jueves, 3 de mayo de 2012

Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

COLOMBIA
            
DECLARACIÓN POLÍTICA

Con convicción y firmeza, partiendo de los más distantes puntos de la geografía nacional ha confluido en la ciudad de Bogotá la Marcha de la Esperanza, la Alegría y la Dignidad. Desde las sierras, los llanos, el piedemonte y la costa, nos hemos dado cita más 1700 organizaciones que con espíritu deliberativo y constructivo hoy avanzamos un paso más en la edificación de la Segunda y Definitiva Independencia. En la más profunda hermandad y solidaridad de los pueblos que luchan por soberanía y autodeterminación, delegados y delegadas de América Latina, Europa, Australia y Norte América, han acompañado solidariamente la realización del Consejo Patriótico Nacional, que de manera decidida declara:


Anunciamos a las gentes del común y al pueblo colombiano, en general, así como a la comunidad internacional, que durante los días 21 y 22 de abril de 2012  nos hemos encontrado para constituir el Movimiento político y social Marcha Patriótica, con el propósito de contribuir a producir el cambio político que requiere nuestro país, superando la hegemonía impuesta por las clases dominantes, avanzar en la construcción de un proyecto alternativo de sociedad y al logro de la segunda y definitiva independencia. Precisamente en momentos en los que el capitalismo se encuentra en una de sus más grandes crisis, mostrando sus cada vez más evidentes límites históricos.



Marcha es el lugar de encuentro de múltiples procesos de organización, resistencia y lucha que han decidido hacer suyo el ejercicio de la política y aspira a ser una expresión organizada del movimiento real de las resistencias y luchas de las gentes del común y de los sectores sociales y populares que cotidianamente en todos los rincones del país, en forma heroica y pese a las adversidades, actúan por una patria grande, digna y soberana.



Pese a que el gobierno de Santos se ha empeñado en aparecercomo renovador y modernizante, en Marcha consideramos que éste es representativo de una continuidad en el proyecto hegemónico y de intentos de reacomodos en el bloque en el poder precisamente para garantizar esa continuidad. Sin dejar de percibir conflictos y diferencias entre las facciones que conforman dicho bloque, promovidos por los sectores más guerreristas y ultraderechistas, ligados al narcoparamilitarismo, no se aprecia ?más allá de la retórica- el surgimiento de nuevas condiciones que permitan afirmar que se está en camino de superar las estructuras autoritarias, criminales, mafiosas y corruptas que caracterizan el régimen político colombiano. Tendencias recientes de los desarrollos legislativos en diversos campos parecen más bien reforzar el manto de impunidad que ha prevalecido en el país, buscan institucionalizar el ejercicio de la violencia contra la población, al tiempo que pretenden perseguir y criminalizar la protesta y la movilización social.



El gobierno de Santos ha venido profundizando el proceso de neoliberalización de la economía y de la sociedad iniciado hace más de dos décadas. Ese continuismo favorece esencialmente al capital financiero transnacional y a los grandes grupos económicos que, pensando exclusivamente en su afán de lucro, han impuesto un modelo económico empobrecedor. Tal modelo ha desindustrializado el país, sumido la producción agrícola y, en especial, la producción de alimentos en una profunda crisis, propiciado una terciarización precaria, estimulado al extremo la especulación financiera, y promovido -sobre todo durante la última década- la explotación intensiva de nuestra riqueza en hidrocarburos, minerales y fuentes de agua, acompañándola de la producción de agrocombustibles, de explotación forestal y de megaproyectos infraestructurales. En desarrollo de este modelo, se ha diseñado todo un andamiaje jurídico-institucional y militar para proteger los intereses del gran capital, el cual se ha venido perfeccionando durante el actual gobierno a través de múltiples reformas de alcance constitucional y legal. La entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y de otros tratados de similar contenido es una buena manifestación de ello.





