Etnosubversivos contra la minería.

ONU:

"Grave inseguridad jurídica, alto número de desalojos" Buenas leyes que no se respetan, industrias extractivas que vulneran derechos, pérdida de territorios y falta de acceso a la Justicia. Radiografía de la situación indígena en Argentina, según Naciones Unidas. Relator en lof Mapuce Wenx Xawvn Leufu - Kona Producciones 12 de julio de 2012(Observatorio de Derechos Humanosde Pueblos indígenas) .- *Por Darío Aranda Argentina cuenta con adecuada legislación en materia de derecho indígena, pero (a pesar de las numerosas leyes) no se respetan los derechos de los pueblos originarios. La afirmación, que no es novedad para las comunidades indígenas del país, toma otra relevancia si proviene de la autoridad especializada en materia indígena, de Naciones Unidas (ONU), el Relator Especial James Anaya, quien -siempre en tono diplomático- responsabilizó al Estado nacional, los estados provinciales y al Poder Judicial. Además, afirmó que las industrias extractivas (petróleo, minería, agronegocios) chocan con los derechos de las pueblos indígenas, llamó a evitar la criminalización de la protesta e instó a que "se deben tomar medidas inmediatas para responder a las demandas de las comunidades indígenas que se encuentran en riesgo inminente de ser desalojadas". Equilibrio diplomático El relator especial de Naciones Unidas sobre derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, visitó la Argentina entre el 27 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011. Se entrevistó con comunidades de Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy, Tucumán y Formosa. El miércoles 11 de julio en la sede porteña de la ONU, Anaya brindó una videoconferencia desde Suiza en la que detalló la "versión avanzada no editada" del informe que elaboró luego de su visita y que tituló "La situación de los pueblos indígenas en Argentina". En un lenguaje diplomático, Anaya leyó los aspectos principales del informe. En busca de equilibrio, comenzaba cada oración con un aspecto positivo para luego complementar con la situación negativa. "Argentina ha dado pasos importantes", remarcó al inicio de su exposición, y precisó: la reforma de la Constitución Nacional de 1994 (que introdujo el artículo 75, inciso 17, donde se explicitan los derechos de los Pueblos Indígenas), la ratificación del Convenio 169 de la OIT (de rango supralegal), la sanción de la Ley 26.160 (que suspende los desalojos y ordena un relevamiento territorial) y el voto positivo en Naciones Unidas respecto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. "Pero persiste una brecha significativa entre las leyes y su aplicación real. El Estado debe priorizar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, implementar políticas públicas claras", pidió. El informe escrito (que será presentado en la Asamblea de la ONU en septiembre pero su versión avanzada está disponible en http://unsr.jamesanaya.org/esp/country-reports/the-situation-of-indigenous-peoples-in-argentina ) es más contundente que la exposición por videoconferencia. En la página 7, amplía: "Existe un número significativo de leyes y programas nacionales y provinciales en materia indígena. Sin embargo, se presentan una serie de problemas en relación con la implementación y garantía de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en relación con sus tierras y recursos naturales, el acceso a la justicia, la educación, la salud, y otros servicios básicos". Ante un auditorio de abogados, ONG, funcionarios de Cancillería, periodistas y pocos indígenas, Anaya destacó el "importante trabajo del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)", pero de inmediato compensó: "Pero requiere de mayor apoyo financiero y capacidad institucional para cumplir su trabajo con eficacia". Y señaló su "preocupación" por la escasa participación indígenas en el INAI. Celebró como un "avance importante" la sanción de la Ley 26160 (y su prórroga 26554). Pero de inmediato llamó al "gobierno nacional y las provincias a finalizar los relevamientos" catastrales y hacer efectivas las personerías jurídicas que deben entregarse a las comunidades. "Hay una alta incidencia de desalojos a indígenas, a pesar de la Ley 26160. Llamamos al gobierno nacional, a los provinciales y a los tribunales a que apliquen la ley y se tomen medidas inmediatas para evitar desalojos", solicitó. En la página 9 del escrito advierte un punto débil de la Ley 26160: el