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martes, 19 de noviembre de 2013

Policía Nacional de Honduras, Amenaza con realizar matanza en la comunidad indígena de la Tejera, Rio Blanco, Intibucá

HONDURAS

Los policías no presentaron ninguna orden de cateo, solamente dijeron que venían con?ORDEN DE MATAR? ademas advirtieron que otro contingente de Tegucigalpa estaría listo para presentarse y realizar una masacre en esa comunidad.

14/11/2013

por CADEHO

A los medios de comunicación

A las organizaciones de Derechos Humanos

A la comunidad nacional e internacional

Las y los defensores de derechos Humanos hacemos un llamado de ALERTA, ante la escalada de violencia de la que están siendo victima los pueblos originarios en Honduras.

El día primero de noviembre del presente año, mientras la mayor parte de la comunidad de la Tejera, Rio Blanco, estaban en el cementerio enterrando a la hija de uno de los miembros del consejo de ancianos, efectivos de la policía hondureña y algunos policías de la posta policial ubicada en la comunidad de El Barrial, irrumpieron fuertemente armados y algunos encapuchados en la comunidad de La Tejera. Forzaron puertas de las casas en busca del presidente del consejo indígena Lenca y amenazaron con disparar a niños y ancianos.

Los policías no presentaron ninguna orden de cateo, solamente dijeron que venían con?ORDEN DE MATAR? ademas advirtieron que otro contingente de Tegucigalpa estaría listo para presentarse y realizar una masacre en esa comunidad.

En este operativo allanaron las casas de Francisco Sánchez García, Marcelino Gonzalez, Ceferina Sánchez García e Irene González Gutiérrez.

Este hecho se suma a las acciones que criminalizan a los indígenas Lencas que exigen la salida del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, el cual ha servido para privatizar el Río Gualcarque por 20 años, favoreciendo a las empresas Desarrollo Energético DESA, FICOHSA, beneficiadas con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y del Banco Mundial.

Desde el 1 de abril del presente año, las comunidades mantienen un plantón en protesta por dicho proyecto. Denuncian que Honduras viola el derecho a la consulta consignado en el Convenio 169 de la OIT que Honduras ratificó en el año 1995 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada en el año 2007 

Ante la amenaza de que en los próximos días se recrudezca la violencia policial y militar en contra de los pueblos originarios de Rio Blanco. Llamamos a la comunidad nacional e Internacional a hacer manifiesto nuestro descontento y preocupación sobre estos acontecimientos.


Responsabilizamos al Estado de Honduras, por este operativo policial y exigimos:

BASTA DE PERSECUCIÓN JUDICIAL A LOS PUEBLOS QUE DEFIENDEN SUS DERECHOS.
CESE EL ACOSO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE RIO BLANCO.
RESPETO AL CONVENIO 169 DE LA OIT, RESPECTO A LAS TIERRAS ANCESTRALES.

CADEHO Cadena Derechos Humanos Honduras

viernes, 26 de abril de 2013

"Las potencias occidentales saben que se cometió un genocidio contra los tamiles".

Sri Lanka 

Entrevista a S. J. Emmanuel, sacerdote y presidente de Global Tamil Forum

Por Ainara Lertxundi
Gara


S. J. Emmanuel nació en Jaffna en 1934. Graduado en Ciencias por la Universidad de Ceilán, y en Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia de Roma, en 1966 se ordenó sacerdote. Víctima y testigo de la masacre del pueblo tamil, en 1997 se autoexilió en Europa, desde donde sigue apoyando los derechos de los tamiles y denunciando el genocidio cometido por el Gobierno de Sri Lanka.

En mayo de 2009, el Gobierno de Sri Lanka dio por finalizada la guerra contra los Tigres para la Liberación de la Tierra Tamil (LTTE). Fueron cinco meses de operaciones terrestres, aéreas y marítimas en los que cientos de miles de civiles tamiles se vieron obligados a refugiarse en las playas y en los que los heridos eran atendidos en hospitales improvisados debajo de los árboles. Fue una guerra sin apenas testigos, porque Colombo se encargó de evitar la entrada de periodistas y de expulsar a las organizaciones no gubernamentales. La cifra total de muertos sigue siendo una incógnita. Algunas fuentes elevan a 40.000 las víctimas mortales. Y alrededor de 300.000 tamiles, entre ellos niños, mujeres, ancianos e inválidos, fueron detenidos y confinados en campos de concentración durante meses sin asistencia humanitaria.

En estos casi cuatro años, han ido saliendo a la luz denuncias de ejecuciones sumarias, de torturas y violaciones a detenidos, e informaciones que apuntan al uso de armamento prohibido como el fósforo blanco.

Desde hace casi dos décadas, el sacerdote S. J. Emmanuel, presidente del Global Tamil Forum que agrupa a la diáspora tamil, ha acudido puntualmente a las sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra y ha escrito tres libros sobre la lucha del pueblo tamil, además de impartir conferencias.

En su Jaffna natal fue rector del Seminario San Francisco Javier, vicario general de la Diócesis de Jaffna, fundador y director del Centro para una Sociedad Mejor y editor de dos periódicos bimensuales en lengua tamil.

En octubre de 1995, se unió junto a sus alumnos del seminario al histórico éxodo protagonizado por 500.000 hombres, mujeres y niños. Después de un año en la selva, se autoexilió en Europa, desde donde ha proseguido su labor de denuncia de las políticas de Sri Lanka.

El pasado febrero, participó en Iruñea en la conferencia internacional de Sortu. «El Gobierno presentó ante el mundo la causa tamil como una cuestión de terrorismo. Estados Unidos, entonces con George W. Bush a la cabeza, y el resto de naciones le proporcionaron el dinero y las armas que había pedido y con las que destruyó todo. En el escenario actual no hay ni paz ni justicia. Las potencias occidentales saben que se cometió un genocidio contra el pueblo tamil, pero no tienen el suficiente valor como para encararse con Sri Lanka y obligarle a que restaure la justicia. Lo que estamos exigiendo es precisamente eso, verdad, justicia y reconciliación», subraya en la entrevista con GARA.

