SRI LANKA
Los periodistas no deben ser neutrales. El marco conceptual lo fija la ideología de Naciones Unidas, es decir los principios de derechos humanos, acuñados tras la segunda guerra mundial, que costó 60 millones de víctimas. El telón de fondo lo constituye la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone criterios generales. Para llevarlos a la práctica se decantan, en consecuencia, los pactos y convenciones elaboradas en la ONU, instrumentos que al ser ratificados por los Estados, son vinculantes, cuyo contenido debe ser incorporado a las leyes internas de los paises.
Nadie puede ser neutral ante las violaciones de los derechos humanos, particularmente los periodistas, cuyo oficio es informar. Las referencias a tener en cuenta son los pactos de Naciones Unidas de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales, y sus protocolos, además de las convenciones contra la discriminación racial y contra la discriminación de la mujer, contra la tortura, contra las desapariciones forzadas, por los derechos del niño y en favor de los migrantes y discapacitados, sin olvidar la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, que entrara en vigor en 1951, y las normas del derecho internacional humanitario de los Convenios de Ginebra, para situaciones de guerra o de conflicto interno.
En ese contexto, el drama de las graves, masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Sri Lanka resulta emblemático. Las finalizó de cometer en 2009 un gobierno salido de las urnas cuatro años antes, perpetradas en el país insular de Buda y del tsunami de 2004, cuya mayoría ceilanesa dispone de su propia lengua y religión, diferentes a las observadas en los tamiles, de creencia hindú o cristiana (18% de la población, dos tercios autóctonos, el resto inmigrantes de la India), distintos a los musulmanes arabes, malayos y burghers. Las atrocidades sufridas por la minoría étnica tamil implican, en la ex colonia del Reino Unido, llamada tras la indepedencia de 1948 "República Democrática Socialista" que hoy cuenta con más de 20 millones de habitantes, alrededor de 200 mil desapariciones y asesinatos, una verdadera "intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso", como fundamenta la Convención de la ONU para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio", antes mencionada.
El reportaje que se propone a continuación exhuma las últimas deliberaciones sobre esa tragedia, que vienen de tener lugar en la sede europea de la ONU en Ginebra, fotos de sus principales protagonistas diplomáticos y las manifestaciones de la comunidad tamil desterrada, que se congregara en torno a la ciudad donde se reabrieron las discusiones rekativas a su destino histórico. Se ofrecen, asimismo, un documento de actualidad e datos generales de un colectivo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y miembros de la sociedad civil de Sri Lanka, y una disertación todavía vigente de la extinta Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, pronunciada el 26 de abril de 2006 en Mondragón (País Vasco, España), textos que reflejan una flagrante denegación de justicia. Se registran, desde luego, los enlaces para ver dos documentales recientes de la cadena británica Channel 4 colgados en You Tube, labor periodística candidata al Premio Nobel de la Paz, que destapara las terribles imágenes capturadas por víctimas y victimarios, y denunciara crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Juan Gasparini, Ginebra, 30 marzo de 2012.
La ONU reabrió el caso del genocidio en Sri Lanka.
A menos de tres años de la ofensiva final contra la minoría tamil, consumada por el gobierno nacionalista de Mahinda Rajapakse, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acaba de poner en marcha el mecanismo de rendición de cuentas. Bajo pretexto de aniquilar la rebelión separatista de los Tigres de Liberación del Eelam Tamil (LTTE), que figuraron en las listas de organizaciones terroristas de la Unión Europea y Estados Unidos, los cuales fueron derrotados militarmente en su proyecto de proclamar un estado tamil independiente en el norte del país, se le atribuye al aparato represivo oficial, al cabo de 26 años de conflicto, 146.679 desaparecidos, 150 mil civiles asesinados, 11 mil presos, cuantiosa población desplazada y numerosos refugiados. Cuba y Ecuador votaron en contra de la iniciativa, pero los seis paises latinoamericanos restantes lo hicieron a favor: México, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Perú y Chile.
Sobre la sangre derramada todavía caliente de quienes padecieron las atrocidades de aquella ofensiva final de mayo de 2009, que causó 40 mil civiles muertos, incontables mujeres violadas y numerosos niños reclutados por la fuerza cuyas huellas es dificil rastrear; y mediante una sesión especial de este Consejo celebrada para esa fecha, el presidente Mahinda Rajapakse y su hermano, el ministro de la Defensa, Gotabaya Rajapakse, consiguieron instaurar la irresponsabilidad que ahora la ONU ha cuestionado. Por entonces América Latina apoyó mayoritariamente el blanqueo de los graves delitos, con los votos de Bolivia, Cuba, Brasil, Nicaragua y Uruguay, y la abstención de la Argentina. Solo México y Chile se opusieron.
Compuesto por 47 Estados que se van rotando anualmente según una distribución por grupos regionales, resultado de la elección secreta por la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU constituye la maxima autoridad mundial en la materia. El rescate del olvido de Sri Lanka era un imperativo para restaurar una impecable hoja de ruta jalonada por las reveladoras investigaciones y condenas por las violaciones masivas y sistemáticas de los derechos individuales y las libertades públicas en Sudán, Palestina, Costa de Marfil, Libia y Siria.