relevamiento "no incluye un procedimiento para la titulación de tierras indígenas". Más extractivas, menos derechos Un apartado especial se lo lleva "industrias extractivas y agropecuarias". Durante la conferencia, subrayó la necesidad de contar con la participación de las comunidades indígenas y aplicar la "consulta libre, previa e informada" que rige en la legislación respecto a cualquier acción o actividad que pudiera afectar a los pueblos indígenas. En los casos que ya se ha afectado a las comunidades (por ejemplo la actividad petrolera en Neuquén), llamó a abordar la mitigación y remediación. El escrito, en este punto, vuelve a ser más contundente que la videoconferencia: "Relacionado con la inseguridad jurídica de los pueblos indígenas sobre sus tierras tradicionales puede mencionarse la existencia o promoción de proyectos de industrias extractivas y agropecuarias dentro o cerca de estas tierras". Recuerda que el país tiene una "larga historia" de extracción de recursos naturales, pero señala la década del 90 como un punto de inflexión debido a la "liberalización de leyes que regulan estas industrias". Y precisa: "El otorgamiento de concesiones por parte de las provincias ha aumentado considerablemente en la última década". Toma como referencia la situación de las Salinas Grandes, de Salta y Jujuy, donde los gobiernos provinciales impulsan la explotación de litio, a pesar del rechazo de numerosas comunidades kollas y atacama. Y señala los pasivos ambientales de extractivas: la comunidad mapuche Kaxipayiñ (región de Loma de Lata, Neuquén). "El Relator Especial pudo constatar indicios de contaminación por actividades petroleras (...) En noviembre de 2011, la empresa Repsol YPF anunció el descubrimiento de un nuevo yacimiento de gas y petróleo en la región de Loma de Lata, fomentando nuevas preocupaciones sobre la explotación de petróleo en la zona, especialmente por el método de extracción particularmente riesgoso que supuestamente utilizará: la fractura hidráulica (gas no convencional)", advierte la ONU. Y destaca dos casos donde la contaminación, y sus consecuencias en las personas, no han sido tratados. "La comunidad de Pan de Azúcar, provincia de Jujuy, sigue sufriendo los impactos de los efectos de la contaminación dejada por una mina de plomo, plata y zinc que dejó de operar en el año 1989", precisa. Y también describe el caso de la localidad de Abra Pampa (Jujuy), epicentro de la contaminación con plomo por la planta Metal Huasi. Quizá el segmento más contundente, no leído durante la videoconferencia, se encuentra en la página 10 del informe, párrafo 38: "Los proyectos agropecuarios y de industrias extractivas existentes en Argentina han afectado a un conjunto de derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus derechos a sus tierras y recursos naturales, así como sus derechos a la alimentación, la salud, y el desarrollo". Anaya llamó a "concientizar" a las empresas, pero sobre todo a que "el Estado debe controlar al sector privado, a las empresas que extraen recursos (naturales). Si eso no sucede, no hay respeto pleno para con los pueblos indígenas". Modelo agropecuario "El avance de la frontera agrícola ha generado la pérdida de grandes extensiones de tierras tradicionales de los pueblos indígenas", afirma el escrito de la ONU. Explica que numerosas familias indígenas fueron desalojadas de las zonas rurales y fueron obligadas a migrar a ciudades cercanas "viviendo a menudo en condiciones de extrema marginación y miseria". Recuerda que los desmontes, consecuencia del avance agropecuario, provocaron que "se vea severamente limitados" el acceso y la disponibilidad de los animales de caza y pesca, las plantas, la miel de recolección e incluso los materiales para la construcción de viviendas. "Existen también efectos nocivos en la salud de las personas indígenas a raíz del uso de agrotóxicos para la fumigación de cultivos", denuncia. Cita como caso emblemático, aunque no el único, el chaco salteño. "Aunque el Gobierno ha dado algunos pasos importantes para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y recursos naturales tradicionales, existe todavía en Argentina una falta de seguridad jurídica generalizada respecto de estos derechos". El rol de los parques nacionales, áreas protegidas y declaraciones de la Unesco de Patrimonio de Humanidad (respecto a la Quebrada de Humahuaca) también fueron señalados por Anaya. "Los pueblos indígenas deben ser partícipes