El 26 de marzo se cumplieron 5 años de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, líder guerrillero fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

FARC - EP

¡Manuel Vivo! (AW) Reproducimos el comunicado del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP.  Colombia, 26 de marzo de 2013 (http://frentean.blogspot.com.ar).- Escrito por Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP. "17 veces ya, nos han dicho que murió y no pueden explicar que esté más vivo que el sol". De una canción popular. Compatriotas: Este 26 de marzo, al conmemorar el V aniversario de la muerte de nuestro Comandante en Jefe, Manuel Marulanda Vélez ,a la vez que rendimos homenaje a su memoria y en ella a todos los guerrilleros y guerrilleras que han caído en esta larga lucha por la verdadera democracia, la justicia social y la plena soberanía para Colombia, ratificamos nuestro indoblegable compromiso de dar hasta el último aliento de la vida por alcanzar esos nobles ideales por los cuales luchó a lo largo de su existencia el legendario e invicto Comandante de guerrillas. Su entrega y compromiso hasta la muerte por conquistar una sociedad más justa, son ejemplo para las futuras generaciones. Manuel Marulanda fue uno de esos hombres que terminan viviendo para siempre porque su titánica lucha sobrepasa los límites de la existencia física, quedando grabada en la memoria de los pueblos. Su vida dedicada por entero a la brega revolucionaria, refleja como ninguna otra, la estoica resistencia campesina al despojo de sus tierras mediante la violencia latifundista que envuelve a Colombia desde los propios orígenes de la nación y que todavía hoy continúa enseñoreándose de los campos, para vergüenza de las castas dominantes. Su obra, la creación de un ejército popular guerrillero forjado al calor del enfrentamiento a decenas de operaciones militares de exterminio que no han logrado mellar nunca la decisión del campesinado de luchar hasta ver cumplidas sus aspiraciones. Deuda histórica que habrá que saldar si de verdad se quiere alcanzar la paz para nuestro país por la vía de un entendimiento y es por esto que dentro de ese espíritu declarado por el Presidente Santos, no se entiende el calificativo de "Republiquetas independientes" dado por el Ministro de agricultura a las Zonas de Reserva Campesina, creadas por una ley de la república. Con ese mismo argumento, en 1964 el entonces Senador Álvaro Gómez Hurtado, copartidario del ministro, comenzó la campaña para ambientar la agresión militar del régimen contra la región agraria de Marquetalia, que dio origen a las FARC; abriéndose un capítulo de violencia y terrorismo estatal, con la consecuente respuesta organizada de los labriegos, que hoy, 49 años después continúa y que estamos precisamente tratando de cerrar por la vía del diálogo civilizado en La Habana, sobre la base de dar solución a los problemas que lo originaron, entre ellos el de tierra para los campesinos y su reivindicación socioeconómica y política al lado de las comunidades indígenas y negritudes, como lo recomienda la Organización de las Naciones Unidas, de las que Colombia hace parte; pero cuyo complimiento choca de frente con los planes gubernamentales que apuestan a los grandes proyectos agroindustriales y minero-energéticos, que requieren para su materialización un campo sin campesinos. Tal vez por eso la molestia del ministro con las zonas de reserva campesina, y sin embargo, antes de enojarse, debería repasar un poco la historia de Colombia; quizás logre comprender que esa arrogancia; ese desprecio de los sectores dominantes hacia las masas que laboran y producen con su trabajo la riqueza nacional; esa otra forma de violencia que es la exclusión y la marginalidad, hacen parte de la causas que han generado y alientan la tenaz resistencia popular, de la cual hace parte la lucha guerrillera, la que no desaparecerá mientras persistan las causas que la han originado, entre ellas la violencia ejercida desde el poder, porque para acabarla no bastan las iras de unos cuantos burócratas, ni los inflados partes militares, ni las fantasiosas cifras de prisioneros, desmovilizados y desertores que cada cierto tiempo pasan los flamantes generales y ministros de turno. Baste recordar, cómo quienes hoy son nuestro interlocutores en La Habana, hace tan solo 5 años, incluido el propio Juan Manuel Santos, entonces Ministro de Defensa, en medio de la euforia que les produjo el asesinato aleve de Comandante Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, la mano cercenada al cadáver del Comandante Iván Ríos y el fallecimiento del Camarada Manuel, se apresuraron a decretar nuestra pronta desaparición. "El fin del fin", fue la frase acuñada por un general cuyo nombre muy pocos recuerdan. "No nos pueden explicar por qué en la selva y los ríos Manuel va peleando vivo, si tantas veces murió, Manuel permanece vivo". Si algo de sensatez hubiese en los gobernantes colombianos, no deberían desoír los justos reclamos del campesinado y de otros muchos sectores de la sociedad; suficiente sería, como botón de muestra, lo que está aconteciendo en el momento actual con la economía nacional y la agitada situación social que se vive, para de una vez cambiar el rumbo y tomar distancia de los dictados imperiales que nos obligan a andar con los ojos vendados por un sendero que sin ninguna duda nos llevará a la ruina como lo testifica la parálisis de la industria manufacturera y la crisis del sector agropecuario que nos obliga a importar más de 10 millones de toneladas de alimentos, incluyendo arroz y café. Estos hechos, decimos, bastarían para cambiar de rumbo; pero fiel a sus antipatrióticos intereses, la clase dominante se empeña en continuar adelante con un modelo que rellena de dólares sus bolsillos, a la vez que amarra la nación a la insaciable voracidad de los grandes consorcios minero-energéticos y de los agro-negocios para la explotación intensiva y extensiva de los recursos naturales a la vez que pisotean los más elementales derechos de las comunidades que habitan esos territorios, se arrasa el medio ambiente, se atenta contra la biodiversidad y se altera gravemente el equilibrio de los ecosistemas, afectando de tal manera las condiciones socio-ambientales de las regiones que no es una exageración decir que de continuar adelante con dicho modelo, en pocos años tendremos por suelo patrio extensos desiertos y un sinnúmero de agujeros donde antes dormían su sueño milenario invaluables riquezas que debieron servir para enrumbar a Colombia por el camino del desarrollo, pero en cambio fueron feriadas al mejor postor por parte de la una minoría indolente con el destino de la nación, lo que con sobradas razones alienta cada día que nuevos sectores salgan exigir el cambio del modelo económico. "Si tantas veces murió por qué cada que aparece, lleva a su lado más gente, Manuel guerrillero vivo". Necesidad aún más palpable si tenemos en cuenta la crisis estructural del sistema vigente puesta en evidencia en las grandes economías del denominado primer mundo, y que en el caso colombiano se expresa en el desmantelamiento de la incipiente industria nacional y la muerte anunciada del sector agropecuario, consecuencia directa de los acuerdos de libre comercio firmados con diversos países, mientras se privilegia la economía extractiva de bienes primarios proyectando un falso crecimiento económico, insostenible en el largo plazo por tratarse de recursos no renovables y sujeto al capricho del valor de dichos bienes en los mercados internacionales, y que para el momento ya tiene al sector exportador en aprietos ante la revaluación del peso y el consiguiente aumento del desempleo, mal disimulado tras fantasiosas cifras del gobierno que en realidad lo que muestran es cómo crece cada día el número de colombianos que deben rebuscarse la vida en la llamada economía informal. Para no mencionar la corrupción desatada en torno a la privatización de la salud y la contratación pública manejada a su antojo por los beneficiarios del modelo. Es esta realidad, la que hace que cada día sean más y más los conflictos sociales que estallan y que reflejan el estado de cosas en que se debate la sociedad colombiana: Paran y protestan los cafeteros, los transportadores, los trabajadores universitarios, los corteros