Las próximas maniobras serán en octubre en Rivera y Cerro Largo con Aduanas.

URUGUAY

Entrenamientos en la estrategia global del imperio

El Ejército prepara más controles en la frontera

Cinco meses después de las últimas maniobras militares en la frontera con Brasil, el Ejército uruguayo volverá a desplegarse en octubre, esta vez en operativos conjuntos con Aduanas en busca de contrabando, tráfico de armas y drogas.


Efectivos del Ejército controlando parte de la frontera con Brasil en mayo pasado. 

Las maniobras se realizarán en la primera quincena de octubre en Rivera y en la segunda quincena en Cerro Largo, informaron a El País fuentes militares y aduaneras.

La cantidad de efectivos variará según el lugar y el tipo de reconocimiento que se haga. Se emplearán vehículos todoterreno y de transporte de personal (tanquetas).

En Rivera la operación estará a cargo de la División de Ejército III, con jurisdicción además en Río Negro, Paysandú, Salto, Artigas y Tacuarembó; y en Cerro Largo de la División de Ejército IV, que abarca también Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha, Maldonado.

Las reparticiones de la Dirección de Aduanas de esos departamentos ya han recibido una circular, en donde se puso en conocimiento de estas operaciones combinadas en la frontera con Brasil.

El aumento del contrabando de combustible desde Brasil, básicamente gasoil, y de automóviles indocumentados, es uno de los motivos principales de los controles.

En mayo el Ejército uruguayo patrulló toda la frontera con Brasil. En ese entonces la orden la impartió directamente el comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, con la anuencia del Ministerio de Defensa.

La Copa de las Confederaciones que se jugó en junio en Brasil, el Mundial de Fútbol del próximo año y los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro, han obligado a extremar los controles en las fronteras en previsión de posibles acciones de grupos armados internacionales que pudieran operar desde territorio uruguayo, dijeron a El País en mayo fuentes militares.

El 24 de abril el diputado nacionalista Jaime Trobo convocó al Parlamento al subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, por aviones no tripulados (drones) brasileños que vigilan la frontera e incursionan en territorio uruguayo. En junio de 2012, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, respondió a Trobo un pedido de informe en el que confirma la denuncia de incursiones de militares brasileños al territorio uruguayo no coordinadas desde octubre de 2010.

Ágata 7.

En mayo, Brasil lanzó la operación Ágata 7, que implicó el despliegue de 25 mil militares en los 16.800 kilómetros de frontera que ese país tiene con sus vecinos. El objetivo entonces era combatir el narcotráfico, el contrabando y malversación de fondos, tráfico de armas y municiones, delitos ambientales, el tráfico de vehículos, la inmigración y la minería ilegal.

La operación Ágata 7 hace parte del Plan Estratégico de Fronteras (PEP), creado por la presidenta Dilma Rousseff en junio de 2011. En la actualidad, Ágata cuenta con la participación de 12 ministerios y 20 organismos gubernamentales y las instituciones que unen a los 11 estados de la región fronteriza. Además de la lucha contra los ilícitos en las fronteras, la operación también incluye las Acciones Cívicas y Sociales, que consisten en actividades como atención médica, dental y hospitalaria. (Cerro Largo: Néstor Araújo; Rivera: Freddy Fernández).

fuente:  El País uy

SIGUE LA REPRESIÓN EN EL URUGUAY "PROGRESISTA"
EL SINDICATO AFCASMU denuncia abusos policiales.

?Me chupa un huevo tu sindicato, hijo de puta?, lanzó uno de los funcionarios policiales. Después lo agarró del pelo y lo metió en uno de los tres patrulleros que habían llegado hasta el lugar. A esta situación hay que darle contexto: el domingo de noche unos diez militantes de la Asociación de Funcionarios del CASMU (AFCASMU) pegaban afiches ?por la avenida 18 de Julio para difundir una correcaminata que organiza el sindicato dentro de unos días.



Cuando llegaron a la altura de Eduardo Acevedo, una policía del servicio 222 les dijo que no podían pegatinear ni en la Universidad de la República ni en la Biblioteca Nacional, porque ya había demasiados carteles. Tuvieron un cruce de palabras y después ella les comentó que los pegaran después de las 6.00, pero no a esa hora.

