Mostrando entradas con la etiqueta terratenientes. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta terratenientes. Mostrar todas las entradas

viernes, 12 de septiembre de 2014

“El gobierno siempre promete pero no hace nada”.

VENEZUELA: ENTREVISTA A ISIDRO ROMERO



(AW) Entrevista realizada al hijo del referente asesinado, Sabino Romero, donde explica la situación actual de la demarcación territorial Yukpa, los proyectos de explotación de sus tierras emprendidos por el Gobierno y el asedio de las mafias de terratenientes.

Por laguarura.net / Radio Alí Primera

Link de la entrevista: http://www.youtube.com/watch?v=0PUQXJES6hg

(AW) El cacique yukpa Sabino Romero Izarra fue asesinado el domingo 3 de marzo de 2013. Fue atacado por sicarios junto a su esposa Lucía Martínez en el camino que va desde el Yaza al Tukuko, en las Sierras del Perijá, estado Zulia, al nor-occidente de Venezuela. Lucía se encuentra gravemente herida. En el momento del hecho, el matrimonio bajaba de Chaktapa para participar en la elección del cacique mayor de su pueblo. 

Sabino y la opinión pública del poder.

“yo canto la chillaneja, si tengo que decir algo, y no pongo mi canción, pa recibir un aplauso, yo canto a la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario, no canto.” Violeta Parra

En la “opinión pública” Sabino es aún inexplicable. Es más fácil comprender por qué las clases medias, chavistas y opositoras se alínean automaticamente en los dos bandos de la polarización burguesa(chavismo-escualidismo), después de todo el traje clientelar y comunicacional desplegado con grosera hegemonía por ambos bandos es el único traje hecho a la medida de sus ilusiones y su falsa cultura, todos los demás trajes con los que se visten son prestados, importados, alquilados y en definitiva no fueron hechos para ellos. El difraz rojo, azul o amarillo de las clases medias nos recuerda al verso de Martí que dice: eramos una mascarada con el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la bandera de España.

Y decimos clases medias para no incluir a una parte importante de los trabajadores, campesinos e indígenas, también alineados en la polarización de un lado o de otro, sólo que los asuntos de estos, los más humildes y oprimidos, que constituyen la mayoría silente, no son los asuntos de la opinión pública, ellos solo aparecen como beneficiarios silenciosos de la política del gobierno chavista y cada vez más como peones de una oposición dirigida por imbéciles y diletantes. Los asuntos que se debaten en ese campo del poder, este acuerdo del poder llamado opinión pública, son los de la clase media y la clase empresarial y son sólo sus voces las que generan el cuerpo de las opiniones dominantes.

Por eso la figura del yukpa Sabino Romero Izarra ocupa un lugar inusual y esquivo en esa opinión pública en la que irrumpimos desde los pueblos en lucha. El no debería y nunca debió estar ahí, no representa de ninguna manera una parte ni menos de los acuerdos que el poder convierte en opinión pública.  Su presencia es aún ahora, un año después de su asesinato, incómoda para todo el conjunto del poder, porque representa un campo insurgente donde ninguno de ellos tiene palabra satisfactoria para explicarlo y para asimilarlo.

Para la comunicación opositora alimentada de forma consecuente y coherente por 500 años de negación de la humanidad del distinto, del originario, Sabino es un mono pretensioso, que nunca debió salir de la selva, un producto del chavismo, un bandido ladrón de ganado y su pretensión de destruir el ornato de la imagen pública de un país que caminaba a la medianía de los jardines primaverales con los que Irene Sáez obsequiaba al municipio Chacao. Para la clase media y empresarial chavista Sabino es un inventario de sobresaltos, su muerte y su presencia política en el país debe ser explicada dentro del discurso oficial, empezando por juntarlo con Hugo Chávez en un hipotético paraiso celestial rojo rojito que se ha diseñado con igual cuidado que el mausoleo necrofílico en el que el poder ha preservado los despojos del fallecido presidente.