de caña, los arroceros, los cacaoteros, los trabajadores del cerrejón, los estudiantes universitarios, los jueces, el magisterio, los usuarios de servicios públicos y se movilizan comunidades enteras contra la locomotora minera que amenaza los territorios en los que sobrellevan su existencia abandonados a su suerte por un Estado policial que solo se acuerda de ellos para reprimirlos a físico garrote; inveterada costumbre de los sucesivos gobiernos, que hacen oídos sordos de los justos reclamos de la población, mientras se empecinan en mantener y profundizar el modelo económico, verdadera causa de las penalidades de los colombianos del común; lo que al final no hace más que aumentar el fermento social que alienta las protestas de distintos sectores a las que se responde con leyes como la de seguridad ciudadana o ley de "manos libres" para que la fuerza pública pueda reprimir y los jueces penalizar las protesta social, tras las cuales siempre terminan por descubrir el fantasma de las FARC. "Todos los días lo matan y no pueden explicar, que al otro día aparezca con más ganas de pelear Con más ganas de ganar". Dentro de este marco, no es para nada realista pretender que las conversaciones entre gobierno e insurgencia, para poner fin al conflicto y sentar las bases de una paz estable y duradera, no toquen para nada el modelo económico, el carácter del régimen y las principales políticas del gobierno; pero además trasluce la pequeñez y la recortada idea que tiene la clase dominante, como una fijación, de lo que es la paz de la nación: Rendición incondicional de las guerrillas, entrega de las armas, sometimiento a sus políticas, todo a cambio de dos o tres puestos en el Congreso, el paseo por unos meses de un comandante en el cargo de ministro de trabajo o de salud, unas cuantas promesas y hasta unos años de cárcel para los principales líderes de la insurgencia nos anuncian y listo. ¿Ingenuidad o cinismo? Tal vez las dos cosas. Ingenuidad porque terminaron creyendo sus propias mentiras y soñaron con llevar a la Mesa, una guerrilla derrotada, desconectada de la realidad, carente de propuestas e iniciativa política. Cinismo porque pretenden descargar sobre los hombros de la insurgencia la responsabilidad del conflicto, presentando al Estado terrorista como víctima y la resistencia popular como victimario. Por nuestra parte, fieles a lo que ha sido y será siempre nuestro destino histórico, proclamado por los legendarios marquetalianos en el programa agrario de los guerrilleros, reiteramos nuestra decisión de luchar hasta alcanzar el poder para el pueblo colombiano; independientemente de la vía por la cual nos toque adelantar esa lucha. Si en la Mesa de La Habana logramos acuerdos ciertos que abran la posibilidad real de entrar a disputar el poder político a la oligarquía por medios no violentos, con plenas garantías para el ejercicio de la oposición revolucionaria al régimen, estamos dispuestos a dar ese paso, con la misma firmeza y decisión con que hemos enfrentado la guerra que nos fue impuesta; comenzando por un cese al fuego bilateral y definitivo que genere un mejor ambiente para el desarrollo de los acuerdos, teniendo claro que no se trata de negociar gabelas y prebendas para los insurgentes, se trata de abrir espacios para la participación política democrática al conjunto de la sociedad, algo que va más allá de las solas garantías para la actividad electoral, dentro de un nuevo sistema que erradique los vicios y limitaciones del vigente y que implica abordar temas fundamentales que atañen a todos los colombianos como la militarización de la vida nacional, la doctrina de seguridad del Estado, la plena vigencia de los derechos humanos, la penalización de la protesta social, acceso a los medios de comunicación, esclarecimiento de los responsables de la creación, financiación y protección de los grupos paramilitares y desmantelamiento de dichos grupos, excarcelación de los prisioneros de guerra y políticos, incluida la repatriación de los combatientes extraditados y reconocimiento pleno de los derechos de las víctimas del conflicto, entre otros temas. Acuerdos que por su transcendencia, profundidad e importancia para el futuro de Colombia, deben ser refrendados por una Asamblea Nacional Constituyente, de carácter popular que les imprima el sello de su aprobación como voluntad última del pueblo soberano. Lograr superar un conflicto que lleva medio siglo, es un propósito de alcance y dimensiones históricas, lograrlo implica despojarse de mezquindades, asumir responsabilidades, poner en el centro y en lo alto el más grande y más caro de todos los intereses nacionales, la paz con justicia social para nuestro pueblo. Con esa convicción llegamos a La Habana y con la misma ha venido trabajando de manera juiciosa nuestra delegación allí destacada. Valoramos altamente el trabajo realizado por las partes y consideramos de gran importancia los borradores construidos de manera conjunta sobre temas del primer punto de la agenda, clara demostración de que es posible alcanzar acuerdos entre las partes enfrentadas; por lo mismo, consideramos que un propósito nacional de tal significación y trascendencia para toda la nación no puede estar sujeto a los vaivenes de la política electoral, a veleidades personales, a presiones de grupos minoritarios por poderosos que sean, a limitaciones de tiempo y plazos perentorios que no consultan la realidad. Por esos caminos andan los enemigos del proceso, mantenerlo a salvo es tarea de todos los colombianos sin distingos y la forma de lograrlo es defender la existencia de la Mesa y lo alcanzado hasta ahora, con la masiva vinculación de los distintos sectores que anhelan la paz y el progreso de la patria, de todos aquellos interesados en participar de la discusión de los temas, abriendo espacios para esa participación e impulsando todo tipo de iniciativas que busquen rodear el proceso y continuar avanzando sin vacilaciones en la construcción de acuerdos, a pesar de las voces que se empeñan en impedir su avance, algunas veces de manera incomprensible desde el interior del propio gobierno. Ese es el camino más sensato. Lo otro sería matar las esperanzas de millones de compatriotas y con ellas la posibilidad de un futuro cierto para las próximas generaciones de colombianos. "Manuel permanece vivo llevando hacia la ciudad toda su selva y sus ríos". En vida de los camaradas Manuel y Jacobo, comentaban cómo semanas antes de iniciarse la agresión a Marquetalia, se dirigieron por medio de cartas públicas a los diversos sectores de la opinión nacional e internacional, para tratar de impedir la ofensiva militar del régimen previendo la tragedia que podría desatarse y sin embargo, a pesar del pronunciamiento de múltiples sectores y personalidades, entre los que destaca el del Padre Camilo Torres, no se escucharon esos llamados y por el contrario, obedeciendo dictados de intereses extranjeros y atendiendo la histeria de un pequeño grupo de oligarcas se precipitó la operación militar con los resultados conocidos. Años después en una de las tantas reuniones de las que se adelantaron en el Caguán, con la participación del Camarada Manuel, relataba cómo las demandas de los campesinos de Marquetalia, hubiesen podido ser resueltas por el Estado a un bajo costo en recursos de la época y un poco de tolerancia para con las ideas políticas revolucionarias de los campesinos allí asentados. Capítulos de nuestra historia que bien vale la pena tener en cuenta. Este 26 de marzo, día del V aniversario del fallecimiento del Comandante en Jefe, camarada Manuel; nosotros, herederos del legado de los hombres y mujeres de Marquetalia, de su coraje, decisión y firmeza que bajo el mando de Manuel y Jacobo sentaron las bases del ejército del pueblo que son hoy las FARC, podemos declarar con orgullo y plena confianza en el futuro, ante nuestros compatriotas y el mundo entero, que seguiremos manteniendo en alto la bandera de la lucha por paz con justicia social para nuestro pueblo hasta que sea una realidad. "Manuel que no morirá aunque lo maten un día, pues nadie puede matar la luz, el aíre o la vida" ¡Viva la memoria del Comandante Manuel Marulanda Vélez! ¡Hemos jurado vencer y venceremos! Montañas de Colombia, marzo 26 de 2013. Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP

FARC-EP: Diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesinado y definición de sus territorios.

DIÁLOGOS DE PAZ

(AW) En el marco de los trascendentales diálogos de paz en Colombia, las FARC-EP acaban de presentar "Diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesinado y definición de sus territorios", un programa integral que se constituye en una referencia programática para el conjunto de los movimientos populares. La Agencia Walsh pone a disposición de sus lectores este documento imprescindible, que no es la propuesta de tal o cual intelectual librepensador, sino el programa de un bloque social del cual las FARC-EP y el Partido Comunista Clandestino de Colombia son sus más eminentes representantes políticos. Con el propósito de contribuir al reconocimiento político y de todos los derechos del campesinado se formulan las siguientes diez propuestas: 1- Reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos 2- Constitucionalización de la figura del territorio campesino 3- Autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia 4- Carácter estratégico en la protección de ecosistemas frágiles, bosques, biodiversidad y fuentes de agua, para la sostenibilidad socio-ambiental en general, y para la soberanía alimentaria 5- Financiación estatal mediante transferencias de origen constitucional y recursos del presupuesto 6- Dotación con medios de producción, asistencia técnica, crédito, infraestructura física y social 7- Reconocimiento y fortalecimiento de las Zonas de Reserva Campesina 8- Creación de Zonas de producción campesina de alimentos 9- Procesamiento industrial, encadenamientos productivos, inserciones en el mercado nacional y en el mercado mundial 10- Protecciones especiales de los territorios campesinos 1. Reconocimiento político del campesinado y de todos sus derechos  En consideración al papel central desempeñado en la historia de nuestro país, así como a la deuda política, económica, social, ambiental y cultural contraída fruto del ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar; en atención a la capacidad de resistencia, movilización, organización y lucha en defensa de sus reivindicaciones y derechos a lo largo de toda la historia republicana, se dignificará y reconocerá política- y culturalmente al campesinado, así como su condición de sujeto de derechos en los términos establecidos en la Declaración internacional de los derechos de los campesinos de la ONU, la cual será incorporada de manera inmediata al ordenamiento constitucional. Las mujeres campesinas merecerán especial atención y trato. Con miras a dar cuenta de su especificidad social y cultural, de sus modos de vida y de producción, de sus formas de relacionamiento con la naturaleza, de sus formas organizativas, y particularmente de su derecho a la tierra y el territorio, se reconocerán los territorios campesinos, se creará la jurisdicción campesina, se establecerá la circunscripción electoral campesina, y se dispondrán los recursos de presupuesto necesarios para el goce efectivo de los derechos. Dada las condiciones de precariedad y pobreza de los trabajadores y proletarios agrícolas, se adoptará en forma inmediata el Acuerdo 141 de la OIT y se crearán las condiciones institucional para hacerlo eficaz. 2. Constitucionalización de la figura del territorio campesino  El modo campesino de producción social del territorio se expresará en la figura del territorio campesino, en cabeza de las comunidades campesinas y de sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano. La figura de territorio campesino se elevará al nivel constitucional en los mismos términos en los que éste existe para las comunidades indígenas y afro-descendientes. Los territorios campesinos serán inembargables e imprescriptibles. En consideración a las formas de propiedad existentes en estos territorios-individual, asociativa, comunitaria o colectiva-, y con miras a evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra, habrá en ellos regulaciones específicas sobre la transferencia de derechos, adoptadas autónomamente por las comunidades campesinas y sus organizaciones o concertadas con ellas, según el caso. Sin perjuicio de otras formas, los territorios campesinos estarán conformados por Zonas de Reserva Campesina o por Zonas de producción campesina de alimentos. En cada caso, se producirán las definiciones territoriales correspondientes. Tales definiciones se fundamentarán en una cartografía social geo-referenciada. En los casos en lo que fuere necesario, se adelantarán procesos de sustracción de zonas de reserva forestal para garantizar la formación de territorios campesinos. 3. Autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia.  Los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, enmarcada dentro del ordenamiento constitucional que resulte del nuevo contrato social pactado en la Asamblea Nacional Constituyente. La autonomía contempla igualmente la definición de formas de relacionamiento con la organización política y administrativa del Estado en general. La autonomía presume la creación, administración y control propios de sistemas de información del territorio, así como la formulación de planes de vida y de desarrollo, y de manejo socio-ambiental. El Estado garantizará el acompañamiento técnico de los diseños a que hubiere lugar. 4. Carácter estratégico en la protección de ecosistemas frágiles, bosques, biodiversidad y fuentes de agua, para la sostenibilidad socio-ambiental en general, y para la soberanía alimentaria.  Se reconocerá el papel central de las comunidades campesinas y de sus organizaciones en la protección del medio ambiente, en atención a sus formas sostenibles de relacionamiento con la naturaleza. Se declarará el carácter estratégico de los territorios campesinos en la protección de los ecosistemas frágiles, bosques, biodiversidad, fuentes de agua, y para la sostenibilidad socio-ambiental en general. Se declarará igualmente el carácter estratégico de los territorios campesinos para el abastecimiento nutricional y alimentario no solo de sus campesinos habitantes, sino de la población en general. Se reconocerá, por tanto, su valiosa contribución para garantizar la soberanía alimentaria, y se adelantarán todas las medidas necesarias para su estímulo y protección. 5. Financiación estatal mediante transferencias de origen constitucional y recursos del presupuesto. Con miras a garantizar su estabilización y proyección, así como los fines para los cuales han sido creados, los territorios campesinos contarán con recursos de origen constitucional, con destinación específica para ellos. Sin perjuicio de otras fuentes, los recursos provendrán del sistema general de participaciones, de las regalías, de una destinación específica creada de un porcentaje del impuesto al latifundio improductivo, ocioso o inadecuadamente explotado, así como de una cuenta específica creada dentro del presupuesto general de la nación, con un porcentaje fijo sobre el total. Todos estos recursos conformarán el Fondo nacional de financiación de territorios campesinos. Los criterios de asignación de recursos, así como el monto a asignar, serán definidos de manera concertada con las comunidades campesinas y sus organizaciones, las cuales administrarán autónomamente los recursos asignados. De acuerdo con la localización geográfica, habrá fuentes adicionales de financiación provenientes de un porcentaje fijo de los presupuestos de los departamentos y municipios en donde se halle el respectivo territorio campesino. La economía rural y agraria del territorio campesino proveerá recursos propios. 6. Dotación con medios de producción, asistencia técnica, crédito. Los territorios campesinos serán dotados con medios de producción, asistencia técnica y recursos de crédito, que permitan garantizar su función de protección y sostenibilidad socio-ambiental, así como el usufructo sostenible de la tierra y de la producción campesina. Para tal efecto, se diseñarán programas específicos de dotación, asistencia técnica y crédito, concertados con las comunidades campesinas y sus organizaciones, con la correspondiente disposición de recursos extraordinarios de presupuesto por parte del Estado. Estas acciones se encaminan a la cualificación de la propiedad campesina, a la estabilidad de sus economías, de las comunidades campesinas y de la sociedad rural en general. 7. Reconocimiento y afianzamiento de Zonas de Reserva Campesina. La Zonas de Reserva Campesina son una expresión histórica organizada de las luchas campesinas por la reforma agraria que merece el respeto y reconocimiento por parte del Estado para contribuir a saldar la deuda histórica del Estado con el campesinado. En la actualidad son un importante baluarte de la defensa del derecho al territorio, de la protección socio-ambiental y de la producción de alimentos, de cierre de la frontera agrícola, contra la concentración de la propiedad sobre la tierra y las presiones de cambio en su uso por proyectos minero energéticos, infraestructurales y de agro-combustibles. Son la mejor expresión existente de una sociedad rural organizada, basada en la cultura, el modo de vida y de producción campesinos, de apropiación social colectiva del territorio. En atención a ello, serán reconocidas como una de las formas de territorio campesino. Se destinará una extensión no inferior a 9 millones de hectáreas, para responder a las expectativas de acceso a la tierra de las comunidades campesinas que las habitan. Las Zonas de Reserva se fundamentan en la propiedad individual sobre la tierra, así como en formas asociativas, comunitarias o colectivas de propiedad. Su titularidad estará en cabeza de la respectiva organización campesina, única facultada para solicitar su reconocimiento y creación, es decir, su formalización, mediante simple manifestación de voluntad. Las zonas ya existentes serán refrendadas; lo procesos que se encuentran en trámite y los que aún no se han iniciado formalmente, merecerán reconocimiento inmediato mediante el perfeccionamiento del correspondiente acto administrativo. Los requisitos de creación y puesta en marcha se simplificarán en formas y tiempo. Una vez reconocidas formalmente las Zonas de Reserva Campesina se activarán todos los dispositivos estatales para su fortalecimiento. Sin perjuicio de relacionamientos directos con el gobierno central, la personería del conjunto de comunidades campesinas y de organizaciones que hacen parte del proceso de Zonas de reserva campesina se encontrará en cabeza de su organización de segundo piso. Las zonas se crearán con tierras baldías, tierras sustraídas de zonas de reserva forestal, tierras redistribuidas de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, expropiadas al narcotráfico, obtenidas ilícitamente mediante el ejercicio de la violencia. 8. Creación de Zona de producción campesina de alimentos.  Se crearán las Zonas de producción campesina de alimentos, en una extensión territorial no inferior a 7 millones de hectáreas. Las zonas se crearán con tierras redistribuidas de latifundios improductivos, ociosos o inadecuadamente explotados, expropiadas al narcotráfico, obtenidas ilícitamente mediante el ejercicio de la violencia, baldías, restituidas a los campesinos, o de minifundios. Dentro de sus propósitos se encuentran: garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de sus pobladores; contribuir a la reestructuración del minifundio y a la estabilización socioeconómica de la pequeña y la mediana producción campesina; evitar la concentración de la tierra en pocas manos; estimular formas asociativas, comunitarias o colectivas de la producción; propiciar producciones orgánicas y agroecológicas, principalmente de alimentos; garantizar producciones agrícolas basadas en el uso racional del agua; contribuir a la sostenibilidad socio-ambiental; estimular relacionamientos más equitativos de las comunidades campesinas y rurales con los centros urbanos. Se propiciarán procesos organizativos tendientes al fortalecimiento de la capacidad autonómica política, administrativa y técnica de los campesinos y sus organizaciones. 9. Procesamiento industrial, encadenamientos productivos, inserciones en el mercado nacional y en el mercado mundial.  Aunque en los territorios campesinos se privilegiará el autoabastecimiento alimentario, se propiciarán relaciones de intercambio con otros territorios campesinos, indígenas, afro-descendientes, interétnicos e interculturales, mediante el establecimiento de redes de producción y comercialización. Se estimulará el procesamiento industrial y, en general, la agregación de valor de las producciones campesinas, para mejorar su capacidad adquisitiva y de ingreso. Se organizará la comercialización directa de los excedentes para el abastecimiento alimentario de los centros urbanos, a través de un sistema de compras únicas y precios sustentados por parte del Estado. Si las condiciones y los niveles de producción lo permiten se apoyará la comercialización de parte de los excedentes en el mercado mundial. Los encadenamientos productivos con formas de agricultura comercial o para el procesamiento industrial serán regulados de manera estricta garantizando repartos equitativos del excedente y condiciones de vida y de trabajo digno para los campesinos y los trabajadores agrícolas asalariados. 10. Protecciones especiales de los territorios campesinos. En atención a su carácter estratégico, los territorios campesinos gozarán de protecciones especiales frente a: a) La estigmatización por parte de la inteligencia militar o su uso dentro de estrategias contrainsurgentes y de guerra. Ello implica excluir a la población civil campesina atendiendo el Estado las normas del Derecho Internacional Humanitario o según acuerdos de regularización de la guerra. b) El ejercicio estructural de la violencia y el despojo. c) Las presiones de cambios en el uso de la tierra y el territorio por megaproyectos infraestructurales, minero-energéticos o de agro-combustibles. d) El mercado especulativo de tierras, el derecho de superficie, la extranjerización de la tierra o la especulación financiera. e) Los impactos de las políticas macroeconómicas y de comercio exterior, incluidos los tratados de libre comercio f) Las políticas de imposición de transgénicos o de paquetes tecnológicos de transnacionales de los agro-negocios. g) Las políticas de mercantilización de la naturaleza, incluido el comercio con bonos de carbono. La protección es frente al ejercicio de la violencia y el despojo, la especulación financiera, el no pago de deudas, incluidas las obligaciones contraídas con la banca transnacional, los impactos de políticas macroeconómicas y de comercio exterior, los cambios inconsultos en los usos de la tierra para actividades distintas a las actividades agrícolas, los desastres naturales y los efectos del cambio climático, entre otros; comprende el rechazo al derecho de superficie. Para cada caso, se diseñaran mecanismos específicos de protección. De manera especial, se reconocerá el derecho a la consulta previa, libre e informada. Se protegerán las semillas nativas y el conocimiento ancestral campesino. Como mecanismo de protección se reconocerá la consulta previa libre e informada. Todas las propuestas aquí formuladas, demandan la conformación de una institucionalidad especializada que garantice y posibilite su implementación. DELEGACION DE PAZ DE LAS FARC-EP La Habana, febrero 9 de 2013