Este modelo económico ha conducido a una creciente degradación de la soberanía, a una mayor concentración y centralización de la riqueza, a la desigualdad social en aumento, a la precarización y pauperización del trabajo, a la depredación socioambiental, así como a la continua apropiación de riqueza social y de los frutos del trabajo mediante el despojo y el desplazamiento forzado de la población. También ha propiciado una mercantilización extrema y profunda de toda la vida social. Asimismo, se ha constituido en fuente de apropiación de dineros públicos, mediante el despliegue generalizado de estructuras corruptas.



En Marcha Patriótica señalamos la necesidad de producir un cambio político en el país que siente las bases para la derrota del actual bloque hegemónico de poder y genere las condiciones para las transformaciones estructurales económicas, políticas,  sociales y culturales que demandan las gentes del común y el pueblo colombiano en general. Marcha pone su acumulado y sus proyecciones al servicio de ese propósito, llama a la más amplia unidad del pueblo colombiano y, en especial, a los diferentes procesos sociales y populares existentes tales como el Polo Democrático Alternativo y otros partidos y organizaciones políticas de la izquierda, el Congreso de los Pueblos, la Minga Social e Indígena, la Coordinadora Nacional de Movimientos y Organizaciones Sociales y Políticas, el COMOSOC, la MANE,  así como a las demás fuerzas políticas, económicas y sociales que así lo consideren, a la construcción de acuerdos programáticos que permitan avanzar hacia la superación del modo de vida y de producción imperante en el país, a la transformación estructural del Estado, de la economía y de la cultura.



En Marcha Patriótica manifestamos la decisión política de luchar por un nuevo modelo económico, de Estado y de sociedad, que posibilite la transformación estructural del modo de vida y de producción, permita garantizar y materializar los derechos humanos integrales, dignificar y humanizar el trabajo, reparar integralmente a las víctimas de la violencia  y terror estatal y paramilitar,  organizar democráticamente el territorio, realizar reformas agraria y urbana integrales, emprender las correspondientes transformaciones socioculturales, dignificar el arte y la cultura, luchar por un nuevo orden internacional basado en los principios de la soberanía, la no intervención, la autodeterminación y el internacionalismo de los pueblos, y contribuir a la integración de Nuestra América. Todo ello, en dirección a la construcción de un proyecto alternativo que supere la prevaleciente organización capitalista de la sociedad. Marcha Patriótica se compromete al desarrollo de su plataforma programática con la más amplia participación de las gentes del común y, en general, de los sectores sociales y populares. Para lograr ello, llevará a cabo los Cabildos abiertos.



En la coyuntura actual, en atención a las dinámicas de las luchas, así como a las tendencias de política gubernamental en curso, Marcha Patriótica considera de vital importancia y de suma urgencia lograr acuerdos entre los diferentes procesos políticos y organizativos del campo popular, así como con las demás fuerzas políticas económicas y sociales interesadas, para enfrentar en lo inmediato y construir alternativas relacionadas con la política de tierras, la defensa del territorio, la reivindicación del trabajo, la educación superior, la salud y la seguridad social, y los tratados de libre comercio, entre otros. En todos los casos se trata de juntar esfuerzos y de avanzar en la construcción de acumulados hacia la movilización como principal vía del accionar colectivo y tendientes a la realización de un gran Paro Cívico Nacional.



Pese a una retórica gubernamental que con alguna intermitencia señala considerar la necesidad de la paz para nuestro país, todo indica que tal propósito es concebido en términos de una solución militar, a la que presionan, además, en forma continua y con persistencia, los sectores militaristas y de ultraderecha. La actual política contrainsurgente se fundamenta en un creciente intervencionismo militar extranjero con el que, además de pretender inducir un cambio en el balance estratégico de la guerra, se responde a los intereses geopolíticos y económicos del imperialismo estadounidense para garantizar el acceso a recursos estratégicos, proteger las inversiones trasnacionales y contener cualquier amenaza frente a esos propósitos, sea ésta de movimientos sociales o insurgentes, o de Estados soberanos en la región.