La “opinión pública” desde hace ya tiempo en este país es un consenso, y tratándose de Sabino Romero Izarra, luchador por la soberanía de unos territorios a los que el propio estado gobierno ha renunciado cien veces en cien años de negociaciones con el capital transnacional, la política comunicacional del gobierno realmente no ha vacilado en cumplir su parte del  viejo acuerdo, sobre todo en un país donde la renta petrolera es la que garantiza las relaciones coloniales y de dominación, no ha sido precisamente la oligarquía y la clase empresarial (GADEMA, FEDECAMARAS) la encargada de resolver el problema de este símbolo  incómodo, eso es y fue en la Capitanía General Petrolera un asunto de los capitanes generales del gobierno de turno.

Así, el gobierno sólo vaciló en el hecho de grantizar una imagen indigenista en el marco de la polarización: los indígenas son la decoración de una de las vitrinas más eficientes, la de visibilización y valía de sus derechos contemplados en la Constitución Bolivariana del 99.

Una aclaratoria: todos los derechos constitucionales que a partir del 99 colmaron las esperanzas de las mayorías oprimidas, se convirtieron en una política que se garantizaba por el gasto social del estado, es decir, sólo el estado y su acción podía garantizarlos y sólo el estado podía verificar su realización efectiva, así la salud, la vivienda y el habitat, el derecho a la tierra, a la alimentación, el acceso a los beneficios de la renta petrolera, el crédito, la innovación tecnológica, e incluso el llamado Poder popular o comunal deviene algo que sólo es posible por obra de la suprema decisón de inversión del estado rentista.

Así, enfatizamos, sólo el gobierno de  Hugo Chávez vaciló en el hecho de que era un indígena el que incomodamente se colaba en la opinión pública denunciando la ineficiencia de control del aparato comunicacional público y privado por parte del poder que les tocaba administrar. La solución final, que así merece llamarse, se resolvió así:

1.censura absoluta y persecusión de los cabos sueltos en el aparato comunicacional del estado para la lucha de los indígenas por los territorios, cierre de programas incómodos en VIVE, sustitución y despido de productores que se solidarizaran con los indígenas;

2. ofensiva comunicacional en respaldo a un plan (Plan Perijá) de control territorial y desmantelamiento de las resistencias, con un subplan para destruir el autogobierno y comprar a los principales dirigentes indígenas yukpa llamado “Plan Yukpa”;

3. Esta política comunicacional consistió en fortalecer abiertamente en la zona de Perijá, incluso en boca de la vocería de Ministros como Nicia Maldonado y Tarek El Aisami, la criminalización de Sabino y los suyos, aprovechándose de un sustrato cultural racista en la región construido en cien años de despojo de las tierras por las empresas mineras, la clase ganadera con el apoyo, enfatizamos ininterrumpido,  incluso ahora, por el Estado-Gobierno. Los calificativos eran sencillos: cuatreros, invasores de tierra, asesinos, violadores de niños y mujeres, ladrones, salvajes brutos. La evidencia de la colaboración del gobierno en esta matriz se prueba no sólo en las declaraciones de los ministros en la región, ya que se cuidaron de dar declaraciones nacionales, sino en la actuación y vocería de los mandos militarares en la zona, del poder judicial y la fiscalía y en la omisión cobarde de la defensoría del pueblo y el llamado poder ciudadano en su conjunto. esta criminalización perseguía el camino fácil de la eliminación de los dirigentes yukpa rebeldes por obra del terror de la clase ganadera para que el gobierno, principal beneficiario de estas muertes a favor de las  inversiones mineras en Perijá pudiera lavarse las manos.

4. Esta criminalización contó con un ingrediente que confirma la unidad de acción del estado, el silencio del propio Presidente de la República, supuesto adalid de los pueblos originarios en el continente, nunca, al igual que su sucesor, mencionó a Sabino Romero, y cuando se vió obligado a hablar del asunto de las tierras indígenas en Perijá, por vía de la presión de la protesta y de los esfuerzos de visibilización de la lucha que el movimiento social hizo a nivel nacional e internacional, encargó nuevamente a los mismos verdugos en una transmisión televisiva que aún es el consuelo de los ecosocialistas y de la clase media chavista mejor intensionada.

