Las relaciones con Uruguay.

Diplomacia argentina: Argentina y Uruguay en los 60s (II)

Las relaciones con los países latinoamericanos
Al gobierno uruguayo le llevó unos días decidir el reconocimiento del régimen militar que derrocara al gobierno de Illia en junio de 1966. Tras un intenso debate, el 7 de julio el Consejo Nacional de Gobierno resolvió continuar las relaciones diplomáticas con las autoridades de Buenos Aires, y autorizó al ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Luis Vidal Zaglio, a responder afirmativamente a la nota enviada por el gobierno de Onganía, expresando el deseo de que Buenos Aires y Montevideo no interrumpieran sus vínculos. (1)
A principios de agosto de 1966, ambos países dieron un paso importante en el terreno de la cooperación energética, al establecer una comisión interministerial para coordinar las obras de Salto Grande. (2)
En junio de 1968 el ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, viajó al Uruguay para preparar una reunión de presidentes y acordar algunas otras cuestiones. Como consecuencia de sus gestiones, el 18 de junio de 1968 un comunicado de prensa emitido por los cancilleres Costa Méndez y Venancio Flores anunciaba la creación de un grupo de trabajo sobre temas relativos al río de la Plata. Este inició sus actividades definiendo un catálogo de problemas o actividades: pesca, limpieza de tanques, salvataje, alije, contaminación de aguas, balizamiento, cuestiones sanitarias, fiscales y aduaneras, dragados, etcétera, pero las negociaciones no avanzaron porque cada parte se enfrascó en sus viejas doctrinas de división de las aguas del río de la Plata. Los uruguayos insistieron sobre su tesis tradicional de la línea media del río para fijar la jurisdicción. A su vez, los argentinos, entendiendo que el límite debía pasar por el thalweg o canal profundo y que la aceptación de la tesis uruguaya implicaba la pérdida de la isla de Martín García e incluso del canal de acceso al puerto de Buenos Aires, optaron por ampararse en el statu quo que brindaba el Protocolo Ramírez-Sáenz Peña de enero de 1910 y evitaron cualquier definición que pusiese en juego intereses vitales y exacerbara a los sectores nacionalistas y medios de prensa argentinos. (3)

Gral. Juan Carlos Onganía (Argentina)

El encuentro de los presidentes Juan Carlos Onganía y Jorge Pacheco Areco se realizó en julio de 1968. El día 8, ambos mandatarios acordaron institucionalizar un sistema de entrevistas a nivel presidencial, con el objetivo de incrementar los vínculos bilaterales. Además, convinieron en firmar una declaración conjunta, cuyos puntos más relevantes fueron la reafirmación de la necesidad de la integración física y económica bilateral, la ratificación del Acta de Buenos Aires firmada el 18 de diciembre de 1967, para que la obra de Salto Grande comenzara la producción de energía eléctrica antes del invierno de 1979, y el mutuo compromiso para mejorar la navegación en aguas del Plata y afluentes. (4) Por su parte, los cancilleres Costa Méndez y Flores firmaron cuatro convenios relativos al Puente Paysandú-Colón; a obras vinculadas a Salto Grande; al fomento del turismo, y a la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. (5)
De acuerdo con el sistema de entrevistas presidenciales establecido en julio de 1968, en septiembre de ese año tuvo lugar un segundo encuentro, cuyo resultado más trascendente fue la puesta en marcha formal de un sistema de interconexión eléctrica. (6)
A principios de diciembre de 1968, se produjo la varadura de la chata de bandera argentina Arenorte Nº 6 en aguas del río de la Plata, en las inmediaciones de Punta Negra. A fin de proteger la seguridad de navegación, las autoridades argentinas decidieron colocar en el lugar del accidente una boya a destello, mientras que a su vez las autoridades uruguayas colocaron un boyarín ciego. Este hecho dio lugar a comentarios en la prensa uruguaya sobre supuesta violación de las aguas jurisdiccionales orientales. El 6 de diciembre, la Cancillería argentina decidió hacer frente a las declaraciones periodísticas y oficiales uruguayas a través de un comunicado, que decía:

(...) Los comentarios aludidos inducen a error en cuanto el régimen legal vigente en el Río de la Plata y perturban la armonía con que los dos países han encarado siempre cualquier dificultad que pudiera suscitarse. Sin perjuicio de los títulos históricos argentinos, el régimen de uso y navegación de las aguas en el Río de la Plata se rige por el protocolo de 1910, la declaración de 1961 (que fijó su límite exterior) y el protocolo de 1964 (sobre levantamiento integral del río), acuerdos internacionales que tienen plena fuerza jurídica y valor obligatorio para las partes. Ninguno de estos instrumentos autoriza una interpretación que pretenda innovar sobre el “statu quo” que ellos consagran. No corresponde, por lo tanto, sostener la existencia de una supuesta división de las aguas del Plata por alguna línea delimitadora de las jurisdicciones respectivas(...). (7)

Por su parte, la Cámara de Representantes uruguaya emitió una declaración el 13 de diciembre, donde expresaba “su profunda preocupación ante las reiteradas transgresiones de las autoridades argentinas a los derechos de soberanía de la República Oriental del Uruguay sobre el Río de la Plata” y declaraba “su apoyo a toda medida -adoptada o a adoptarse- de firme defensa de esos inalienables derechos nacionales.” (8) A su vez, los integrantes de la Cámara de Senadores en su reunión del 11 de diciembre coincidieron en que el condominio del río de la Plata debía ser claramente delimitado, habida cuenta de la posible existencia de hidrocarburos en el lecho del río, así como en la necesidad de tener una política más firme frente a las autoridades de Buenos Aires frente a una cuestión que no era un problema de blancos y colorados, sino de soberanía. (9)
Obrando en consecuencia con la posición de los legisladores y reivindicando la tesis de que el límite del Río de la Plata debía pasar por la línea media del río, en ese mismo mes de diciembre, las autoridades orientales llamaron unilateralmente a concurso para la adjudicación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. La Cancillería argentina reaccionó con la emisión de un nuevo comunicado el 17 de enero de 1969, en el cual sostenía que previamente a toda exploración o explotación del fondo fluvial afectado por esa licitación, era necesario determinar con precisión el alcance de las jurisdicciones argentina y uruguaya sobre el río de la Plata y la plataforma continental adyacente, confiando para ello en que el grupo de trabajo constituido por representantes de ambos países pudiera llegar antes a una solución satisfactoria. (10)
Un artículo aparecido en el diario uruguayo Acción, el 11 de febrero de 1969, revela el motivo de la adjudicación de los contratos de exploración de hidrocarburos por parte del gobierno de su país:

(...) El Uruguay llamó a licitación para la prospección y explotación de hidrocarburos en el Río de la Plata y en su plataforma continental en un área de 61 mil hectáreas que parceló en cinco zonas (...) La zona uno se encuentra totalmente en el Río de la Plata, mientras que las zonas dos y tres sólo en parte se hallan dentro del río. La zona uno comprende el Río de la Plata medio y un sector del Río de la Plata inferior; las zonas dos y tres se ubican a partir del Río de la Plata inferior. Por su parte la República Argentina durante el año 1968 convocó a una licitación similar limitando áreas dentro del Río de la Plata medio e inferior y en su plataforma continental desde el cabo San Antonio hasta Bahía Blanca. (...) La licitación argentina se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Energía y Combustibles y se fijó en la misma, para delimitar las áreas situadas dentro del Río de la Plata, un límite que coincide con la línea media. Por su parte el Uruguay aplicó el mismo criterio, o sea el de la línea media.Tanto la Argentina como el Uruguay han actuado sin que exista previamente sobre el lecho del río delimitación alguna de jurisdicción, o sea que ambos países se han movido reconociendo de hecho la existencia de una jurisdicción propia que no iba más allá del lecho de la línea media. El asunto es muy claro cualquiera sea el criterio que en definitiva se utilice para establecer en el lecho del río las respectivas jurisdicciones: a) si se utiliza la línea media cada uno está dentro de su soberanía, porque cada uno se autolimitó en el llamado, a esa línea; b) si se recurre al “thalweg” habría que modificar en beneficio del Uruguay el área Número Uno, porque en el Plata medio la línea del “thalweg” corre al occidente de la línea media y por tanto al Uruguay le correspondería en el lecho un área mayor que la licitada (...). (11)

En enero de 1969 tuvo lugar la reunión del grupo de trabajo argentino-uruguayo en la ciudad de Montevideo, pero una disputa sobre los derechos territoriales en el islote llamado por la Argentina Punta Bauzá, y por Uruguay Timoteo Domínguez agravó la crisis provocada por el límite en el río de la Plata y derivó en la interrupción de las conversaciones el 16 de enero. (12) Estas se reanudaron cuando el presidente Onganía ordenó la evacuación del islote Punta Bauzá, decisión que las autoridades uruguayas retribuyeron con la concurrencia del presidente Pacheco Areco a la celebración del 25 de mayo de 1810 en la sede de la embajada argentina. (13)
Finalmente, a fines de 1969 se reinició la actividad del grupo de trabajo con otro enfoque de la tarea (abandonar los intentos de fijar líneas divisorias y buscar soluciones prácticas por tipo de actividad). A partir de ese momento, y durante varios años se dieron numerosas reuniones en Buenos Aires y Montevideo en las que se analizaron, actividad por actividad, los usos que se daban al río, sin considerar los aspectos limítrofes.

Presidente Jorge Pacheco Areco (Uruguay)

En marzo de 1970, tuvo lugar, de acuerdo con el sistema de entrevistas establecido en 1968, un nuevo encuentro entre los presidentes Onganía y Pacheco Areco. Los mandatarios viajaron en el yate presidencial argentino Tacuara y aprovecharon la ocasión para tratar la cuestión de concretar el antiguo anhelo de unir las dos riberas del río Uruguay con puentes internacionales. Las conversaciones se centraron en cuatro temas: a) el problema del estancamiento del proyecto energético de Salto Grande -que inquietaba al gobierno uruguayo, pero que no se podía solucionar mientras la gestión de Onganía concentrara sus esfuerzos en la construcción de El Chocón-; b) la exploración en busca del petróleo en el lecho del río de la Plata; c) el financiamiento externo para el desarrollo de los programas del Tratado de la Cuenca del Plata, y d) las posibilidades de complementación industrial. (14)
Como resultado de este encuentro, ambos mandatarios firmaron el día 15 de marzo de 1970, la llamada “Declaración del Río Uruguay” cuyos puntos más salientes fueron: a) la decisión de intensificar la negociación respecto de la cuestión limítrofe en torno de la delimitación del río de la Plata y de no entorpecer las actividades pesqueras en dicha área, otorgando a los pesqueros argentinos y uruguayos facilidades provisorias hasta que se llegase a un arreglo; b) el compromiso de estudiar la posibilidad de un convenio para la explotación petrolífera en aguas del Río de la Plata; c) la decisión de acelerar la interconexión eléctrica como paso previo al objetivo de integración energética de la Cuenca del Plata mencionado en el Acta de Santa Cruz de la Sierra; y d) el aceleramiento de los trámites pendientes para la ratificación de un acuerdo sobre uso pacífico de la energía nuclear suscripto entre los dos países. (15)
Al año siguiente, en febrero de 1971, el presidente Levingston realizó una visita a Uruguay, suscribiendo el día 18 junto a Pacheco Areco la Declaración de San Juan. Este documento anunciaba: a) la continuación de las gestiones encaminadas a negociar el problema de la jurisdicción limítrofe en el río de la Plata; b) las medidas de integración física y económica entre ambos países, y c) los proyectos de interconexión eléctrica y cooperación científica argentino-uruguaya. Levingston respaldó implícitamente la gestión de Pacheco Areco, en vísperas de las elecciones presidenciales uruguayas, al prometer ayuda económica: desgravaciones a productos exportables uruguayos y un crédito de 20 millones de pesos para que los uruguayos construyeran la represa de El Palmar. (16)
Los temas en ese entonces más ríspidos de la agenda bilateral -la actitud a adoptar frente al terrorismo regional y el entredicho del islote Punta Bauzá o Timoteo Domínguez- no fueron tocados en esta visita. En el primer caso, vale recordar que la representación uruguaya había votado en la reunión de enero-febrero de 1971 una posición en la OEA que limitaba la cuestión a la protección frente a secuestros de diplomáticos, mientras la delegación argentina había sido partidaria de una postura más “dura” que abarcaba medidas anti-terroristas de amplio alcance. No obstante, la posición “flexible” adoptada por la Cancillería uruguaya, no parecía ser un problema para las autoridades del Palacio San Martín, quienes decidieron que durante la visita de Levingston a tierra oriental no se tocara un tema en el que, tarde o temprano, las autoridades de Montevideo terminarían orientándose hacia la posición “dura” liderada por la Argentina y Brasil. Con respecto a la segunda cuestión -el entredicho sobre Punta Bauzá- primó entre las autoridades de ambas cancillería la actitud de “continuar los trabajos sobre problemas jurisdiccionales en el Río de la Plata”. (17)
En julio de 1971 tuvo lugar la visita del presidente Jorge Pacheco Areco a la Argentina, ya en época del gobierno del general Lanusse. El primer mandatario uruguayo expresó que las dos naciones se hallaban unidas ante el enemigo común: la violencia planificada. El saldo más importante de la visita de Pacheco Areco fue la firma, por parte de los cancilleres argentino y uruguayo, Luis María de Pablo Pardo y José A. Mora Otero, de cuatro documentos: la “Declaración Argentino-Uruguaya sobre Recurso Agua”, el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Derecho del Mar”, el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Energía Hidroeléctrica” y el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Cooperación Económica e Intercambio Comercial”.
En la “Declaración Argentino-Uruguaya sobre Recurso Agua”, se establecía el siguiente compromiso: 1) la utilización de los recursos naturales en forma equitativa y razonable; 2) la prohibición de cualquier forma de contaminación de los ríos internacionales y afluentes y la preservación de las zonas ecológicas; 3) el reconocimiento del principio argentino de consulta previa a los Estados interesados en el caso de que un Estado miembro de la Cuenca del Plata se proponga un aprovechamiento de los recursos hídricos; 4) la obligación, por parte de este mismo Estado miembro, de comunicar a los otros Estados los posibles perjuicios del proyecto; y 5) la utilización de la Comisión Técnica Mixta Argentino-Uruguaya como instancia para la resolución de diferendos bilaterales. A su vez, en el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Derecho del Mar”, se reiteró la adhesión al principio del límite de soberanía marítima de 200 millas, ratificando los principios enunciados en la Declaración de Montevideo sobre Derecho del Mar. En el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Energía Eléctrica, se acordaba el aporte argentino a la obra de El Palmar y se establecía el compromiso de estimular obras hidroeléctricas y de interconexión eléctrica entre la Argentina y Uruguay. Finalmente, en el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Cooperación Económica e Intercambio Comercial”, se expresaba la común voluntad de alcanzar una estrecha complementación en materia económica. (18)