Propuesta de la Delegación de paz de las (FARC-EP) para el Desarrollo Rural para la Democratización y la Paz con Justicia Social de Colombia.

COLOMBIA

(AW) La Agencia Walsh pone a disposición de sus lectores las "Ocho propuestas mínimas para el ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio, del derecho al agua y de los usos de la tierra" de las FARC-EP, documento fundamental en el marco de estos Diálogos de Paz que se están desarrollando en La Habana, Cuba. por Delegación de paz de las (FARC-EP) 6 de febrero de 2013 Con el propósito de contribuir al desarrollo rural para la democratización y la paz con justicia social se formulan las siguientes ocho propuestas: Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio Reordenamiento territorial y usos de la tierra para la soberanía alimentaria y el abastecimiento nutricional y alimentario de la población Sostenibilidad socioambiental, derecho al agua y protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas frágiles Definición de territorios de producción agrícola y de alimentos Creación de nuevos asentamientos rurales para la producción agrícola y de alimentos Recursos naturales no renovables en función del interés nacional y del buen vivir de la población Minería artesanal digna y pequeña y mediana minería con sostenibilidad socioambiental Cultivos de uso lícito de marihuana, amapola y hoja de coca y sustitución de cultivos de uso ilícito 1. Ordenamiento social y ambiental, democrático y participativo del territorio Frente a un ordenamiento autoritario del territorio, en el que éste se concibe como un mero instrumento para la obtención de jugosas ganancias mediante la extracción inmisericorde de los recursos naturales, o es inscrito dentro de estrategias militares de consolidación para proteger a los grandes capitales, o para imponer relaciones de poder basadas en el ejercicio estructural de la violencia estatal y paramilitar, se propiciará: Un ordenamiento territorial fundamentado en la más amplia democracia y participación social, orientado a la construcción de una sociedad que supere la injusticia y la desigualdad, capaz de atender sus requerimientos alimentarios, de estabilizar sus comunidades, de realizar un manejo sostenible de su entorno, y en búsqueda del buen vivir de su población. La convocatoria a un gran debate nacional acerca de la profunda reorganización espacial y territorial y de los impactos socioambientales que viene imponiendo la explotación minero-energética. Dicho debate debe producir un acuerdo político que permita reorientar el proceso de ordenamiento territorial con base en el uso de los recursos naturales en función de los intereses nacionales y del buen vivir de la población en general. El reconocimiento y el respeto por toda forma democrática, comunitaria, participativa, autónoma de construcción del territorio y, en especial, de los territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, interétnicos e interculturales. El reconocimiento y el estímulo del derecho a la consulta previa, libre e informada, extendido a las comunidades campesinas y, en general, a todo grupo poblacional cuyo modo de vida se pueda ver afectado por la implementación de proyectos minero-energéticos, infraestructurales, o de otra índole. 2. Reordenamiento territorial y usos de la tierra para la soberanía alimentaria y el abastecimiento nutricional y alimentario de la población El nuevo ordenamiento territorial que requiere el país se debe fundamentar en usos de la tierra que consideren su vocación agroecológica, se orienten a garantizar el abastecimiento nutricional y alimentario de la población y la soberanía alimentaria en general, así como la sostenibilidad socioambiental. Los conflictos derivados del uso de la tierra siempre se deben resolver atendiendo este propósito. De manera específica se propone: Actualización y definición precisa de las zonas de reserva forestal y de parques naturales. Protección especial de las fuentes de agua con miras a garantizar el derecho al agua de la población y a propiciar su uso racional y controlado en la actividad económica. Reconocimiento y formalización de sustracción de territorios de zonas de reserva forestal a favor de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Desestímulo a la ganadería extensiva y "desganaderización" del uso de la tierra en 20 millones de hectáreas, acompañada de programas de reconversión tecnológica. Definición precisa y cierre de la frontera agrícola; aumento del área de cultivos agrícolas hasta llegar a un equilibro entre tierras aptas para la agricultura y tierras efectivamente destinadas para esa actividad, privilegiando la producción de alimentos. Solución de conflictos de usos de la tierra, derivados de las economías de extracción minero energética, a favor de la preservación de las condiciones de sostenibilidad socioambiental o de la producción agrícola, especialmente de alimentos, según el caso. Ello implica, prohibición o regulación estricta, según el caso, de las actividades de extracción minero-energética, especialmente de la gran minería a cielo abierto. Con igual criterio, se procederá con la explotación forestal con fines comerciales. Creación del Consejo Nacional de la Tierra y el Territorio, encargado de trazar y establecer pautas generales de ordenamiento territorial, de definir los usos de la tierra, así como de los conflictos que de ella se deriven. Además de los representantes de los poderes públicos y de los organismos de control, de los gremios sectoriales, el Consejo se conformará con representantes de las comunidades de los territorios campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros, interétnicos e interculturales, así como de las organizaciones campesinas y de trabajadores agrícolas, escogidos por ellas mismas. 3. Sostenibilidad socioambiental, derecho al agua y protección de las fuentes hídricas y de los ecosistemas frágiles En desarrollo de este propósito se impondrán medidas para: Protección especial o restauración, según el caso, de ecosistemas frágiles y estratégicos, de las cuencas, los páramos y humedales y, en general, de la fuentes y recursos hídricos, así como de las zonas coralinas, entre otros; ampliación de los bosques y de las áreas protegidas; promoción de programas de reforestación masiva; definición de zonas de alta biodiversidad y protección de las variedades y especies nativas. Prohibición o regulación estricta, según el caso, de actividades económicas mineras, energéticas, forestales, agrícolas o turísticas, que afecten la sostenibilidad socioambiental. Reconocimiento y materialización del derecho humano al agua, según la resolución 64/292 de 2010 de Naciones Unidas. En consecuencia, priorización del uso del agua para el abastecimiento de las generaciones presentes y futuras, el riego y los cultivos; suspensión definitiva de proyectos de represas e hidroeléctricas, orientados a la exportación de energía, en particular del megaproyecto de El Quimbo. Reconocimiento y estímulo a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes por su indiscutible función en la preservación de condiciones socioambientales dignas y sostenibles mediante la implementación de programas específicos, el cubrimiento de la deuda ambiental contraída con ellas y la protección frente a mecanismos desarrollados por el negocio financiero transnacional con los bonos de carbono, incluido el llamado mecanismo REDD+ [1]. 4. Definición de territorios de producción agrícola y de alimentos El reordenamiento territorial debe conducir a una definición precisa de los territorios de producción agrícola, en general, y de producción de alimentos en particular. Teniendo en cuenta que el propósito primordial de la producción agrícola está orientado a garantizar el abastecimiento nutricional y alimentario dela población y, en general, la soberanía alimentaria del país, se pondrán en marcha las siguientes medidas: Aumento del área agrícola efectivamente cultivada al menos a 20 millones de hectáreas, privilegiando el aumento del área de producción de alimentos. En atención a que la economía campesina es la principal productora y abastecedora de alimentos, y registra de manera demostrada los más altos niveles de productividad, se crearán Zonas de producción campesina de alimentos, en una extensión que sumada no será inferior a 7 millones de hectáreas. Las Zonas de reserva campesina se comprenden como parte del proceso de reordenamiento territorial. Considerando las zonas que ya tienen vida jurídica, las que se encuentran en trámite, y los cerca de 30 procesos de hecho, la definición territorial de estos procesos demanda al menos 9 millones de hectáreas. Parte importante de la economía de estas zonas se sustenta en la producción de alimentos. En los territorios campesinos de Zonas de reserva campesina y Zonas de producción campesina de alimentos se estimularán e impulsarán producciones orgánicas y agroecológicas de alimentos. Los territorios