Este sacerdote critica especialmente el papel jugado por Washington y Londres en el marco de «la guerra contra el terrorismo mundial», y la inoperancia de la ONU a la hora de detener el genocidio. Un informe interno de la ONU ha censurado la actuación de sus propios funcionarios por no proteger a los civiles durante las últimas semanas de la ofensiva militar del Ejército y Aviación cingaleses.

Con la «victoria» de Colombo, los tamiles se han visto todavía más despojados de todos sus derechos. «Solo hay una lengua y una religión; la de ellos, los vencedores», remarca con voz pausada. Preguntado sobre el destino de los 300.000 tamiles detenidos durante la contienda, subraya que, si bien fueron puestos en libertad, no pudieron regresar a sus lugares de origen, donde se construyeron bases militares, y continúan sobreviviendo «debajo de los árboles o en zonas al aire libre porque no hay casas para ellos. A los visitantes solo les muestran las construcciones de hoteles de lujo y de bases militares para aparentar cierto desarrollo y esconder el genocidio» y la recolonización de áreas tamiles.

Por ello, demanda una mayor presión a Sri Lanka para que acepte una comisión de verificación internacional independiente. «En este mundo, en el que no hay más que corrupción, se hace imprescindible la solidaridad y, por eso, acepté la invitación a participar en esta conferencia -en alusión al acto que Sortu celebró en el Baluarte de Iruñea-. Desde hace 20 años, he acudido a todas las sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y con qué me he encontrado? Con corrupción, con intereses personales al servicio de los grandes, mientras la gente se muere en Africa, Asia... por culpa de la guerra, de sistemas dictatoriales, del hambre. No hay justicia», se lamenta.

Frente al silencio internacional ante los crímenes de guerra cometidos por Sri Lanka, 132 líderes de diferentes iglesias y comunidades religiosas en el norte y este de Sri Lanka, territorio histórico tamil, enviaron en febrero una carta a la ONU para denunciar que «el asesinato y la desaparición de decenas de miles de civiles y las acciones que están suprimiendo sistemáticamente al pueblo tamil, a nuestra cultura, religión, idioma, parecen tener la intención de destruir al pueblo tamil. Con estos métodos opresivos, que han continuado después de la guerra, nuestra identidad como pueblo será destruida».

Por ello, reclamaron a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU una solución política que reconozca la libre autodeterminación de los tamiles.

martes, 2 de abril de 2013

33 militares de Perú acusados por masacre de 300 presos políticos.

PERÚ

La Sala Penal Nacional del Poder Judicial de Perú ha notificado que un total de 33 miembros de la Marina se encuentran entre los acusados por homicidios que equivalen a crímenes contra la humanidad por la masacre de prisioneros políticos de izquierda en la cárcel de El Frontón, que tuvo lugar en 1986.

El abogado Carlos Rivera ha indicado que ?la mencionada instancia judicial estará generando una fecha de inicio del juicio a través de la correspondiente acta de enjuiciamiento?, según ha informado la agencia estatal de noticias peruana, Andina.

?Esto permitirá que después de muchos años finalmente se esclarezcan los hechos y establezcan responsabilidades?, ha agregado, antes de indicar que la acusación cifra en 133 el número de víctimas de la masacre.

El documento de la acusación incluye declaraciones de los supervivientes, de los agentes que participaron en el incidente y las investigaciones que se llevaron a cabo en el fuero militar. La acusación contempla penas de 25 años de cárcel para los acusados.

?La Fiscalía se ha preocupado en aportar muchos elementos de prueba que acrediten que este hecho no solamente ocurrió, sino que además es posible identificar a los perpetradores materiales del crimen?, ha manifestado Rivera.

Rivera ha añadido que en 2004 el Ministerio Público excluyó del proceso a las autoridades políticas del momento en que tuvo lugar la masacre, entre los que se encuentran el entonces presidente Alan García y el vicealmirante Luis Giampietri, en ese momento uno de los jefes de la Marina de Guerra, quienes tendrán que comparecer en calidad de testigos.

La matanza de El Frontón se encuadra dentro de un conjunto de acciones militares que tuvieron lugar en el país los días 18 y 19 de junio de 1986 tras un amotinamiento de presos acusados de terrorismo en dicha cárcel y en los penales de San Juan de Lurigancho y Santa Bárbara.

La respuesta policial y militar con la que se reprimió este motín tuvo como resultado el asesinato de alrededor de 300 de los amotinados.

jueves, 4 de octubre de 2012

Acusan a la policía por la masacre que terminó con la destitución de Fernando Lugo.

PARAGUAY

Un informe señaló a la represión policial como responsable de la "Masacre de Curuguaty", utilizada como excusa para deponer al ex presidente. Revelan falsas evidencias para inculpar a los campesinos.

Un documentado informe de la Plataforma de Estudios e Investigaciones de Conflictos Campesinos responsabilizó hoy a la represión policial por el saldo trágico del desalojo campesino en la llamada "masacre de Curuguaty", que derivó en el golpe parlamentario que destituyó al ex presidente paraguayo Fernando Lugo.


El estudio, presentado por el presidente de la Plataforma, el veterano dirigente político Domingo Laino, está avalado por videos, fotos y declaraciones de testigos del episodio ocurrido el pasado junio en la localidad de Curuguaty, que culminó con la muerte de 11 campesinos y seis policías.


El hecho, que conmocionó a la sociedad paraguaya, fue provocado por un supuesto apoyo de Lugo a grupos violentos de labriegos -según se alegó-, que presuntamente emboscaron a la fuerza pública, y constituyó la principal acusación durante el juicio político abierto al mandatario para desalojarlo de su cargo.