Se fueron del lugar y un poco más adelante tres patrulleros salieron al cruce del camión que los llevaba. Un policía les pidió los documentos y uno de los pegatineros le explicó que los habían dejado en la sede del sindicato. La respuesta que obtuvo es la frase que aparece al principio de la nota.

Finalmente, se llevaron esposados a tres de ellos, que pasaron la noche en la Seccional 5a, en el Parque Rodó. Estuvieron retenidos en un calabozo, hasta que una jueza de Faltas decidió liberarlos, ya en la mañana del lunes. Cuando los llevaron al Hospital Maciel, uno de los policías dijo que había que ?tratarlos con cuidado? porque eran de la ?banda de Castillo?, en referencia, presuntamente, a que pertenecían a un sindicato afiliado al PIT-CNT y no a otra organización.

El relato lo hicieron ayer dirigentes de AFCASMU antes de emitir un comunicado público. Uno de ellos, el directivo Carlos Moreira, dijo a la diaria que este tipo de situaciones ?parecen de la década del 70?. El sindicalista remarcó que la correcaminata es en realidad un beneficio para el hijo de una funcionaria de la mutualista.

El sindicalista comentó que la conducción del sindicato resolvió por unanimidad denunciar estas ?arbitrariedades? ante el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y la Institución Nacional de Derechos Humanos. El comunicado de AFCASMU señala además: ?La represión, la judicialización de la protesta, la estigmatización de organizaciones sociales, infiltración de marchas, amenazas de violaciones y torturas de militantes sociales ha alcanzado extremos ?preocupantes?.

FUENTE: LA DIARIA

Operación militar yanqui permanecerá en Centroamérica "de forma indefinida".

CENTROAMERICA

Publicado el 9/17/13  en Contrainjerencia


La Operación Martillo, formada por una fuerza militar multinacional encabezada por Estados Unidos  que pretende ?combatir el narcotráfico y el crimen organizado en Centroamérica?, permanecerá en la región de forma indefinida.

Así lo confirmó el director de operaciones de la unidad Interagencial J3 del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, coronel Neal Pugliese, en publicación de Proceso Digital.

La Operación Martillo que lidera el Comando Sur involucra a Honduras, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá. Igualmente son parte del ejercicio países europeos como Reino Unido, Francia y Holanda.

El jefe militar estadounidense afirmó que  la Operación Martillo que arrancó a mediados de enero de 2012 se mantendrá indefinidamente.

Sólo en Guatemala, la Operación Martillo desplegó en algunas maniobras hasta 200 marines el año pasado y helicópteros MD60 Black Hawk.

El retorno triunfal del campesinado colombiano.

Colombia

Raúl Zibechi    


Cinco décadas de guerra empeoraron las cosas. Los terratenientes acaparan cada vez más tierras, expulsando y expropiando por la fuerza a los campesinos. El paro agrario que comenzó en agosto fue el Ya Basta de un sector que no aguanta más.

?Estamos ante los dolores de parto de una nueva criatura que lleva gestándose 50 años?, escribe Alfredo Molano Bravo, sociólogo, escritor y uno de los más lúcidos y comprometidos periodistas de Colombia[1]. Sostiene que lo que está sucediendo, las masivas movilizaciones en el campo y las ciudades, ?no es otra cosa que las demandas represadas, y reprimidas a balazos, durante muchos años?.

Desde el 19 de agosto el paro agrario nacional que movilizó a miles de campesinos en todo el país confluyó con las demandas de camioneros, cafeteros, pequeños y medianos mineros y de un amplio conjunto de productores de alimentos que atraviesan una profunda crisis que los está forzando a abandonar tierras y cultivos que han sostenido con mucho esfuerzo.

Lo nuevo no es sólo la confluencia de demandas y protestas sino también la articulación de actores a través de la Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdos (MIA). Sectores que habitualmente no tienen vínculos ni relaciones fluidas, fueron capaces de acordar demandas y establecer jornadas de protesta comunes.

La respuesta inicial del gobierno de Juan Manuel Santos fue la represión. Un comunicado de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular destaca que en los últimos meses la represión causó doce muertos, cuatro desaparecidos, 660 casos de violaciones de derechos humanos, 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos y 21 por armas de fuego, 52 casos de amenazas y hostigamiento a dirigentes sociales y 51 ataques indiscriminados a la población[2].