La política de la solución militar encuentra su actual expresión en la Plan Espada de Honor, que se une a otras experiencias del pasado reciente, inscritas todas ellas dentro del Plan Colombia y sus diferentes fases de ejecución. Con ella se busca la rendición y la desmovilización de la insurgencia. La experiencia de nuestro país durante los últimos cincuenta años enseña, no obstante, que propósitos similares no han sido más que empresas fallidas, que le han terminado imprimiendo nuevas dinámicas y formas de expresión a la confrontación. Y no puede ser de otra manera, dadas las  raíces históricas y la naturaleza política, económica y social del conflicto colombiano, así como la dinámica específica de una guerra irregular y asimétrica.



Una prolongación indefinida del conflicto social y armado, además de lo que ello representa en términos del sufrimiento de la población y del continuo aumento de los gastos para la guerra que bien pudieran ser destinados para atender las necesidades de las gentes del común, conduce a la peligrosa militarización de la vida política, económica, social y cultural. Marcha Patriótica manifiesta su compromiso ético y político con la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado.  En consideración a que ésta debe ser apropiada socialmente, Marcha manifiesta su decisión de impulsar procesos constituyentes regionales y locales por la solución política y la paz con justicia social, tendientes hacia la realización de una Asamblea Nacional. Asimismo, propone a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales aunar esfuerzos para transitar caminos que permitan hacer realidad los anhelos de paz de las gentes del común y del pueblo colombiano en general. Ello podría tener una expresión inicial en la realización de un encuentro nacional por la solución política y la paz con justicia social.



Marcha presenta su saludo solidario a todas las movilizaciones, resistencias, y luchas populares; manifiesta su compromiso de acompañarlas, hacerlas suyas y participar activamente en ellas. Saluda igualmente a todos los hombres y mujeres que, en campos y ciudades, entregan lo mejor de sus vidas para contribuir al buen vivir de las clases subalternas, oprimidas y explotadas. Llama la atención sobre la situación de los prisioneros de guerra, y manifiesta su solidaridad con los prisioneros políticos y de conciencia. Asimismo, declara su vocación internacionalista y su irrestricto apoyo a todos los luchadores y luchadoras que en el mundo y en Nuestra América buscan la superación del modo de vida y de producción impuesto por el capitalismo.



En Marcha hemos llegado las y los patriotas para afirmar la existencia de sueños colectivos; para trazar rutas de dignidad; para abrir puertas de esperanzas realizables. Siguiendo el legado de las y los libertadores de la Primera Independencia y de los luchadores populares de las resistencias en nuestra nación, somos participes de este nuevo capítulo en la historia que habrá de forjarse en la más amplia unidad popular. Salimos convencidos y convencías que el sueño no solamente existe, sino que se hace realizable en el trabajo colectivo de cada organización y en la propuesta colectiva que seguimos construyendo. Entregamos al país este aporte de esperanza decidida, invitando a marchar, a caminar, a luchar y a construir.



¡A marchar por la solución política!

¡A marchar por la soberanía y la integración de los pueblos!

¡A marchar por la unidad popular por la Segunda y definitiva independencia!

Grito de los Excluidos reafirma compromiso de transformación social.


ECUADOR-FORO

Con la presentación del documento final "Nuestro grito es comunicación para la emancipación" concluyó en Ecuador una nueva reunión de la Red Grito de los Excluidos. Representantes de organizaciones de América Latina y del Caribe estuvieron presentes.
Con la participación de 15 países de la región se desarrolló en la ciudad ecuatoriana de Quito el encuentro de la Coordinación del Grito de los Excluidos.
El encuentro propició el intercambio de información y la evaluación de acciones futuras del movimiento. Tras la reunión, los participantes elaboraron un documento final.
Dicho texto fue titulado "Nuestro grito es comunicación para la emancipación". En el se expresan distintas reivindicaciones políticas y sociales del Grito de los Excluidos.
En ese sentido, el documento reclama terminar con la criminalización de la pobreza y de la lucha social.
También reclama el fin de la discriminación hacia las mujeres, los pueblos indígenas, los jóvenes y los afrodescendientes.
Vale decir que en relación a esta población étnica, el Estado ecuatoriano tramitará este jueves en primer debate  la Ley Orgánica de Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatoriano.
Dicha normativa garantiza el ejercicio pleno a la igualdad y la no discriminación. Esta iniciativa fue impulsada tras la presentación de un informe de la Comisión de Derechos Colectivos de Ecuador.
Por otra parte, los activistas de la red Grito de los Excluidos destacaron durante su encuentro la lucha de los movimientos estudiantiles de Chile, Colombia y Puerto Rico.
Asimismo, exigieron el fin de la militarización y de los proyectos extractivos en los países de la región. También criticaron el bloqueo a Cuba y apoyaron el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. (PÚLSAR)