indígenas y afrodescendientes también se comprenderán como territorios de producción de alimentos y deberán ser estimulados con programas específicos para ese propósito. La producción de alimentos no excluye la agricultura para la exportación, ni la agroindustria. Los territorios para esta agricultura deberán delimitarse igualmente. Los territorios de producción cafetera merecerán especial atención y protección. En el caso de los cultivos de larga duración, orientados a la producción de agrocombustibles, su localización, sus límites territoriales o su prohibición, según el caso, se fijarán atendiendo la sostenibilidad ambiental, la afectación de fuentes de agua y los requerimientos de abastecimiento alimentario. Explotaciones agrícolas desarrolladas con tecnologías intensivas en utilización de agroquímicos serán desestimuladas. En el caso de un ordenamiento territorial basado en encadenamientos productivos entre grandes productores y productores campesinos y/o trabajadores asalariados agrícolas deben garantizarse acuerdos equilibrados que posibiliten repartos equitativos del excedente, condiciones dignas de trabajo y de existencia, y atención a estándares laborales, incluido el aseguramiento social. Se hace necesario impedir cambios en el uso del suelo rural por la imposición de la lógica urbana, incluyendo las reconversiones derivadas del mercado de servicios y el turismo, del cambio en las unidades de medida para la comercialización del suelo, o de la presión impuesta por los procesos de urbanización. 5. Creación de nuevos asentamientos rurales para la producción agrícola y de alimentos El reordenamiento territorial contemplará la construcción de condiciones de trabajo y de vida adecuadas y atractivas en los medios rurales, propiciando la formación concertada de nuevos asentamientos mediante la canalización hacia ellos de inversiones y servicios. Con los nuevos asentamientos rurales se busca fortalecer la organización de la producción de bienes agrícolas básicos en espacios aledaños a los centros de consumo, propiciando y afianzando el establecimiento y la estabilización de pequeños y medianos productores en esos espacios. Los asentamientos podrán conformarse con la tierra distribuida gratuitamente a campesinos sin tierra, pobladores urbanos en condiciones de pobreza y miseria, trabajadores y proletarios agrícolas, mujeres sin tierra, que estén dispuestos a ello. También se conformarán con parcelas individuales y formas cooperativas o asociativas de propiedad. Estos asentamientos demandarán el impulso de proyectos de producción, transformación y provisión de bienes de origen agrícola para otros asentamientos, lo centros urbanos y la exportación. La formación de los asentamientos, concertada con grupos poblacionales específicos, implica inducir cambios en la distribución espacial de la población, establecer las modalidades de asignación de recursos por parte del Estado, definir los rasgos de la economía rural según la vocación agroecológica de la tierra, y fijar su localización atendiendo criterios de conveniencia y de dotación de infraestructura. 6. Recursos naturales no renovables en función del interés nacional y del buen vivir de la población Las economías de extracción de recursos naturales no renovables, en especial minero-energéticos, vienen transformando y afectando de manera significativa los derechos y la vida de las personas y de comunidades enteras, los usos del suelo, las fuentes de agua, los ecosistemas y, en general, la sostenibilidad socioambiental del país, así como las posibilidades futuras de la producción agrícola. El ordenamiento territorial que demanda el país impone ponerle freno a la expansión desordenada y anárquica de esas economías estableciendo prohibiciones, límites o regulaciones estrictas, según el caso. En desarrollo de ese propósito se deben emprender las siguientes acciones: Declaración del carácter estratégico de los principales recursos naturales energéticos y mineros y recuperación de éstos en cabeza de la nación mediante la redefinición de las modalidades contractuales que han dado lugar a su usufructo en condiciones leoninas por inversionistas extranjeros; reformulación del régimen de regalías elevando de manera significativa el porcentaje de recursos a favor de la nación; eliminación del régimen de incentivos tributarios a inversionistas extranjeros. Delimitación territorial precisa de las economías de extracción de recursos naturales no renovables y aprovechamiento de los recursos recuperados en función del interés nacional, del buen vivir de la población, del fortalecimiento de la base técnico-material del país y del procesamiento industrial para el mercado interno. Destinación específica y preferencial de las rentas producidas por la extracción de recursos minero-energéticos para resolver los problemas económicos y sociales más agobiantes de la población en condiciones de pobreza y miseria. Suspensión indefinida del otorgamiento de nuevos títulos mineros y de nuevas concesiones para la exploración y la extracción petrolera hasta tanto no se establezca, mediante estudios previos y consulta previa con las respectivas poblaciones, la viabilidad y sostenibilidad socioambiental de tales actividades; suspensión inmediata de las licencias ambientales de todos los proyectos minero-energéticos en curso que afecten los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de la población; endurecimiento de las condiciones de otorgamiento de nuevas licencias ambientales mediante regulaciones más estrictas que garanticen el cubrimiento integral de la deuda socioambiental producida por la ejecución de los proyectos. Regulación estricta o prohibición, según el caso, de la gran minería a cielo abierto; prohibición de manera efectiva de la explotación minero-energética en zonas de páramos, con ecosistemas frágiles y de reserva agroecológica. Imposición de obligaciones de reparación integral a las víctimas de la depredación socioambiental minero-energética, en cabeza de las empresas concesionarias y con responsabilidad compartida por el Estado; requerimiento de cumplimiento de condiciones de vida y de trabajo dignas, mediante a la atención de parámetros internacionales de legislación laboral, para los trabajadores que laboran en esas economías. Derogatoria inmediata de la Resolución 0045 de junio de 2012 por medio de las cual se declaran como áreas estratégicas para la gran minería una gran parte de la región amazónica (incluyendo Caquetá y Putumayo) y un alto porcentaje de áreas de tradición y vocación agrícolas. 7. Minería artesanal digna y pequeña y mediana minería con sostenibilidad socioambiental Con miras a garantizar el bienestar de las comunidades rurales, cuya actividad económica se concentra en la ancestral minería artesanal, así como en la pequeña y mediana minería, se llevarán a cabo las siguientes medidas: Acompañamiento y protección especial a la minería artesanal, contribuyendo a preservar a su sostenibilidad socioambiental. Ello supone garantizar los derechos de los mineros artesanales y tradicionales, así como el respeto por su cultura. Asistencia integral, económica, social, tecnológica, a la pequeña y mediana minería, con miras a hacer de ella una minería sostenible socioambientalmente, garante de trabajo y vida digna, o a provocar, según el caso, la reconversión de esta actividad minera hacia otro tipo de economía rural que posibilite la estabilidad socioeconómica de la comunidad. Reconocimiento y legalización de los títulos mineros en manos de pequeños y medianos mineros; terminación de la persecución y la criminalización de esta actividad; definición de regulaciones específicas por parte del Estado. 8. Cultivos de uso lícito de marihuana, amapola y hoja de coca y sustitución de cultivos de uso ilícito Con el propósito de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de comunidades rurales que actualmente dedican su actividad económica, por razones de subsistencia, a los llamados cultivos de uso ilícito, se implementarán las siguientes acciones: Cesación de la política de criminalización y persecución a estas comunidades. Suspensión inmediata y definitiva de aspersiones aéreas y de otras formas de erradicación considerando los impactos negativos socioambientales, económicos y sociales. Legalización y definición expresa de usos de la tierra para cultivos de marihuana, amapola y hoja de coca con fines terapéuticos y medicinales, de uso industrial, o por razones culturales, según el caso. Las zonas de cultivo y la producción se regularán en función de la demanda. Reorientación de los usos de la tierra hacia producciones agrícolas sostenibles, mediante la implementación de programas integrales de sustitución de cultivos, concertados con las respectivas comunidades rurales. (Fin). ___________________________ [1] REDD+: Programa de reducción de emisiones de carbono causadas por la deforestación y la degradación de los bosques. Delegación de paz FARC-EP