La persistencia de la movilización a lo largo de casi cuatro semanas y la inutilidad de la represión para detenerla, convencieron al presidente de la necesidad de negociar un ?Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural? puesto en escena el 12 de setiembre que no incluyó a todos los protagonistas. Antes de dar ese paso, Santos se vio forzado a reestructurar su gabinete, lo que revela la profundidad del impacto que tuvieron las movilizaciones sociales, las mayores que conoció Colombia en varias décadas.

Todos contra el TLC

El periodista viajaba en autobús por la carretera que lleva de Cali hasta Popayán, una inmensa llanura saturada de cultivos de caña. En cierto momento, cuando transitaban por la zona de lomas donde despuntan cultivos campesinos,  el bus frena en seco. La descripción de Molano no tiene desperdicio: ?Miré por la ventanilla y vi que de las lomas que dan al occidente bajaban saltando cercas cientos de campesinos negros. Gritaban y agitaban largos garrotes?.

Del otro lado de la carretera la escena era similar: ?No había salido de mi asombro, cuando vi que del lado opuesto llegaban otros tantos indígenas con la misma actitud, aunque un poco menos nerviosos, seguramente por la práctica que tienen de tomarse la carretera Panamericana. Mezcladas las corrientes, atravesaron los vehículos, les desinflaron las llantas y nos ordenaron a todos los nerviosos y obedientes pasajeros que nos bajáramos porque ´la joda va para largo´?[3].

La descripción desvela lo impensable. Los negros vienen de regiones mineras ?donde se explota el oro con batea desde hace cuatro siglos?, donde unos años atrás les construyeron una hidroeléctrica que les quitó tierras y minas. ?Ahora, las retroexcavadoras explotan lechos de quebradas y los paramilitares vuelven a rondar sembrando el terror para que las comunidades terminen por aceptar la entrada de las grandes mineras?.

Los indígenas nasa se volcaron a la carretera en demanda de tierras para sus resguardos (territorios autónomos), por precios para sus productos, exigen créditos y desmontar los monopolios agrícolas, caminos para sacar sus cosechas, la desmilitarización de las regiones y por ?libertad de comercio para sus semillas ancestrales?, algo que hoy está penado con cárcel gracias al TLC.

Lo más notable del relato es la mezcla de corrientes, del movimiento indio con el afro, algo que raras veces ha sucedido en este continente, pero que tiene un precedente en esas mismas tierras: en octubre de 2008 la Minga por la Vida (marcha de 20 mil nasa del Cali a Bogotá) coincidió con la huelga de doce mil cortadores de caña, casi todos afrodescendientes. Ahora esa confluencia se multiplicó.

César Pachón, vocero de cultivadores de papa y cebolla de Boyacá, departamento cercano a Bogotá, explica los motivos que los llevaron al paro el 19 de agosto. ?Participamos en el paro papero del 7 de mayo. También habíamos hecho uno con los cebolleros, el 16 de noviembre de 2011. Desistimos de los paros anteriores por promesas del gobierno que nunca cumplió. Ahora vamos a resistir?[4].

Pachón representa a Dignidad papera y Dignidad cebollera de Boyacá. Se trata de 110 mil familias que dependen de cultivos de papa y unas 17 mil de la cebolla. Cuando le preguntan por las causas del paro, no duda: ?Los efectos desastrosos de los tratados de libre comercio que aprobaron los dos últimos gobiernos, los altos precios de los insumos que encarecen la producción, la ausencia de una política agropecuaria que proteja a los pequeños y medianos cultivadores frente a la libertad absoluta de importaciones?.

En detalle, explica la ruina de los pequeños productores: ?Producir una carga de 100 kilos de papa cuesta 70 a 75 mil pesos. La vendemos a 25 mil. La producción de una carga de cebolla está en 65 mil pesos y se vende a 10 mil. Desde que empezó la política de apertura económica nos ha tocado salir de lo que habíamos conseguido durante toda una vida. Yo vendí la casa y la finca de mi familia y ahora lo único que me queda es un carro ¿Cómo voy a pagar las deudas y comprar los insumos para los cultivos? Y esto que me pasa a mí, nos pasa a todos?.