Organizaciones de Guatemala buscan garantizar derechos de pueblos indígenas.


GUATEMALA-INDÍGENAS

Pese a la ausencia del presidente Otto Pérez Molina, unos 250 representantes de organizaciones sociales de Guatemala presentaron ante el Congreso nacional sus iniciativas de ley en favor de los Derechos de los Pueblos Indígenas del país.
Audios disponibles:
Juan Tiney, coordinador de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas y Campesinas. (mesa plural) - 34 seg. (269 Kb.)
Juan Tiney, coordinador de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas y Campesinas. (racismo) - 38 seg. (302 Kb.)
Juan Tiney, coordinador de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Indígenas y Campesinas. (radios comunitarias) - 53 seg. (418 Kb.)

El acto de este miércoles había sido convocado por la Mesa Plural de Desarrollo de la Marcha Indígena, Campesina y Popular de Guatemala.
Se trata de un espacio de articulación nacional que reúne a diferentes organizaciones sociales que participan en las Mesas Nacionales de Diálogo con el Gobierno.
Tras el evento, las organizaciones entregaron un libro con 11 iniciativas de ley priorizadas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
Una de las propuestas es la de una Ley de Medios de Comunicación Comunitaria. Esta normativa es impulsada por AMARC y otras organizaciones de radios comunitarias desde el 2005.
Vale decir que estas 11 iniciativas priorizadas se desprenden de una agenda de 22 proyectos de ley paralizados en el Congreso de Guatemala desde 1997.
Pese a las ausencias este miércoles de las principales autoridades, un representante de la junta directiva del Legislativo guatemalteco participó del encuentro con la Mesa Plural de Desarrollo.
Sin embargo, el funcionario sólo se comprometió a "trasladar la información" relacionada a las iniciativas de ley presentadas por los manifestantes.
Por tal motivo, los activistas expresaron su inconformidad y señalaron que el Legislativo debe aprobar los proyectos que garantizan los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala.
Por último, la Mesa Plural de Desarrollo manifestó que continuará funcionando e integrará nuevas organizaciones para garantizar la máxima representatividad posible a nivel nacional. (PÚLSAR)

miércoles, 2 de mayo de 2012

Evo Morales, presidente de Bolivia, anunció, este martes, por el Día del Trabajador, la expropiación de las acciones de la española Red Eléctrica Internacional, que desde el 1 de julio de 2002 maneja la principal red de distribución de energía eléctrica en el país.


 
El Mandatario boliviano emitió  un decreto de nacionalización de la Transportadora de Electricidad, que forma parte de Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica de España.
En el mensaje  anuncia  una serie de decretos entre el que se encuentra el Decreto Supremo 1214, que “impone la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), de capitales españoles”.
También instruyó al Comandante General de las Fuerzas Armadas, Tito Gandarillas, quien estuvo presente en el acto, “tomar las acciones correspondientes para ejecutar esta nacionalización”.
Manifestando que “Hoy día nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la Transportadora de Electricidad”.
Asegurando que “esta determinación beneficiará al país con mayores ingresos, como ocurrió con el caso de la nacionalización de los hidrocarburos y la empresa de telecomunicaciones”.
Antes del medio día, efectivos de las FFAA ejecutaron la orden del Jefe de Estado junto  a autoridades judiciales.
Según fuentes de Red Eléctrica de España “la filial de Bolivia solo suponía un 1,5% del negocio total de la compañía”.
Y aseguraron que “tratarán de conseguir un precio justo por la expropiación de sus acciones”.
Según medios españoles, “Red Eléctrica Internacional S.A.U. posee el 99,9% de las acciones de la Empresa Transportadora de Electricidad, ahora en manos del Estado boliviano. El resto de los accionistas son particulares”.
“La Transportadora de Electricidad es agente transmisor en el mercado eléctrico mayorista de Bolivia y posee el 73% de las líneas de transmisión en el Sistema Troncal Interconectado”.