NOTAS

Dentro del Consejo Nacional de Gobierno del Uruguay, votaron a favor de la continuación de relaciones diplomáticas con el gobierno argentino todos los miembros de la mayoría nacionalista y el consejero de la minoría colorada de la oposición, doctor Augusto Legnani. Lo hicieron en contra los otros dos consejeros colorados, Alberto Abdala y Amílcar Vasconcellos. “Resolvió continuar las relaciones con la Argentina el gobierno del Uruguay”, La Razón, 8 de julio de 1966, p. 1.

“Actúa la Comisión Interministerial para Salto Grande”, La Nación, 13 de septiembre de 1966, p. 7.

J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 170; y José María Rosa, “El Río de la Plata: diálogo o polémica?”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio de 1969, p. 126.

Texto de la declaración conjunta de los presidentes argentino y uruguayo en La Nación, 9 de julio de 1968, pp. 1 y 16.

Textos de los convenios firmados por los cancilleres argentino y uruguayo citados en La Nación, 9 de julio de 1968, p. 16.

Clarín, 23 de septiembre de 1968, pp. 15 y 17.

Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 6 de diciembre de 1968, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino con motivo del entredicho planteado con el Uruguay en 1968”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio 1969, p. 139.

Declaración de la Cámara de Representantes uruguaya del 13 de diciembre de 1968, citada en “El problema en el Congreso uruguayo”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio 1969, p. 149.

“Expresiones vertidas en el Senado”, en “El problema en el Congreso uruguayo”, op. cit., pp. 149-150.

Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 17 de enero de 1969, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino...”, op. cit., pp. 139-140.

“La licitación del petróleo”, editorial del diario uruguayo Acción, 11 de febrero de 1969, citado en “Editoriales de la prensa uruguaya”, Estrategia, Nº 1, mayo-junio 1969, pp. 170-171.

Respecto de este incidente, sostiene un comunicado de prensa de la Cancillería argentina del 21 de enero de 1969:

(...) En cuanto a la punta Bauzá, ella consiste en una formación aluvional de tierras adyacentes y accesorias de la isla de Martín García, sobre la cual Argentina ejerce una soberanía indiscutible y efectiva. Colocar pantallas u otros elementos sobre Bauzá es tan impropio como lo sería por parte de la Argentina efectuar actos similares en tierras que, por la acción de las aguas, se han venido a agregar a las islas o a las costas del Uruguay (...).

Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 21 de enero de 1969, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino...”, op. cit., p. 141. Por su parte, La Nación, del 3 de enero de 1969, en su editorial “Los derechos argentinos en el Plata”, adoptó una posición muy dura sobre el problema, sosteniendo que

(...) nada puede negociarse sino sobre la base del status existente. Admitir en este sentido la división del Plata en dos partes iguales significaría renunciar a derechos ejercidos soberanamente por la Argentina aun antes de 1828 y poner nada menos que el control del puerto de Buenos Aires y la entrada del Paraná bajo jurisdicción extranjera.

Consecuentemente con ello la Argentina ejerce derechos territoriales sobre la isla Martín García y la formación aluvional que la ha accedido desde hace unos cuatro años y que es llamada Punta Bauzá. A esta sedimentación el Uruguay ha resuelto llamarla isla Timoteo Domínguez, desvinculándola de un hecho natural y jurídico que favorece a la Argentina. No tiene, pues, ningún asidero la afirmación de que la marina argentina “ha desembarcado” efectivos en Punta Bauzá. (...)

Formulamos votos sinceros por la superación de un episodio que en nada favorece a los dos países, pero en el cual la Argentina no puede adoptar otra postura que la de sostener con firmeza derechos soberanos.

Editorial “Los derechos argentinos en el Plata”, La Nación, 3 de enero de 1969, citado en “Editoriales de la prensa argentina”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio de 1969, pp. 153-154.

La Nación, 27 de mayo de 1969, pp. 1 y 10.

Ver al respecto el editorial “La alegoría de los puentes”, La Nación, 19 de marzo de 1970, p. 8.

Texto de la Declaración del Río Uruguay o comunicado conjunto argentino-uruguayo, firmado por Onganía y Pacheco Areco el 15 de marzo de 1970, citado en La Nación, 16 de marzo de 1970, pp. 1 y 6, en La Nación (una selección de la semana), 16 de marzo de 1970, pp. 1 y 8, y en “Documentos. Declaración del Río Uruguay. Reunión Onganía-Pacheco Areco”, Estrategia, Nº 6, marzo-baril 1970, pp. 142-144. Ver también G. Bra, op. cit., p. 82.

