ECUADOR
por Carlos Aznárez
(desde Quito)
Nuevamente la corporación elitista médica sale a enfrentar a Correa, pero el presidente está firme.
En momentos en que la campaña electoral para elegir cargos municipales está en pleno apogeo, ha estallado uno de los típicos conflictos que la derecha ecuatoriana suele utilizar para demonizar al gobierno popular de Rafael Correa. Esta vez, y no es la primera, quienes embisten contra la Revolución Ciudadana son algunos de los integrantes de la corporación médica. El motivo, es el cuestionamiento que los galenos hacen del artículo 146 del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que califica de "homicidio culposo" cualquier aspecto que incumba a la "mala praxis profesional". En realidad, ningún buen médico que se precie debería protestar por esta modificación, que para las grandes mayorías que suelen atenderse en los hospitales públicos (la medida abarca obviamente también a la medicina privada) es un acto de justicia, ya que son innumerables los casos denunciados por fallecimiento de pacientes a partir de negligencias y otros actos de abuso de la autoridad médica. Lo que ocurre, es que en plena época electoral (los comicios son el 23 de febrero) esta modificación al Código Penal viene como anillo al dedo a la oposición oligárquica para acusar al gobierno de "injerencista".
En ese marco, se vienen sucediendo numerosos planteos y movilizaciones de cientos de médicos, tanto en Quito y Guayaquil, tanto en algunas provincias serranas, como en las localidades de Ambato y la zona de Tungurahua. En el Hospital quiteño Eugenio Espejo, por ejemplo, alrededor de un centenar de médicos colgaron sus delantales blancos en una cerca del nosocomio, en protesta contra la medida orientada por el Gobierno, y además, a través de algunos de sus voceros (en general, altos cargos de la profesión, con notorias vinculaciones a la oposición a Correa), expresaron que: "el trabajo es riesgoso y no puede ser que por querer curar a un enfermo, terminemos siendo acusados de homicidas".
Sin duda, este conflicto no es sólo ecuatoriano sino que abarca a toda la corporación médica latinoamericana, que en muchas ocasiones, frente a verdaderos "asesinatos" de pacientes por mala práctica, miran a un costado y cierran filas, abriendo puertas a la más absoluta impunidad.
Sin embargo, lo que ahora está ocurriendo en Ecuador tiene su historia. Desde el año 2012, cuando la propuesta de cuerpo legal se analizaba en la Comisión de Justicia de la Asamblea, los médicos expresaron su abierta oposición por la inclusión de un artículo (el 135) sobre mala praxis profesional. Posteriormente, el propio presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Alberto Narváez (un conspícuo anti-correista), señaló que habría médicos que no atenderían a sus pacientes por temor a ser denunciados.
Otro momento de gran tensión entre el Gobierno y la corporación médica se dio cuando el 29 de agosto de 2009, Rafael Correa calificó de "carnicero" al médico de Guayaquil que operó su rodilla. "Algún día debe haber una ley contra la mala práctica médica para poder sancionar a esos estafadores", dijo el mandatario, y eso cayó como una bomba sobre los sectores más reaccionarios de la profesión.
Posteriormente, apareció la guinda de la torta, cuando la elite médica puso el grito en el cielo y también amenazaron con renuncias masivas, tras el anuncio desde el Ministerio de Salud de que serían contratados doctores cubanos para llenar el déficit existente. Así es como, a pesar de las algaradas y las movilizaciones macartistas llevadas a cabo, Correa no titubeó y hoy cumplen sus funciones en los lugares más apartados del país, alrededor de 250 médicos cubanos, y el Presidente, propuso en su contacto semanal radial y televisivo con su pueblo, que la cifra suba a un millar, ya que "los médicos y médicas de Cuba, son nuestros hermanos solidarios que vienen a prestar servicio allí donde las capas más humildes de nuestra población lo requieran".
Casos parecidos al que hoy se vive en Ecuador se han dado en Brasil y en Bolivia, con las corporaciones de médicos y oftalmólogos locales, que frente al compromiso solidario de los médicos cubanos, han protestado acusándolos de "invasores", al ver que sus ganancias exageradas mermarían cuantitativamente, ya que la atención de los galenos cubanos es totalmente gratuita, como debe ser cualquier propuesta humanitaria que se precie.
Ahora, los médicos disconformes con la propuesta de modificar el Código Penal, amenazan con renuncias masivas (hasta el presente sólo lo habrían hecho algunos pocos pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en Ambato, y del Hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito, pero los líderes del conflicto aseguran que las dimisiones llegarán a un millar.
Desde el lado del gobierno, la ministra de Salud, Carina Vance, defendió la aprobación del artículo, señalando que el objetivo es mejorar la salud de los ecuatorianos. Añadió que los temores de los médicos ?son por desconocimiento y no por malicia?, aunque no descartó que haya personajes dentro de la profesión que buscan sabotear el proceso revolucionario olvidándose que "ante todo son médicos y no politiqueros".
