El ELN comunica acerca del secuestro extorsivo de de seis empleados de una minera canadiense.

COLOMBIA: OPERACIÓN SOBERANÍA Y DIGNIDAD

(AW) El Ejército de Liberación Nacional- ELN- informa a la comunidad Nacional e internacional que el día 18 de Enero de 2013, tropas especiales del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro desarrolló "La operación Soberanía y Dignidad", en la que fueron retenidos seis empleados de las Compañía Minera Canadiense Inversiones Kumi que realiza trabajos en el Sur de Bolívar. Escrito por Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, ELN Publicado el Martes, 29 Enero 2013 19:34 Comunicado a la Comunidad Nacional e Internacional [Operación Soberanía y Dignidad] Frente de Guerra Darío Ramírez Castro El Ejército de Liberación Nacional- ELN- informa a la comunidad Nacional e internacional que el día 18 de Enero de 2013, tropas especiales del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro desarrolló "La operación Soberanía y Dignidad", en la que fueron retenidos seis empleados de las Compañía Minera Canadiense Inversiones Kumi que realiza trabajos en el Sur de Bolívar. En lo posible, el ELN tratará de salvaguardar la integridad de los retenidos, teniendo en cuenta que el vasto operativo emprendido por la fuerza pública, ponen en riesgo la vida de dichas personas y es responsabilidad del gobierno, cualquier desenlace lamentable. El ELN lucha por la Soberanía Nacional, contra las multinacionales y las políticas entreguistas del Estado y el gobierno colombiano y consecuente con la política de defensa de los recursos estratégicos de la nación, ha desarrollado permanentemente campañas político-militares e impulsado la realización de espacios de análisis y reflexión para que el conjunto de la nación discuta esta problemática y se formule socialmente la política pública al respecto; hoy seguimos en ese mismo esfuerzo. La Operación Soberanía y Dignidad se realiza en el marco de la defensa soberana de los recursos mineros que el gobierno nacional viene entregando a las compañías extranjeras, subsidiarias y contratistas a través de la locomotora minero energética, en franco detrimento del patrimonio y la soberanía de la Nación; mientras persigue, desplaza y asesina a los campesinos mineros que desarrollan trabajos de pequeña minería y minería artesanal, de dónde sacan el sustento diario y buscan dignificar su existencia y la de sus familias. La locomotora es la causante de la crisis del agro, de la pérdida de la seguridad alimentaria y de estar importando millones de toneladas de alimentos, siendo Colombia un país con gran potencial agrícola. El ELN ha llamado permanente la atención del gobierno nacional y de la nación colombiana para la formulación de una política minero energética que salvaguarde los intereses nacionales de la voracidad de las empresas transnacionales que se benefician de una legislación entreguista. Hemos propuestos debates nacionales con participación de las comunidades sobre los lesivos contratos con las multinacionales para su aplicación, regulación y fiscalización; hemos planteado la necesidad del impulso de una agresiva y vigorosa política de inversión social que saque las regiones del atraso y las lleve al Bienestar de las comunidades y, hemos insistido en los impactos ambientales y el daño ecológico que produce la minería a gran escala; hemos cuestionado permanentemente las economías del despojo que condena a la población y a las regiones mineras a la pobreza y el abandono institucional. Mediante diversas acciones, el ELN ha venido planteando al gobierno y a la Nación varias iniciativas y propuestas sobre esta materia minero energéticas y manteniendo esa línea, hoy reiteramos las siguientes: 1. Sustraer de los planes minero energéticos, los territorios de Parques Naturales y Páramos, de Reserva Indígena o de los afrodescendientes. 2. Reparar, compensar e indemnizar los daños ambientales y sociales que ha ocasionado la explotación petrolera y minera por las trasnacionales. 3. La creación de un Impuesto Social, que debe ser pagado por las multinacionales y entregado directamente a las comunidades para el desarrollo de sus planes de vida, superando la corrupción e impunidad gestada en torno a las regalías. 4. Una revisión de la política de precios a los combustibles y de las tarifas a la electricidad, que encarecen el costo de vida de los colombianos y colombianas. 5. Que el Estado despenalice y descriminalice la pequeña y mediana minería y en cambio le brinde protección y apoyo. 6. Modificar los contratos con las compañías mineroenergética, para evitar la devastación ambiental y para garantizar que la mayor parte de la ganancia le corresponda a la Nación y no al capital extranjero. 7. La realización de un debate nacional minero energético, sobre el impacto de la política minera del gobierno colombiano, en el que participen distintos sectores de la sociedad y en el que se realice una consulta popular para definir la política pública minero-energética y el Código Minero. El ELN está en confrontación al Plan Nacional de Desarrollo: "Prosperidad para el Capital", en especial de su locomotora minero-energética. El ELN ratifica su voluntad indeclinable de transitar los caminos de la paz con justicia social y refrenda su disposición para la solución política del conflicto social y armado. Montañas de la Serranía de San Lucas, enero de 2013 Dirección del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro Ejército De Liberación Nacional Agencia de Noticias Nueva Colombia, ANNCOL

Dos muertos en protesta contra minera.