5. No sólo  Chávez nunca mencionó a Sabino, siendo imposible técnicamente que alguien piense que no supo de él. Sino que el gobierno trabajó sistemáticamente a partir de la aplicación del Plan Yukpa, para crear un paralelo comunicacional, mediático al liderazgo de los yukpas rebeldes que aún se sostenian, con los llamados caciques mayores, nombrados a dedo y pagados por el ministerio de relaciones interiores, colmados de camiones, limosnas y créditos sin estudio alguno, creó un vocería colectiva paralela que repetía -ahora si- por los canales nacionales del estado la criminalización de Sabino, los suyos y sus aliados mas visibles en el movimiento social.

6. Esta criminalización, que pudo terminar en la muerte de Sabino, terminó con un enfrentamiento provocado e inducido por altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Interiores entre yukpas que facilitó la reclusión de Sabino y Alexander Hernández, uno de sus compañeros en la cárcel, en un procedimiento que incluyó negligencia y cerco militar para que estos detenidos heridos se deterioraran, violación procesal en la detensión de Sabino, torturas a los testigos para buscar declaraciones falsas, decisión ordenada de juicio por parte de las primeras instancias del proceso evidenciada en la insuficiencia de pruebas y en la violación de la jurisdicción especial indígena ordenada por la Constitución y las leyes.

7. Preso Sabino el terror, la compra y el desmantelamiento de sus alianzas internas se aceleraron, en el juicio llegaron a declarar hasta familiares de aliados de Sabino en contra de Sabino, para dos años después desmentir lo declarado y retractarse en uno de los últimos actos de autonomía yukpa, el juicio indígena a Sabino , Alexander y Olegario en el Tokuko, último bastión para entonces de la Autodemarcación y el gobierno ancestral en los territorios yukpa.

8. Este juicio fue una pequeña victoria debido a la irrupción de la opinión pública que la agitación en solidaridad a Sabino que en Maracaibo, Trujillo, Merida, Barquisimeto y Caracas se sostenía con incursiones forzadas y peleadas en la opinión pública del poder. Y, a la acción directa que constituyó la huelga de hambre que hizo  el religioso indigenista José María Korta. lamentablemente negociada a espaldas de los indígenas y del movimiento popular por Numan Molina y otros agentes de la Compañía de Jesús en Venezuela. Pequeña victoria porque el Plan yukpa ya había quebrado a dirigentes fundamentales del pueblo yukpa y había consolidado los llamados “centros pilotos”, especie de campos de reservación indigenas pero sin titulo alguno, administrados por el gobierno en sustitución de las autoridades originarias. Nadie ya hablaba de autodemarcación, excepto Sabino y unos pocos atancha (ancianos).

9. Sólo faltaba matarlo, y había que matarlo. El encargo de ejecutarlo ya tenía varios años en el mercado de la muerte que reina en la frontera colombo venezolana. Sin embargo sus autores, al menos los que están detenidos y sometidos a juicio, terminaron siendo funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado en la región (GNB y Policia Municipal), se supone que pagados según la opinión pública del poder, por los ganaderos, eso es probable, los ganaderos tienen 100 años matando indígenas ahí, con la complicidad de los cuerpos de seguridad del estado.

10. A su muerte, el gobernador del estado, chavista de oportunidad y conocido agente de la explotación minera en la Sierra de Perijá y amigo de los ganaderos, menciona a Sabino e intenta reivindicarlo desde la opinión pública chavista cómo un símbolo del chavismo indígena. Quiere hacer una Plaza Sabino Romero en el sitio donde los yukpa piden limosna en Maracaibo y usualmente reparte limosnas y regalos entre los familiares de Sabino.

11. Lamentable para nosotros es ver a activistas que acompañaron a Sabino en su proceso y lucha, reivindicar un acuerdo de última hora, hecho por ellos , sin Sabino y sin los yukpas, para ahora sí hacer valer los derechos del pueblo yukpa. Unos, creemos sinceramente que intentan preservar la vida de los familiares sobrevivientes pero con un discurso entreguista y prepotente, sustituto como siempre de la voz propia de los yukpas, que a todas luces configura una entrega final que no reconoce las equivocaciones ni permite debate. Es así como devinieron en intermediarios inesperados de la política social del gobierno.

Otros por vergonzoso oportunismo caraqueño, pa seguir siendo parte de esa clase media chavista que hace  opinión pública, pa seguir consolando con su crítica mediana y sus recomendaciones a la ilusión desespérada de nuestros pueblos. Después de todo de recomendaciones moderadas está hecho el camino a uno de los 111 viceministerios del gobierno.