La resistencia armada contra el robo de los recursos naturales en Colombia.

COLOMBIA

Entrevista exclusiva a Rubén Zamora, comandante del Frente 33 de las FARC-EP

Entrevista Dick Emanuelsson
Cámara Fabiola González, ANNCOL
Trascripción y revisión de texto Ingrid Storgen
Edición de video Mirian Emanuelsson

LA HABANA / ANNCOL / 9 de Noviembre de 2012 / ?Es una ofensiva brutal de las empresas multinacionales?. Así resume en pocas palabras Rubén Zamora, comandante del Frente 33 de las FARC-EP, en una entrevista exclusiva a la Agencia de ANNCOL.
El comandante es uno de los jefes guerrilleros destacados, muchas veces mencionado por los grandes medios oficialistas y los diferentes ministerios de defensa. Lo han pintado como un comandante temeroso en el campo de batalla pero lo que veo es una persona totalmente normal, de contextura normal, un poco canoso y muy nervioso cuando le digo que le voy a entrevistar. ?El camarada (Iván Márquez) tiene que dar autorización?, dice y es obvio que quiere escapar de lo que parece es peor que un combate con la Brigada Móvil del Ejército. ?Ya la tengo?, respondo y Zamora, refieriéndome a la autorización de Márquez. Pero pide más tiempo para prepararse para las preguntas. Pero le digo a él, ?que solo diga lo que es el día en la cotidianidad en la región de Catatumbo?. Y se ve un poco más calmado.
A esa región llegó el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y tenia la tarea de matar y matar y así físicamente liquidar toda resistencia popular civil. ¿Al servicio a quién era esa matancera? ¿A las grandes transnacionales o nacionales que quieren robarse los recursos naturales de esta parte de Colombia? Más de 12.000 campesinos y indígenas de la población civil fueron asesinados. Centenares de estos fueron llevados a hornos al modelo nazi para ser cremados y así borrar de toda evidencia y prueba técnica sobre ese genocidio al servicio a un Estado que Juan Manuel Santos representa.