El informe, elaborado por un equipo dirigido por el jurista español Altor Martínez, señaló que en el desalojo estuvieron 323 efectivos policiales, que debían negociar la salida del terreno ocupado por 60 campesinos, pero la violencia generó también más de 100 heridos.


Durante una conferencia de prensa, se mostraron videos e imágenes que desmienten la alegada emboscada campesina, pues en la recepción a los policías estaban presentes hasta mujeres y niños, algo insólito si se hubiera preparado un ataque, a la vez que los campesinos actuaron prácticamente desarmados.


El tipo de disparos, sus sonidos y las heridas producto de ellos determinan la utilización de armas de grueso calibre, automáticas, que nunca fueron halladas en el campamento ni incautadas a los campesinos, quienes apenas tenían escopetas viejas y sólo una fue disparada.


Las declaraciones de varios policías y campesinos que sobrevivieron expresan que francotiradores apostados alrededor y no identificados comenzaron a disparar, propiciándose la masacre, menciona el informe, según reporta la agencia Prensa Latina.


La policía hizo fuego indiscriminadamente contra quienes no respondían a los disparos y accedió al lugar ejecutando a todos los campesinos que fue encontrando y ello se demuestra, según el informe, porque muchos murieron por heridas causadas a corta distancia.


El estudio sobre lo sucedido, que incluye la denuncia de detenciones y maltratos a detenidos menores de edad y la colocación de falsas evidencias para inculpar a los labriegos, contrasta con el divulgado sobre el tema, en sentido contrario, por la Fiscalía.


El informe confirma las denuncias del dirigente campesino Rubén Villalba, detenido el 27 de septiembre pasado por su participación en la masacre de Curuguaty. Villalba afirmó que fue la policía quien disparó primero en el enfrentamiento del 15 de junio de este año.

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Convocatoria por Trabajadores Masacrados en Pakistán.


Martes 25.
Capital Federal: 

Hora: 18:30

Lugar: Embajada de Pakistán en Argentina, Ollerosc2130.
Motivo: Para exigir juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales de esta masacre capitalista. El 12 de septiembre, 289 trabajadores de una fábrica textil en la ciudad de Karachi, Pakistán, fueron masacrados producto de un incendio generado por las paupérrimas condiciones de seguridad de la fábrica. Un día antes, el 11 de septiembre, 25 trabajadores de una fábrica de zapatos en la ciudad de Lahore, del mismo país, fallecieron por el mismo motivo. Es decir que acaba de ocurrir una auténtica masacre capitalista en Pakistán que se ha llevado la vida de 314 trabajadores.

Reseña: Los trabajadores y la juventud en Argentina ya hemos sufrido esto en carne propia: la Masacre de Cromañón se llevó a 194 jóvenes en 2004, y este mismo año 51 personas murieron en la Masacre de Once ocurrida en la terminal del ferrocarril Sarmiento ubicada en la Plaza Miserere. Ambas masacres ocurrieron producto de la política de los capitalistas de lucrar a costa de la seguridad de miles de trabajadores, con la complicidad de los gobiernos de turno. Conscientes de esto, los trabajadores y la izquierda en Argentina nos movilizamos tanto en 2004 como en 2012 contra los gobiernos y los capitalistas, logrando echar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2004, llamado Aníbal Ibarra, así como también al Secretario de Transporte de la Nación en 2012, llamado Juan Pablo Schiavi. Es sobre la base de haber atravesado toda esta experiencia que nos solidarizamos con los trabajadores de Pakistán. El pasado 15 de septiembre, la Federación Nacional de Sindicatos, el Partido Laborista de Pakistán y el Movimiento Laborista Qaumi convocaron a una huelga general a nivel nacional en repudio a la masacre de los 314 trabajadores, en solidaridad con los heridos y con los familiares de los caídos, y exigiendo justicia. Dichas organizaciones han convocado a todas las organizaciones populares a nivel internacional a pronunciarse en apoyo a esta lucha.
Convoca - Contacto: Convergencia socialista Tendencia Piquetera Revolucionaria - Juan Marino (Dirigente de la TPR): (011) 156 335 9278

lunes, 27 de agosto de 2012

Crónica y fotos de la marcha de recuerdo a la Masacre del Filtro en Montevideo y acto de solidaridad en Euskal Herria.

URUGUAY

por Askapena
Sábado, 25 de Agosto de 2012 15:39


Una vez más, desde que ocurrió la Masacre del Filtro en 1994 y bajo la lluvia que este 24 de Agosto sacudía la capital uruguaya, cientos de personas se volvieron a movilizar en Montevideo.

Mensaje enviado por Askapena leído en Montevideo al finalizar la marcha

Bilboko Aste Nagusian irakurritako testua

Una vez más, desde que ocurrió la Masacre del Filtro en 1994 y bajo la lluvia que este 24 de Agosto sacudía la capital uruguaya, cientos de personas se volvieron a movilizar en Montevideo.

A las 18:00 horas la gente se fue reuniendo entorno al Obelisco, que preside la calle principal de dicha ciudad. La gente saludaba especialmente a Norma Morroni que desde hace 18 años viene reivindicando verdad y justicia para su hijo asesinado Fernando Morroni y el otro compañero muerto durante la represión Roberto Facal, del cuál también reivindica su memoria.

De ahí se marchó hasta el Hospital Filtro dónde hace 18 años se encontraban exiliados tres militantes vascos en huelga de hambre protestando en contra de su extradición y reivindicando el derecho al asilo pokítico. En esa época el pueblo uruguayo demostró compromiso, solidaridad y ternura hacia el pueblo vasco y los prisioneros, y a cambio recibieron palazos y disparos por los cuales murieron Roberto y Fernando.