Luis Gonzaga Cadavid, de Dignidad cafetera del departamento de Caldas, explica que las 36 mil familias cafeteras de la región ?están inconformes con las políticas del gobierno y de la Federación Nacional de Cafeteros?, tanto por los precios como por ?la manera antidemocrática como se toman las decisiones en el sector?. En febrero iniciaron un paro porque el precio del café cayó más de la mitad.

Tienen cuatro demandas: control de precios e insumos que son monopolizados por cuatro multinacionales; control a la explotación minera en zonas cafeteras ya que la entrega de títulos mineros amenaza su existencia; democratizar la Federación; y flexibilizar el pago de las deudas con la banca.
La confluencia de actores es asombrosa. Cafeteros, paperos, cacaoteros, arroceros, lecheros, cebolleros, frijoleros, productores de cereales y leguminosas, paneleros (fabricantes de azúcar), citricultores, floricultores y cerealeros. Pequeños y medianos productores no representados por las grandes federaciones patronales y agrupados ahora bajo el paraguas de Dignidad Agropecuaria Nacional.  

Torcer el rumbo 

A ese enorme universo deben sumarse los camioneros y los mineros. El paro minero se había iniciado el 17 de julio con un pliego de nueve  condiciones entre las que destacan ?el reconocimiento oficial de la minería artesanal pequeña y mediana?, que se defina un nuevo código de minas, el cese de los operativos policiales y militares, el respeto a las comunidades afro e indígenas y congelar la entrega de títulos a las multinacionales mineras.
Después de 48 días de paro y protestas de 58 mil mineros de 18 departamentos, el gobierno y la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) llegaron a un acuerdo que entre otros puntos reconoce ?zonas de trabajo para los pequeños y medianos mineros? que se formalizarán a través de una ley que en los hechos les permite ?mantener el derecho al trabajo?[5].

Los camioneros paralizaron unos 250 mil vehículos desde el 19 de agosto para que se respete una tabla de fletes que los propietarios de mercancías pagan por debajo de lo estipulado. Las movilizaciones fueron apoyadas por la Central Única de Trabajadores (CUT), Coordinación Nacional Agraria (CNA), Asociación de Camioneros de Colombia (ACC), Alianza por el Derecho a la Salud (ANSA), Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) y Asociación de Trabajadores Hospitalarios, entre otros[6].

Convocaron un ?cacerolazo nacional? en apoyo a los sectores en conflicto y jornadas de protesta para el 11 y 12 de setiembre cuando se realizó la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. En realidad los movimientos comenzaron en febrero con la protesta de 130 mil caficultores, que fue un serio aviso no tenido en cuenta por el gobierno. En junio la protesta de miles de campesinos incendió el Catatumbo (Norte de Santander), zona fronteriza con Venezuela donde rechazan la ?erradicación no concertada de cultivos de coca?[7].

En agosto se produjo la confluencia de todos los sectores que venían elevando sus quejas y demandas sin obtener respuestas. Presionado, el gobierno decidió negociar por separado con cada sector, hizo concesiones, firmó acuerdos y consiguió que se despejaran las rutas del país. No será fácil que cumpla, como lo saben los caficultores que vieron sus acuerdos incumplidos desde marzo pasado.

Héctor Mondragón, economista y asesor de movimientos campesinos e indígenas, establece cinco razones para comprender la crisis que azota a la economía agropecuaria y que está en la base de la actual oleada de protestas. La primera es el TLC con Estados Unidos que permite la importación de productos agrícolas subsidiados, establece normas de propiedad intelectual injustas que ?atacan el derecho del agricultor productor a reproducir sus semillas?[8].

En Colombia y en el mundo está circulando un documental titulado ?9.70?, de la realizadora Victoria Solano, donde analiza la resolución 970 aprobada en la firma del TLC en el  que  se impide a los campesinos reservar parte de su cosecha para la próxima siembra. En base a esa resolución en el municipio arrocero Campoalegre, departamento de Huila, se incautaron y destruyeron toneladas de arroz[9].