Texto de la Declaración de San Juan o declaración conjunta de los presidentes Levingston y Pacheco Areco, citado en La Nación, 19 de febrero de 1971, pp. 1 y 16 y La Nación, (una selección de la semana), 23 de febrero de 1971, pp. 1 y 5. Ver también editoriales “Principales temas de la Declaración de San Juan”, La Nación, 18 de febrero de 1971, p. 10 y “Profundo análisis de la subversión”, La Nación, 18 de febrero de 1971, pp. 1 y 20.

“Reuniones. Juguemos a las visitas”, Panorama, Año VIII, Nº 200, Buenos Aires, 23 de febrero al 1º de marzo de 1971, p. 10.

Texto de los acuerdos firmados por los cancilleres argentino y uruguayo, citados en “Nuevos acuerdos con el Uruguay”, La Nación, 10 de julio de 1971, pp. 1 y 9.

Aclaración: Las obras citadas (op. cit.) que no se mencionan explícitamente en este listado de citas, se encuentran en las páginas inmediatamente anteriores. Para ello, haga un click en el botón "Anterior". También puede utilizar la opción "Búsqueda" , ingresando el nombre del autor de las obras respecto de las cuales se requiere información.

Argentina frente a los fondos buitre.

internacional

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, se reunió con el presidente del Uruguay, José Mujica, a quien le agradeció por el firme apoyo y solidaridad que expresó en relación a la postura de la Argentina frente a los fondos buitre. También dialogó con su par, Eleuterio Huidobro.

Durante la reunión, el Presidente del Uruguay reiteró su respaldo para con el país en la cuestión Malvinas, en la que ambas naciones coincidieron en rechazar el acrecentamiento militar por parte de Gran Bretaña en el Atlántico Sur. En ese contexto, Rossi afirmó: “Junto a los países de la región hemos definido al Atlántico Sur como una zona de paz”.

El encuentro de Rossi con Mujica se dio en el marco de la visita oficial a su colega, Eleuterio Fernández Huidobro, con quien mantuvo una reunión de trabajo y en la que ambos funcionarios rubricaron una declaración conjunta que incluyó los principales temas de la agenda bilateral. Entre otros puntos, se resaltó la importancia del Consejo Suramericano de Defensa (CDS); el seminario de recursos naturales celebrado en Buenos Aires; ciencia y tecnología; radarización; industria aeronaútica; la Ciberdefensa; y la experiencia en asistencia ante emergencias.

En el Ministerio de Defensa Nacional, en la capital uruguaya, Rossi expresó: “Argentina y Uruguay tienen una agenda de trabajo en términos de Defensa muy positiva. La de hoy es la tercera reunión y complementan el trabajo que se hace en la región”. Y agregó: “En el marco del Consejo de Defensa Suramericano ambos países coincidimos plenamente acerca de la dirección que deben seguir las políticas de defensa”.

La primera dama uruguaya, Lucía Topolansky, dijo hoy, tras la reunión entre su esposo, el presidente José Mujica, y la presidente Cristina Kirchner, que su país “no puede estar peleado con la Argentina”.

Las declaraciones de Topolansky tuvieron lugar un día después del encuentro de la presidente Cristina Kirchner y su par uruguayo, José Mujica, en la Habana, Cuba, donde los mandatarios participaron de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Allí, acordaron relanzar el diálogo tras roces por las trabas comerciales y el aumento de la producción de la pastera Botnia.

“Siempre que hay encuentros se puede sacar algo positivo, pienso yo como cuestión genérica. Si los que estamos en el mismo barco de Latinoamérica no conversamos se hace complicado”, agregó la senadora uruguaya en diálogo con radio La Red.

Asimismo, argumentó “la mayor preocupación de Uruguay es la medida que afectó a los puertos y a algunas importaciones que están trancadas. Eso es lo que más nos impacta sobre el mundo del trabajo”.

“Los que transitamos los grandes ríos de acceso al corazón del continente y toda la zona de navegación del sur de Sudamérica tenemos que estar integrados, no podemos estar peleados porque entonces esa navegación incluso le trae más costos a la propia Argentina” concluyó.

Sobre el encuentro entre ambos presidentes, el canciller argentino Héctor Timerman informó que ambos presidentes “acordaron establecer una mesa de trabajo en donde se incluyan todos los temas que se deben dialogar entre ambos países, a todo nivel, donde cada país pueda incluir temas bilaterales, regionales, comerciales, industriales”.

*Mujica y los elogios de la derecha mundial*.

*URUGUAY
  
*Ahora le toca el turno a Vargas LLosa*
El ejemplo uruguayo
Por *Mario Vargas
Llosa
|  (en el diario LA NACION, de Argentina)