A Sabino no solamente lo mató el estado gobierno, lo mato nuestra falsa cultura de la opinión pública en la cual queremos decir que vivimos y somos, y lo mataron nuestros errores, que Sabino viva es empezar por reconocerlos.




Isidro.Isidro.
Sabino.

jueves, 26 de septiembre de 2013

El retorno triunfal del campesinado colombiano.

Colombia

Raúl Zibechi    


Cinco décadas de guerra empeoraron las cosas. Los terratenientes acaparan cada vez más tierras, expulsando y expropiando por la fuerza a los campesinos. El paro agrario que comenzó en agosto fue el Ya Basta de un sector que no aguanta más.

?Estamos ante los dolores de parto de una nueva criatura que lleva gestándose 50 años?, escribe Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y uno de los más lúcidos y comprometidos periodistas de Colombia[1]. Sostiene que lo que está sucediendo, las masivas movilizaciones en el campo y las ciudades, ?no es otra cosa que las demandas represadas, y reprimidas a balazos, durante muchos años?.

Desde el 19 de agosto el paro agrario nacional que movilizó a miles de campesinos en todo el país confluyó con las demandas de camioneros, cafeteros, pequeños y medianos mineros y de un amplio conjunto de productores de alimentos que atraviesan una profunda crisis que los está forzando a abandonar tierras y cultivos que han sostenido con mucho esfuerzo.

Lo nuevo no es sólo la confluencia de demandas y protestas sino también la articulación de actores a través de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos (MIA). Sectores que habitualmente no tienen vínculos ni relaciones fluidas, fueron capaces de acordar demandas y establecer jornadas de protesta comunes.

La respuesta inicial del gobierno de Juan Manuel Santos fue la represión. Un comunicado de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular destaca que en los últimos meses la represión causó doce muertos, cuatro desaparecidos, 660 casos de violaciones de derechos humanos, 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos y 21 por armas de fuego, 52 casos de amenazas y hostigamiento a dirigentes sociales y 51 ataques indiscriminados a la población[2].

La persistencia de la movilización a lo largo de casi cuatro semanas y la inutilidad de la represión para detenerla, convencieron al presidente de la necesidad de negociar un ?Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural? puesto en escena el 12 de setiembre que no incluyó a todos los protagonistas. Antes de dar ese paso, Santos se vio forzado a reestructurar su gabinete, lo que revela la profundidad del impacto que tuvieron las movilizaciones sociales, las mayores que conoció Colombia en varias décadas.

Todos contra el TLC

El periodista viajaba en autobús por la carretera que lleva de Cali hasta Popayán, una inmensa llanura saturada de cultivos de caña. En cierto momento, cuando transitaban por la zona de lomas donde despuntan cultivos campesinos,  el bus frena en seco. La descripción de Molano no tiene desperdicio: ?Miré por la ventanilla y vi que de las lomas que dan al occidente bajaban saltando cercas cientos de campesinos negros. Gritaban y agitaban largos garrotes?.

Del otro lado de la carretera la escena era similar: ?No había salido de mi asombro, cuando vi que del lado opuesto llegaban otros tantos indígenas con la misma actitud, aunque un poco menos nerviosos, seguramente por la práctica que tienen de tomarse la carretera Panamericana. Mezcladas las corrientes, atravesaron los vehículos, les desinflaron las llantas y nos ordenaron a todos los nerviosos y obedientes pasajeros que nos bajáramos porque ´la joda va para largo´?[3].

La descripción desvela lo impensable. Los negros vienen de regiones mineras ?donde se explota el oro con batea desde hace cuatro siglos?, donde unos años atrás les construyeron una hidroeléctrica que les quitó tierras y minas. ?Ahora, las retroexcavadoras explotan lechos de quebradas y los paramilitares vuelven a rondar sembrando el terror para que las comunidades terminen por aceptar la entrada de las grandes mineras?.

Los indígenas nasa se volcaron a la carretera en demanda de tierras para sus resguardos (territorios autónomos), por precios para sus productos, exigen créditos y desmontar los monopolios agrícolas, caminos para sacar sus cosechas, la desmilitarización de las regiones y por ?libertad de comercio para sus semillas ancestrales?, algo que hoy está penado con cárcel gracias al TLC.