El segundo problema para Mondragón es ?la destrucción de la institucionalidad agropecuaria? ya que Colombia necesita ?una poderosa institución de crédito agropecuario? de carácter estatal para planificar el mercado agropecuario, garantizar precios mínimos y evitar que los  campesinos se endeuden pagando altos intereses.

Por último destaca el acaparamiento de la tierra. ?Más de 16 millones de hectáreas aptas para la agricultura están desperdiciadas en manos de grandes propietarios, ocasionando que Colombia tenga los precios  más altos de la tierra e toda América Latina?, señala Mondragón. Más grave aún es que la guerra provocó ?un acelerado proceso de despojo o traspaso de tierras ya cultivadas por los campesinos?.  

Los derechos del campesinado 

Desde 1990 en que se produjo la apertura económica, la producción de maíz cayó de 700 mil a 200 mil hectáreas; el trigo de 60 a sólo cinco mil; el arroz de riego de 330 mil a 140 mil hectáreas; desde 2010 la papa cayó de 150 a 90 mil hectáreas y el frijol se redujo a la mitad[10]. Nadie puede dudar de la profunda crisis que afecta a las familias campesinas.

Sin embargo, el nudo del problema agraria está en otro lugar. El pliego de demandas del paro campesino, sector que representa el 32% de la población del país, señala en su punto tercero: ?Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina, de afrodescendientes e indígenas?. Exigen, por tanto, ?la delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)?[11].

Las ZRC fueron creadas en 1994 a través de la ley 160 que promueve ?la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, la eliminación de su concentración y el acaparamiento de tierras baldías, así como fomentar la pequeña propiedad campesina y prevenir la descomposición de la economía campesina del colono?[12]. En suma, la ley buscaba defender al campesino frente a la voracidad de los terratenientes.

Hasta el momento se han creado seis ZRC, en zonas que se encuentran ?en los límites de la frontera agropecuaria, en regiones altamente afectadas por la dinámica de la confrontación armada y ausentes de la presencia estatal?[13]. La mayoría fue solicitada de forma directa por procesos de organización campesina, como alternativa a la dinámica de violencia. Desde la llegada de Álvaro Uribe al gobierno, en 2002, la creación de esas zonas fue bloqueada.
Aunque la legalidad juega a favor de los campesinos, las ZRC son ?vilipendiadas por los militares, terratenientes y gamonales?, como señala Alfredo Molano. Es, entonces, un problema político, de poder, de relación de fuerzas. Por eso la Declaración Política de la Cumbre nacional, Agraria, Campesina y Popular reunida el 12 de setiembre en la Universidad Nacional en Bogotá, señala: ?Luchamos por el reconocimiento político del campesinado?[14].
Se trata de inversión social en la población rural y, en paralelo, de garantías reales para el ejercicio de sus derechos políticos. Un reciente estudio del  Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), uno de los más prestigiosos centros de estudios del país, coincide en que el Estado tiene una ?deuda histórica? con los campesinos y que ?ha fracasado en asegurar un satisfactorio reconocimiento político del campesinado?[15].

Es el sector que ha sufrido los más altos niveles de victimización y violación de los derechos humanos en las cinco décadas de guerra.
El CINEP incluye entre los campesinos a pueblos indígenas, comunidades negras, mujeres y jóvenes rurales quienes padecen ?desvalorización y déficit en la representación política antigua y estructural.?

A ellos se suman las víctimas del conflicto armado, los desplazados, y los nuevos afectados por el TLC, pequeños y medianos propietarios. Un reciente informe de Human Rights Watch señala que el conflicto armado ?ha forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares?, siendo el país con más desplazados del mundo, que se han visto forzados a abandonar seis millones de hectáreas que fueron usurpadas por terratenientes[16].
Con estas tremendas asimetrías de poder y representación en el Estado, se cerró el primer capítulo de lo que podemos llamar como el retorno triunfal del campesinado. El 12 de setiembre miles de delegados asistieron a la Cumbre Agraria. El mismo día el gobierno convocó el Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, dominada por la presencia de la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC) que propone la agricultura a gran escala y está muy lejos de las necesidades campesinas.