Durante la marcha se pudieron escuchar gritos a favor de la memoria de los compañeros, a favor del derecho de asilo y en contra de la represión policial que hoy en día se vive en Uruguay, tal como ocurría en el pasado.

Al final de la marcha llegó el momento de las proclamas, dónde diferentes colectivos políticos y sociales que son parte de la organizacion de la marcha, tomaron la palabra para traer la memoria y denunciar los hechos acontecidos el 24 de agosto de 1994 y relacionarlos con otros tantos que ocurren y sufre el pueblo uruguayo en la actualidad. Algunos a su vez quisieron rendirle  homenaje a Norma y darle las gracias por ser un ejemplo de dignidad durante todos estos años. También tuvieron palabras de apoyo para Iosu Uribetxebarria y los demás presos vascos que siguen luchando y reivindicando sus derechos.

Cabe destacar la intervención de Norma Morroni, que siguiendo con el lema de la marcha exigió a las autoridades del país verdad y justicia, y que se esclarezca quienes fueron los autores materiales de los hechos y los responsables políticos de aquella masacre.

Además se hizo lectura de un saludo enviado desde Euskal Herria por parte de la organización internacionalista Askapena, reseñando la importancia de la solidaridad entre los pueblos y la necesidad de unión ante la misma lucha que nos une a Euskal Herria y Uruguay.

Mensaje enviado por Askapena leído en Montevideo al finalizar la marcha:

Al pueblo solidario de la República Oriental del Uruguay:

Desde la organización internacionalista vasca Askapena queremos enviarles un fraternal abrazo mediante este mensaje.

Hoy, se cumplen 18 años de una jornada que quedó para siempre marcada a sangre y fuego en el corazón de dos pueblos hermanados. Un 24 de agosto de 1994 en el que miles de hombres y mujeres llenaron las calles de Montevideo defendiendo el derecho de asilo a los refugiados políticos vascos y pusieron el cuerpo frente a la represión.

Un 24 de agosto que quedará para siempre en la memoria colectiva y en el recuerdo de las y los militantes internacionalistas de Uruguay y Euskal Herria.
Se cumplen 18 años de amor y de dolor. 18 años de lucha contra la impunidad y de ejemplo para las generaciones posteriores que continúan pidiendo justicia. Un reclamo de justicia para los familiares y amigos de dos compañeros que viven en la lucha, y en los sueños colectivos de nuestros pueblos: Roberto y Fernando nos enseñaron que no hay mayor gesto de cariño que sentir propio la injusticia de otro compañero y que la solidaridad es mucho más que una hermosa palabra.

En el día de hoy, a miles de kilómetros de distancia, pero muy juntos en el recuerdo, somos miles los que los abrazamos y recordamos desde Euskal Herria. Una ciudad que hace 18 años vio como se llenaban sus calles por hombres y mujeres empujados por la indignación y el dolor que transmitían las noticias que llegaban desde Uruguay, y una ciudad que hoy tambien, reclama la libertad inmediata de sus presas y presos políticos, algunos de los cuales aquejados por graves enfermedades se les niega el derecho a la libertad que las mismas leyes les amparan.

Por eso queremos transmitirles, una vez más, que no están solos, que pueden contar con nosotras y nosotros y que nuestros corazones laten con fuerza junto a los de ustedes.
Hamaika herri borroka bakarra (que traducido del euskera quiere decir: "Muchos pueblos, una misma lucha".

Hasta la victoria siempre!

martes, 21 de agosto de 2012

Reunión Organizativa contra asesinato de mineros en Sudáfrica.


Martes 21.
Capital Federal: 

Hora: 18:30

Lugar: Bar del Bauen (Av. Callao 360).

Motivo: Para impulsar una concentración el próximo viernes 24/8 a las 18:30hs frente a la Embajada de Sudáfrica (Marcelo T. de Alvear 590 – Cap. Fed.) en repudio a la masacre de los mineros de Marikana.

Reseña: Proponemos las siguientes consignas: ¡Juicio y castigo por los 45 mineros sudafricanos asesinados en Marikana! Arresto de los policías y sus comandantes que perpetraron la masacre. Arresto de los propietarios de Lonmin y el equipo de directores de la empresa. Inmediata liberación de todos los huelguistas mineros arrestados. Inmediata devolución a las familias de todos los cuerpos de los mineros asesinados. Que la patronal y el gobierno respondan a las demandas insatisfechas de los mineros. Inmediata triplicación del salario de los mineros: salario mínimo de R 12.500 para los mineros de platino. Destitución inmediata de todos los funcionarios policiales y políticos involucrados. Inmediata renuncia del Ministro de Policía (Nathi Mthethwa) y de Cyril Ramaphosa, miembro del Comité Ejecutivo de ANC y a su vez director no ejecutivo de Lonmin. Repudio al gobierno de la ANC-SACP (Congreso Nacional Africano y Partido Comunista) que defiende los intereses de la Lonmin, la Angloamerican y otras empresas mineras capitalistas. Nacionalización sin pago y bajo control obrero de Lonmin, Angloamerican y toda la minería de Sudáfrica. Repudio a las burocracias sindicales de la Unión Nacional Minera y el COSATU (Confederación Nacional de Sindicatos de Sudáfrica), cómplices de la masacre. Apoyo a todas las medidas de lucha que tomen los mineros, organizados en su sindicato independiente. Por actos en las embajadas de Sudáfrica en todo el mundo.

Convoca – Contacto: Convergencia Socialista y la Tendencia Piquetera Revolucionaria: Juan Marino - (011) 156 335 9278

lunes, 30 de julio de 2012

El Mundo calla mientras continua la masacre de musulmanes en Myanmar / Por Kourosh Ziabari.

MYANMAR: 

Mohammad Hossein Nikzad, un amigo personal y alumno avanzado de ciencias políticas me acaba de llamar hace unas horas, preocupado hablando de la terrible situación de los musulmanes Rohingya en Myanmar y las atrocidades que los Rakhines budistas están cometiendo en este país de Asia oriental.