Lo más notable del relato es la mezcla de corrientes, del movimiento indio con el afro, algo que raras veces ha sucedido en este continente, pero que tiene un precedente en esas mismas tierras: en octubre de 2008 la Minga por la Vida (marcha de 20 mil nasa del Cali a Bogotá) coincidió con la huelga de doce mil cortadores de caña, casi todos afrodescendientes. Ahora esa confluencia se multiplicó.

César Pachón, vocero de cultivadores de papa y cebolla de Boyacá, departamento cercano a Bogotá, explica los motivos que los llevaron al paro el 19 de agosto. ?Participamos en el paro papero del 7 de mayo. También habíamos hecho uno con los cebolleros, el 16 de noviembre de 2011. Desistimos de los paros anteriores por promesas del gobierno que nunca cumplió. Ahora vamos a resistir?[4].

Pachón representa a Dignidad papera y Dignidad cebollera de Boyacá. Se trata de 110 mil familias que dependen de cultivos de papa y unas 17 mil de la cebolla. Cuando le preguntan por las causas del paro, no duda: ?Los efectos desastrosos de los tratados de libre comercio que aprobaron los dos últimos gobiernos, los altos precios de los insumos que encarecen la producción, la ausencia de una política agropecuaria que proteja a los pequeños y medianos cultivadores frente a la libertad absoluta de importaciones?.

En detalle, explica la ruina de los pequeños productores: ?Producir una carga de 100 kilos de papa cuesta 70 a 75 mil pesos. La vendemos a 25 mil. La producción de una carga de cebolla está en 65 mil pesos y se vende a 10 mil. Desde que empezó la política de apertura económica nos ha tocado salir de lo que habíamos conseguido durante toda una vida. Yo vendí la casa y la finca de mi familia y ahora lo único que me queda es un carro ¿Cómo voy a pagar las deudas y comprar los insumos para los cultivos? Y esto que me pasa a mí, nos pasa a todos?.

Luis Gonzaga Cadavid, de Dignidad cafetera del departamento de Caldas, explica que las 36 mil familias cafeteras de la región ?están inconformes con las políticas del gobierno y de la Federación Nacional de Cafeteros?, tanto por los precios como por ?la manera antidemocrática como se toman las decisiones en el sector?. En febrero iniciaron un paro porque el precio del café cayó más de la mitad.

Tienen cuatro demandas: control de precios e insumos que son monopolizados por cuatro multinacionales; control a la explotación minera en zonas cafeteras ya que la entrega de títulos mineros amenaza su existencia; democratizar la Federación; y flexibilizar el pago de las deudas con la banca.
La confluencia de actores es asombrosa. Cafeteros, paperos, cacaoteros, arroceros, lecheros, cebolleros, frijoleros, productores de cereales y leguminosas, paneleros (fabricantes de azúcar), citricultores, floricultores y cerealeros. Pequeños y medianos productores no representados por las grandes federaciones patronales y agrupados ahora bajo el paraguas de Dignidad Agropecuaria Nacional.  

Torcer el rumbo 

A ese enorme universo deben sumarse los camioneros y los mineros. El paro minero se había iniciado el 17 de julio con un pliego de nueve  condiciones entre las que destacan ?el reconocimiento oficial de la minería artesanal pequeña y mediana?, que se defina un nuevo código de minas, el cese de los operativos policiales y militares, el respeto a las comunidades afro e indígenas y congelar la entrega de títulos a las multinacionales mineras.
Después de 48 días de paro y protestas de 58 mil mineros de 18 departamentos, el gobierno y la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) llegaron a un acuerdo que entre otros puntos reconoce ?zonas de trabajo para los pequeños y medianos mineros? que se formalizarán a través de una ley que en los hechos les permite ?mantener el derecho al trabajo?[5].

Los camioneros paralizaron unos 250 mil vehículos desde el 19 de agosto para que se respete una tabla de fletes que los propietarios de mercancías pagan por debajo de lo estipulado. Las movilizaciones fueron apoyadas por la Central Única de Trabajadores (CUT), Coordinación Nacional Agraria (CNA), Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), Alianza por el Derecho a la Salud (ANSA), Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y Asociación de Trabajadores Hospitalarios, entre otros[6].