La Secretaria de Estado lamentó las renuncias, pero aseguró que muchas de las cartas de Ambato ya fueron retiradas. En el caso de Quito, afirmó que sólo está confirmada la renuncia del traumatólogo Juan Barriga, quien la presentó, según Vance, hace ya un año. Por otro lado, tanto la ministra, como el propio presidente Correa señalaron que el Gobierno no cederá ante lo que llamó ?chantajes? deliberados de sectores que no se adaptan a los cambios profundos que está realizando el Ecuador.
Correa aprovechó su comparencia en el programa "Habla Guayas" para señalar en tono severo que las ?grandes máquinas de destrucción masiva?, o sea -a su entender los medios de comunicación- , están mal informando a la ciudadanía con respecto al contenido del COIP en el articulado de los médicos para así perjudicar al gobierno.
?Yo soy un sicópata, tenemos gran aprecio a los médicos y los queremos mucho, pero les queremos hacer daño?, ironizó el primer mandatario, al tiempo que advirtió que los médicos y el pueblo no se dejen engañar, pues conoce que se esta llamando a una marcha por parte de los médicos y como respuesta hizo una exhortación para que todo el pueblo ecuatoriano a su vez haga una marcha a la misma hora en la Plaza Grande de Quito y en las ciudades capitales de provincia del resto del país, para que se reunan en sus respectivas gobernaciones y den apoyo al gobierno nacional.
"Somos el gobierno que más ha dialogado con los médicos y el que más se ha preocupado por ellos pero si insisten en su posición, tenemos dispuestos 750 médicos de países amigos para paliar una posible crisis en este sector", manifestó el mandatario, antes de partir para Cuba y participar en la reunión de la CELAC.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Mauro Andino, manifestó que ni esa Mesa ni la Asamblea tienen responsabilidad en la renuncia de los médicos. Recordó que ya no se puede modificar el artículo 146 que no fue motivo de veto. ?Los textos sobre homicidio culposo por mala práctica profesional fueron trabajados por los propios profesionales de la salud, por sus dirigentes, con el Ministerio de Justicia, con la Secretaría de la Política, por lo que no ha sido iniciativa nuestra lo que consta en el 146?, dijo Andino.
A nivel popular, la medida gubernativa ha sido recibida con gran apoyo ya que como aseguró uno de los dirigentes juveniles ecuatorianos, "hasta que llegó Correa, las corporaciones (médicas, mediáticas y empresariales) hacían lo que querían. Ahora se les acabó la impunidad. O se adaptan, o tendrán enfrente a todo un pueblo".
por Carlos Aznárez
(desde Quito)
Nuevamente la corporación elitista médica sale a enfrentar a Correa, pero el presidente está firme.
En momentos en que la campaña electoral para elegir cargos municipales está en pleno apogeo, ha estallado uno de los típicos conflictos que la derecha ecuatoriana suele utilizar para demonizar al gobierno popular de Rafael Correa. Esta vez, y no es la primera, quienes embisten contra la Revolución Ciudadana son algunos de los integrantes de la corporación médica. El motivo, es el cuestionamiento que los galenos hacen del artículo 146 del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), que califica de "homicidio culposo" cualquier aspecto que incumba a la "mala praxis profesional". En realidad, ningún buen médico que se precie debería protestar por esta modificación, que para las grandes mayorías que suelen atenderse en los hospitales públicos (la medida abarca obviamente también a la medicina privada) es un acto de justicia, ya que son innumerables los casos denunciados por fallecimiento de pacientes a partir de negligencias y otros actos de abuso de la autoridad médica. Lo que ocurre, es que en plena época electoral (los comicios son el 23 de febrero) esta modificación al Código Penal viene como anillo al dedo a la oposición oligárquica para acusar al gobierno de "injerencista".
En ese marco, se vienen sucediendo numerosos planteos y movilizaciones de cientos de médicos, tanto en Quito y Guayaquil, tanto en algunas provincias serranas, como en las localidades de Ambato y la zona de Tungurahua. En el Hospital quiteño Eugenio Espejo, por ejemplo, alrededor de un centenar de médicos colgaron sus delantales blancos en una cerca del nosocomio, en protesta contra la medida orientada por el Gobierno, y además, a través de algunos de sus voceros (en general, altos cargos de la profesión, con notorias vinculaciones a la oposición a Correa), expresaron que: "el trabajo es riesgoso y no puede ser que por querer curar a un enfermo, terminemos siendo acusados de homicidas".
Sin duda, este conflicto no es sólo ecuatoriano sino que abarca a toda la corporación médica latinoamericana, que en muchas ocasiones, frente a verdaderos "asesinatos" de pacientes por mala práctica, miran a un costado y cierran filas, abriendo puertas a la más absoluta impunidad.
Sin embargo, lo que ahora está ocurriendo en Ecuador tiene su historia. Desde el año 2012, cuando la propuesta de cuerpo legal se analizaba en la Comisión de Justicia de la Asamblea, los médicos expresaron su abierta oposición por la inclusión de un artículo (el 135) sobre mala praxis profesional. Posteriormente, el propio presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Alberto Narváez (un conspícuo anti-correista), señaló que habría médicos que no atenderían a sus pacientes por temor a ser denunciados.
