La Corte Suprema de Estados Unidos volverá este lunes a reunirse, ocasión en la que podría decidir aceptar la apelación de la Argentina en torno al juicio con los fondos buitre.

El último lunes, la Corte estadounidense  comenzó a analizar en forma privada si acepta el pedido, volverá a reunirse y se conocerá entonces cuáles casos tratará en el actual período judicial.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, mantuvo esta semana reuniones en el país del norte para buscar apoyo y ajustar la estrategia judicial en el litigio.

Lorenzino retornará este martes a Estados Unidos, para una reunión del G 20, preparatoria de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional, que se realizará desde el viernes próximo en Washington.

El ministro también seguirá de cerca cualquier decisión de la Corte sobre la apelación presentada por Argentina contra el embargo de sus pagos a los bonistas del canje.

Si la Corte no toma una decisión sobre la Argentina, la resolución del caso podría prolongarse hasta mayo próximo, lo que daría lugar a que los jueces utilicen el mecanismo de consulta sobre el juicio con funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

El Gobierno argentino apelará mañana el fallo del juez federal de Nueva York Thomas Griesa que obliga al país a pagar unos 1.330 millones de dólares a los denominados “fondos buitre”, en una decisión inédita sobre una deuda reestructurada.

La estrategia oficial consistirá en alertarle al juez y al mundo financiero sobre la peligrosidad del fallo para los procesos de reestructuración de pasivos que lanzan los países en momentos muy críticos de su economía y con un elevado nivel de endeudamiento sobre su PBI.

El escrito que presentarán los abogados patrocinantes de la Casa Rosada asegura que la implementación de la sentencia pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda soberana a nivel global y puede tener severas consecuencias sobre el funcionamiento de la plaza financiera de Nueva York.

Lo que ocurre, según el equipo de trabajo del ministro de Economía Hernán Lorenzino, es que si el fallo prospera ya ningún país en el mundo entero podrá realizar un canje exitoso como el argentino porque no habrá tenedores de bonos que acepten una quita cuando podría esperar un fallo que lo habilite a cobrar el 100 por ciento del capital y los intereses.

El juez federal de Nueva York sorprendió el jueves a la Argentina al dar a conocer un fallo a favor de los “fondos buitre” que obligó al país a pagarles unos 1.330 millones de dólares antes del 15 de diciembre.

Griesa rechazó una petición de la Argentina de mantener su orden previa que detenía el pago de bonos soberanos impagos a inversores hasta que se resuelvan interrogantes pendientes en un proceso de apelación ante un tribunal superior.

Esa demoledora sentencia puso en apuros del Gobierno de Cristina Kirchner porque a priori le abrió las puertas al fantasma de un eventual “default técnico” después de haber tenido el país el mayor pasivo en cesación de pagos de la historia, tras el anuncio de suspensión en 2001.

Lorenzino espera ahora llegar a buen puerto en la Cámara de Apelaciones neoyorquina confiado en las posturas precedentes de instituciones claves para el sistema financiero estadounidense y global, como la Reserva Federal.

Defendiendo sus propios intereses, respaldan la decisión argentina el Banco de Nueva York -que es el agente de pago de la deuda-, la Reserva Federal las casas de clearing y fondos de inversión que participaron los canjes de 2005 y 2010.

España dio un giro en su discurso tras el amargo revés que le dio el FMI quien tomó distancia del asunto de la nacionalización de YPF el viernes pasado.

El funcionario de mayor rango del Departamento Occidental, Nicolás Eyzaguirre, afirmó que la toma del control estatal del 51% de acciones de YPF era “decisión de un país soberano” y que, al considerarlo “un asunto bilateral”, el Fondo se mantenía al margen, al ser “una organización multilateral”, según publicó Télam.

Ahora, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, pidió que el asunto se arregle de “manera amistosa apostando al diálogo”, lo que marca un claro cambio en el tono del discurso, ya que antes había amenazado con fuertes represalias contra Argentina, apelando a diferentes actores trasnacionales, para lograr una “legalidad internacional”.

Esos actores claves para España eran el FMI y el G20. El segundo también fue un baldazo de agua fría para los europeos, ya que el ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, evitó que el tema quedara reflejado en el comunicado del foro, desarticulando los intentos de España.

Ante este nuevo escenario, el canciller español declaró: “No discutimos el derecho de Argentina a apostar por la soberanía energética, aunque en mi opinión es un error en el siglo XXI. Lo que sí discutimos es que pueda uno expropiar sin pagar, que se pueda uno apropiar de una empresa sin pagar a los accionistas”.

“España está considerando todas las medidas que puedan hacer volver a Argentina a la mesa de negociación. Se trataría de encontrar un arreglo negociado”, agregó el funcionario.