La mayoría de los grupos campesinos no asistieron o se retiraron de la reunión, entre otras cosas porque, como dijo un papicultor de Boyacá, el gobierno insiste en no modificar el TLC. Mientras el gobierno cosechó algunos éxitos a corto plazo, al negociar por separado con los diversos sectores y desactivar así la protesta, los campesinos pueden considerarse los grandes vencedores de este pulso.

Colocaron sus demandas en lugar destacado de la agenda política y gestaron la primera crisis de gobierno en décadas. Buena parte de la población entendió que está en juego la soberanía alimentaria y que el TLC la vulnera. Establecieron una potente confluencia entre los principales actores rurales, movilizándose de forma pacífica, sin crear un aparato que los hegemonice desde arriba. Su voz estará en las negociaciones de La Habana aunque ellos no formen parte de la cita.

El paro agrario y la lucha campesina por la tierra en Colombia.

COLOMBIA                
25 de Septiembre de 2013 

Por Efraín Jaramillo Jaramillo

Colectivo de Trabajo Jenzera

Se han hecho muchos análisis sobre el paro agrario, pero a mi juicio faltan los que más necesitan los campesinos, sobre todo de aquellos que no tienen tierra. La mayoría de ensayos sobre el paro agrario, han sido ideológicos o textos que buscan los responsables de la crisis del agro colombiano sólo en los Tratados de Libre Comercio (TLC), el neoliberalismo, la globalización, que remplazaron a los culpables de antes, el imperialismo, la CIA  y otros espantos.

Es necesario también volver la mirada atrás y hacer una historia política de los procesos que han conducido a este levantamiento general de los campesinos, que ya llevan un mes y que aunque amainado, no ha terminado.

Este paro llama la atención porque en determinadas zonas ha adquirido rasgos de insubordinación, comparables a aquellos protagonizados por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) a comienzos de los años 70 del siglo pasado, puesto que de este paro hacen parte también campesinos sin tierra que tienen otras necesidades diferentes a que se solucionen problemas de infraestructura, se subsidien insumos para la producción agrícola, haya control de precios a fertilizantes y de entrada de productos subsidiados, eliminación del contrabando, ampliación de créditos; pero también a que se frene la firma de TLC con otros países, o aún que se suspendan los ya firmados, etc.

Pero también llama la atención el que estas miles de familias campesinas sin tierra, las eternas cenicientas del campo, que estando entre el montón no son fácilmente visibles, ven como en las rondas de negociación del gobierno con los líderes campesinos, corren chorros de babas (las del vicepresidente Angelino Garzón han sido las más abundantes y sinuosas), sin que en ningún momento se mencione que en el centro de la problemática agraria de Colombia está la concentración y el acaparamiento de tierras. Este ruidoso silencio se presenta porque para el Estado es más barato repartir plata, sobre todo porque no azuza los demonios terratenientes, más en un país donde todas las violencias han tenido origen en la alta concentración de la tierra.

Un campechano análisis mostraría que todas las guerras internas que han agitado al país, parten de que hay gente que le quiere quitar la tierra a otra gente y esta a su vez se defiende para no dejársela quitar. Y en caso de que la haya perdido, estará esperando condiciones favorables para recuperarla y así sucesivamente ha sucedido desde la época de la conquista.

Quizás esa historia debería recordarse para sacudirnos ese esquema interiorizado por la izquierda de encontrar culpables y no profundizar  en las razones de las luchas por la tierra en Colombia, haciendo un seguimiento serio a los acontecimientos que las han originado.

Este texto no pretende hacer un registro de esas razones, sino de mostrar un aspecto de ellas poco mencionado en estos días.

Para abordar este tema nos vamos a remontar a la segunda mitad del siglo pasado, cuando se originó esa época horrenda, que en menos de 10 años cobró la vida a 300.000 campesinos. Independientemente de las causas que se le atribuyan a esta época llamada ?la violencia?, el resultado final de ella fue el despojo de tierras de cerca de 400.000 familias campesinas y la ampliación o conformación de nuevos latifundios con base en ese despojo.

Esta violencia fue la respuesta de las oligarquías terratenientes a un anterior proceso de avance campesino en los años 30 y 40, donde muchas familias campesinas lograron hacerse a una considerable cantidad de tierras hacendatarias, en poder de una élite terrateniente. Ello había sido posible gracias a las reformas legales en favor de parceleros y arrendatarios introducidas por Alfonso López Pumarejo, primer presidente liberal después de varias décadas de hegemonía conservadora, partido muy ligado a los intereses de la iglesia y de los terratenientes.

Los campesinos tendrían que esperar más de una década para empezar a recuperarse y cobrar fuerza para volver por la tierra arrebatada. Una coyuntura favorable se daría a finales de la década del 60, en el gobierno de otro liberal, Carlos Lleras Restrepo, que igual que López Pumarejo, entendió que al desarrollo económico del país, se oponía una desmedida concentración de la tierra en pocas manos. Apoyados por el gobierno los campesinos sin tierra inician las  movilizaciones, originando la más importante lucha por la tierra que se ha dado en Colombia. En esa ocasión se movilizan de nuevo los indígenas en defensa de los resguardos. Decimos ?de nuevo?,  porque en los años 20 y 30 ya habían dado grandes batallas para evitar que los terratenientes se apoderaran de las tierras de resguardo en el Departamento del Cauca, como había sucedido en el Departamento de Nariño, para ese entonces la región más indígena de Colombia. Esas luchas habían sido dirigidas con éxito por el terrajero páez Manuel Quintín Lame.

La presencia de organizaciones de izquierda fue un factor decisivo en la evolución y ascenso del movimiento campesino, pues  jugaron un papel positivo al sacar a los usuarios campesinos de la orientación reformista del gobierno de Lleras Restrepo y posibilitar así la dinamización de sus luchas y la formación política de sus dirigentes.

Pero después estas mismas organizaciones ayudaron a desmantelar lo que habían ayudado a construir. Al pretender que unas comunidades campesinas de incipiente organización y conciencia se convirtieran en un medio de su asalto al poder (¿se acuerdan de la ORP?), lo que lograron fue desmontar la base reivindicativa de un movimiento social con grandes perspectivas. Hoy no se menciona esa historia para no incomodar o recibir los estigmas de aquellos amigos de entonces, que como dice Fernando Mires, malos de la cabeza interiorizaron ?la tesis que popularizó Galeano, la de que siempre somos víctimas y nunca hechores?.

Una primera pregunta que nos hacemos, mirando el pasado reciente, es de si la violencia paramilitar que vino después y que se intensificó en la década de los 90, no es otra cosa que una nueva anexión violenta de tierras por parte de antiguos y nuevos terratenientes. Sea cierto o no este interrogante, el resultado es que con dineros provenientes del narcotráfico y utilizando la violencia, se llevó a cabo en menos de una década, una ?contrarreforma agraria? que desalojó de sus tierras a más de tres millones de campesinos. Un estudio de la Contraloría General de la República revela que durante esos 10 años los narcotraficantes se apoderaron del 48% de las tierras más fértiles del país. Los terratenientes habían recuperado con creces el número de hectáreas adquiridas por los campesinos durante 30 años de reforma agraria. Esto lleva a suponer que el desplazamiento forzoso de campesinos, indígenas y negros no es sólo un efecto colateral del conflicto armado, sino que obedece en parte a una estrategia macabra, asociada a los intereses de esos antiguos y nuevos latifundistas de volverle a quitar la tierra a los campesinos.

La segunda pregunta que nos hacemos es de si un desarrollo consecuente del paro agrario actual, no llevará temprano o tarde a plantear la recuperación de la tierra por parte de los que la perdieron ayer, de los sin tierra, de los campesinos desposeídos por la violencia. Eso llevaría a plantear un cambio de nombre a esta movilización, significando que no es sólo un paro agrario, sino un ?paro campesino por la tierra? o para anudarlo con las luchas de ayer un ?movimiento campesino por la tierra?.

Pero parece que la izquierda y los movimientos ambientalistas que lo apoyan están más interesados en irse lanza en ristre contra el TLC, los transgénicos, etc., que siendo demandas importantes, lejos están de ser suficientes para solucionar la crisis del campo colombiano. Puede que eso dé réditos políticos de cara a las elecciones, o recursos del ambientalismo internacional. Hay mucha astucia charlatana rondando esas toldas. Pero no se está abordando el problema fundamental del país, que es la extrema desigualdad en la tenencia de la tierra. Con el agravante de que la tierra en Colombia se ha convertido en la principal estrategia de acumulación y lavado de activos provenientes del tráfico de drogas, para la siembra de palma, coca y otros cultivos agroindustriales, creando extensos desiertos verdes, que junto a la ganadería se vienen expandiendo en el país y reviviendo un sistema social ?señorial-latifundista?, que se engalana con caballos de paso fino colombiano, poncho, carriel, sombrero aguadeño o ?vueltiao? y otras parafernalias, que acostumbran a lucir los notables y poderosos señores de esas regiones. Este sistema fundamenta su poder en la tenencia de grandes extensiones de tierra de alta productividad agrícola, donde ?pasta apaciblemente? el ganado, mientras miles de familias campesinas se aglomeran a su alrededor a contemplar estos ?vacíos rumiantes?.

El operativo fue violento e incluyó disparos y amenazas con armas de fuego a los miembros de la organización que intentaban llamar la atención de manera pacífica sobre la amenaza que implican las perforaciones petroleras en el Polo Norte.

Las imágenes muestran a la escaladora finlandesa Sini Saarela en una situación de peligro y gritando “¡Voy a bajar, estoy bajando! ” mientras que los agentes armados tironean la cuerda de seguridad que utiliza para aferrarse a la estructura. Además se ve cómo disparan con armas de municiones en el agua a pesar de que un activista a bordo de un gomón de Greenpeace está levantando sus manos al aire en señal de paz.

“La detención fue violenta y ahora sabemos que las autoridades rusas estaban en comunicación con Gazprom poco antes de nuestra acción –indicó Hernán Nadal, coordinador de la campaña de Ártico de Greenpeace en Argentina–. Shell firmó un acuerdo con esta empresa para explotar el Ártico ruso, una región donde las normas son laxas y los accidentes son frecuentes”

Todos los activistas declararon y permanecen bajo arresto en la ciudad de Severomorsk, principal base administrativa de la Flota del Norte de Rusia. Hoy el gobierno holandés anunció que está considerando posibles acciones legales contra las autoridades rusas.

Cri$tina tilinguea...

La presidente Cristina Fernández se manifestó hoy muy emocionada por el mensaje enviado por un ex granadero que se desempeñó en la Residencia de Olivos durante el gobierno de Juan Domingo Perón y agradeció no “haber pasado por la vida sin que nadie se entere o le importe”.

La mandataria, al tuitear esta mañana desde el avión Tango 01 de regreso desde Nueva York, donde participó de la Asamblea Anual de la ONU, se refirió al mensaje que le envió Federico Deacon, un “Granadero de la Nación y à soldado de Perón”, según ella misma definió.

“Cuando leí tu mensaje casi me pongo a llorar”, posteó la Presidenta, sobre el relato del ex granadero, quien le comentó la emoción que sintió al presenciar el regreso de Perón a la Residencia de Olivos en los años ’70.

“Gracias Federico. ¿Tenés claro que sos un pedacito de la historia de la Patria no?”, escribió la Presidente.

Por otra parte, dijo dar “gracias a Dios haber vivido todo lo que viví. Las cosas malas y las buenas. Los fracasos y los triunfos. Las frustraciones y las esperanzas. Todo va junto. Después de todo: “es la vida que me alcanza” (como la canción que cantaba Celeste Carballo)”.

“¿Sabes qué? No debe haber frustración más grande en la vida que haber pasado por ella sin que nadie se entere o le importe”, concluyó la jefa de Estado.

Un sismo de 6.9 grados de magnitud en la escala de Richter se registró hoy en las costas de Arequipa, en Perú.

Sacudió a varias ciudades del centro y sur de Perú, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales, según informó hoy el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El temblor se sintió a las 11:43 hora local (16.43 GMT) en Lima y varias ciudades del país como Moquegua, Arequipa, Ica, Tacna y Huancavelica del sur peruano.

Según el  reporte oficial, el epicentro del sismo estuvo a 64 kilómetros al sur de la localidad de Lomas, en la región Arequipa, a una profundidad de 30 kilómetros.

Hasta el momento no se reportaron  víctimas ni daños materiales, pero testimonios recibidos por las emisoras indicaron que en algunas localidades la población salió a la calle debido a la intensidad del temblor.