Otro momento de gran tensión entre el Gobierno y la corporación médica se dio cuando el 29 de agosto de 2009, Rafael Correa calificó de "carnicero" al médico de Guayaquil que operó su rodilla. "Algún día debe haber una ley contra la mala práctica médica para poder sancionar a esos estafadores", dijo el mandatario, y eso cayó como una bomba sobre los sectores más reaccionarios de la profesión.
Posteriormente, apareció la guinda de la torta, cuando la elite médica puso el grito en el cielo y también amenazaron con renuncias masivas, tras el anuncio desde el Ministerio de Salud de que serían contratados doctores cubanos para llenar el déficit existente. Así es como, a pesar de las algaradas y las movilizaciones macartistas llevadas a cabo, Correa no titubeó y hoy cumplen sus funciones en los lugares más apartados del país, alrededor de 250 médicos cubanos, y el Presidente, propuso en su contacto semanal radial y televisivo con su pueblo, que la cifra suba a un millar, ya que "los médicos y médicas de Cuba, son nuestros hermanos solidarios que vienen a prestar servicio allí donde las capas más humildes de nuestra población lo requieran".
Casos parecidos al que hoy se vive en Ecuador se han dado en Brasil y en Bolivia, con las corporaciones de médicos y oftalmólogos locales, que frente al compromiso solidario de los médicos cubanos, han protestado acusándolos de "invasores", al ver que sus ganancias exageradas mermarían cuantitativamente, ya que la atención de los galenos cubanos es totalmente gratuita, como debe ser cualquier propuesta humanitaria que se precie.
Ahora, los médicos disconformes con la propuesta de modificar el Código Penal, amenazan con renuncias masivas (hasta el presente sólo lo habrían hecho algunos pocos pertenecientes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en Ambato, y del Hospital Pablo Arturo Suárez, de Quito, pero los líderes del conflicto aseguran que las dimisiones llegarán a un millar.
Desde el lado del gobierno, la ministra de Salud, Carina Vance, defendió la aprobación del artículo, señalando que el objetivo es mejorar la salud de los ecuatorianos. Añadió que los temores de los médicos ?son por desconocimiento y no por malicia?, aunque no descartó que haya personajes dentro de la profesión que buscan sabotear el proceso revolucionario olvidándose que "ante todo son médicos y no politiqueros".
La Secretaria de Estado lamentó las renuncias, pero aseguró que muchas de las cartas de Ambato ya fueron retiradas. En el caso de Quito, afirmó que sólo está confirmada la renuncia del traumatólogo Juan Barriga, quien la presentó, según Vance, hace ya un año. Por otro lado, tanto la ministra, como el propio presidente Correa señalaron que el Gobierno no cederá ante lo que llamó ?chantajes? deliberados de sectores que no se adaptan a los cambios profundos que está realizando el Ecuador.
Correa aprovechó su comparencia en el programa "Habla Guayas" para señalar en tono severo que las ?grandes máquinas de destrucción masiva?, o sea -a su entender los medios de comunicación- , están mal informando a la ciudadanía con respecto al contenido del COIP en el articulado de los médicos para así perjudicar al gobierno.
?Yo soy un sicópata, tenemos gran aprecio a los médicos y los queremos mucho, pero les queremos hacer daño?, ironizó el primer mandatario, al tiempo que advirtió que los médicos y el pueblo no se dejen engañar, pues conoce que se esta llamando a una marcha por parte de los médicos y como respuesta hizo una exhortación para que todo el pueblo ecuatoriano a su vez haga una marcha a la misma hora en la Plaza Grande de Quito y en las ciudades capitales de provincia del resto del país, para que se reunan en sus respectivas gobernaciones y den apoyo al gobierno nacional.
"Somos el gobierno que más ha dialogado con los médicos y el que más se ha preocupado por ellos pero si insisten en su posición, tenemos dispuestos 750 médicos de países amigos para paliar una posible crisis en este sector", manifestó el mandatario, antes de partir para Cuba y participar en la reunión de la CELAC.
Finalmente, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Mauro Andino, manifestó que ni esa Mesa ni la Asamblea tienen responsabilidad en la renuncia de los médicos. Recordó que ya no se puede modificar el artículo 146 que no fue motivo de veto. ?Los textos sobre homicidio culposo por mala práctica profesional fueron trabajados por los propios profesionales de la salud, por sus dirigentes, con el Ministerio de Justicia, con la Secretaría de la Política, por lo que no ha sido iniciativa nuestra lo que consta en el 146?, dijo Andino.
A nivel popular, la medida gubernativa ha sido recibida con gran apoyo ya que como aseguró uno de los dirigentes juveniles ecuatorianos, "hasta que llegó Correa, las corporaciones (médicas, mediáticas y empresariales) hacían lo que querían. Ahora se les acabó la impunidad. O se adaptan, o tendrán enfrente a todo un pueblo".