Ha hecho bien *The **Economist *en declarar a Uruguay el país del año y en
calificar de admirables las dos reformas liberales más radicales tomadas en
2013 por el gobierno del presidente José Mujica: el matrimonio gay y la
legalización y regulación de la producción, la venta y el consumo de la
marihuana.
Es extraordinario que ambas medidas, inspiradas en la cultura de la
libertad, hayan sido adoptadas por el gobierno de un movimiento que en su
origen no creía en la democracia sino en la revolución marxista leninista y
el modelo cubano de autoritarismo vertical y de partido único. Desde que
subió al poder, el presidente José
Mujica,
que en su juventud fue guerrillero tupamaro, asaltó bancos y pasó muchos
años en la cárcel, donde fue torturado durante la dictadura militar, ha
respetado escrupulosamente las instituciones democráticas -la libertad de
prensa, la independencia de poderes, la coexistencia de partidos políticos
y las elecciones libres- así como la economía de mercado, la propiedad
privada y alentado la inversión extranjera.
Esta política del anciano y simpático estadista que habla con una
sinceridad insólita en un gobernante aunque ello le signifique meter la
pata de cuando en cuando, vive muy modestamente en su pequeña chacra de las
afueras de Montevideo y viaja siempre en segunda clase en sus viajes
oficiales, ha dado a Uruguay una imagen de país estable, moderno, libre y
seguro, lo que le ha permitido crecer económicamente y avanzar en la
justicia social al mismo tiempo que extendía los beneficios de la libertad
en todos los campos, venciendo las presiones de una minoría recalcitrante
de la alianza.
Hay que recordar que Uruguay, a diferencia de la mayor parte de los países
latinoamericanos, tiene una antigua y sólida tradición democrática, al
extremo de que, cuando yo era niño, se llamaba al país oriental "la Suiza
de América" por la fuerza de su sociedad civil, el arraigo de la legalidad
y unas fuerzas armadas respetuosas de los gobiernos constitucionales.
Además, sobre todo después de las reformas del "batllismo", que reforzaron
el laicismo y desarrollaron una poderosa clase media, la sociedad uruguaya
tenía una educación de primer nivel, una muy rica vida cultural y un
civismo equilibrado y armonioso que era la envidia de todo el continente.
Yo recuerdo la impresión que significó para mí conocer Uruguay hacia
mediados de los años 60. No parecía uno de los nuestros ese país donde las
diferencias económicas y sociales eran mucho menos descarnadas y extremas
que en el resto de América latina y en el que la calidad de la prensa
escrita y radial, sus teatros, sus librerías, el alto nivel del debate
político, su vida universitaria, sus artistas y escritores -sobre todo, el
puñado de críticos y la influencia que ejercían en los gustos del gran
público- y la irrestricta libertad que se respiraba por doquier lo
acercaban mucho más a los más avanzados países europeos que a sus vecinos.
Allí descubrí el semanario *Marcha *, una de las mejores revistas que he
conocido, y que se convirtió para mí desde entonces en una lectura
obligatoria para estar al tanto de lo que ocurría en toda América latina.
Sin embargo, ya en aquel tiempo había comenzado a deteriorarse esa sociedad
que daba al forastero la impresión de estar alejándose cada vez más del
Tercer Mundo y acercándose cada vez más al Primero. Porque, pese a todo lo
bueno que allí ocurría, muchos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, sucumbían
a la fascinación de la utopía revolucionaria e iniciaban, según el modelo
cubano, las acciones violentas que destruirían aquella "democracia
burguesa" para reemplazarla no por el paraíso socialista sino por una
dictadura militar de derecha que llenó las cárceles de presos políticos,
practicó la tortura y obligó a exiliarse a muchos miles de uruguayos. El
drenaje de talento y de sus mejores profesionales, artistas e intelectuales
que padeció el Uruguay  en
aquellos años fue proporcionalmente uno de los más críticos que haya vivido
en la historia un país latinoamericano. Sin embargo, la tradición
democrática y la cultura de la legalidad y la libertad no se eclipsó del
todo en aquellos años de terror y, al caer la dictadura y restablecerse la
vida democrática, florecería de nuevo, con más vigor y, se diría, con una
experiencia acumulada que sin duda ha educado tanto a la derecha como a la
izquierda, vacunándolas contra las ilusiones violentistas del pasado.
De otro modo no hubiera sido posible que la izquierda radical que con el
Frente Amplio y los tupamaros llegara al poder, diera muestras, desde el
primer momento, de un pragmatismo y espíritu realista que ha permitido la
convivencia en la diversidad y profundizado la democracia uruguaya en lugar
de pervertirla. Ese perfil democrático y liberal explica la valentía con
que el gobierno del presidente José Mujica ha autorizado el matrimonio
entre parejas del mismo sexo y convertido a Uruguay en el primer país del
mundo en cambiar radicalmente su política frente al problema de la droga,
crucial en todas partes, pero de una agudeza especial en América latina.
Ambas son reformas muy profundas y de largo alcance que, en palabras de The
Economist, "pueden beneficiar al mundo entero".
El matrimonio entre personas del mismo sexo, ya autorizado en varios países
del mundo, tiende a combatir un prejuicio estúpido y a reparar una
injusticia por la que millones de personas han padecido (y siguen
padeciendo en la actualidad), injusticias y discriminación sistemática,
desde la hoguera inquisitorial hasta la cárcel, el acoso, marginación
social y atropellos de todo orden. Inspirada en la absurda creencia de que
hay solo una identidad sexual "normal" -la heterosexual- y que quien se
aparta de ella es un enfermo o un delincuente, homosexuales y lesbianas se
enfrentan todavía a prohibiciones, abusos e intolerancias que les impiden
tener una vida libre y abierta, aunque, felizmente, en este campo, por lo
menos en Occidente, se han ido desmoronando los prejuicios y tabúes
homofóbicos y reemplazándolos la convicción racional de que la opción
sexual debe ser tan libre y diversa como la religiosa o la política, y que
las parejas homosexuales son tan "normales" como las heterosexuales. (En un
acto de pura barbarie, el Parlamento de Uganda acaba de aprobar una ley
estableciendo la cadena perpetua para todos los homosexuales.)
Respecto de las drogas, prevalece todavía en el mundo la idea de que la
represión es la mejor manera de enfrentar el problema, pese a que la
experiencia ha demostrado hasta el cansancio que no obstante la enormidad
de recursos y esfuerzos que se han invertido en reprimirlas, su fabricación
y consumo siguen aumentando por doquier, engordando a las mafias y la
criminalidad asociada al narcotráfico. Este es en nuestros días el
principal factor de la corrupción que amenaza a las nuevas y a las antiguas
democracias y va cubriendo las ciudades de América latina de pistoleros y
cadáveres.
¿Será exitoso el audaz experimento uruguayo de legalizar la producción y el
consumo de la marihuana? Lo
sería mucho más sin ninguna duda si la medida no quedara confinada en un
solo país (y no fuera tan estatista) sino comprendiera un acuerdo
internacional del que participaran tanto los países productores como
consumidores. Pero, aun así, la medida va a golpear a los traficantes y por
lo tanto a la delincuencia derivada del consumo ilegal y demostrará a la
larga que la legalización no aumenta notoriamente el consumo sino en un
primer momento, aunque luego, desaparecido el tabú que suele prestigiar a
la droga ante los jóvenes, tienda a reducirlo. Lo importante es que la
legalización vaya acompañada de campañas educativas -como las que combaten
el tabaco o explican los efectos dañinos del alcohol- y de rehabilitación,
de modo que quienes fuman marihuana lo hagan con perfecta conciencia de lo
que hacen, al igual que ocurre hoy día con quienes fuman tabaco o beben
alcohol.
La libertad tiene sus riesgos y quienes creen en ella deben estar
dispuestos a correrlos en todos los dominios, no sólo en el cultural, el
religioso y el político. Así lo ha entendido el gobierno uruguayo y hay que
aplaudirlo por eso. Ojalá otros aprendan la lección y sigan su ejemplo.

El Gobierno uruguayo aseguró que el “vínculo energético” con la Argentina es “excelente”, y confirmó la venta de electricidad al país, ante el crecimiento de la demanda y la multiplicación de cortes en el suministro.

Así lo señaló el director nacional de Energía del país vecino, Ramón Méndez. “La temática energética ha venido funcionado y lo hace en la actualidad espectacularmente bien. Eso es lo que sucede siempre. No es la primera vez que ante un déficit importante en Argentina, Uruguay ha enviado volúmenes muy importantes de energía respecto a su sistema”, enfatizó el funcionario.

Según publicó este martes el diario El Observador, de Montevideo, Méndez resaltó además que “el vínculo energético con la Argentina es excelente. Sabemos que tiene un déficit de gas y lo tendrá por muchos años más. La posibilidad de que Uruguay venda gas terminará de ratificarse con un contrato”.