Por 29 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones, en 2009 Sri Lanka salió airosa gracias a una alianza de paises africanos, asiaticos y del este europeo, más algunos arabes y latinoamericanos, liderados por Cuba, al frente del Movimiento de Paises no Alineados. El gobierno de los hermanos Rajapakse dió la palabra de promover y proteger los derechos humanos y aceptar una asistencia técnica de la ONU, fingiendo una reconciliación nacional. Consolidó una limpieza étnica, dejó de lado las promesas y simuló una aparente cooperación con Naciones Unidas. Quizá para mejorar las apariencias nombró embajadora en Ginebra a Tamara Kunanayakam, una tamil que se pasó de bando y abandonó la vinculación con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) criticas al poder, quien previamente había trabajado en la secretaría del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de la ONU.
La consecuencia de tales maniobras se reflejó en el informe recientemente presentado por la Comisión de Reconciliación y Lecciones Aprendidas en Sri Lanka, montada por el tandem Rajapakse, que "no se ocupa adecuadamente de las graves denuncias del derecho internacional", estimó la ONU. Para remediar el Consejo pidió "medidas adicionales necesarias para cumplir sus obligaciones legales pertinentes y el compromiso de iniciar acciones creíbles e independientes para asegurar la justicia, la equidad, la responsabilidad y la reconciliación de todos los ciudadanos de Sri Lanka". El enviado especial y ministro polifuncional de Sri Lanka, Mahinda Samarasinghe, se quejó en los debates de Ginebra pues "nadie nos tiene que decir como arreglar nuestros asuntos", y advirtió: "los paises que viven en casas de vidrio no deben tirar piedras".
Sin embargo, no pudo frenar la resolución que recogiera las consideraciones que le molestaban. Con 24 de los 47 sufragios, el texto alcanzó la mayoría el 22 de marzo 2012. Además se contabilizaron 15 votos en contra y 8 abstenciones. La diplomacia cubana de los hermanos Fidel y Raúl Castro piloteó la resistencia, en nombre de la supuesta soberanía de las delegaciones adversas a la presunta injerencia de la ONU. Alegó que no se han agotado las instancias internas de Sri Lanka para resolver los problemas heredados de las hostilidades, y que "Estados Unidos no desmanteló el campo de concentración de Guantanamo", según precisó su embajador en Ginebra, Rodolfo Reyes Rodríguez. Lo secundaron en una declaración conjunta China, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Bielorusia, Pakistán, Argelia, Sudán, Irán, Zimbabwe, Filipinas, Myanmar y Vietnam.
Asumió México dar la replica, un país que fue abundantemente puesto en evidencia durante esta primera sesión anual del Consejo finalizada al concluir el presente mes de marzo de 2012, el cual demostró estar abierto a debatir sus falencias, retos y desafios en la ONU. Recordó México que los organos de derechos humanos de la ONU no son tribunales, ni estan atados a jurisdicciones nacionales que deben recorrer los Estados antes de ser sometidos a la mirada externa, sino foros para mejorar el respeto de los derechos humanos a través del dialogo y la persuación. Agregó el embajador de ese país en Ginebra, Juan José Gómez Camacho, que la defensa de esos derechos es sin fronteras y no implica ningun avasallamiento de soberanía para nadie, en el entendido que se busca proteger a las poblaciones civiles.
México no lo dijo pero pudo también decir que es factible comparar lo que es comparable. No hay simetrias entre una penitenciaría de Guantamo para varias centenas de prisioneros en la ilegalidad planetaria y una feroz guerra civil de más de cinco decenios en Sri Lanka. Que no se haya desmantelado una carcel norteamericana, inexpugnable para los expertos de la ONU, instalada en territorio cubano usurpado por Estados Unidos, no habilita a cerrar los ojos ante la comisión de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en uno de los 193 integrantes de Naciones Unidas. Las dos emisiones del canal televisivo britanico Channel 4 difundidas por You Tube son elocuentes de lo sucedido, con fotos y secuencias filmadas por las víctimas y sus verdugos, acompañando declaraciones escalofriantes de protagonistas y testigos, documentos confidenciales, mapas e imagenes proporcionadas por satelites que confirmaron las masacres.
En medio de un clima de difamación e intimidación contra defensores de los derechos humanos, objeto de hostigamiento, espionaje e intimidación tanto en Sri Lanka como en Ginebra, y al calor de las movilizaciones de la diáspora tamil en el exilio frente al Palacio de las Naciones en esta ciudad, la ONU exhortó al gobierno de los hermanos Rajapakse, surgido de las urnas en 2005, a presentar "con la mayor rapidez posible un plan general de acción en el que se detallen" las disposiciones adoptadas y por adoptar para erradicar la impunidad. El Consejo le encargó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, que le informe sobre la evolución de la situación, una tarea que se anuncia ardua por las acusaciones de parcialidad de Sri Lanka contra Pillay, a raíz de los conocidos origenes tamiles de su familia antes de emigrar de la India a Africa del Sur, donde ella naciera en 1941.
@juangasparini, Ginebra, 26 de marzo de 2012.