Me hizo ver el flagrante desinterés de los principales medios de comunicación ante el desgarrador genocidio de los musulmanes en Myanmar, diciendo que hay tan sólo unos pocos sitios de noticias web de ?segunda fila? y algunas agencias iraníes de noticias que han dado cobertura sobre la marcha de dichos acontecimientos.


Y, por desgracia, tenía razón. Mi búsqueda de informes basados en hechos y artículos sobre la masacre de los musulmanes de Myanmar por los budistas extremistas no arrojó resultados significativos. Tan sólo he encontrado algunos informes ilustrados con la quema de niños en Myanmar publicados por sitios de noticias web de Irán, un artículo de Ramzy Baroud, que se volvió a publicar en algunos periódicos de Asia y un editorial por el Dr. Salami Ismail en Press TV.


Ni Reuters, ni el New York Times, ni el Washington Post, Fox News, ni tampoco sus compañeros y compinches en Francia, Alemania, Gran Bretaña, Australia y Canadá, han pronunciado tan sólo una sola palabra acerca de los dolorosos días que los musulmanes de Myanmar están padeciendo.


Los Rohingyas son un pueblo musulmán que viven en la región de Arakan. Desde 2012, unos 800.000 rohingyas viven en Myanmar. Las Naciones Unidas dicen que son una de las minorías más perseguidas del mundo. Como resultado de la discriminación sistemática que han sufrido en los últimos años, muchos de ellos han emigrado a Bangladesh y Malasia, y en la actualidad 300.000 Rohingya musulmanes viven en Bangladesh y 24.000 en Malasia.


La persecución de los musulmanes Rohingya se remonta a principios de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas japonesas invadieron Birmania, que estaba entonces bajo el dominio colonial británico. Se dice que el 28 de marzo de 1942, alrededor de 5.000 musulmanes fueron masacrados en los municipios de Minbya y Mrohaung por los nacionalistas de Rakhine. Según Amnistía Internacional, los musulmanes Rohingya han sufrido violaciones de sus derechos humanos durante mucho tiempo y, como resultado, decenas de ellos emigraron a la vecina Bangladesh, para procurarase unas mejores condiciones de vida.


Un ejemplo de la discriminación contra los musulmanes Rohingya es que se les niega el derecho a la ciudadanía por el gobierno. Muchos de ellos han huido a Bangladesh, y hasta 111.000 de ellos viven en la zona fronteriza entre Tailandia y Myanmar.


Según el sitio web de la Organización Nacional de los Rohingya Arakan (ARNO http://www.rohingya.org ), los musulmanes Rohingya requieren permiso del gobierno para casarse, se les prohíbe tener más de dos hijos por familia y son sometidos a la esclavitud moderna a través del trabajo forzado. Debido a que el gobierno nacional les niega el derecho a la ciudadanía en su patria, muchos Rohingyas tienen sus tierras confiscadas y tienen restringidos los viajes.


Human Rights Watch considera que la denegación del derecho de la ciudadanía es el problema más importante que afrontan los musulmanes Rohingya. El gobierno de Myanmar considera a los Rohingyas ?extranjeros residentes?. Esta falta de plenos derechos de ciudadanía significa que los Rohingya son objeto de otros abusos, incluídos las restricciones a su libertad de movimiento, limitaciones discriminatorias en el acceso a la educación, y la confiscación arbitraria de los bienes .


Fuentes independientes han informado a Human Rights Watch de que las autoridades gubernamentales siguen exigiendo a los musulmanes Rohingya a realizar trabajos forzosos. Según HRW, los que se niegan o se quejan son amenazados físicamente, a veces con la muerte, y niños de tan solo siete años de edad han sido vistos en equipos de trabajo forzado.


Pero, una vez más, lo que puso de manifiesto la deplorable situación de los musulmanes Rohingya, fueron los ?disturbios del estado de Rakhine en 2012?, que llevó al asesinato de 10 musulmanes Rohingya los cuales fueron asesinados por una muchedumbre de 300 Rakhine mientras volvían en su camino de regreso de la antigua capital del país Rangún. Se dice que tres jóvenes Rohingya violaron y mataron a una mujer Rakhine y como el gobierno condenó a dos de ellos a la pena de muerte, un grupo autónomo de extremistas nacionalistas de Rakhine atacaron un autobús de musulmanes Rohingya asesinando a diez de ellos. De acuerdo con un grupo de ONG´s con sede en Reino Unido, 650 musulmanes Rohingya fueron asesinados del 10 al 28 de junio, 1.200 permanencen desaparecidos y más de 80.000 fueron desplazados como resultado de los disturbios, incendios premeditados y violaciones.


Según informó Associated Press, 1.336 viviendas pertenecientes a los musulmanes Rohingya fueron quemadas durante los disturbios. Sin embargo, The Platform, una organización de derechos humanos del Reino Unido sitúa esta cifra en 6000. El ejército birmano y la policía fueron acusados de jugar un papel relevante al tener como objetivo a los Rohingyas a través de detenciones masivas y de violencia arbitraria.


Debido a un apagón de los medios de comunicación en Myanmar y la falta de acceso directo de los periodistas independientes en la región, es imposible verificar el número de aquellos que han sido asesinados o que sus casas fueron destruidas en los recientes disturbios, sin embargo, lo que está claro es que los musulmanes Rohingya están experimentando dificultades intolerables y debe ser prestada la debida atención por la comunidad internacional.


En las últimas semanas, la líder de la oposición birmana y Nobel de la Paz 1991 Aung San Suu Kyi fue noticia, cuando se anunció que finalmente pronunciaría su discurso de aceptación del Premio Nobel en el Ayuntamiento de Oslo dos décadas después de haber sido galardonada con el premio y después de casi dos años de ser liberada de su arresto domiciliario. Sin embargo, Suu Kyi imperdonablemente ignoró la difícil situación de los musulmanes Rohingya y nunca pronunció una palabra sobre las penurias e injusticias que les han sucedido.