De acuerdo con datos de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) del Uruguay, ese país le vendió ayer hasta 500 megawatts/hora (MWh) a la Argentina.

“Debido a la alta demanda en el sistema eléctrico, Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima) solicitó todo el parque térmico disponible en Uruguay”, informó ADME en su página web.

Los presidentes latinoamericanos deberían reconocer que fue una barbaridad integrar la Minustah.

HAITÍ
Entrevista a Henry Boisrolin del Comité Democrático Haitiano 

por Mario Hernández

Henry Boisrolin.
Mario Hernandez (MH): Estamos en comunicación con Henry Boisrolin con quien compartí hace un mes una actividad en la ciudad de Montevideo junto al senador Jean Charles Möise, que realizaron una serie de gestiones por el retiro de las tropas uruguayas de Haití. Hace pocos días atrás el presidente Mujica comunicó la decisión de retirar el contingente uruguayo en febrero.
¿Qué información tenés de esta noticia difundida por La República, incluso haciendo referencia a la reunión mantenida por Uds. con el presidente uruguayo?

Henry Boisrolin (HB): Hay distintas versiones de la presentación hecha por Mujica en un Consejo de Ministros. Una es la que mencionaste, en Haití se comenta que Mujica dio un ultimátum al presidente Martelly que en caso de no realizar elecciones, Uruguay se retiraría en el plazo de tres meses, lo que implica una condición. Hay una tercer versión que vincula esta decisión uruguaya a la voluntad de retirarse de Brasil y Bolivia que ha prorrogado la permanencia por seis meses en vez de un año porque van a llamar a una reunión legislativa para examinar el retiro. Significa que estamos en un momento bastante delicado donde hay que manejarse con prudencia frente a esta catarata de informaciones contradictorias.

MH: Te voy a agregar una cuarta versión. Estuve la semana pasada en Río Cuarto (Córdoba) participando del II Encuentro Latinoamericano de Pensamiento Crítico y tuve la oportunidad de encontrarme con el economista uruguayo Antonio Elías, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA) quien también participó de la delegación haitiana en Uruguay y me decía que el retiro de las tropas uruguayas estaba condicionado a que lo hiciera Brasil.

HB: Esta última versión se complementa con que unos días antes de la declaración de Mujica estuvo en Montevideo el canciller de Brasil muy enojado planteando que se retirarían por violaciones a la Constitución haitiana, el tema electoral, etc.

MH: También hubo gestiones en Brasil de dirigentes políticos opositores de tu país.

HB: Lo cierto es que se ha puesto en agenda algo que antes no se discutía. Es el primer dato objetivo de la realidad.
Para hacer un análisis político no podemos dejar de ver la resistencia permanente y continua in crescendo del pueblo haitiano en contra de la ocupación desde los primeros instantes. Nadie puede negarlo y eso tiene su peso a la hora de tomar esas ?decisiones? de salida de Brasil y Uruguay.

MH: Yo estaba presente cuando en la reunión con el canciller uruguayo Almagro Uds. le advirtieron que iban a haber movilizaciones muy importantes y las tropas de la Minustah se iban a ver obligadas a reprimir.

HB: Que iban a tener un costo político que pagar. Un segundo elemento es que no pueden salir diciendo que durante nueve años se han mandado macanas, que fue un error, etc. Para mí están buscando un pretexto para salir con la frente un poquito alta.
Está el tema del cólera, de las violaciones de niños, de la represión, de las medidas arbitrarias, dictatoriales que están tomando miembros del gobierno de Martelly. Es una situación bastante incómoda, además de las movilizaciones que se están dando en este momento, casi diarias, pidiendo la renuncia de Martelly y el retiro de la Minustah.
Hoy estaban interpelando en el Senado a tres ministros, los de Justicia, Defensa y RR. EE. La Constitución haitiana dice que en caso de interpelación tiene que terminar con un voto de confianza o de censura. La idea sería dar este último, lo que significa la remoción de los ministros. El próximo paso será interpelar al Primer Ministro, el Jefe de Gobierno. Hacen falta 16 votos, No creo que los reúnan, pero de cualquier manera es una situación bastante crítica.
También llamaron a los partidos políticos para anotarse en las elecciones y los principales grupos políticos como Lavalas, OPL, etc., no se han presentado sino un montón de grupúsculos que apoyan a Martelly. La razón fundamental es que no pueden haber elecciones sin Ley electoral, cosa que no existe, porque Martelly sostiene que es la de 2008, desconociendo la Constitución posterior y actualmente en vigor, que no es compatible.
Acá hay una maniobra clara y eso es lo que están cuestionando los brasileros y uruguayos. Se agarran de este hecho para justificar su retiro. Una decisión que aparentemente tiene un contado de chantaje hacia el gobierno haitiano pero también hacia el pueblo. Parece que estuvieran diciéndonos: fuimos a ayudarlos a consolidar las instituciones democráticas, pero frente a la resistencia de los gobernantes haitianos, nos retiramos.
Estamos frente a un escenario complejo, que se ensucia día a día, al mismo tiempo que no respetan la dignidad del pueblo haitiano. Por eso al comenzar te decía que hay que tener prudencia para analizar estos anuncios y también ver realmente qué va a pasar cuando vuelva a su actividad Cristina Kirchner, qué posición asumirá Argentina.


MH: Que tiene el otro contingente más numeroso junto con Brasil.
HB: Y que suministra a la Minustah el único hospital que tienen en Haití.
Exigimos el retiro de todas las tropas de manera incondicional
MH: mencionaste el tema del cólera y estuve leyendo unas declaraciones de funcionarios de la ONU que son vergonzosas en relación a una presentación reclamando indemnizaciones para los afectados.
HB: La ONU se niega porque no acepta reconocer su responsabilidad.
MH: Aunque está probada.
HB: Absolutamente, por distintos estudios realizados por científicos internacionales que fueron a Haití. También de universidades norteamericanas concluyeron lo mismo. No hay ninguna duda pero no lo reconocen.
MH: Que el cólera fue introducido por soldados nepaleses miembros de la Minustah.
HB: Exactamente. Y lo más grave es que son más de 8000 muertos y 600.000 personas infectadas. Son cosas muy graves. A mí me gustaría escuchar a los presidentes latinoamericanos reconociendo que fue una barbaridad integrar la Minustah y ver de qué manera poder sentarse con los haitianos, de forma mutuamente respetuosa, para hablar de solidaridad, no de ayuda porque da la idea de caridad.
Solidaridad significa comprensión igualitaria de los problemas de quien está en frente mío, de sus problemas, y ver cómo podemos solucionarlos. Cuando vos decidís lo que yo necesito es una visión imperial, paternalista. Eso no conviene al pueblo haitiano. Además, no puede haber ayuda ni solidaridad sin que recobremos nuestra soberanía y derecho a la autodeterminación. Será a partir de ahí que podremos sentarnos a una mesa y definir nuestras prioridades, en caso contrario, los demás lo harán desarrollando programas como el Pro-huerta, cloacas o construir un hospital un día, prestar plata, dar becas, pero eso no es lo que necesita el pueblo haitiano sino, en primer lugar, que respeten su dignidad, su soberanía y su derecho a autodeterminarse. Eso para nosotros no es negociable.
En primer lugar, exigimos el retiro de todas las tropas de manera incondicional. No porque estemos en contra de Martelly vamos a aceptar que el presidente Mujica dé un ultimátum. Más allá que Martelly haya sido elegido ilegalmente. No queremos que nadie se meta en nuestros asuntos internos. Ese principio es sagrado y va en línea directa a la lucha por nuestra independencia y a nuestros héroes, sobre todo, Dessalines.
Lo repito, analizamos con prudencia, no cantamos victoria, sería bueno que las tropas se retiraran pero queremos verlo en los hechos.