del manejo y beneficiarios económicos", señaló. Justicia vedada El informe marca como una gran falencia la falta de acceso a la Justicia. "Los pueblos indígenas enfrentan varias barreras para acceder a la justicia, incluyendo barreras lingüísticas, culturales, económicas y de distancia. En particular, se ha reportado que la mayoría de los tribunales provinciales desconocen o no consideran debidamente la legislación nacional e internacional sobre pueblos indígenas, principalmente respecto de los derechos a las tierras y los recursos naturales", denuncia Anaya en la página 13. Reconoce que los tribunales de Argentina tienden a favorecer los derechos de propiedad privada de individuos o empresas por encima de las formas colectivas de propiedad indígena. "La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas. La mayoría de estos desalojos han sido producto de órdenes judiciales de tribunales provinciales en donde se acusa a miembros de pueblos indígenas de usurpación", señala. "Preocupa que la mayoría de estos desalojos hayan ocurrido después de la entrada en vigencia de la Ley 26160 de 2006", advierte el escrito del Relator y lamenta que una "respuesta estatal" haya sido la criminalización de la protesta indígena. Incluso precisa que las represiones de la Policía permanecen impunes, pero los indígenas siguen procesados por "actos de protesta". Recuerda que los desalojos son una "especial preocupación para los pueblos indígenas a lo largo del país" y, por escrito, el Relator de la ONU hace un "llamado al Gobierno nacional, y especialmente a los gobiernos provinciales y a los tribunales, para que apliquen la letra y el espíritu de las leyes 26160 y 26554 y suspendan todos los actos procesales o administrativos de desalojo de comunidades indígenas hasta que se realice el proceso de relevamiento técnico-jurídico de las tierras ocupadas por pueblos indígenas". Casi al finalizar la videoconferencia, Anaya puntualizó un llamado de atención respecto al proyecto de reforma del Código Civil. "Es de preocupación la información respecto a la reforma del Código Civil", alertó, fuera del lenguaje neutro de la diplomacia, pero de inmediato lo relativizó: "No lo he podido analizar en profundidad, debiera tener más información para opinar". El proyecto de ley, que no contó con participación indígena, fue duramente cuestionado por comunidades indígenas (http://odhpi.org/2012/05/reforma-del-codigo-civil-dura-critica-de-pueblos-indigenas/) y por organizaciones sociales (http://odhpi.org/2012/05/a-proposito-de-la-reforma-del-codigo-civil/) por vulnerar la legislación vigente. Silencios Cuando finalizó la exposición de Anaya, Felix Díaz, referente de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera, de Formosa) y presente en el auditorio, tomó la palabra: "Estamos preocupados porque estamos siendo avasallados por políticas estatales. Hay falta de voluntad de aplicar las leyes. Hay falta de avances concretos, hay falta de interés de las autoridades nacionales y provinciales", denunció Díaz, mientras Anaya lo seguía por video-conferencia. El 23 de noviembre de 2010, la comunidad fue reprimida por la policía provincial y asesinado el qom Roberto López. Le siguió un proceso de hostigamiento y continuas amenazas. La comunidad trajo el reclamo a Capital Federal. Acampó en 9 de Julio y Avenida de Mayo. Logró una mesa de diálogo con el gobierno nacional, que -a más de un año de iniciada- no ha dado resultados concretos respecto a la demanda territorial ni de acabar con el hostigamiento (el 28 de junio último fue atacado, por una patota, el hijo de Díaz). "¿Cuáles son los mecanismos para profundizar estas reclamos con la participación directa de los pueblos indígenas?", preguntó Felix Díaz. Anaya señaló que había hecho recomendaciones al Estado argentino para que dé respuestas a la situación y que esperaba hechos concretos. Los funcionarios del INAI, presentes en el auditorio, no esbozaron respuesta. Elena Duro, de Unicef Argentina, afirmó que en los últimos meses hubo en Argentina "más violencia" frente a los reclamos de los pueblos indígenas, recordó el avance de la minería y preguntó si las instancias regionales como Unasur y Mercosur podrían ser ámbitos donde debatir la situación indígena. Anaya se mostró de acuerdo, aunque no esbozó propuestas de cómo hacerlo. En el auditorio había autoridades de Cancillería, pero optaron por el silencio. Saludos de rigor, fin de videoconferencia y despedida.

Paraguay: Más de 200 Radios Comunitarias serían decomisadas por el gobierno de facto.

AVANZA EL GOLPE

(AW)Mientras se conoce el dictamen final y las posibles sanciones de la OEA a Paraguay, las organizaciones de derechos humanos alertan sobre las amenazas, la persecución y el retroceso democrático que se vive en el país. Las organizaciones de derechos humanos en el Paraguay denuncian que cuando todavía no se han cumplido dos semanas del golpe de estado parlamentario contra el expresidente Fernando Lugo, la situación de libertades y derechos humanos se ha deteriorado considerablemente.  Fernando Lugo fue destituido por el Senado de Paraguay el pasado 22 de junio luego de un juicio express motivado por su responsabilidad política en la muerte de 17 personas en enfrentamientos entre la policía y campesinos sin tierra. El hecho desató una crisis internacional y copó las agendas de los organismos regionales y continentales como Unasur, Mercosur y la OEA. El Secretario General de éste último, Miguel Insulza visitó el país y se espera en cualquier momento por parte del organismo, un veredicto de la situación, que servirá como base para que los embajadores de los estados miembros, debatan hoy martes en Washington, qué decisión tomar frente a la crisis política en el Paraguay. Amenazas, persecución y criminalización Los representantes de las organizaciones de derechos humanos lamentaron que el Secretario General de la OEA no los haya recibido. Pretendían trasmitirle a Miguel Insulza su preocupación por lo que ellos califican como graves indicios de un rápido deterioro de los derechos humanos en Paraguay. Alertarlo por ejemplo, sobre las primeras amenazas contra activistas y defensores. La coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de la Mujer y miembro de la coordinadora de organizaciones de derechos humanos, Elba Muñoz denuncia que desde el mismo momento en el que se dio a conocer la destitución del Presidente Fernando Lugo comenzó la represión. "Hemos tenido declaraciones del presidente Franco, calificando la salida a las calles a protestar o a manifestarse como un llamamiento a una guerra civil, con la clara intención de infundir miedo". Denuncia la infiltración de policías de civil y francotiradores en las manifestaciones ciudadanas. Un colectivo que teme un retroceso en el respeto a sus derechos fundamentales es el del gays, lesbianas y trans. Según relata Muñoz, manifestantes a favor del gobierno de Federico Franco han dicho que no quieren un Paraguay con sodomía, en alusión a los grupos GLTB y justificando procesos de estigmatización y persecución. Retrocesos democráticos y sociales La defensora de derechos humanos, Elba Muñoz cuenta que se ha roto un esforzado y valioso proceso de construcción ciudadana y democracia logrado en los escasos 23 años que lleva ese país sin dictadura. Muñoz advierte que ha regresado el temor y el terror que hacen revivir un pasado reciente que se creía superado. Las organizaciones ven igualmente amenazados los avances logrados en estos años en cuanto a derechos sociales y citan como ejemplo concreto el del acceso al servicio de salud pública: "Una de las conquistas más importantes tenía que ver con la gratuidad y universalidad de la salud como un derecho, y hoy vemos como hay un proceso de regresión. Hay anuncios que nos muestran que se pretende frenar el reciente proceso de declaración de gratuidad de la salud en un país donde la mitad de las personas están en situación de pobreza", denuncia la activista Muñoz. A Elba Muñoz le preocupa especialmente el retroceso que pueda haber en términos de los