lunes, 30 de abril de 2012

Condenada de por vida pide vacaciones.


SUECIA


Niegan vacaciones en la cárcel
(AW)Natalia Pshenkina, una mujer sueca de 31 años, pidió al Gobierno de su país tomarse unas vacaciones del trabajo asignado en la prisión de Ystad, donde se encuentra cumpliendo una condena de por vida.
natalia-presa
Natalia, presa y sin vacaciones

La mujer tomó un empleo dentro de las instalaciones del servicio penitenciario y ahora reclama que como compensación por los servicios brindados, y como lo indican las leyes laborales suecas, merece unas vacaciones.
'Pregunté en qué fechas pueden tomarse unos días los presos', escribió Pshenkina en una carta al Consejero de Justicia del país. 'Y la respuesta que obtuve fue que los convictos no tienen permitido tomarse vacaciones', concluyó indignada la mujer.
Anders Annerfalk, vocero del Servicio Penitenciaro, confirmó que los detenidos no están protegidos por el sistema laboral y las leyes de trabajo no aplican para ellos.
Al parecer, Natalia deberá seguír trabajando sin gozar un período de descanso. Después de todo, no es que tenía planedas una vacaciones en el Caribe.

Nuevamente, los habitantes de Gualeguaychú marcharon este domingo en contra de la planta papelera finlandesa UPM, atravesando a la localidad uruguaya de Fray Bentos.



La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú manifestó que “en sus 1.500 días de funcionamiento la papelera arrojó más de 38.000 toneladas al aire y más de 30.000 toneladas de tóxicos al río Uruguay”.
y agregaron que “se fugaron, debido a derrames de tanques y roturas de equipamientos, una muy importante pero desconocida cantidad de licor negro, insumos y compuestos tóxicos por el sistema colector de pluviales”.
La movilización fue en el puente General San Martín, que une Fray Bentos con Gualeguaychú, en lo que es su octava marcha desde el 2005.
Entre los postulados de la protesta, figuran el “uso responsable” de la cuenca del río Uruguay para mantenerlo libre de contaminación producida por papeleras como la de UPM (ex-Botnia).
Los Gobiernos de Argentina y Uruguay dieron por superado el conflicto en julio de 2010, cuando firmaron un acuerdo para el control ambiental conjunto del río Uruguay después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminara que no hubo pruebas suficientes de que la papelera finlandesa contamine el ambiente.

El candidato socialista François Hollande continúa arriba en las encuestas para la segunda vuelta en Francia, pero el actual presidente, el conservador Nicolas Sarkozy, acorta la diferencia.



Según los nuevos datos, que fueron publicados por el instituto LH2, el socialismo obtendría el 54% de los votos, sobre el 46% del actual oficialismo.
Sin embargo, los medios franceses destacan que esto supone una menor brecha que la que tenían los candidatos previamente. Hollande aventajaba por 12 puntos a Sarkozy (56% contra 44%) y ahora lo hace solo por 8.
El Presidente francés habla normalmente de que sus votantes no suelen participar en las encuestas, por lo que su elección daría vuelta las estimaciones.
LH2 destaca la curiosa división de los votantes de Marine Le Pen, la candidata ultraderechista, puesto que, mientras un 45% de los electores se inclina por Sarkozy, el 20% votará por Hollande (quien dista de mantener esas ideologías).