Perú

(AW) En un enfrentamiento entre la Policía y la población civil que reclama contra una minera en el sur del país, muerieron dos personas. El presidente Ollanta Humala decretó el estado de emergencia que le entrega el mando del orden a la Policía. Los habitantes denuncian la contaminación de la mina de cobre Tintaya y el aumento de los aportes de la empresa a las autoridades locales. Perú, MARTES 29 DE MAYO DE 2012 (No a la mina) Dos muertos en protestas contra minera. declaran estado de emergencia Además de las dos víctimas mortales, los choques con la Policía causaron decenas de heridos y llevaron al Gobierno de Ollanta Humala a decretar ayer el estado de emergencia, que entrega durante 30 días el control del orden interno a la Policía. La población exige el cierra de la mina Xstrata Tintaya y recomposición del ambiente. Fuente: EFE y Siglo 21 El Gobierno peruano decretó el estado de emergencia en una provincia del sur del país después de que dos personas murieran en enfrentamientos entre la policía y la población local, que protesta desde hace días contra una empresa minera. Además de las dos víctimas mortales, los choques con la Policía causaron decenas de heridos y llevaron al Gobierno de Ollanta Humala a decretar ayer el estado de emergencia, que entrega durante 30 días el control del orden interno a la Policía. La población de la provincia de Espinar, en la región Cuzco, exige que se investiguen los supuestos daños ambientales causados por la mina de cobre Tintaya, que explota la minera suiza Xstrata, y que se eleve del 3 al 30 por ciento la aportación al desarrollo de la empresa a las autoridades locales. Dos personas murieron en los enfrentamientos con la Policía, al parecer por disparos de armas de fuego, y decenas de civiles y agentes resultaron heridos de diferente consideración. "Hay dos fallecidos, uno que está siendo evacuado en estado muy grave y muchos heridos, todo porque hay una insensibilidad por parte del Ejecutivo para poder apreciar la real problemática de Espinar", declaró el alcalde de la localidad del mismo nombre, Oscar Mollohuanca. Aunque el alcalde dijo que desconoce la identidad de los fallecidos, ratificó que vio sus cuerpos en la morgue del lugar, mientras que el canal N de la televisión local identificó a uno de los muertos como Florecindo Mamani Puma, de 27 años. Según sus familiares, el hombre recibió un disparo de arma de fuego cuando se encontraba en un cerro cercano siguiendo los enfrentamientos, aunque sin participar en ellos. Calle añadió que el lunes hubo 30 policías heridos, que se sumaron a los 46 del domingo.El ministro del Interior, Wilver Calle, confirmó la muerte de las dos personas y dijo que la Policía tuvo que responder ante los "ataques, provocación y medidas de fuerza, con quema de pastizales y lanzamiento de piedras" de los manifestantes. "Se usaron balas de goma y cuando se puso en peligro a la policía ellos tuvieron que repeler el ataque...(las muertes) han sido a consecuencia de la actitud que han tomado los pobladores", afirmó. Tras confirmarse los fallecimientos, los manifestantes atacaron algunos vehículos que se encontraban en la carretera que une Espinar con el Cuzco y retuvieron a un fiscal que se dirigía a la zona. Después de hacerlo caminar sin zapatos durante varias horas, los manifestantes aceptaron liberarlo a petición de la vicaría apostólica. La solución oficial: estado de emergencia Sin embargo, la situación llevó al Gobierno peruano a declarar el estado de emergencia (excepción) en Espinar y el presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, invocó a la población local a levantar su medida de fuerza y reiniciar el diálogo. Según un decreto que fue leído en el palacio gubernamental, el estado de emergencia se dictó para garantizar la seguridad y el libre tránsito en la zona, así como "la plena vigencia de los derechos fundamentales". La medida, que estará vigente durante 30 días y entrega el control del orden interno a la Policía, comprende la suspensión de garantías relativas a la libertad de tránsito y reunión, a la seguridad personal y la inviolabilidad de domicilio. El alcalde Mollohuanca aseguró, por su parte, que el Gobierno está "caricaturizando el problema" de Espinar, al decir que las protestas tienen un origen político y enfatizó que sus habitantes exigen que se analicen los pasivos ambientales que ha causado el yacimiento de Tintaya. Lo que reclama la población Los manifestantes exigen el cierre de mina Tintaya que explota Xstrata Copper, que produjo 74.261 toneladas de cobre en concentrados en 2011, modifique el convenio marco suscrito con la provincia de Espinar para incrementar el pago del canon minero del 3 % actual al 30 %. "El tema no es sólo económico, porque previo a ello los comuneros de la zona piden una solución a los pasivos ambientales que se han generado", remarcó Mollohuanca. El Gobierno peruano asegura que las protestas en Espinar están siguiendo el mismo tenor que las presentadas en la región norteña de Cajamarca contra el proyecto aurífero Conga, que sigue paralizado y que lograron que se sometiera a un peritaje el estudio de impacto ambiental del futuro yacimiento. El alcalde de Espinar aseguró que los dirigentes de su provincia están dispuestos a reunirse con una comisión gubernamental para intentar solucionar el conflicto.