PARAGUAY
Por Ariel Aloi, miembro del Secretariado de la Organización para la Liberación Argentina-OLA
No puede pasar inadvertido para el cono sur americano y sus pueblos, la modificación de la Ley de Defensa Nacional en Paraguay. El Presidente Horacio Cartes logró el aval mayoritario del Senado para poder utilizar a las fuerzas armadas ante ?cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país".
La militarización de amplias zonas del territorio -de un país sumido en la pobreza- es la realidad cotidiana que deben padecer los campesinos y el mundo popular.En nombre de la ?seguridad? y la ?mayor presencia? del Estado se ha encubierto una cantidad de asesinatos a dirigentes campesinos, represión sostenida y presos políticos. Pero existe una inmensa brecha entre la aplicación del concepto de ?seguridad? y los beneficiarios de la misma. El desvelo de Cartes y de los sectores mayoritarios en el parlamento paraguayo es la ?seguridad? de los inversionistas y las empresas extranjeras. Monsanto no es considerada una transnacional criminal, pero sí lo es la organización que mayor resistencia ha presentado a las políticas antipopulares y antinacionales: el EPP.
En Paraguay se asiste a una militarización plena de la sociedad, extensiva y con especial foco en el norte. La aprobación en la modificación de la Ley de Defensa Nacional es la legalización de la criminalización de la protesta, los asesinatos, el apresamiento de dirigentes políticos y sociales y la persecución a los epepistas. Es observable la intención de desbaratar cualquier tipo de resistencia (sea política, social o militar) que devele los altos niveles de indignación que genera la injusticia social.Que la pobreza ascienda a casi un 50% de la sociedad (CEPAL, 2012) no se considera un crimen. Tampoco la desnutrición, el desempleo ni la indigencia de un 28% de los habitantes. De este modo el Gobierno paraguayo da un peligroso paso de ilegalización de la protesta y la rebelión, y una legalización y cobertura parlamentaria en la protección de los oligarcas y negocios de empresas extranjeras sobre suelo paraguayo.
¿Es posible garantizar independencia, soberanía e integridad territorial con un país convertido en plataforma de negocios de la nefasta oligarquía y los intereses transnacionales? A Cartes y sus secuaces ya no les basta la brutalidad de los asesinatos y represiones feroces de sus antecesores, ni la entrega sistemática de la tierra y los bienes comunes. Ahora quieren las manos libres, bajo el paraguas de la institucionalidad, para mancharlas de sangre de miles de campesinos y pobres: con la ?seguridad? a las agresiones externas e internas, se pasa con una aplanadora a la doctrina de la seguridad digna y humana.
Los revolucionarios y patriotas argentinos damos nuestros aliento cercano y hermano a los combatientes revolucionarios, a los campesinos resistentes, a los presos políticos, a los reprimidos y en particular a cada luchador epepista que sueña y trabaja por un Paraguay libre, soberano y socialista.
Por Ariel Aloi, miembro del Secretariado de la Organización para la Liberación Argentina-OLA
No puede pasar inadvertido para el cono sur americano y sus pueblos, la modificación de la Ley de Defensa Nacional en Paraguay. El Presidente Horacio Cartes logró el aval mayoritario del Senado para poder utilizar a las fuerzas armadas ante ?cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país".
La militarización de amplias zonas del territorio -de un país sumido en la pobreza- es la realidad cotidiana que deben padecer los campesinos y el mundo popular.En nombre de la ?seguridad? y la ?mayor presencia? del Estado se ha encubierto una cantidad de asesinatos a dirigentes campesinos, represión sostenida y presos políticos. Pero existe una inmensa brecha entre la aplicación del concepto de ?seguridad? y los beneficiarios de la misma. El desvelo de Cartes y de los sectores mayoritarios en el parlamento paraguayo es la ?seguridad? de los inversionistas y las empresas extranjeras. Monsanto no es considerada una transnacional criminal, pero sí lo es la organización que mayor resistencia ha presentado a las políticas antipopulares y antinacionales: el EPP.
En Paraguay se asiste a una militarización plena de la sociedad, extensiva y con especial foco en el norte. La aprobación en la modificación de la Ley de Defensa Nacional es la legalización de la criminalización de la protesta, los asesinatos, el apresamiento de dirigentes políticos y sociales y la persecución a los epepistas. Es observable la intención de desbaratar cualquier tipo de resistencia (sea política, social o militar) que devele los altos niveles de indignación que genera la injusticia social.Que la pobreza ascienda a casi un 50% de la sociedad (CEPAL, 2012) no se considera un crimen. Tampoco la desnutrición, el desempleo ni la indigencia de un 28% de los habitantes. De este modo el Gobierno paraguayo da un peligroso paso de ilegalización de la protesta y la rebelión, y una legalización y cobertura parlamentaria en la protección de los oligarcas y negocios de empresas extranjeras sobre suelo paraguayo.
¿Es posible garantizar independencia, soberanía e integridad territorial con un país convertido en plataforma de negocios de la nefasta oligarquía y los intereses transnacionales? A Cartes y sus secuaces ya no les basta la brutalidad de los asesinatos y represiones feroces de sus antecesores, ni la entrega sistemática de la tierra y los bienes comunes. Ahora quieren las manos libres, bajo el paraguas de la institucionalidad, para mancharlas de sangre de miles de campesinos y pobres: con la ?seguridad? a las agresiones externas e internas, se pasa con una aplanadora a la doctrina de la seguridad digna y humana.
Los revolucionarios y patriotas argentinos damos nuestros aliento cercano y hermano a los combatientes revolucionarios, a los campesinos resistentes, a los presos políticos, a los reprimidos y en particular a cada luchador epepista que sueña y trabaja por un Paraguay libre, soberano y socialista.