Unos de los hornos en Catatumbo. Foto: Semana


Pero la alianza guerrillera, FARC-ELN, ha logrado combatir y frenar la ofensiva asesina del gran capital en Catatumbo. Zamora resume, en la siguiente entrevista, que ?la resistencia ha tenido la suficiente fuerza para oponerse a estos planes y hay unas peleas de connotaciones muy importantes?
De todos modos es un enemigo muy poderoso el que tienen enfrente. ?Hay zonas donde cada 3 habitantes hay un soldado?, explica Zamora.
Decía Iván Márquez en la inauguración del Proceso de Diálogo en Oslo, que el Estado ha repartido 90.000 militares y policías solo con la tarea de ?proteger? a las instalaciones de las transnacionales.
En Catatumbo estuvieron más de una década asesinando a 12.000 seres humanos para alcanzar lo que los empresarios necesitaban: ?tranquilidad y clima de inversión?
Dick Emanuelsson, subdirector de nuestra página ANNCOL, realizó la entrevista que compartimos con nuestros lectores:

La región de Catatumbo, lleno de riquezas naturales.

Dick Emanuelsson (DE): Seguimos en La Habana con los integrantes de la Delegación de Paz de las Farc-Ep. Tenemos al compañero Comandante Rubén Zamora, del Frente 33 de la zona norte de Santander.

Quisiéramos conversar sobre uno de los temas que mencionó el comandante Iván Márquez en la instalación de la mesa, cuando mencionaba la minería, las petroleras y bueno, los robos de los recursos naturales del territorio colombiano. Sabemos que la zona en la región de Tibú, en la Gabarra donde opera el frente 33 hay muchos recursos naturales. ¿Nos podría hacer una descripción de eso, compañero?

Rubén Zamora (RZ): La zona del Catatumbo es una zona rica en recursos naturales. El petróleo ocupa el primer lugar, en unos 70 años de explotación petrolera. El Catatumbo era una zona de pueblos indígenas de Motilón Barí. Luego que se hace el descubrimiento de la existencia de petróleo, en la zona, entraron las compañías petroleras de los Estados Unidos


Indígenas de Motilón Barí

DE: ¿Cuáles eran ellas?

RZ: Estamos hablando de la Colombian Petroleum Company, eso fue por los años ?30 durante el gobierno de Olaya Herrera quien hizo la concesión de las tierras de los barí a esta empresa petrolera que hizo la explotación. Les quitaron el territorio y desde entonces se los ha ido arrinconando hacia el extremo norte del departamento, las mejores tierras se las quitaron a las comunidades indígenas. Se les redujo violentamente casi al borde de la extinción. Luego ocurre la fase de agotamiento de la explotación petrolera y las comunidades que colonizaron la zona del Catatumbo, en presencia de las empresas multinacionales, han vivido unas condiciones de pobreza extrema y mucha marginalidad, al borde de que se llevan el petróleo y las comunidades quedaron completamente desamparadas desde el punto de vista económico y social.

Ese fenómeno de la explotación petrolera tiene como efecto, también, la colonización. Se convierte la zona del Catatumbo en una zona agrícola, pero de una economía de subsistencia de las comunidades campesinas.

DE: ¿De supervivencia?

RZ: Si, claro. Ahora se hacen nuevos descubrimientos de campos petrolero allí y ese es uno de los factores importantes, el petróleo. Por otro lado se han hecho estudios y se ha descubierto un manto de carbón muy poderoso que viene desde el territorio Venezolano y se va extendiendo, a través de la montaña, hacia el centro del departamento norte de Santander. Ahí, una parte de ese territorio que tiene carbón, yacimientos de carbón, es de explotación a cielo abierto; hay una mina que tiene unos 700 km2 de los cuales 400 serían de explotación a cielo abierto.

Estamos hablando de un manto de carbón poderoso que implicaría la explotación y que además implica la destrucción de buena parte del territorio, incluso de buena parte del Río Catatumbo y del río de Boró que queda en la frontera con Venezuela.

DE: ¿Y sería una mina más grande que la del Cerrejón (la más de Latinoamèrica a cielo abierto)?

RZ: Es una mina muy cercana en capacidad de producción a la mina del Cerrejón. Cuando se hace el descubrimiento de la existencia de más petróleo y de esta mina de carbón, ocurre un fenómeno que no es casual, que responde a toda una planificación estratégica. Incursiona un grupo de paramilitares en la zona del Catatumbo y ahí empieza una violencia que aún no para.




?Limpiando? la región asesinando 12.000 personas

DE: ¿En qué año fue eso?

RZ: Fue el 29 de mayo de 1999, entra el Bloque El Catatumbo del paramilitarismo y ocurre la conocida masacre de La Gabarra y acá estamos hablando de la muerte de 90 personas algunas de las cuales fueron ametralladas, otras descuartizadas y otras lanzadas al río Catatumbo. Esto ocurre en una operación conjunta del ejército colombiano con el bloque El Catatumbo, de los paramilitares. Por esta masacre fue condenado el estado colombiano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se pudo comprobar, las autoridades comprobaron a través de las denuncias que los hechos eran, evidentemente, muy contundentes al punto de poderse demostrar la responsabilidad del estado. Y estamos hablando solo de una de las masacres que se practicó en la zona del Catatumbo, podemos decir con toda seguridad de la muerte de mas de 12 mil campesinos en 7 municipios de la región. Y unos 120 mil desplazados que fueron desarraigados completamente de la tierra.

Cremando las víctimas en hornos al estilo nazi

DE: Fue muy publicado que el paramilitarismo tenía instalado en esa zona, hornos para deshacerse de todos los asesinados en las masacres que hicieron.

RZ: En principio fueron las masacres, después algunos oficiales del ejército y funcionarios del gobierno y dirigentes políticos que le recomendaron a los paramilitares que, o hacían más selectivos los crímenes con el propósito de aniquilar la dirigencia social de las comunidades del Catatumbo, o implementaban algún otro mecanismo que no se hiciera tan evidente. Es cuando incorporan el sistema de los hornos crematorios y efectivamente, muchas de las víctimas del paramilitarismo pasaron por eso.

La cifra de desaparecidos en la región es muy alta, casi inestimable. Pudiéramos decir que la gente se estaba desapareciendo y en principio no se sabía que estaba pasando con los cuerpos. 


DE: Al estilo nazi. . .

RZ: Efectivamente, eran operaciones de exterminio al estilo nazi que como tu sabes, también ellos emplearon sistemas similares a los que empleó el paramilitarismo.

DAS, Ejército, policía, Fiscalía, políticos los cómplices

Hay que decir que una de las características de este fenómeno es que incorporan las instituciones del estado. Hablando de la policía, del ejército, de la fiscalía general de la nación, del Departamento Administrativo de Seguridad ?DAS-, de la gobernación de aquella época, de parlamentarios del departamento norte de Santander.

No escapa ni uno solo de los parlamentarios del norte de Santander, de las investigaciones por parapolítica. Los partidos políticos tradicionales, están comprometidos con este fenómeno, de hecho algunos dirigentes políticos tienen intereses en esa región del Catatumbo, especialmente en lo que tiene que ver con las explotaciones de carbón. De manera que es una ofensiva brutal de las empresas multinacionales, del establecimiento, con el propósito de producir un desarraigo de las comunidades y hacerse del manto de carbón y del petróleo fundamentalmente.

¿Por qué se da ese fenómeno? Porque a las comunidades le plantearon la posibilidad de tranzar para quepermitieran la entrada en operaciones, de las compañías, Hubo una resistencia de las comunidades a estos propósitos porque obedecen a unos planes en que las multinacionales se quedan con todas las riquezas, el estado no se beneficia, las comunidades no se benefician y hay una resistencia a la explotación de las minas de carbón y optan por la eliminación física de las comunidades y el desarraigo de las comunidades.

Por eso, en la zona, la defensa del territorio se ha convertido en una consigna fundamental porque en ese espacio está la posibilidad de la existencia de las comunidades sostener su pedido social, sostener sus valores culturales. Es allí donde está la relación de las comunidades con la posibilidad de vivir y la gente se ha propuesto vivir en condiciones dignas.

