comisión de Verdad y Justicia, en su informe de junio, señala que casi un millón de hectáreas se entregaron entre 1988 y 2003, tras la muerte de Stroessner, también de manera irregular.

"Es un problema que no se ha podido resolver desde que llegó la democracia y menos hoy en día ya que es muy rentable tener un campo para la agroindustria", dice la historiadora y socióloga.


  
          Ya en enero se había producido una ocupación en las mismas tierras (foto Archivo)
Paraguay depende fuertemente de la agricultura y la ganadería, siendo ambos sectores los que han impulsado el fuerte crecimiento de su economía en los últimos dos años.

"Este gobierno (el de Lugo) prometió cambiar lo que venía pasando con las tierras, pero ahora está llegando al final de su período y las promesas no se cumplieron. Por ello la paciencia de los grupos más radicales pudiese haberse acabado y ahora todo estalló", acotó Rivarola.

Funcionarios del gobierno paraguayo, como el ministro del Interior, rechazaron que Lugo tenga responsabilidad en el incidente de este viernes.

El mandatario, en respuesta a lo sucedido, convocó de urgencia a todo su gabinete ministerial, aunque en medio de una fuerte presión por parte de sectores opositores quienes pedían la salida de varios de sus integrantes.

Fuente: BBC mundo