Convocaron un ?cacerolazo nacional? en apoyo a los sectores en conflicto y jornadas de protesta para el 11 y 12 de setiembre cuando se realizó la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. En realidad los movimientos comenzaron en febrero con la protesta de 130 mil caficultores, que fue un serio aviso no tenido en cuenta por el gobierno. En junio la protesta de miles de campesinos incendió el Catatumbo (Norte de Santander), zona fronteriza con Venezuela donde rechazan la ?erradicación no concertada de cultivos de coca?[7].

En agosto se produjo la confluencia de todos los sectores que venían elevando sus quejas y demandas sin obtener respuestas. Presionado, el gobierno decidió negociar por separado con cada sector, hizo concesiones, firmó acuerdos y consiguió que se despejaran las rutas del país. No será fácil que cumpla, como lo saben los caficultores que vieron sus acuerdos incumplidos desde marzo pasado.

Héctor Mondragón, economista y asesor de movimientos campesinos e indígenas, establece cinco razones para comprender la crisis que azota a la economía agropecuaria y que está en la base de la actual oleada de protestas. La primera es el TLC con Estados Unidos que permite la importación de productos agrícolas subsidiados, establece normas de propiedad intelectual injustas que ?atacan el derecho del agricultor productor a reproducir sus semillas?[8].

En Colombia y en el mundo está circulando un documental titulado ?9.70?, de la realizadora Victoria Solano, donde analiza la resolución 970 aprobada en la firma del TLC en el  que  se impide a los campesinos reservar parte de su cosecha para la próxima siembra. En base a esa resolución en el municipio arrocero Campoalegre, departamento de Huila, se incautaron y destruyeron toneladas de arroz[9].

El segundo problema para Mondragón es ?la destrucción de la institucionalidad agropecuaria? ya que Colombia necesita ?una poderosa institución de crédito agropecuario? de carácter estatal para planificar el mercado agropecuario, garantizar precios mínimos y evitar que los  campesinos se endeuden pagando altos intereses.

Por último destaca el acaparamiento de la tierra. ?Más de 16 millones de hectáreas aptas para la agricultura están desperdiciadas en manos de grandes propietarios, ocasionando que Colombia tenga los precios  más altos de la tierra e toda América Latina?, señala Mondragón. Más grave aún es que la guerra provocó ?un acelerado proceso de despojo o traspaso de tierras ya cultivadas por los campesinos?.  

Los derechos del campesinado 

Desde 1990 en que se produjo la apertura económica, la producción de maíz cayó de 700 mil a 200 mil hectáreas; el trigo de 60 a sólo cinco mil; el arroz de riego de 330 mil a 140 mil hectáreas; desde 2010 la papa cayó de 150 a 90 mil hectáreas y el frijol se redujo a la mitad[10]. Nadie puede dudar de la profunda crisis que afecta a las familias campesinas.

Sin embargo, el nudo del problema agraria está en otro lugar. El pliego de demandas del paro campesino, sector que representa el 32% de la población del país, señala en su punto tercero: ?Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina, de afrodescendientes e indígenas?. Exigen, por tanto, ?la delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)?[11].

Las ZRC fueron creadas en 1994 a través de la ley 160 que promueve ?la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, la eliminación de su concentración y el acaparamiento de tierras baldías, así como fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir la descomposición de la economía campesina del colono?[12]. En suma, la ley buscaba defender al campesino frente a la voracidad de los terratenientes.