Condiciones de esclavitud moderna

Hay experiencias en otras regiones del país donde se conoce la presencia de compañías multinacionales y las condiciones en las que participan las comunidades con un trabajo completamente degradado, salarios miserables, condiciones no podríamos decir de explotación sino de super explotación.

Las comunidades tienen allí toda una historia, conocen los proyectos económicos de las empresas multinacionales, en consecuencia optaron por hacer resistencia

Cuando ocurre la incursión del paramilitarismo, la única fuerza política y militar que le hace resistencia a la ofensiva del paramilitarismo fueron las FARC y el Ejército de Liberación Nacional ?ELN-. Las comunidades encuentran en el movimiento guerrillero la posibilidad de sostenerse, de evitar que les corten esas raíces que hay en ese territorio.

El Alcalde de Paz encarcelado y asesinado, Tirso Vélez

DE: ¿Me permites interrumpirte aquí un poco? Yo me acuerdo allá en los años ?91, ?92, ?93, el alcalde que fue elegido en Tibú en 1992 en las elecciones regionales y municipales fue Tirso Vélez y era de la Unión Patriótica. Me acuerdo que había escrito un poema sobre una paloma, sobre la paz, el sueño de la paz. Pero la verdad fue que lo encarcelaron al compañero elegido por el pueblo y fue tildado de guerrillero por haber escrito ese poema de paz. Fue una persecución totalmente increíble por parte de las fuerzas militares. El compañero también tuvo que desplazarse cuando fue liberado, yo no me acuerdo si estuvo uno o 2 años en la cárcel, y hace unos años fue asesinado en Cúcuta. Ese macabro ambiente donde la población no tenía otro sustento y defensa para resistir que el movimiento insurgente.

RZ: Desde luego, el caso forma parte de un proceso que nosotros llamamos la penalización y criminalización de la protesta social.

DE: Y asesinaron también muchos dirigentes de la USO del sindicato petrolero.

RZ: Eliminaron a toda la dirigencia sindical, eliminaron a toda la dirigencia política de oposición. Ahí en Cúcuta mataron hasta a defensores de los derechos humanos, mataron a Tirso Vélez, a

Villamizar Russiani que era defensor del pueblo, mataron a Carlos Bernal que era miembro de la Unión Patriótica y también dirigente del Partido Comunista. Te estoy hablando de personas muy representativas, entonces, esa eliminación física, ser de oposición.

Cadáveres al frente el portón de la iglesia

DE: Política legal. . .

RZ: SI, correcto, así se le puede decir, oposición política legal y se convirtió en un delito y por lo tanto, en objetivo militar.


Luis Madrid Merlano, al servicio a los humildes
Otros fueron judicializados como dirigentes políticos, entre ésos, concejales de la UP también vivieron esa experiencia. Y hasta representantes de la iglesia, recuerdo a monseñor Luis Madrid Merlano a quien hostigaron y en una oportunidad le bombardearon la emisora de la iglesia. Algunas veces le llevaban los cuerpos de algunos campesinos asesinados por el ejército y te estoy hablando de la época en que Tirso era alcalde en Tibú.

Le dejaban en la puerta de la catedral los cuerpos de los campesinos.

Le dejaron los cuerpos de compañeros que murieron en combate, que eran crímenes de estado. Mucha gente pasó por esa experiencia y eso ha hecho bastante difícil la lucha social en la zona del Catatumbo.

Reconstruir las organizaciones campesinas

DE: Además de esa resistencia campesina hay también una reserva campesina, una reserva autónoma.

RZ: Si, después que ocurre la desmovilización del paramilitarismo la gente empieza a reencontrarse y a vencer el temor de la época más cruda de la violencia paramilitar. Empiezan a reconstruir las organizaciones campesinas y han tomado una iniciativa que es la conformación de la zona de reserva campesina del Catatumbo.

Eso aún no se ha hecho efectivo porque hay un plan para la zona que es el plan de consolidación. Tu sabes que en Colombia las zonas más ricas en recursos naturales las han considerado como zonas de consolidación, están dentro de esos planes de presencia militar del estado pero también de unas campañas dirigidas a bregar, cooptar a la dirigencia agraria.


Las transnacionales petroleras y carboneras ya se han dividido la
región de Catatumbo como fuera una torta. 


En el Catatumbo no ha sido posible que el estado cumpla su cometido, gracias a esas fuerzas, a esa resistencia. Las comunidades saben que todo lo que venga del estado implica una amenaza para los intereses de las comunidades. Y en razón a esto se resisten a acatar cualquier convenio u oferta que venga de las instituciones.

La gente quiere desarrollar sus propias iniciativas, la gente quiere hacer el desarrollo a partir de sus propios diagnósticos, de sus propias formulaciones. La gente no quiere que el desarrollo sea como se concibe en estos momentos que precisamente es la incorporación de grandes capitales que significan el despojo de las tierras.

Allí también, en la zona del Catatumbo está en marcha un plan que es el plan de monocultivo de la palma

Las cifras de Iván Márquez en Oslo

DE: Mejor dicho, en la región del Catatumbo están todos los componentes que mencionó Iván Márquez en Oslo, de los 114 millones de hectáreas está repartido entre 38 millones para petroleras y quedan solamente unos 4 ó 5 millones de tierras para cultivos que sirvan para alimentar a la población colombiana y que por supuesto no es suficiente. Por eso lo tienen que ver allá en esa zona riquísima del Catatumbo.

RZ: Si, allí es que te decía del plan de la Palma (Africana), por ejemplo, que es lo que denunciábamos en Oslo y lo hacía el camarada Iván Márquez en nombre del Secretariado.

Para eso es el desarraigo, el despojo; 30 mil hectáreas o un poco más de tierras fueron despojadas en el Catatumbo y toda esa tierra despojada se encuentra, en este momento, dentro del plan de la producción de palma para agrocombustibles.

Es un monopolio, una sociedad que comprende a varios inversionistas.

DE: ¿Locales o internacionales?

RZ: Hay inversionistas nacionales como el ex ministro de agricultura en el gobierno de Andrés Pastrana, Carlos Murgas, el líder de esta iniciativa.

De ahí que todos los males de los grandes inversionistas se aproximan al Catatumbo pero hasta ahora podemos decir que la resistencia ha tenido la suficiente fuerza para oponerse a estos planes y hay unas peleas de connotaciones muy importantes

Bombardeos y combates

DE: Hemos escuchado y leído mucho en la prensa colombiana, RCN, Caracol, El tiempo que hay muchos bombardeos a la concentración de la tropa guerrillera, ahí.

RZ: En la zona del Catatumbo hay muchas brigadas móviles, hay una brigada regular del ejército. A veces se intensifican operaciones muy fuertes pero no menos de 12 mil soldados tienen presencia en 7 municipios, estoy haciendo referencia a que eso implica una concentración muy fuerte. Hay zonas donde cada 3 habitantes hay un soldado, eso te puede dar una dimensión de la cantidad de fuerza militar y todo precisamente dirigido a limitar la acción del campesinado. Esos bombardeos y ametrallamientos sobre la zona del Catatumbo que van a sembrar temor y preocupación entre la gente, al punto que se tengan que desplazar.

Pero también son operaciones que van dirigidas con una resistencia que es necesario y vale destacar la fuerza, la dignidad, la convicción con que esos hijos del Catatumbo han luchado para defender los intereses de sus comunidades dentro del proyecto liberador de la guerrilla fariana.


Guerrilleros de las FARC-EP en la trocha.
Es en el marco de la Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia, pero el combatiente guerrillero sabe que está luchando por un nuevo país y está defendiendo el territorio de sus indígenas, de sus comunidades campesinas, de esas comunidades olvidadas desde siempre y a la que siempre le han violado sus derechos. Por eso, la resistencia guerrillera, a pesar de la fuerza militar y su tecnología ha combatido y a vencido esas asimetrías que nos impone el conflicto en la Región del Catatumbo.