En un acto flagrante de censura, los medios de comunicación occidentales también han mantenido al margen de la masacre de los musulmanes Rohingya, mostrando su fuerte sesgo anti-musulman y su actitud hipócrita hacia el concepto de los derechos humanos.


Los musulmanes Rohingyas de Myanmar viven en condiciones sumamente deplorables. El gobierno dictatorial de Myanmar ha desatendido intencionadamente sus suplicas y la comunidad internacional hace la vista gorda a su sufrimiento. ¿Está en el cumplimiento de nuestros valores humanos el permanecer indiferente y apático ante esta incalificable tragedia?.


Los medios de comunicación occidentales están dirigidos por una serie de islamófobos relacionados con el lobby israelí. ¿No es nuestro deber el levantarse y protestar por su indiferencia ante el sufrimiento de los musulmanes de Myanmar?

martes, 19 de junio de 2012

Denuncian a un grupo infiltrado en la masacre de Canindeyu.


PARAGUAY




(AW) En un encuentro realizado ayer, entre una delegación de la Coordinadora Nacional por la recuperación de las Tierras Malhabidas y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú y  Familiares de los campesinos/as víctimas de la masacre ocurrida el pasado viernes en la estancia Morombi, se denunció la presencia de un grupo infiltrado, con el objetivo de generar una crisis política que efectivamente culminó en el nombramiento como Ministro del Interior del exfiscal Rubén Candia Amarilla con oscuros antecedentes de persecución a la lucha social. 

paraguay-21
17 de junio de 2012.-

Gacetilla de prensa desde Curuguaty.


En el transcurso de la tarde del domingo 17 de junio del corriente se realizó un encuentro entre una delegación de la Coordinadora Nacional por la recuperación de las Tierras Malhabidas y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú con los Familiares de los campesinos/as víctimas de la masacre ocurrida el pasado viernes en la estancia Morombi.
Durante el encuentro se reconfirmó que la masacre no fue ocasionada por los campesinos que reclamaban las tierras malhabidas, sino por un tercer grupo infiltrado, con el objetivo de generar una crisis política que efectivamente culminó en el nombramiento como Ministro del Interior del exfiscal Rubén Candia Amarilla con oscuros antecedentes de persecución a la lucha social. Quien anunció como primera medida la eliminación del Protocolo para la actuación de la Policía y la Fiscalía que permitía al menos un dialogo previo ante los desalojos,
implementado de esta manera la ejecución directa, como ocurrió según testimonios de los familiares y las evidencias de tortura y ejecución halladas en los fallecidos.
Posteriormente, los familiares y la comitiva de organizaciones locales y nacionales, se reunieron además con el Jefe de Gabinete Miguel López Perito y la Ministra de Salud Esperanza Martínez; exigiendo la inmediata constitución de una Comisión interinstitucional conformada por el Gobierno, Familiares, Organizaciones Sociales de la zona y Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, encargada de llevar a cabo un Plan de Acción Comunitario que contemple:
1. Las garantías para culminar la búsqueda de heridos y fallecidos en la zona de la masacre.
2. El esclarecimiento de los hechos ocurridos y la aplicación de la justicia a los verdaderos responsables materiales e intelectuales de la masacre.
3. Resarcimiento material y moral a las víctimas y sus familiares.
4. Libertad a aquellas personas que no estuvieron en los enfrentamientos y/o fueron detenidos e imputados sin justificación, cuyo número asciende a 46.
5. Garantizar el debido proceso a los detenidos con prisión preventiva acusados de diversos delitos sin pruebas contundentes, inclusivo algunos siendo menores de edad, como el caso de Raquel Villalba Ortiz (16) que cargando con niña de 3 meses, la han derivado a la policía de Cnel. Oviedo, luego al Policlínico de esta ciudad, y pretenden encarcelarla en Asunción.
6. El cese del amedrentamiento de la fiscalía y la policía a los familiares, vecinos y dirigentes campesinos.
7. La recuperación de las tierras malhabidas en manos de Blas N. Riquelme conocido por su connivencia con la dictadura Stronista, para la creación de un asentamiento modelo que lleve a una solución definitiva del conflicto por la tierra que es la causa real del conflicto.
Contactos:
Jorge Galeano 0976 992 105
Luis Aguayo 0982 966 919
Alicia Amarilla 0982 537 627

sábado, 16 de junio de 2012

El Gobierno paraguayo sigue optando por la solución represiva.

URGENTE PARAGUAY  URGENTE PARAGUAY  URGENTE PARAGUAY
por Carlos Aznárez

No satisfechos con la masacre gestada por las fuerzas policiales, en el desalojo de los campesinos de Caraguaty, el gobierno de Fernando Lugo ha ordenado -y enviado- fuerzas militares para que se sumen a los cientos de policías que peinan la zona. Los uniformados, convenientemente acicateados por la prensa amarilla paraguaya y las organizaciones patronales de la derecha, van a seguir haciendo lo que ha sido habitual en los dos últimos años: militarizar aún más los territorios donde habitan los campesinos más pobres de Latinoamérica.  Todo esto para defender los intereses económicos de multimillonarios como el latifundista Blas Riquelme, dirigente del partido Colorado y uno de los mandamases de la Asociación Rural del Paraguay. Esa misma institución que anoche exigía que Lugo dé la orden para que "paracaidistas se lancen sobre la zona para exterminar a los asesinos de nuestros policías".

Esto es, otra vez, crónica de una tragedia anunciada. Hagamos memoria: cuando necesitaba llegar al gobierno, el ex sacerdote Lugo rogaba por los votos campesinos, y como suelen hacer los politiqueros, prometió de todo: que reforma agraria, que viviendas dignas, que salud y educación para los hijos de los más humildes. Luego, una vez instalado en el sillón, priorizó las relaciones con la derecha, con los empresarios sojeros, con el latifundio descarado que hace que sólo diez familias concentren en sus manos el 90% de las tierras del Paraguay.