El gobierno uruguayo hizo pública la respuesta al gobierno argentino tras el comunicado emitido por el canciller Timerman.

La respuesta de Uruguay:

Montevideo, 16 de octubre de 2013.

Señor Ministro,

Tengo el honor de dirigirme al Señor Ministro con el fin de hacer referencia a su Nota de fecha 15 de octubre del presente año, relacionada con la solicitud de incremento de la producción anual de celulosa de la Planta Orión de UPM y con las gestiones realizadas por el Gobierno uruguayo para concretar su autorización a través de los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay.

Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales, particularmente las contraídas a través del Estatuto del Río Uruguay, y ha procedido en forma respetuosa con la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 en el caso de las Papeleras sobre el Río Uruguay.

Uruguay presentó su solicitud precisamente a través de los artículos 7 al 12 del mencionado Estatuto y procedió a autorizar el incremento cuando ya habían vencido los plazos allí establecidos, después de transcurridos más de 390 días desde el inicio del procedimiento.

Asimismo, Uruguay no ha roto unilateralmente el diálogo, sino que se ha pronunciado a favor de la continuación del mismo y ha hecho propuestas en tal sentido, a las que me remitiré posteriormente. También, es necesario señalar de manera enfática que los resultados de los análisis del monitoreo conjunto, que son los mismos con los que cuentan ambos países, demuestran sin ambigüedades que la Planta Orión de UPM no contamina.

Estos resultados son coincidentes con los que viene realizando la autoridad medioambiental uruguaya desde el inicio de las operaciones de la planta en el año 2007. Al respecto, me permito anexar a esta Nota el informe que he solicitado a los miembros uruguayos del Comité Científico sobre este tema en particular.

En relación al trámite de la autorización del incremento, me permito señalar que la empresa presentó su solicitud ante las autoridades nacionales competentes conforme a la normativa aplicable, habiendo dichos organismos analizado la viabilidad medioambiental del proyecto.

El 15 de marzo de 2012, de acuerdo a lo que dispone el primer párrafo del artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay, la Delegación Uruguaya ante la CARU -a través de la Nota CARU 63/12-, presentó ante dicha Comisión la solicitud de incremento de la producción de la Planta Orión de UPM de 1.000.000 a 1.300.000 ADT por año.

Esta solicitud fue acompañada del correspondiente informe de la División de Control y Desempeño Ambiental de la DINAMA, donde se analizan las diferentes características del proyecto y se concluye que “no se prevé que existan impactos negativos residuales de significación en caso que se acceda a lo solicitado por la empresa, en lo que refiere a permitir una producción anual de 1.300.000 ton de ADT/año y con un limite máximo que no exceda el 5%, de mantenerse vigentes las condiciones ya impuestas por las autorizaciones ambientales previamente otorgadas y se instrumenten las medidas de mitigación planteadas por la empresa”.

La solicitud fue analizada en la Sesión Extraordinaria de la CARU llevada a cabo el día 16 de abril, donde la Delegación Argentina se pronunció en contra de aprobar el pedido formulado, tal como lo recoge el Acta 03/12 de la misma fecha, prejuzgando sobre el proyecto y anticipando su oposición al mismo. Ese mismo día, y de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 7 del Estatuto, la Delegación Uruguaya, -a través de la Nota CARU 90/12-, solicitó en nombre del Estado uruguayo que se notificara al Estado argentino la mencionada solicitud de ampliación de la producción de la empresa UPM.

Dicha notificación incluyó documentos anexos conteniendo los aspectos esenciales del proyecto y otros detalles técnicos para permitir a las autoridades argentinas evaluar el efecto probable de la obra en la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas.

Dentro del plazo previsto en el artículo 8 del Estatuto, la Delegación Argentina hizo saber que a su juicio la documentación presentada resultaba incompleta, lo que motivó que Uruguay remitiera, el 21 de septiembre de 2012 -a través de la Nota CARU 241/12-, información adicional a la inicialmente remitida.

En la referida Nota, la Delegación Uruguaya dejaba constancia que de esta manera se entregaba “la documentación completa del proyecto”. No obstante, también señalaba que por razones de cortesía, transparencia y buena fe, “si la República Argentina lo entiende necesario, Uruguay estaría dispuesto a responder las preguntas adicionales que pudieran surgir”.

El 28 de diciembre de 2012, y ante un nuevo pedido formulado por la República Argentina, Uruguay entregó informaciones complementarias para facilitar que Argentina diera cumplimiento a lo que establece el artículo 8 del Estatuto y se expidiera sobre el proyecto que le fuera notificado, aun cuando la documentación ya presentada contenía elementos suficientes para ello.

En suma, este conjunto de informaciones aportadas en tres instancias sucesivas, constituye una base documental más que razonable para que el Estado argentino pueda evaluar los probables efectos del proyecto.

Los datos allí contenidos satisfacen claramente el requerimiento de proporcionar información sobre “los aspectos esenciales de la obra”, previsto en el párrafo tercero del artículo 7 del Estatuto, y el criterio de “la información más amplia posible”, al que refiere el artículo 113 de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

En base a estas informaciones, la República Argentina estaba en condiciones de comunicar al Estado uruguayo cuales eran los aspectos del proyecto que podrían causar un perjuicio sensible a la navegación, al régimen del Río o a la calidad de sus aguas, las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones sugeridas al mismo.

