100 días de los Juegos Olímpicos.

En Brasil el miedo invade las favelas a 100 días de los Juegos Olímpicos de Río por el aumento de los homicidios cometidos por la policía Los residentes de muchas de las favelas de Río de Janeiro viven aterrorizados tras la muerte de al menos 11 personas por disparos de la policía desde principios de mes. Así lo advirtió Amnistía Internacional a 100 días del comienzo de los Juegos Olímpicos.

Sólo en la ciudad de Río, al menos 307 personas perdieron la vida a manos de la policía el año pasado; es decir, uno de cada cinco homicidios cometidos en la ciudad. Mientras, las autoridades no obligan a los responsables a rendir cuentas y cada vez se inclinan más por ejercer la mano dura contra protestas callejeras pacíficas.

“Río de Janeiro no es una ciudad segura. A 100 días para los Juegos Olímpicos, la violencia policial aumentó considerablemente. Las consecuencias están a la vista: la policía usa armas de fuego en manifestaciones pacíficas a quienes disipan con balas de goma con las consecuencias que esto genera. Todo esto es sumamente condenable”, señaló Mariela Belski, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

“Hasta ahora, la mayoría de los homicidios cometidos por policías no fueron investigados ni se estableció una instrucción rigurosa o directrices operativas sobre el uso de armas “menos letales”, y las autoridades siguen tratando a los manifestantes como “enemigos públicos”.

En los próximos 100 días, las autoridades y los organismos encargados de organizar Río 2016 pueden y deben hacer mucho para evitar que se cometan violaciones de derechos humanos en las operaciones de seguridad pública. Desde Amnistía Internacional llamamos a que las fuerzas policiales de Río adopten un enfoque de la seguridad pública basado en la precaución y la consulta en lugar de continuar con su estrategia de 'disparar primero y preguntar después´.

Se observó un aumento del uso de fuerza excesiva por parte de la policía en el estado de Río de Janeiro en los últimos años, y la mayoría de las víctimas son varones jóvenes y negros de favelas y zonas marginadas. En 2014, cuando Brasil organizó la Copa Mundial de Fútbol, la policía mató a 580 personas, un 40% más que en 2013. El número en 2015 fue incluso mayor: 645. Aunque no es posible relacionar directamente este aumento de los homicidios policiales con los preparativos de los Juegos Olímpicos, los datos estadísticos ponen de manifiesto un patrón de uso excesivo de la fuerza, violencia e impunidad que empaña las instituciones de seguridad pública. Muchos de estos homicidios se han cometido en el estado de Río de Janeiro, que albergará los Juegos este año.

En agosto de 2015, Amnistía Internacional presentó el informe “Mataste a mi hijo”: Homicidios cometidos por la policía militar en la ciudad de Río de Janeiro, donde describía con detalle las prácticas policiales de “gatillo fácil” en la favela de Acari en el periodo posterior a la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Amnistía Internacional concluyó que, en la inmensa mayoría de los casos de homicidio a manos de la policía militar documentados por la organización en Acari en 2014, había sólidos indicios de ejecución extrajudicial. A pesar de la difusión de los casos y la presión pública, hasta ahora nadie ha comparecido ante la justicia para responder por estos homicidios. La represión policial en las protestas es otro motivo de preocupación en el periodo previo a los Juegos Olímpicos.

Dos años después de la celebración de la Copa Mundial de Fútbol, cuando Amnistía Internacional también denunció casos de uso excesivo e innecesario de la fuerza por la policía durante las protestas, incluido el uso indebido de armas menos letales, no se adoptaron medidas eficaces para impedir que vuelvan a cometerse abusos policiales. De hecho, la única legislación nueva relacionada con la seguridad pública en torno a los Juegos Olímpicos es una ley antiterrorista que, en la práctica, podría aplicarse para restringir y penalizar las protestas.

                        

Las relaciones con Uruguay.

Diplomacia argentina: Argentina y Uruguay en los 60s (II)

Las relaciones con los países latinoamericanos
Al gobierno uruguayo le llevó unos días decidir el reconocimiento del régimen militar que derrocara al gobierno de Illia en junio de 1966. Tras un intenso debate, el 7 de julio el Consejo Nacional de Gobierno resolvió continuar las relaciones diplomáticas con las autoridades de Buenos Aires, y autorizó al ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Luis Vidal Zaglio, a responder afirmativamente a la nota enviada por el gobierno de Onganía, expresando el deseo de que Buenos Aires y Montevideo no interrumpieran sus vínculos. (1)
A principios de agosto de 1966, ambos países dieron un paso importante en el terreno de la cooperación energética, al establecer una comisión interministerial para coordinar las obras de Salto Grande. (2)
En junio de 1968 el ministro de Relaciones Exteriores, Nicanor Costa Méndez, viajó al Uruguay para preparar una reunión de presidentes y acordar algunas otras cuestiones. Como consecuencia de sus gestiones, el 18 de junio de 1968 un comunicado de prensa emitido por los cancilleres Costa Méndez y Venancio Flores anunciaba la creación de un grupo de trabajo sobre temas relativos al río de la Plata. Este inició sus actividades definiendo un catálogo de problemas o actividades: pesca, limpieza de tanques, salvataje, alije, contaminación de aguas, balizamiento, cuestiones sanitarias, fiscales y aduaneras, dragados, etcétera, pero las negociaciones no avanzaron porque cada parte se enfrascó en sus viejas doctrinas de división de las aguas del río de la Plata. Los uruguayos insistieron sobre su tesis tradicional de la línea media del río para fijar la jurisdicción. A su vez, los argentinos, entendiendo que el límite debía pasar por el thalweg o canal profundo y que la aceptación de la tesis uruguaya implicaba la pérdida de la isla de Martín García e incluso del canal de acceso al puerto de Buenos Aires, optaron por ampararse en el statu quo que brindaba el Protocolo Ramírez-Sáenz Peña de enero de 1910 y evitaron cualquier definición que pusiese en juego intereses vitales y exacerbara a los sectores nacionalistas y medios de prensa argentinos. (3)

Gral. Juan Carlos Onganía (Argentina)

El encuentro de los presidentes Juan Carlos Onganía y Jorge Pacheco Areco se realizó en julio de 1968. El día 8, ambos mandatarios acordaron institucionalizar un sistema de entrevistas a nivel presidencial, con el objetivo de incrementar los vínculos bilaterales. Además, convinieron en firmar una declaración conjunta, cuyos puntos más relevantes fueron la reafirmación de la necesidad de la integración física y económica bilateral, la ratificación del Acta de Buenos Aires firmada el 18 de diciembre de 1967, para que la obra de Salto Grande comenzara la producción de energía eléctrica antes del invierno de 1979, y el mutuo compromiso para mejorar la navegación en aguas del Plata y afluentes. (4) Por su parte, los cancilleres Costa Méndez y Flores firmaron cuatro convenios relativos al Puente Paysandú-Colón; a obras vinculadas a Salto Grande; al fomento del turismo, y a la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. (5)
De acuerdo con el sistema de entrevistas presidenciales establecido en julio de 1968, en septiembre de ese año tuvo lugar un segundo encuentro, cuyo resultado más trascendente fue la puesta en marcha formal de un sistema de interconexión eléctrica. (6)
A principios de diciembre de 1968, se produjo la varadura de la chata de bandera argentina Arenorte Nº 6 en aguas del río de la Plata, en las inmediaciones de Punta Negra. A fin de proteger la seguridad de navegación, las autoridades argentinas decidieron colocar en el lugar del accidente una boya a destello, mientras que a su vez las autoridades uruguayas colocaron un boyarín ciego. Este hecho dio lugar a comentarios en la prensa uruguaya sobre supuesta violación de las aguas jurisdiccionales orientales. El 6 de diciembre, la Cancillería argentina decidió hacer frente a las declaraciones periodísticas y oficiales uruguayas a través de un comunicado, que decía:

(...) Los comentarios aludidos inducen a error en cuanto el régimen legal vigente en el Río de la Plata y perturban la armonía con que los dos países han encarado siempre cualquier dificultad que pudiera suscitarse. Sin perjuicio de los títulos históricos argentinos, el régimen de uso y navegación de las aguas en el Río de la Plata se rige por el protocolo de 1910, la declaración de 1961 (que fijó su límite exterior) y el protocolo de 1964 (sobre levantamiento integral del río), acuerdos internacionales que tienen plena fuerza jurídica y valor obligatorio para las partes. Ninguno de estos instrumentos autoriza una interpretación que pretenda innovar sobre el “statu quo” que ellos consagran. No corresponde, por lo tanto, sostener la existencia de una supuesta división de las aguas del Plata por alguna línea delimitadora de las jurisdicciones respectivas(...). (7)

Por su parte, la Cámara de Representantes uruguaya emitió una declaración el 13 de diciembre, donde expresaba “su profunda preocupación ante las reiteradas transgresiones de las autoridades argentinas a los derechos de soberanía de la República Oriental del Uruguay sobre el Río de la Plata” y declaraba “su apoyo a toda medida -adoptada o a adoptarse- de firme defensa de esos inalienables derechos nacionales.” (8) A su vez, los integrantes de la Cámara de Senadores en su reunión del 11 de diciembre coincidieron en que el condominio del río de la Plata debía ser claramente delimitado, habida cuenta de la posible existencia de hidrocarburos en el lecho del río, así como en la necesidad de tener una política más firme frente a las autoridades de Buenos Aires frente a una cuestión que no era un problema de blancos y colorados, sino de soberanía. (9)
Obrando en consecuencia con la posición de los legisladores y reivindicando la tesis de que el límite del Río de la Plata debía pasar por la línea media del río, en ese mismo mes de diciembre, las autoridades orientales llamaron unilateralmente a concurso para la adjudicación de contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. La Cancillería argentina reaccionó con la emisión de un nuevo comunicado el 17 de enero de 1969, en el cual sostenía que previamente a toda exploración o explotación del fondo fluvial afectado por esa licitación, era necesario determinar con precisión el alcance de las jurisdicciones argentina y uruguaya sobre el río de la Plata y la plataforma continental adyacente, confiando para ello en que el grupo de trabajo constituido por representantes de ambos países pudiera llegar antes a una solución satisfactoria. (10)
Un artículo aparecido en el diario uruguayo Acción, el 11 de febrero de 1969, revela el motivo de la adjudicación de los contratos de exploración de hidrocarburos por parte del gobierno de su país:

(...) El Uruguay llamó a licitación para la prospección y explotación de hidrocarburos en el Río de la Plata y en su plataforma continental en un área de 61 mil hectáreas que parceló en cinco zonas (...) La zona uno se encuentra totalmente en el Río de la Plata, mientras que las zonas dos y tres sólo en parte se hallan dentro del río. La zona uno comprende el Río de la Plata medio y un sector del Río de la Plata inferior; las zonas dos y tres se ubican a partir del Río de la Plata inferior. Por su parte la República Argentina durante el año 1968 convocó a una licitación similar limitando áreas dentro del Río de la Plata medio e inferior y en su plataforma continental desde el cabo San Antonio hasta Bahía Blanca. (...) La licitación argentina se llevó a cabo por parte de la Secretaría de Energía y Combustibles y se fijó en la misma, para delimitar las áreas situadas dentro del Río de la Plata, un límite que coincide con la línea media. Por su parte el Uruguay aplicó el mismo criterio, o sea el de la línea media.Tanto la Argentina como el Uruguay han actuado sin que exista previamente sobre el lecho del río delimitación alguna de jurisdicción, o sea que ambos países se han movido reconociendo de hecho la existencia de una jurisdicción propia que no iba más allá del lecho de la línea media. El asunto es muy claro cualquiera sea el criterio que en definitiva se utilice para establecer en el lecho del río las respectivas jurisdicciones: a) si se utiliza la línea media cada uno está dentro de su soberanía, porque cada uno se autolimitó en el llamado, a esa línea; b) si se recurre al “thalweg” habría que modificar en beneficio del Uruguay el área Número Uno, porque en el Plata medio la línea del “thalweg” corre al occidente de la línea media y por tanto al Uruguay le correspondería en el lecho un área mayor que la licitada (...). (11)

En enero de 1969 tuvo lugar la reunión del grupo de trabajo argentino-uruguayo en la ciudad de Montevideo, pero una disputa sobre los derechos territoriales en el islote llamado por la Argentina Punta Bauzá, y por Uruguay Timoteo Domínguez agravó la crisis provocada por el límite en el río de la Plata y derivó en la interrupción de las conversaciones el 16 de enero. (12) Estas se reanudaron cuando el presidente Onganía ordenó la evacuación del islote Punta Bauzá, decisión que las autoridades uruguayas retribuyeron con la concurrencia del presidente Pacheco Areco a la celebración del 25 de mayo de 1810 en la sede de la embajada argentina. (13)
Finalmente, a fines de 1969 se reinició la actividad del grupo de trabajo con otro enfoque de la tarea (abandonar los intentos de fijar líneas divisorias y buscar soluciones prácticas por tipo de actividad). A partir de ese momento, y durante varios años se dieron numerosas reuniones en Buenos Aires y Montevideo en las que se analizaron, actividad por actividad, los usos que se daban al río, sin considerar los aspectos limítrofes.

Presidente Jorge Pacheco Areco (Uruguay)

En marzo de 1970, tuvo lugar, de acuerdo con el sistema de entrevistas establecido en 1968, un nuevo encuentro entre los presidentes Onganía y Pacheco Areco. Los mandatarios viajaron en el yate presidencial argentino Tacuara y aprovecharon la ocasión para tratar la cuestión de concretar el antiguo anhelo de unir las dos riberas del río Uruguay con puentes internacionales. Las conversaciones se centraron en cuatro temas: a) el problema del estancamiento del proyecto energético de Salto Grande -que inquietaba al gobierno uruguayo, pero que no se podía solucionar mientras la gestión de Onganía concentrara sus esfuerzos en la construcción de El Chocón-; b) la exploración en busca del petróleo en el lecho del río de la Plata; c) el financiamiento externo para el desarrollo de los programas del Tratado de la Cuenca del Plata, y d) las posibilidades de complementación industrial. (14)
Como resultado de este encuentro, ambos mandatarios firmaron el día 15 de marzo de 1970, la llamada “Declaración del Río Uruguay” cuyos puntos más salientes fueron: a) la decisión de intensificar la negociación respecto de la cuestión limítrofe en torno de la delimitación del río de la Plata y de no entorpecer las actividades pesqueras en dicha área, otorgando a los pesqueros argentinos y uruguayos facilidades provisorias hasta que se llegase a un arreglo; b) el compromiso de estudiar la posibilidad de un convenio para la explotación petrolífera en aguas del Río de la Plata; c) la decisión de acelerar la interconexión eléctrica como paso previo al objetivo de integración energética de la Cuenca del Plata mencionado en el Acta de Santa Cruz de la Sierra; y d) el aceleramiento de los trámites pendientes para la ratificación de un acuerdo sobre uso pacífico de la energía nuclear suscripto entre los dos países. (15)
Al año siguiente, en febrero de 1971, el presidente Levingston realizó una visita a Uruguay, suscribiendo el día 18 junto a Pacheco Areco la Declaración de San Juan. Este documento anunciaba: a) la continuación de las gestiones encaminadas a negociar el problema de la jurisdicción limítrofe en el río de la Plata; b) las medidas de integración física y económica entre ambos países, y c) los proyectos de interconexión eléctrica y cooperación científica argentino-uruguaya. Levingston respaldó implícitamente la gestión de Pacheco Areco, en vísperas de las elecciones presidenciales uruguayas, al prometer ayuda económica: desgravaciones a productos exportables uruguayos y un crédito de 20 millones de pesos para que los uruguayos construyeran la represa de El Palmar. (16)
Los temas en ese entonces más ríspidos de la agenda bilateral -la actitud a adoptar frente al terrorismo regional y el entredicho del islote Punta Bauzá o Timoteo Domínguez- no fueron tocados en esta visita. En el primer caso, vale recordar que la representación uruguaya había votado en la reunión de enero-febrero de 1971 una posición en la OEA que limitaba la cuestión a la protección frente a secuestros de diplomáticos, mientras la delegación argentina había sido partidaria de una postura más “dura” que abarcaba medidas anti-terroristas de amplio alcance. No obstante, la posición “flexible” adoptada por la Cancillería uruguaya, no parecía ser un problema para las autoridades del Palacio San Martín, quienes decidieron que durante la visita de Levingston a tierra oriental no se tocara un tema en el que, tarde o temprano, las autoridades de Montevideo terminarían orientándose hacia la posición “dura” liderada por la Argentina y Brasil. Con respecto a la segunda cuestión -el entredicho sobre Punta Bauzá- primó entre las autoridades de ambas cancillería la actitud de “continuar los trabajos sobre problemas jurisdiccionales en el Río de la Plata”. (17)
En julio de 1971 tuvo lugar la visita del presidente Jorge Pacheco Areco a la Argentina, ya en época del gobierno del general Lanusse. El primer mandatario uruguayo expresó que las dos naciones se hallaban unidas ante el enemigo común: la violencia planificada. El saldo más importante de la visita de Pacheco Areco fue la firma, por parte de los cancilleres argentino y uruguayo, Luis María de Pablo Pardo y José A. Mora Otero, de cuatro documentos: la “Declaración Argentino-Uruguaya sobre Recurso Agua”, el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Derecho del Mar”, el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Energía Hidroeléctrica” y el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Cooperación Económica e Intercambio Comercial”.
En la “Declaración Argentino-Uruguaya sobre Recurso Agua”, se establecía el siguiente compromiso: 1) la utilización de los recursos naturales en forma equitativa y razonable; 2) la prohibición de cualquier forma de contaminación de los ríos internacionales y afluentes y la preservación de las zonas ecológicas; 3) el reconocimiento del principio argentino de consulta previa a los Estados interesados en el caso de que un Estado miembro de la Cuenca del Plata se proponga un aprovechamiento de los recursos hídricos; 4) la obligación, por parte de este mismo Estado miembro, de comunicar a los otros Estados los posibles perjuicios del proyecto; y 5) la utilización de la Comisión Técnica Mixta Argentino-Uruguaya como instancia para la resolución de diferendos bilaterales. A su vez, en el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Derecho del Mar”, se reiteró la adhesión al principio del límite de soberanía marítima de 200 millas, ratificando los principios enunciados en la Declaración de Montevideo sobre Derecho del Mar. En el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Energía Eléctrica, se acordaba el aporte argentino a la obra de El Palmar y se establecía el compromiso de estimular obras hidroeléctricas y de interconexión eléctrica entre la Argentina y Uruguay. Finalmente, en el “Acta Argentino-Uruguaya sobre Cooperación Económica e Intercambio Comercial”, se expresaba la común voluntad de alcanzar una estrecha complementación en materia económica. (18)

NOTAS

Dentro del Consejo Nacional de Gobierno del Uruguay, votaron a favor de la continuación de relaciones diplomáticas con el gobierno argentino todos los miembros de la mayoría nacionalista y el consejero de la minoría colorada de la oposición, doctor Augusto Legnani. Lo hicieron en contra los otros dos consejeros colorados, Alberto Abdala y Amílcar Vasconcellos. “Resolvió continuar las relaciones con la Argentina el gobierno del Uruguay”, La Razón, 8 de julio de 1966, p. 1.

“Actúa la Comisión Interministerial para Salto Grande”, La Nación, 13 de septiembre de 1966, p. 7.

J.A. Lanús, op. cit., vol. II, p. 170; y José María Rosa, “El Río de la Plata: diálogo o polémica?”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio de 1969, p. 126.

Texto de la declaración conjunta de los presidentes argentino y uruguayo en La Nación, 9 de julio de 1968, pp. 1 y 16.

Textos de los convenios firmados por los cancilleres argentino y uruguayo citados en La Nación, 9 de julio de 1968, p. 16.

Clarín, 23 de septiembre de 1968, pp. 15 y 17.

Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 6 de diciembre de 1968, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino con motivo del entredicho planteado con el Uruguay en 1968”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio 1969, p. 139.

Declaración de la Cámara de Representantes uruguaya del 13 de diciembre de 1968, citada en “El problema en el Congreso uruguayo”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio 1969, p. 149.

“Expresiones vertidas en el Senado”, en “El problema en el Congreso uruguayo”, op. cit., pp. 149-150.

Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 17 de enero de 1969, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino...”, op. cit., pp. 139-140.

“La licitación del petróleo”, editorial del diario uruguayo Acción, 11 de febrero de 1969, citado en “Editoriales de la prensa uruguaya”, Estrategia, Nº 1, mayo-junio 1969, pp. 170-171.

Respecto de este incidente, sostiene un comunicado de prensa de la Cancillería argentina del 21 de enero de 1969:

(...) En cuanto a la punta Bauzá, ella consiste en una formación aluvional de tierras adyacentes y accesorias de la isla de Martín García, sobre la cual Argentina ejerce una soberanía indiscutible y efectiva. Colocar pantallas u otros elementos sobre Bauzá es tan impropio como lo sería por parte de la Argentina efectuar actos similares en tierras que, por la acción de las aguas, se han venido a agregar a las islas o a las costas del Uruguay (...).

Comunicado de prensa de la Cancillería argentina, 21 de enero de 1969, citado en “Documentos oficiales del gobierno argentino...”, op. cit., p. 141. Por su parte, La Nación, del 3 de enero de 1969, en su editorial “Los derechos argentinos en el Plata”, adoptó una posición muy dura sobre el problema, sosteniendo que

(...) nada puede negociarse sino sobre la base del status existente. Admitir en este sentido la división del Plata en dos partes iguales significaría renunciar a derechos ejercidos soberanamente por la Argentina aun antes de 1828 y poner nada menos que el control del puerto de Buenos Aires y la entrada del Paraná bajo jurisdicción extranjera.

Consecuentemente con ello la Argentina ejerce derechos territoriales sobre la isla Martín García y la formación aluvional que la ha accedido desde hace unos cuatro años y que es llamada Punta Bauzá. A esta sedimentación el Uruguay ha resuelto llamarla isla Timoteo Domínguez, desvinculándola de un hecho natural y jurídico que favorece a la Argentina. No tiene, pues, ningún asidero la afirmación de que la marina argentina “ha desembarcado” efectivos en Punta Bauzá. (...)

Formulamos votos sinceros por la superación de un episodio que en nada favorece a los dos países, pero en el cual la Argentina no puede adoptar otra postura que la de sostener con firmeza derechos soberanos.

Editorial “Los derechos argentinos en el Plata”, La Nación, 3 de enero de 1969, citado en “Editoriales de la prensa argentina”, Estrategia, Nº 1, Buenos Aires, mayo-junio de 1969, pp. 153-154.

La Nación, 27 de mayo de 1969, pp. 1 y 10.

Ver al respecto el editorial “La alegoría de los puentes”, La Nación, 19 de marzo de 1970, p. 8.

Texto de la Declaración del Río Uruguay o comunicado conjunto argentino-uruguayo, firmado por Onganía y Pacheco Areco el 15 de marzo de 1970, citado en La Nación, 16 de marzo de 1970, pp. 1 y 6, en La Nación (una selección de la semana), 16 de marzo de 1970, pp. 1 y 8, y en “Documentos. Declaración del Río Uruguay. Reunión Onganía-Pacheco Areco”, Estrategia, Nº 6, marzo-baril 1970, pp. 142-144. Ver también G. Bra, op. cit., p. 82.

Texto de la Declaración de San Juan o declaración conjunta de los presidentes Levingston y Pacheco Areco, citado en La Nación, 19 de febrero de 1971, pp. 1 y 16 y La Nación, (una selección de la semana), 23 de febrero de 1971, pp. 1 y 5. Ver también editoriales “Principales temas de la Declaración de San Juan”, La Nación, 18 de febrero de 1971, p. 10 y “Profundo análisis de la subversión”, La Nación, 18 de febrero de 1971, pp. 1 y 20.

“Reuniones. Juguemos a las visitas”, Panorama, Año VIII, Nº 200, Buenos Aires, 23 de febrero al 1º de marzo de 1971, p. 10.

Texto de los acuerdos firmados por los cancilleres argentino y uruguayo, citados en “Nuevos acuerdos con el Uruguay”, La Nación, 10 de julio de 1971, pp. 1 y 9.

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INFORME SOBRE CONFLICTOS AMBIENTALES EN AMERICA DEL SUR.

ATAQUES AL MEDiO AMBIENTE

(AW) La asamblea Pachamama de Uruguay, una organización que propone un consumo responsable público un informe donde detalla 12 conflictos ambientales en Sud América y a sus responsables.     Los 12 mayores conflictos ambientales y amenazas al ambiente en Sudamérica y sus responsables, según Asamblea Pachamama:      1- Monsanto: Empresa ecocida responsable de la expansión de los monocultivos de semillas transgénicas y de las fumigaciones con venenos agroquímicos asociados a este agronegocio, que enferma y mata tanto a humanos como al resto del ecosistema.      2- Chevron/Texaco: Empresa responsable de los peores desastres ambientales registrados en la historia de la industria petrolera, ocasionados en la amazonia ecuatoriana entre 1964 y 1992. Pretende continuar el desastre en Vaca Muerta, patagonia Argentina.   3- Yanacocha: Empresa responsable del proyecto minero Conga en provincia de Cajamarca, Perú, para la extracción de oro, plata y cobre. Opera desde 1993 y es hoy la mina que ocupa mayor área devastada en toda Sudamérica.     4- Electronorte: Empresa responsable de la construcción de la represa Belo Monte sobre el río Xingú, estado de Pará, Brasil, que dejará devastadas e inundadas más de 1500 km2 de selva y tierras donde sobreviven pueblos originarios como el Guaraní-Kayapó.     5- Xtrata/Goldcorp/Yamana Gold: Desde hace 15 años, empresas responsables del proyecto minero de oro y cobre Bajo la Alumbrera en la provincia de Catamarca, Argentina, que ha contaminado y dejado sin agua potable a varias poblaciones cercanas.     6- Aratirí: Responsable del proyecto minero para la extracción de 18 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro en Valentines, Uruguay. Implica la instalación de un puerto de aguas profundas en Rocha, una planta regasificadora en Montevideo y un mineroducto de 220 km de largo a través de áreas protegidas.     7- Eco Oro/Greystar: Responsable del proyecto minero Angostura que pretende extraer oro y plata en el Páramo de Santurbán, Colombia, región de bosques y humedales que sirve de hábitat a miles de especies, cientos de ellas amenazadas o endémicas.     8- CNEA: Oficina del gobierno responsable de la construcción de plantas nucleares en Argentina y de los proyectos mineros para la extracción de uranio en La Rioja, Mendoza y otras provincias argentinas.     9- Barrick Gold: Responsable del proyecto binacional minero Pascua Lama, en el límite entre Argentina y Chile, para la extracción de oro, plata y cobre. Este proyecto implica la destrucción de glaciares y la contaminación con cianuro y drenajes ácidos en las nacientes de varios ríos.     10- Repsol/YPF: Responsables de la explotación de petróleo y gases de esquistos utilizando el hipercontaminante método de Fracking (Fractura Hidráulica) en Vaca Muerta, patagonia Argentina.     11- HidroAysén: Responsable del proyecto del complejo hidroeléctrico homónimo que pretende construir 2 represas sobre el río Baker y 3 sobre el Pascua, en la XI Región, patagonia chilena.     12- Botnia/UPM y Montes del Plata: Empresas papeleras responsables de la instalación de las megafábricas de pasta de celulosa sobre el río Uruguay, y del monocultivo de casi 2 millones de hectáreas de eucaliptos y pinos para abastecerlas de materia prima.     Nota: Los gobiernos de los países involucrados y los sistemas político-partidarios que los sustentan, son socios y cómplices en estos depredatorios y contaminantes emprendimientos. -- -- UAC Unión de Asambleas Ciudadanas Contra el Saqueo y la Contaminación

Dile a Mariano Rajoy que mantenga la doctrina Parot porque los asesinos no pueden convertirse en vencedores.

esta mujer ha asesinado a 24 personas

y va a salir en libertad

Inés del Río fue miembro del comando Madrid de ETA y fue condenada a 3.828 años de cárcel por asesinar a 24 ciudadanos inocentes. Hoy el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que el Gobierno español tiene que indemnizarla por haberle aplicado la doctrina Parot, que permitía a la Justicia mantenerla en prisión.

Este martes, a las 9.15 de la mañana, el pleno extraordinario de la Audiencia Nacional se reúne para decidir si la pone en libertad. Sobre la mesa de los jueces, la sentencia de Estrasburgo. Y sobre la conciencia de Martiano Rajoy, la posibilidad de impedir que los terroristas se conviertan en los vencedores de la lucha antiterrorista.

El próximo viernes los jueces volverán a reunirse para decidir si liberan otra asesina, Jofesa Mercedes Enaga, miembro del comando Barcelona, una de las criminales del atentado de Hipercor (21 muertos). Y en las próximas semanas, la Audiencia Nacional tendrá que revisar otros 30 casos de asesinos etarras que podrían quedar en libertad.

Dile a Mariano Rajoy que mantenga la doctrina Parot si quiere volver a verte entre sus electores

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de obligado cumplimiento para España. Muchos países democráticos (por ejemplo, Gran Bretaña) han rechazado sus sentencias. El presidente del Gobierno tiene el poder de decidir que España no acatará esta barbaridad jurídica. Pero si no se lo exigimos todos de manera inmediata y contundente, los asesinos de los últimos 50 años quedarán en libertad.

Te pido que me ayudes: envía tu mensaje a Moncloa, exige a Mariano Rajoy que mantenga en la cárcel a quienes intentaron acabar con la libertad de todos, y para ello asesinaron a tantos:

http://www.hazteoir.org/alerta/54207-diga-s-doctrina-parot

¡Muchas gracias por defender al memoria de las víctimas y por luchar por una democracia limpia de asesinos!

Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo

Bombardeo indiscriminado de la Fuerza Pública en la vereda de Angosturas del Guape.

COLOMBIA
DENUNCIA PÚBLICA. 
Bogotá D.C. 20 de Noviembre de 2012

El Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta ? SINTRAGRIM, denuncia ante el Gobierno Colombiano, Opinion Publica,  ONGs Nacionales e Internacionales Defensoras de D.H. y Organismos de Control la situación de Derechos Humanos que se continua agudizando contra la población civil de la Vereda de Angosturas Municipio de Lejanías, Departamento del Meta;  donde habitan familias campesinas que son obligadas a vivir en medio de los enfrentamientos de la fuerza pública con la Subversión de las Farc, y a esto se suma un fuerte bombardeo indiscriminado, realizado el día de hoy por la Fuerza Pública adscrita a la Cuarta División del Ejercito Nacional, sobre la vereda de Angosturas del Guape, ubicada en la parte más alta del rio Guape, en  la cordillera del pie de Monte Llanero limites con el Sumapaz.

HECHOS:

El de día hoy 20 de Noviembre de 2012, se recibe el llamado angustioso de los campesinos de la vereda de Angosturas del Guape, ubicada en la parte más alta de la cordillera del municipio de Lejanías, donde claman por ayuda a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a todo aquel que intermedie ante los militares que están ubicados en la Vereda de Angosturas (en la cual se encuentra ubicado un comando del ejército desde el día 15 de Noviembre del 2012), para que les pidan, no les tiren mas bombas sobre sus fincas, las que han caído muy cerca de las viviendas, causando terror en las familias, especialmente en los menores de edad que habitan la zona.


EXIGIMOS:

·        Respeto a los derechos de los habitantes de estas veredas del municipio de Lejanías y sobre todo, que no se exponga la vida de la población civil en el conflicto.

·        A las autoridades competentes tomar medidas necesarias  y urgentes para garantizar y proteger los derechos fundamentales de las comunidades campesinas de la región.

·        Que cese los bombardeos, ametrallamientos indiscriminados por parte de la Fuerza Pública, contra los territorios donde se encuentran campesinos inermes e indefensos que en su mayoría son familias victimas del desplazamiento forzado que han regresado al territorio de manera voluntaria.
·        Que las autoridades competentes exijan a la fuerza pública (ejército) el cumplimiento, respeto y protección a los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y el  Derecho Internacional de los Derechos Humanos  (DIDH) en la protección de la población civil.
·        A los entes de control como (Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría)  en cumplimiento de sus funciones investigando los desmanes de la fuerza pública con los ametrallamientos y bombardeos indiscriminados con los que causan terror y confusión a las comunidades y además dañando bienes civiles.

SOLICITAMOS A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL:
Se continúe  con el seguimiento  y monitoreo permanente frente  a la grave situación de derechos humanos  por la que  atraviesan estas comunidades de la región del Alto Ariari y Pie de Monte Llanero

JUNTA DIRECTIVA DEPARTAMENTAL
S I N T R A G R I M




Ruby A. Castaño R.                                        Jaiber Tique V.
Secretaría de Derechos Humanos                      Presidente General

Ruby A. Castaño
Secretaría de Solidaridad y Derechos Humanos
S I N T R A G R I M

EL EJERCITO EVACÚA CON VIOLENCIA UN PUEBLO INDÍGENA DE LA REGIÓN AMAZÓNICA.

BRASIL

La evacuación de la tribu Kayapó ?un pueblo indígena de la región amazónica del Mato Grosso, en Brasil? ordenada por el gobierno brasileño, ha comenzado? La construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte se libera?, a pesar de las numerosas protestas de grupos ambientalistas y de las más de 600.000 firmas recogidas implorando por su preservación y resguardo. Por lo tanto, la pena de muerte fue decretada para la selva y la gente de la gran curva del río Xingú. 

Pena de muerte decretada por gente realmente perversa, por tecnócratas maniáticos pero poderosos y los ?inversores? de siempre, ávidos de negocios y ganancias. Unos y otros se amparan en la "legitimidad" y el "derecho" que les brinda un tramposo sistema político economista y pseudodemocrático que decidió por todos los habitantes del Planeta (humanos y no humanos) que la máquina vale más que la vida. Pena de muerte o declaración de guerra a la Biodiversidad y al Planeta Viviente, en la que ya no es posible para nosotros mirar para otro lado o permanecer como meros espectadores pasivos, sino que debemos decidir sin hipocresía en cuál de los dos frentes estamos ubicados. Belo Monte, un total de 400.000 hectáreas de valioso bosque nativo será inundado, un área que es más grande que el Canal de Panamá. 

40.000 personas de las comunidades indígenas y locales?, el hábitat de numerosas especies animales y vegetales, serán destruidos para siempre. El hombre tecnomorfo hace todo al revés. Se alucina con los espejitos de colores versión Siglo XXI de la tecnología electrónica y digital pero no conoce el sutil y delicado equilibrio ecológico del Planeta, con su complejo entramado de interrelaciones múltiples, en el que todos los seres vivos dependemos mutuamente unos de otros. El individuo de pensamiento tecnomórfico apuesta a la técnica creyendo neciamente que en la misma hallará bienestar y seguridad mientras que es en el orden natural de la Creación terrestre y en el celoso cuidado de sus Pilares Biológicos donde se encuentra la verdadera y única Arca de Salvación. 

En el caso del Xingú el tecnomorfo DESTRUYE una parte importante de la Biosfera con la finalidad de producir electricidad más fácil, más eficaz y rentable, producida principalmente por los inversionistas. Todo para sostener una civilización tecnolátrica. Gente supuestamente no tan perversa o incluso presumiblemente ?buena? (pero pasmosamente ingenua y, sobre todo, muy mal informada) generalmente por motivos ideológicos justifican por aquí y allá emprendimientos geocidas como la megaminería con cianuro a cielo abierto y el empleo de energías contaminantes, los desmontes y la industrialización tecnomórfica del campo, etc., sosteniendo argumentos realmente insostenibles. Para muchas de ellas, ?No se puede ir contra el «progreso»?, dicen. ?Hay que alimentar a las personas?. O bien el trillado: ?Es el Norte industrializado y capitalista el que nos empuja a industrializarnos también a nosotros y a seguir el mismo camino que ellos? No podemos quedarnos atrás?? 

Pero ese camino, se sabe, lleva hacia el abismo de la fractura gaiana, hacia la MUERTE planetaria, hacia la carbonización de la atmósfera (como la de Venus y Martes, dos planetas muertos con una atmósfera de más del 90 % de dióxido de carbono), así como a un calentamiento global que pondrá a la vida orgánica contra las cuerdas, no hablemos ya de salvar a la ?civilización?? Entonces, ¿para qué seguir el camino de las malas personas, de los peores, de los dementes? No se puede llamar "progreso" a la destrucción del mundo. La historia de la tribu kayapó debe ir por el mundo y tal vez provocar una reflexión. Una reflexión profunda, ponderante, fecunda. Lejos de la marcha despiadada de la sociedad capitalista y tecnocrática ?siempre justificándose impunemente a sí misma-, hacia seres humanos auténticos, nobles, responsables? 
-- Consuelo

En toda América: "derechos" y seguridad para las corporaciones, para los tecnócratas...

Pueblo indígena llora la suerte de su río trinacional.

BOLIVIA-PILCOMAYO

El pueblo weenhayek denuncia que el río Pilcomayo se degrada por estos días por los errores del desarrollo. Según sus integrantes, la pesca "se ve afectada desde hace tres años por la falta de peces en el río".

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Pueblo indígena llora la suerte de su río trinacional. - 2 min. 08 seg. (0,98 Mb.)

El río Pilcomayo nace en los Andes de Bolivia, por donde recorre 836 kilómetros, para seguir luego por Paraguay y Argentina e integrarse a la gran cuenca del Plata. El pueblo weenhayek tiene más de 7 mil años y está compuesto por 15 mil personas en 62 comunidades en la Región Autónoma del Gran Chaco. Weenhayek significa pueblo o gente diferente, en su lengua. Son expertos en la captura de sábalo, dorado, surubí, pacú y bagre, y en la época de pesca, las familias enteras dejan sus hogares y acampan a orillas del Pilcomayo. Parte del pescado se vende a intermediarios para su venta en las ciudades y el resto es para el autoconsumo. En la zona de los weenhayek también han disminuido las plantas tradicionales, los animales silvestres y las especies de la miel, por la contaminación y la descontrolada irrupción de actividades hidrocarburíferas, ganaderas y agrícolas. En la degradación del Pilcomayo, 2010 representa un hito especial. El caudal del río cayó de 2 mil500 a 90 metros cúbicos. Los weenhayek demandan gestiones diplomáticas contundentes ante los gobiernos de Asunción y Buenos Aires, para que se definan soluciones permanentes que recuperen la grandeza de su río. Se debe a los problemas que generó el proyecto argentino-paraguayo Pantalón. Allí los errores en el diseño de los canalizadores de desvíos y el abandono del mantenimiento alteraron profundamente el flujo del agua. La comunidad indígena exige la canalización adecuada del afluente, así como la puesta en marcha de una Comisión Nacional del Río Pilcomayo, donde participen todas las autoridades que tienen que ver con sus problemas y adopten medidas para su rescate. Según los líderes comunitarios, no se vislumbran políticas para atender los problemas de ese río y del pueblo weenhayek.(PÚLSAR/IPS)

Delegación paraguaya en Cumbre de los Pueblos repudia juicio político.

BRASIL-RÍO+20

La delegación de organizaciones sociales paraguayas reunidas en la Cumbre de los Pueblos rechazó el juicio político iniciado contra Fernando Lugo. Durante el acto de cierre del evento se llamó "golpe de Estado" a la situación en Paraguay.

Audios disponibles:

Ricardo Rodas, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. (repudio) - 40 seg. (318 Kb.)

Ricardo Rodas, presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. (motivos) - 1 min. 14 seg. (580 Kb.)

El grupo marchó hacia el consulado paraguayo en Río de Janeiro para hacer una vigilia en espera de la sentencia contra Lugo. Los representantes de distintas organizaciones exigieron la continuidad del Gobierno encabezado por el Mandatario. Las organizaciones repudiaron la actitud de los legisladores del Partido Colorado, del Partido Liberal, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos y de la agrupación Patria Querida que impulsar el juicio político. La Cumbre de los Pueblos finaliza este viernes en Río de Janeiro. Durante la presentación del documento final, las organizaciones participantes se pronunciaron en contra de los que llamaron un "golpe de Estado" impulsado en Paraguay.(PÚLSAR)

Reunión de UNASUR por Lugo.

La presidenta, Cristina Kirchner, se comunicó con la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, quien le informó sobre la  reunión que se realizará en Río de Janeiro. Ordenó a Héctor Timerman asistir.

Los mandatarios de la Unión de Naciones Suramericanas se reunirán de urgencia para tratar la crisis política que agita Paraguay, por la destitución del corrupto Lugo.

La Secretaría de Comunicación Pública informó hoy que la Presidenta “envió al canciller Héctor Timerman a Río de Janeiro para que la represente” en la cumbre.

“La presidente de la República del Brasil se comunicó esta mañana con la jefa de Estado para solicitarle la presencia de Argentina en el encuentro que se realizará en la ciudad brasileña de Río de Janeiro”, añadió.

“Se analizarán los pasos a seguir frente a las informaciones de las últimas horas sobre el pedido de juicio político al mandatario paraguayo Fernando Lugo”, finalizó el comunicado.

Brasil busca alcanzar documento de consenso en Río + 20.

BRASIL-RÍO+20

El equipo negociador de Brasil encabeza los esfuerzos por lograr un texto final para ser suscripto por los altos representantes gubernamentales de más de 190 países que comenzarán a llegar a Río este lunes.

Audios disponibles:

Luiz Figueredo Machado, líder de delegación brasileña. (optimista) - 24 seg. (191 Kb.)

Luiz Figueredo Machado, líder de delegación diplomática brasileña en Río + 20. (documento) - 1 min. 05 seg. (5,14 Kb.)

Luiz Figueredo Machado, líder de delegación diplomática brasileña en Río + 20. (mecánica de trabajo) - 1 min. 11 seg. (562 Kb.)

El documento negociado se redujo a 56 páginas en su propuesta del sábado pasado en la Cumbre de Naciones sobre Desarrollo Sostenible Río + 20 que finalizará el próximo viernes. Las discusiones entre los representantes nacionales giran en torno a las formas y montos de financiación para políticas encaminadas al logro del llamado desarrollo sostenible en los países. Estas discusiones son atravesadas por la actual crisis económica que sufren países europeos y Estados Unidos. Mientras tanto, el los presidentes de los países del G20 se reúnen en Los Cabos, México, para debatir sobre las salidas posibles a  esa crisis económica. La propuesta central de Río + 20 lleva el nombre de “economía verde”. Fue definida como una economía socialmente inclusiva y “eficiente en el uso de recursos naturales, que resulta en la mejoría del bienestar de la humanidad y la igualdad social”. Las organizaciones sociales del mundo autoconvocadas en la Cumbre de los Pueblosparalela adelantaron su rechazo a la llamada “economía verde”. Entre varios cuestionamientos, señalan que la iniciativa mantiene al mercado en el centro de la solución de los problemas ambientales. Otro de los debates en Río + 20 evalúa la aprobación de un nuevo índice para medir la riqueza de las naciones. Este indicador resulta de la evaluación del capital económico, natural y humano. El llamado Índice de Enriquecimiento Inclusivo se presenta como una medición de crecimiento económico que considera la situación de los recursos naturales. Por último, las naciones también debaten el fortalecimiento del trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). (PÚLSAR)