Para darle protección a sus socios, el "progresista" gobierno paraguayo implementó medidas represivas, promulgó la ley antiterrorista y dio, en varias ocasiones anteriores a esta última masacre de Caraguaty, luz verde a los mandos militares para que repartieran terror entre el campesinado del norte y de las zonas fronterizas con Brasil. 
Sin embargo, la miseria no permite muchas alternativas. Como lo dijera el ahora asesinado líder campesino Rubén Villalba, "o peleamos de pie, o la oligarquía latifundista nos va a seguir matando día a día. Ellos nos quieren de rodillas y lamiendo de su mano, pero nosotros estamos hartos de tanta prepotencia".  Villalba, como su compañero Espíndola, son hombres muy queridos en la zona, sacrificados militantes del sudor agrario, que estaban cansados de la pobreza y el abandono producido por esa casta oligárquica stronissta, que se halla enquistada en todas las instituciones del Paraguay desde hace décadas. Por eso siguieron y seguirán ocupando tierras, por eso defendieron con su vida la dignidad de tantos y tantos como ellos, que los acompañaban en la ocupación.

Mientras Lugo y su comparsa, se llenan la boca de lisonjas y pésames para los uniformados masacradores, mientras para ellos todo es atención, helicópteros para el rápido traslado a los mejores hospitales, y hasta cobertura mediática generando un clima de linchamiento contra esos "invasores de tierras" (como le gusta decir a los escribas del ABC Color), los cuerpos de los campesinos, agujereados por el plomo policial, se pudren al sol. A algunos, groseramente se les plantan ristras de balas sobre sus pechos sangrantes, a otros, se los escupe y carajea. En realidad, se los continua  maltratando, ahora que están muertos, como hasta ayer lo hacía, cuando sobrevivían.

Ya es tiempo de que no nos sigan insinuando de que si se critican las atrocidades del gobierno Lugo, se le hace el juego a la derecha. El propio Presidente se metió en este laberinto cuando a los pocos días de asumir, firmó acuerdos de colaboración policial con Colombia, para que los sicarios de Uribe Vélez adiestrara las tropas de uniformados paraguayos que ya se comenzaban a preparar para abortar a tiros las ocupaciones de tierras.  
No es erróneo decir que la derecha ya gobierna en el Paraguay, aunque algunos "progresistas" acomodados, que usufructuan cargos y buenos sueldos, sigan disculpando al Presidente cada vez que éste huye hacia adelante a punta de represión. 

Ahora, frente a esta masacre, no caben las medias tintas ni las indefiniciones. O se está con los que asesinan, torturan y encarcelan al campesinado, o se sale a redoblar la solidaridad nacional e internacional con quienes luchan por tierra y una vida un poco más digna que el infierno al que los han condenado la oligarquía y sus cómplices.

Nosotros, no dudamos en donde pararnos, y por eso convocamos a respaldar a las organizaciones campesinas paraguayas y a exigir que cese la violencia policial y militar,. También, es imprescindible que se facilite que una comisión neutral investigue "in situ" como se dieron los hechos del día viernes. En esa iniciativa bien pudieran estar los enviados de la Gremial de Abogados argentinos (que habitualmente defienden a militantes del campesinado paraguayo, y que ya han anunciado que salen hacia Asunción en las próximas horas) y por supuesto,  las organizaciones de derechos humanos locales, como la Coordinadora de Derechos Humanos (Codehupy).
Lo que no puede ser, es que sigamos indiferentes frente a este nuevo intento de exterminio de los sectores más concientizados y combativos del campesinado paraguayo, a manos del stronissmo y sus herederos.

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AL MENOS 16 MUERTOS ENTRE CAMPESINOS Y POLICIAS Y VERSIONES ENCONTRADAS SOBRE LO QUE PASO

Desalojo a sangre y fuego en Paraguay

La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y culparon a la policía. La peor crisis de Lugo.


El policía paraguayo Alcides Benítez, herido en el desalojo, llega a una clínica policial en Asunción para tratarse.
Al menos 16 muertos, entre campesinos y policías, y unos 50 heridos dejó el violento desalojo de un predio de unas 2 mil hectáreas ocupadas ilegalmente en un distrito del norte de Paraguay, hecho que puso al gobierno de Fernando Lugo en la situación más delicada desde su asunción, en agosto del 2008. Las versiones sobre muertos y heridos son numerosas, pero varias fuentes coincidieron en que ya hay 16 víctimas fatales, aunque algunas hablan de 17, y no menos de 50 heridos, algunos de gravedad, lo que puede hacer subir la cifra de fallecidos.

El episodio puso en guardia al Ejecutivo, sobre todo a partir de las versiones de que la oposición intentaría iniciar un juicio político a Lugo y la posibilidad de que se reúna el Congreso y exija la renuncia del ministro del Interior, Carlos Filizzola. Lugo suspendió todas las actividades que tenía agendadas para hoy e hizo dos apariciones, una a través de un comunicado para solidarizarse con las familias de los policías muertos, y otra en persona, para informar que ordenó a las Fuerzas Armadas que se sumen a la zona para garantizar que no haya nuevos enfrentamientos.

Los hechos se dieron en un campo ocupado del municipio de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, ubicado al noreste del país, en la frontera con Brasil, donde campesinos sin tierra mantenían ocupado un predio del empresario Blas Riquelme. La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados ?brasiguayos?, prósperos productores de soja brasileños, instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con Argentina y Brasil.

La versión del gobierno es que los campesinos emboscaron a los policías que intentaban negociar un desalojo pacífico, pero algunos dirigentes rurales negaron esa versión y restaron responsabilidad a los labriegos.