Sin embargo, la Delegación Argentina ante la CARU continuó realizando sucesivos pedidos de información cuyo efecto no fue otro que el de obstaculizar el transcurso de los plazos previstos en las mencionadas normas, los que resultan de imperativo cumplimiento.

Esta práctica desnaturaliza un mecanismo que tiene como objeto la consulta y el intercambio informativo. Es notorio que la posición de la Delegación Argentina ante la CARU, al rechazar sin más la solicitud uruguaya en la Sesión Extraordinaria de la CARU realizada el día 16 de abril del pasado año, prejuzgaba ya sobre la misma, anticipaba su rechazo y vaciaba de utilidad el posterior intercambio informativo a través un mecanismo que, tal como lo afirma la Corte Internacional de Justicia en el párrafo 113 de su Sentencia, tiene como finalidad la de crear -a partir de la notificación del proyecto-, las condiciones para una cooperación fructífera entre las Partes, permitiéndoles evaluar los impactos del proyecto en el río y negociar, si fuera necesario, los ajustes requeridos para evitar los eventuales perjuicios que pudiera causar.

Durante el transcurso de los plazos establecidos en los artículos 8 y 12 del Estatuto, la Delegación Argentina continuó efectuando reiterados pedidos de ampliación de información, pero no opuso una objeción formal al proyecto. Para Uruguay no es aceptable que, mediante esta práctica, el derecho a la información con el que cuentan las Partes conforme a los artículos 7 a 12 del Estatuto, se vea transformado en un derecho de veto implícito sobre los proyectos que se llevan a cabo en el territorio de la otra Parte.

Ello constituiría una flagrante violación de lo establecido en los párrafos 153 a 155 de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 y contrario a la naturaleza, el objeto y el espíritu del Estatuto del Río Uruguay.

El párrafo 155 de la referida Sentencia consagra en forma expresa que, luego de haberse recurrido al mecanismo de consulta de los artículos 7 a 12 y aún en el caso de subsistir entre las Partes opiniones discrepantes, el país que proyecta puede autorizar dicho proyecto bajo su responsabilidad.

Conforme a ello, a través de la Resolución 1334/2013, de fecha 2 de octubre del presente año, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay autorizó inicialmente a la empresa UPM a utilizar la capacidad instalada de la planta Orión hasta un volumen máximo anual de 1.2000.000 ADT (un millón doscientos mil toneladas secas al aire por año), con una variación que no exceda del 5% (cinco por ciento) del incremento del volumen anual que se autoriza en esa Resolución.

El volumen de este incremento es inferior al que fuera presentado en la solicitud ante la CARU en marzo del 2012 y está sujeto al cumplimiento de las mejoras medioambientales establecidas a la empresa UPM como condición necesaria para que pueda hacerse efectivo. La adopción de la Resolución 1334/2013 se ajusta a lo dispuesto por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en sus párrafos 119, 120 y 121, en el sentido de que fue dictada luego de haberse realizado las notificaciones a la República Argentina en función del artículo 7 del Estatuto.

En suma: habiendo nuestro país recurrido al procedimiento de consultas de los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay, habiéndose notificado a la República Argentina la información completa sobre los aspectos esenciales de dicho proyecto y encontrándose todos los plazos previstos en dicho procedimiento cumplidos en el mes de septiembre del 2013, el Gobierno uruguayo entiende que la autorización concedida resulta respetuosa no solo de la legislación nacional, sino también de las obligaciones emanadas del Estatuto del Río Uruguay, de los acuerdos presidenciales y ministeriales celebrados entre ambos países y de los términos de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril del 2010.

No obstante, en ningún caso el Gobierno uruguayo renuncia a continuar las negociaciones bilaterales con la República Argentina, por el tiempo que sea necesario, para lograr soluciones mutuamente satisfactorias en torno a las cuestiones de control medioambiental del Río Uruguay que se encuentran planteadas.

Con este espíritu de diálogo, en mi reciente visita a Buenos Aires el 1º de octubre pasado, fui portador de una propuesta ambiciosa y constructiva para alcanzar esos propósitos de la que le hice entrega en la reunión que mantuvimos.

Ella está destinada a facilitar un entendimiento para establecer un nuevo marco normativo en la CARU superador de la actual reglamentación, a la que nuestro país se ha ajustado estrictamente, pero que resulta insuficiente para que los dos países afronten en la CARU los nuevos desafíos en materia de prevención de la contaminación y se beneficien de los conocimientos técnicos y científicos acumulados durante estas décadas.

En la misma se propone, entre otras cosas: ampliar el Capítulo V del Digesto de la CARU con nuevos parámetros y la incorporación del concepto de BATs, destinado a alcanzar un elevado estándar de protección para el Río; abordar varias de las problemáticas existentes como la presencia de fósforo en el Río a través de planes de acción específicos generales, pero también para la planta de UPM y la desembocadura del Río Gualeguaychú, de modo de alcanzar reducciones sustantivas de los aportes; implementar acciones para la elaboración de objetivos adicionales de calidad de aguas relativos a otras matrices ambientales, los que podrían luego ser incorporados al marco normativo, así como completar la instalación de los equipos para la medición continua de los efluentes descargados en la canaleta Parshall de UPM y de la desembocadura del Río Gualeguaychú y los de calidad del aire.

Particularmente, la propuesta entregada sugiere avanzar en la mejora de los estándares sobre la base de disposiciones generales que tengan en cuenta las características de lo monitoreado hasta ahora, es decir, plantas industriales de las características de las de producción de celulosa, y afluentes que desembocan en el Río Uruguay, para comenzar a monitorear otras zonas del río a la brevedad posible de modo de continuar fijando estándares para los efluentes vinculados a trabajos agrícolas, otras producciones ambientales, los colectores de las ciudades, así como cualquier otra actividad que pueda modificar la calidad de las aguas del Río Uruguay.

Esta iniciativa no solo refleja la buena fe y la buena disposición del Uruguay para continuar las negociaciones, hecho que no puede ser ignorado, sino que aporta una base concreta para avanzar en las mismas y poder alcanzar los más altos estándares internacionales para la protección del río, aplicables tanto a sus aguas como a los efluentes que se vierten en el mismo. Interpretando que esta propuesta resulta una contribución positiva para las negociaciones entre ambos países en una materia donde existen intereses compartidos, la misma se adjunta a la presente Nota.

Uruguay reitera su disposición a continuar las negociaciones para alcanzar un nuevo marco normativo en la CARU que satisfaga el interés común de preservar la calidad ambiental del Río Uruguay. En tal sentido, se aguardan los comentarios de la República Argentina a la propuesta presentada.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle al Sr. Ministro las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

Luis Almagro Lemes

Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay