SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS DE CURUGUATY
En Buenos Aires se reclama la libertad inmediata
(AW) El Movimiento Nacional Campesino e Indígena, Vía Campesina (Argentina) y el Movimiento 138 (Colectivo de Resistencia Cultural) entregarán este lunes 3 de junio en la Embajada de Paraguay en Buenos una copia de 1500 firmas en reclamo de libertad inmediata de los presos.
DESDE LA ARGENTINA SE SOLIDARIZAN CON LOS PRESOS DE CURUGUATYEl Movimiento Nacional Campesino e Indígena, Vía Campesina (Argentina) y el Movimiento 138 (Colectivo de Resistencia Cultural) entregarán este lunes 3 de junio en la Embajada de Paraguay en Buenos una copia de 1500 firmas en reclamo de libertad inmediata para los presos.
Las planillas con las firmas originales ya se encuentran en Asunción, Paraguay, aquí se sumarán a otras miles de firmas que serán entregadas a la Corte Suprema de Justicia el mismo lunes 3 junio, fecha en la que se inicia la Audiencia Preliminar del caso de los catorce campesinos y campesinas acusadas por la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 y que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.
Los firmantes además de la libertad inmediata de los presos, reclaman:
• Recuperación de las tierras públicas de Marina Kué.
• Reparación a las víctimas de la masacre.
• Juicio y castigo a los verdaderos responsables.
Los firmantes consideran “que solo la presión social podrá detener tanta injusticia que tiene sometidos y privados de sus libertades a 14 campesinos/as pobres en Paraguay. Convocamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, partidos políticos, medios de comunicación a acompañarnos en este sencillo acto de entrega de firmas que da cuenta de nuestro seguimiento y preocupación en el caso Marina Kue, Curuguaty, Paraguay.”
Los acusadosA la audiencia preliminar llegan 54 imputados, 12 acusados, de los cuales 7 están con arresto domiciliario y 5 en prisión, de estos 5, 3 se encuentran en el Penal de Coronel Oviedo, uno en el de Tacumbú y otro en el de la Esperanza.
Los acusados por asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso son Rubén Villalba, Felipe Benítez Balmori, Luis Olmedo, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Lucía Agüero, María Fani Olmedo Paredes y Dolores López Peralta.
Por frustración de la persecución y ejecución penal: Felipe Nery Urbina y por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal: Juan Carlos Tillería y Alcides Ramírez Paniagua.
Fuente: Blog e’a
Enlace:
http://ea.com.py/desde-la-argentina-se-solidarizan-con-los-presos-de-curuguaty/COMUNICADO DE PRENSAEste lunes 3 de junio a las 10 hs nos presentaremos en la Embajada de Paraguay en Buenos Aires (Las Heras 2545) para entregar una copia de más de 1500 firmas de personas que en Argentina reclaman:
• Libertad inmediata a todos los presos políticos.
• Recuperación de las tierras públicas de Marina Kué.
• Reparación a las víctimas de la masacre.
• Juicio y castigo a los verdaderos responsables.
Las firmas originales arriban exactamente a las 1594 de integrantes de organizaciones e independientes que en Argentina asentaron sus firmas en solidaridad con la situación de los presos/as políticos de la Mascare de Curuguaty (Marina Kue) y de esta forma tomaron conocimiento de lo que está ocurriendo en Paraguay: un grave atropello a los derechos humanos que tiene como víctimas a campesinos/as sin tierra.
Las planillas con las firmas originales ya se encuentran en Asunción, Paraguay, allí se sumarán a otras miles de firmas que serán entregadas a la Corte Suprema de Justicia el mismo lunes 3 junio, fecha en la que se inicia la audiencia preliminar del caso de los catorce campesinos y campesinas acusadas injustamente por la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 y que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.
Los acusados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina, además de una adolescente.
La hipótesis del fiscal Halil Rachid, que no debería estar a cargo de esa función por sus comprobables vínculos con el empresario Blas N Riquelme, titular de Campos Morombí S.A. (quien mandó a desalojar el predio en cuestión), sostiene que los campesinos invadieron una propiedad privada y emboscaron a los policías. Pero la propiedad no es privada, por lo tanto este proceso judicial, no tiene razón de ser (ver Informe de Derechos Humanos sobre el caso Marina Kue. Coordinadora de Derechos Humanos en Paraguay, CODEHUPY. 2012)
Consideramos que solo la presión social podrá detener tanta injusticia que tiene sometidos y privados de sus libertades a 14 campesinos/as pobres en Paraguay. Convocamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, partidos políticos, medios de comunicación a acompañarnos en este sencillo acto de entrega de firmas que da cuenta de nuestro seguimiento y preocupación en el caso Marina Kue, Curuguaty, Paraguay.
Convocan:
Movimiento Nacional Campesino e Indígena. Vía Campesina (Argentina)
Movimiento 138. Colectivo de Resistencia Cultural.
Contactos:
Delia Ramírez (011) 1568024569
Mariel Andersen (011) 1564080693
Iván Britez (011) 15 66206048
Thomas Valenzuela (011) 1530 917186
LA FARSA CONTINÚA: SE APROXIMA EL JUICIO POR CURUGUATY
El juzgado a cargo de Rosa Janine Ríos, fijó los días 3, 4 y 5 de junio para la audiencia preliminar de los 14 campesinos acusados injustamente por la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012, que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo. Juzgan a campesinos y campesinas por una supuesta "invasión de propiedad privada", pero no hay duda alguna de que la tierra en disputa es del Estado.
El próximo lunes 3 de junio se iniciará la audiencia preliminar por el caso Curuguaty, en Asunción, Paraguay. Los acusados son Juan Tillería, Alcides Ramírez, Luis Olmedo, Lucía Agüero, María Fani Olmedo, Dolores López, Rubén Villalba, Néstor Castro Benítez, Adalberto Castro, Arnaldo Quintana, Felipe Benítez, Felipe Nery Urbina, además de una adolescente.
El juzgado a cargo de Rosa Janine Ríos, fijó los días 3, 4 y 5 de junio para la audiencia preliminar de los catorce campesinos y campesinas acusadas injustamente por la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 y que derivó en la destitución del presidente Fernando Lugo.
La hipótesis del fiscal Halil Rachid, que no debería estar a cargo de esa función por sus comprobables vínculos con el empresario Blas N Riquelme, titular de Campos Morombí S.A. (quien mandó a desalojar a los campesinos que acampaban en el predio en cuestión), sostiene que los campesinos invadieron una propiedad privada y emboscaron a los policías. Pero la propiedad no es privada, por lo tanto este proceso judicial, no tiene razón de ser.
Con el reclamo "¿Qué pasó en Curuguaty?" las organizaciones intentaron instalar la necesidad de una investigación imparcial sobre el acontecimiento que terminó con la vida de 11 campesinos y campesinas y 6 policías el 15 de junio del año pasado, masacre que se llevó puesta a partir de un bochornoso juicio político también conocido como juicio express, a un presidente democráticamente electo.
Sin título de propiedad, no hay invasión
Campesinos y campesinas serán juzgadas por "invasión a la propiedad privada", acusación que carecería de sustento si se revisaran los antecedentes de las tierras en disputa. En el año 1967, la Industrial Paraguaya S.A. (IPSA) donó al Estado una propiedad y allí se instaló un destacamento de la Marina hasta finales de 1999, cuando por problemas presupuestarios, desocupó el predio. Por eso el lugar es conocido como "Marina Kué", que significa "la vieja Marina".
El predio comprende 2 mil hectáreas que, durante el gobierno de Alfredo Stroessner, pasaron a manos del Estado. Ese gobierno intentó instalar dispositivos vinculados a la Doctrina de Seguridad Nacional vigente en los años 60. La Marina operó desde allí durante más de 30 años, pero tras un prolongado abandono del predio por parte del Estado, las familias campesinas comenzaron a realizar los trámites para habitar legalmente ese lugar, porque entendían que era propiedad del Estado.
Campos Morombí S.A., de Blas Riquelme, recién se interesó por tener esas tierras cuando vio que los campesinos avanzaron en las gestiones correspondientes frente al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). La estrategia del empresario, entonces, fue iniciar un juicio por usucapión y así, en tiempo récord, consiguió una sentencia que implicaba un conjunto de graves irregularidades, entre ellas, no permitir ninguna intervención al Estado que, en su legítimo derecho, estaba disputando la propiedad de esas tierras.
Repasemos entonces. En 1967 el terreno fue donado por la IPSA al Estado paraguayo. Luego, el 4 de octubre de 2004, el Poder Ejecutivo Nacional emitió un decreto por el cual declaró las tierras de "interés social", con objeto de iniciar un proceso de reforma agraria. Blas Riquelme empezó entonces un juicio de usucapión y un juez corrupto sentenció que las tierras pertenecían al mencionado empresario, sin dar cabida al Estado. Ese mismo Juez, José Benítez, era el que tenía hasta hace poco tiempo en sus manos el caso de la Masacre. Afortunadamente fue desplazado por mal desempeño de sus funciones.
Es necesario insistir para que quede en claro el montaje: el lunes 3 de junio empiezan a juzgar a campesinos y campesinas por una supuesta "invasión de propiedad privada", pero no hay duda alguna de que la tierra en disputa es del Estado. Los campesinos tenían y tienen razón. Pero la acción de los funcionarios de la justicia demuestra desprecio por dos puntos fundamentales: la falta de titulación a nombre de Riquelme y la propiedad estatal.
La masacre de Curuguaty: una herida sangrante
Una mirada retrospectiva encuentra que la misma adquisición de tierras de parte de IPSA tuvo que ver con una historia de saqueo sistemático. El poder político paraguayo tejió durante un tiempo extenso e intenso la conformación de un conglomerado de tierras malhabidas. Para convertirse en latifundistas, los stronistas despojaron de sus territorios a campesinos e indígenas de manera violenta. La historia de concentración de las tierras en Paraguay es también la de la violación de los Derechos Humanos y, en ese contexto, la masacre de Curuguaty ocupa un capítulo especial y representa una herida abierta.
Desde 1963 hasta 2013 el Instituto de Bienestar Rural (IBR) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) transfirieron de forma irregular 8 millones de hectáreas. Entre los criminales beneficiados se encuentra Riquelme: las tierras de Marina Kué en Curuguaty se encuentran rodeadas por el latifundio de Campos Morombí S.A.
La familia del colorado-stronista Blas Riquelme posee, sólo en el departamento de Canindeyú, 70 mil hectáreas; sin contar las que tiene en otros departamentos de Paraguay. Las 2 mil hectáreas por las que se desató la disputa -sobre las que no detenta título-, representan una menudencia respecto a las posesiones del empresario. En cambio, miles de familias paraguayas, entre las que se contaban los once campesinos muertos, no tienen dónde vivir ni dónde trabajar.
Los documentos de la "investigación oficial" que se han producido a partir del caso Curuguaty resultan una sumatoria de absurdos. Se encuentran imputadas alrededor de 60 personas que no estaban en el lugar de la disputa, sino que se encontraban en un listado oficial de personas en situación de "sin tierra". Entre ellas los 14 procesados y un adolescente condenado en un proceso abreviado.
Uno de los testigos clave en el caso, Vidal Vega, dirigente rural, fue asesinado a fines del año pasado. Vega es una de las tantas víctimas del Estado del terror que se despliega de manera silenciosa, pero persistente.
Con estos indicios nada alentadores se espera, de todas maneras, que la jueza Janine Ríos no continúe con un montaje erigido sobre un megamontaje. Paraguayos y paraguayas de todo el mundo exigen:
Libertad inmediata a todos los presos políticos.
Recuperación de las tierras públicas de Marina Kué.
Reparación a las víctimas de la masacre.
Juicio y castigo a los verdaderos responsables.
Las tierras malhabidas en Paraguay no se obtienen por normas, sino por un conjunto infinito de transgresiones violentas. Los que hoy se dicen propietarios y reclaman por sus derechos, son los verdaderos usurpadores.
Fuente: Superficie, Por Delia Ramírez
Entregando 1,6 millones de voces al Senado de Brasil