?Ordené a las Fuerzas Armadas a desarrollar su misión específica en apoyo a la policía de acuerdo con la ley de seguridad interna y garantizamos la plena vigencia de la ley y de las instituciones del Estado?, señaló Lugo en un breve mensaje al país, desde la residencia presidencial. Antes se había divulgado un comunicado en el que expresó su ?gran pesar y repudio? por los hechos y su ?firme respaldo a la tarea de las fuerzas del orden que se desempeñan en defensa y preservación de la ley?. El presidente señaló en el texto: ?Manifiesto mi solidaridad con los familiares de las víctimas fatales y los heridos de las fuerzas del orden que entregaron su vida en el cumplimiento de su misión?. El mandatario destacó que ?los organismos de seguridad del gobierno y sus áreas estratégicas están trabajando en este momento en líneas de acción que devolverán calma y tranquilidad? a la región.




Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, rechazó las versiones sobre su inminente destitución y aseguró también que ?no hay evidencias aún? de que en el enfrentamiento hayan participado miembros del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). ?El hecho fue consecuencia de una orden judicial para desalojar una propiedad ocupada. No es la primera vez que se procede a desalojos y se procedió legalmente, con orden fiscal correspondiente. Hoy se activó el operativo en base a una orden judicial?, recalcó el ministro.

El ministro indicó que los ocupantes eran campesinos de ?diferente procedencia y diferentes organizaciones?, algunos incluso conocidos de ocupaciones anteriores. E informó que los muertos son ?nueve o diez campesinos y siete policías?. Filizzola apuntó que la situación ya está controlada, por lo que no amerita declarar el estado de excepción, en tanto se busca a algunos campesinos refugiados en la zona boscosa aledaña al lugar de los incidentes.

Sobre la chance de que la Cámara de Diputados exija su renuncia, Filizzola destacó que tiene ?el respaldo? de Lugo, que ?sabe que puede disponer del cargo cuando lo considere pertinente?. El titular de Interior aseguró que ?no existen ni pies ni cabezas, ni argumento alguno? para solicitar el juicio político a Lugo, como lo pidió el presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo.

La Policía Nacional, en tanto, emitió un comunicado en el que denunció la ?cobarde agresión? de los campesinos agrupados en la Liga Nacional de Carperos a los uniformados, y remarcó que la fuerza pondrá ?el mejor de sus esfuerzos para el cumplimiento de sus funciones?. El comunicado denuncia que los policías fueron recibidos con disparos de armas de fuego. El jefe de investigación de Salto del Guairá, Walter Gómez, fue aún más allá al denunciar que los uniformados fueron emboscados por los campesinos. ?Esa gente está entrenada y ya no son simples campesinos, sino criminales?, dijo Gómez.

Políticos de la oposición lanzaron duras críticas contra Filizzola y pidieron su renuncia. ?Garantizaron la integridad de los campesinos y despreciaron la vida de los policías. Por eso se produjo la masacre?, dijo el diputado Salyn Buzarquis. La gobernadora del departamento de Canindeyú, Cristina Villalba, calificó a Filizzola de ?irresponsable? tras recordar que le había advertido que un desalojo violento iba a desembocar en pérdida de vidas.

A modo de réplica, el dirigente José Rodríguez, del Movimiento de los Campesinos, afirmó a un canal de TV que las familias rurales establecidas en la hacienda sólo resistieron al desalojo y no fueron las culpables de los disparos contra la policía. El dirigente campesino José Rodríguez, estrechamente vinculado con el presidente Lugo, dijo que el enfrentamiento ?pudo haber sido un autoatentado de la policía? para justificar supuestamente las muertes de los sin tierra.

El problema de la tenencia de la tierra es uno de los más complejos en Paraguay, donde grandes propietarios fueron acusados por instituciones estatales de apoderarse de terrenos mediante negocios ilegales y son frecuentes las ocupaciones por parte de los sin tierra. Un plan de reforma agraria y entrega de terrenos a los campesinos fue parte de las promesas de campaña de Lugo, pero esa iniciativa avanza lentamente.


La Policía volverá a la zona boscosa

EL GOBIERNO SIGUE APOSTANDO A LA SOLUCION MILITAR
La Policía se prepara para incursionar esta sábado a la zona boscosa, donde el viernes se produjo un enfrentamiento con campesinos que dejó 15 fallecidos. Se espera encontrar a más heridos y no se descarta ubicar a los ocupantes.


La Policía se incautó de armas rudimentarias

Los agentes esperan la orden correspondiente para realizar una ?peinada? general en la estancia Campos Morombí, ubicada en la colonia Ybyra Pytá, en Curuguaty, departamento de Canindeyú.

Actualmente, una dotación permanece a la altura de la ruta X en procedimientos de control, confirmó a ABC Color el suboficial Ever Aranca, de la Comisaría de Curuguaty.

El uniformado confirmó que la Policía ingresará este sábado a la zona de conflicto, aunque aclaró que aún no se dio a conocer la hora.

?Hay una buena cantidad de agentes?, manifestó al ser abordado sobre el número de refuerzos con que cuenta la institución.

Se espera que los policías ingresen acompañados de grupos militares enviados el viernes por el presidente Lugo, luego del enfrentamiento entre campesinos y policías.

Agentes policiales de varios departamentos cercanos, además de Asunción, se encuentran igualmente en la zona.

Unos 150 campesinos se enfrentaron en la víspera con agentes policiales que ingresaron para un operativo de desalojo en la propiedad de Blas N. Riquelme.

Hasta el momento, oficialmente se habla de seis uniformados fallecidos y otros nueve campesinos abatidos.



ASI ASESINARON A LOS CAMPESINOS QUE SÓLO RECLAMABAN TIERRAS



¿Quién "plantó" esta ristra de balas en el cuerpo de este campesino masacrado?