derechos de las mujeres. "Ha habido algunas declaraciones de gente allegada al gobierno que han dicho que éste es un gobierno que va a promover la cultura de la vida, refiriéndose a que efectivamente habrán retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos y estamos muy temerosas de que se den procesos como los que se dieron en Honduras de penalización y prohibición de píldoras anticonceptivas como la píldora del día después o de otros métodos anticonceptivos". Temor por la libertad de prensa  Los medios populares especialmente las radios comunitarias son otro sector que teme por un empeoramiento de la libertad de prensa en Paraguay. Denuncian que la primera evidencia de ese retroceso sucedió el mismo día de la destitución del Presidente Lugo, cuando agentes de la policía paraguaya irrumpieron en la recién creada TV pública, primer canal estatal en Paraguay. Con ellos iba el director de comunicaciones del nuevo gobierno de Federico Franco quien pretendía interrumpir la trasmisión de las imágenes que mostraban a los partidarios de Lugo protestando en las calles, según lo denuncian varias fuentes. A raíz de estos hechos se creó la Coordinadora por la Defensa de la Tv Pública, un movimiento de resistencia que busca la restitución en su cargo del director del ente, Marcelo Martinessi y, al mismo tiempo, evitar la intromisión en el medio público del gobierno de Federico Franco. Alcides Villamayor, Secretario General de COMUNICA, la Asociación Paraguaya de Comunicación Comunitaria teme igualmente por el futuro de muchas radios comunitarias del Paraguay. "Hay una ley de medios que fue aprobada en el Parlamento y que justamente prohíbe la publicidad de las radios, que limita las potencias y que habla de imputación a los directivos que no tengan autorización del ente regulador". La ley a la que se refiere Villamayor había sido impugnada por el Presidente Lugo pero en el Paraguay el Parlamento puede o no rechazar el veto presidencial. En este caso, ambas cámaras rechazaron el veto de Fernando Lugo lo que hacía aplicable de inmediato la norma. Los comunicadores populares y comunitarios tenían la esperanza que el gobierno de Lugo no aplicara la ley y buscará por medios judiciales su derogación. Ahora temen que el gobierno de facto, como ellos llaman al gabinete de Franco, la haga cumplir a rajatabla. "El gran temor es que casi todas las radios comunitarias no tienen autorización, ni licencia y hace dos días el nuevo director de CONATEL, el ente regulador, dijo que más o menos existirían 200 radios que serían decomisadas". Las radios comunitarias están en 15 de los 17 departamentos del Paraguay y a pesar de la poca tecnología con la que cuentan, se constituyen en una herramienta importante de expresión y libertad de prensa en un país donde los grandes medios de comunicación están en manos de importantes grupos económicos y políticos. Con este panorama denunciado por las organizaciones de derechos humanos y los representantes de medios comunitarios en el Paraguay, y a pesar del clima de tranquilidad que dijo encontrar el Secretario General de la OEA luego de su visita, el temor a que se estén dando los mimos pasos que en Honduras, podría ser fundado. Un camino que llevaría al país a un clima generalizado de amenazas y persecución de defensores de los derechos humanos y un cerco a aquellos medios que tengan una postura contraria al nuevo gobierno. No obstante, los paraguayos esperan que sobre todas las diferencias y la crisis, primen finalmente los valores democráticos. Fuente: RNW

Represión policial contra manifestantes que rechazan minas Conga.

LIMA: TERRORISMO MEDIÁTICO

El poder de las mineras Newmont-Buenaventura (dueñas del proyecto Conga) se extiende desde Cajamarca hasta Lima, que tienen en los medios de comunicación y a la Policía Nacional a su servicio. Lima 12 de julio de 2012 (mariategui.blogspot.com.ar).- Esta tarde, con la justificación de que algunos jóvenes hicieron pintas contra el gobierno autoritario de Ollanta Humala y en rechazo al proyecto minero Conga, en la base del monumento al libertador San Martín con frases como ¡Ollanta genocida! (han sido asesinados 12 peruanos por la policía y el ejército en protestas contra proyectos extractivos en su primer año de gobierno) u !Ollanta te eligieron para gobernar y no para matar! La prensa desarrolló su terrorismo mediático exigiendo prisión y la pena máxima contra estos supuesto "energúmenos" (resulta que ahora a ellos les interesan los libertadores, si el dañado era el monumento de Bolívar seguro no hubiesen reaccionado así), (ver video: http://bit.ly/MnVrbo) exigencia que "inmediatamente" la policía hizo suya y después de reprimir a los jóvenes que protestaban en la Plaza San Martín detuvo a cinco de ellos, (Se trataría de: Adrián León Lostanau (20), Katherine Alejandra Dávila Acosta (23), Reynaldo Aragón Olazkagua (22), Carlos Alberto Castro Segura (22) y Luis Alberto Vargas Helm (22).) primero fueron trasladados a la comisaría de Alfonso Ugarte en el Centro de Lima, hace unos minutos los llevaron a la sede de Seguridad del Estado, ubicado a unas cuadras de ahí. Video: Carmaiqel

Movimiento #YoSoy132 denuncia la concentración de riquezas en México.

MUNDO-ESTUDIANTES

El colectivo estudiantil realizó este jueves la denominada Cadena Nacional por una Democracia Real. Durante este evento, los jóvenes denunciaron a 3 empresas mexicanas por concentrar las riquezas del país.

Varios integrantes del Movimiento se apostaron frente a las oficinas de Televisa, el Banco Nacional de México (Banamex) y Teléfonos de México (Telmex), en el casco histórico de la ciudad. Al comienzo de la jornada, los jóvenes realizaron una cadena humana frente a las instalaciones de Televisa. Luego leyeron un documento que explicaba y denunciaba el surgimiento de la televisión privada en el norteño país. Posteriormente, los activistas se dirigieron a las oficinas del Banamex. Allí, los manifestantes señalaron a los banqueros como un "obstáculo" para consolidar una democracia real. A continuación, los integrantes del Movimiento #YoSoy132  marcharon hacia las oficinas de Telmex donde criticaron la privatización de esa empresa. Asimismo, manifestaron que esa compañía es un ejemplo de que la privatización de empresas mexicanas no mejoró la economía del país. Por último, la llamada Cadena Nacional por una Democracia Real concluyó frente al Palacio Nacional de México. En ese lugar, los activistas leyeron un documento llamado "Saldos del neoliberalismo". El texto daba cuenta del incremento en la cantidad de personas en situación de pobreza desde 1980 hasta 2012 y la pérdida durante ese periodo del 82 por ciento del poder adquisitivo de los ciudadanos. Esta jornada del Movimiento #YoSoy132 forma parte de su campaña "6 días para salvar a México". La próxima actividad de esta iniciativa será este viernes con una movilización desde la Universidad Chapingo a San Salvador Atenco. (PÚLSAR)

Amenazan a líder comunitario en Guatemala.

GUATEMALA-AMENAZAS

El referente de la Coordinadora y Convergencia Maya -Waqib Kej, Domingo Hernández Ixcoy, recibió un mensaje intimidatorio por parte de desconocidos que allanaron su vivienda. El hecho forma parte de una serie de amenazas contra líderes sociales.

Audios disponibles:

Domingo Hernández Ixcoy, referente de la Convergencia Maya-Waqib Kej, en diálogo con Radio Mundo Real. (allanamiento) - 1 min 12 seg. (567 Kb.)

Domingo Hernández Ixcoy, referente de la Convergencia Maya-Waqib Kej, en diálogo con Radio Mundo Real. (amenazas) - 1 min 01 seg. (483 Kb.)

Domingo Hernández Ixcoy, referente de la Convergencia Maya-Waqib Kej, en diálogo con Radio Mundo Real. (represalia) - 55 seg. (435 Kb.)

El allanamiento ocurrió el pasado martes cuando Hernández Ixcoy salía de su casa para asistir a un encuentro de su organización. Mientras se ausentaba de su casa, un grupo de desconocidos ingresó en la vivienda. Luego de revisarla dejaron una nota con una amenaza dirigida al líder social. El manuscrito encontrado contenía la frase "el mensaje lo dejas sobre el cadáver". Vale decir que Hernández Ixcoy se encuentra realizando un reposo domiciliario tras haber sufrido un accidente hace 2 meses. Por tal motivo, las salidas de su casa son esporádicas. A partir de esta situación, el referente comunitario sostiene que quien ingresó a la vivienda conocía sus movimientos. De este modo se descarta la posibilidad de que el ataque haya sido perpetrado por delincuentes comunes. Algunas estimaciones que se produjeron luego de las amenazas señalan que las intenciones de quienes entraron al domicilio de Ixcoy eran las de asesinarlo. Por su parte, el referente de la Convergencia Maya -Waqib Kej expresó que en Guatemala se está produciendo "una cadena de intimidaciones" contra luchadores sociales. (PÚLSAR)

Lugo afirma que la dirigencia política paraguaya debe ser sancionada.

PARAGUAY-DEMOCRACIA

El destituido mandatario manifestó que el Gobierno paraguayo y los políticos de ese país deben ser sancionados por su responsabilidad en la decisión del Parlamento nacional de quitarlo de su cargo.

Pese a este punto de vista, el ahora ex Presidente reiteró su desacuerdo con la posibilidad de que se aplique un bloqueo económico contra Paraguay. Sin embargo, valoró las decisiones del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) de excluir a Paraguay de sus foros. En ese sentido, señaló que esa determinación "fue una sanción para las clases políticas que gestionaron, operativizaron y realizaron el golpe de Estado en Paraguay". Por otra parte, Lugo se refirió a las acusaciones en su contra que derivaron en su destitución. Por tal motivo, explicó la problemática de la tenencia de tierras en su país y manifestó que quien quiera abordar esa problemática bajo la estructura actual del Parlamento paraguayo correrá su misma suerte. Vale recordar que Fernando Lugo fue destituido como presidente de Paraguay tras un juicio político parlamentario  "expres" celebrado el pasado 22 de junio. La acción provocó la crítica y el rechazo de distintos países de la región, quienes también denunciaron que la salida de Lugo correspondió a un golpe de Estado. El también exobispo fue sustituido en el poder por su vicepresidente, Federico Franco. (PÚLSAR)

CELTYV EN PRESTIGIOSAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES

Durante el final de mayo y principio de junio, CELTYV llevó a cabo actividades en plano internacional para la defensa y apoyo de las víctimas del terrorismo. En mayo, Victoria Villarruel, Presidente de CELTYV, participó -en París- en la Radicalisation Awareness Network (RAN- red europea con status ante la Comunidad Europea) con el fin de hacer frente a la radicalización y el terrorismo. La red estuvo formada por varios grupos de trabajo que se centraron en un aspecto o grupo específico, y CELTYV formó parte del de "Voz de las víctimas del terrorismo". Ello nos permitió denunciar los crímenes que el terrorismo ha cometido en nuestro país y pudimos darles visibilidad a las víctimas, habiendo sido la única ONG de Latinoamérica que fue invitada a participar de este evento. Aprovechando su paso por Europa, la Dra. Villarruel estuvo en Madrid el sábado 9 de junio de 2012, fecha en que se realizó la marcha de la ONG española "Voces contra el Terrorismo", convocada en Plaza de Colón, en contra del Plan Integral de Reinserción del ministerio del Interior a favor de los terroristas etarras. Victoria Villarruel- en representación de las víctimas del terrorismo de Argentina- acompañó a sus pares en España, compartiendo el clamor por el cese de la impunidad a los terroristas y reclamando Justicia, Verdad y Reparación para las víctimas. Aquí en el escenario junto con víctimas españolas sosteniendo el reclamo de No a la Impunidad para los terroristas etarras.