Hasta el momento se han creado seis ZRC, en zonas que se encuentran ?en los límites de la frontera agropecuaria, en regiones altamente afectadas por la dinámica de la confrontación armada y ausentes de la presencia estatal?[13]. La mayoría fue solicitada de forma directa por procesos de organización campesina, como alternativa a la dinámica de violencia. Desde la llegada de Álvaro Uribe al gobierno, en 2002, la creación de esas zonas fue bloqueada.
Aunque la legalidad juega a favor de los campesinos, las ZRC son ?vilipendiadas por los militares, terratenientes y gamonales?, como señala Alfredo Molano. Es, entonces, un problema político, de poder, de relación de fuerzas. Por eso la Declaración Política de la Cumbre nacional, Agraria, Campesina y Popular reunida el 12 de setiembre en la Universidad Nacional en Bogotá, señala: ?Luchamos por el reconocimiento político del campesinado?[14].
Se trata de inversión social en la población rural y, en paralelo, de garantías reales para el ejercicio de sus derechos políticos. Un reciente estudio del  Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), uno de los más prestigiosos centros de estudios del país, coincide en que el Estado tiene una ?deuda histórica? con los campesinos y que ?ha fracasado en asegurar un satisfactorio reconocimiento político del campesinado?[15].

Es el sector que ha sufrido los más altos niveles de victimización y violación de los derechos humanos en las cinco décadas de guerra.
El CINEP incluye entre los campesinos a pueblos indígenas, comunidades negras, mujeres y jóvenes rurales quienes padecen ?desvalorización y déficit en la representación política antigua y estructural.?

A ellos se suman las víctimas del conflicto armado, los desplazados, y los nuevos afectados por el TLC, pequeños y medianos propietarios. Un reciente informe de Human Rights Watch señala que el conflicto armado ?ha forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares?, siendo el país con más desplazados del mundo, que se han visto forzados a abandonar seis millones de hectáreas que fueron usurpadas por terratenientes[16].
Con estas tremendas asimetrías de poder y representación en el Estado, se cerró el primer capítulo de lo que podemos llamar como el retorno triunfal del campesinado. El 12 de setiembre miles de delegados asistieron a la Cumbre Agraria. El mismo día el gobierno convocó el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, dominada por la presencia de la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC) que propone la agricultura a gran escala y está muy lejos de las necesidades campesinas.

La mayoría de los grupos campesinos no asistieron o se retiraron de la reunión, entre otras cosas porque, como dijo un papicultor de Boyacá, el gobierno insiste en no modificar el TLC. Mientras el gobierno cosechó algunos éxitos a corto plazo, al negociar por separado con los diversos sectores y desactivar así la protesta, los campesinos pueden considerarse los grandes vencedores de este pulso.

Colocaron sus demandas en lugar destacado de la agenda política y gestaron la primera crisis de gobierno en décadas. Buena parte de la población entendió que está en juego la soberanía alimentaria y que el TLC la vulnera. Establecieron una potente confluencia entre los principales actores rurales, movilizándose de forma pacífica, sin crear un aparato que los hegemonice desde arriba. Su voz estará en las negociaciones de La Habana aunque ellos no formen parte de la cita.

miércoles, 16 de mayo de 2012

Entregan tierras a comunidades indígenas de Paraguay.


PARAGUAY-TIERRAS

El Gobierno paraguayo entregó este miércoles la propiedad inembargable e indivisible de tierras a distintas comunidades indígenas de ese país. Esta acción garantiza los derechos de los pueblos aborígenes.
El Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) llevó adelante la iniciativa que restituyó 1658 hectáreas de territorios ancestrales.
Las tierras fueron adquiridas por el Estado en el departamento de Concepción para ser otorgadas a las comunidades Vya Renda, Patavyterá y Takuarendiju.
Para llevar adelante la adjudicación de terrenos, el Ejecutivo paraguayo se amparó en el artículo 64 de la Constitución Nacional.
Dicho apartado establece el derecho de las comunidades indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra para la conservación y desarrollo de sus formas de vida.
El INDI informó que desde 2011 y hasta 2012 se entregaron 24 mil 609 hectáreas a los pueblos originarios. Esto benefició a más de 400 familias de 10 comunidades.
También se titularon otras 70 mil 164 hectáreas que beneficiaron a 18 pequeñas comunidades del país sudamericano.
El Gobierno paraguayo tiene como objetivo continuar con las adjudicaciones y la expropiación de tierras robadas a las comunidades y adquiridas ilegalmente por terratenientes.
Vale recordar que los pueblos originarios de Paraguay reclaman desde el año 1996 la restitución de sus terrenos.
El pasado marzo, campesinos de ese país realizaron la llamada Marcha del Campesino Pobre en reclamó medidas contra el latifundio y una reforma agraria. (PÚLSAR)