Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit.

internacional

Tres expertos de la ONU en derechos humanos afirmaron hoy que los cortes del suministro de agua a personas que no pueden pagar ese servicio en la ciudad estadounidense de Detroit son un insulto y constituyen una violación de las garantías fundamentales.

Los relatores especiales recordaron que cuando existe una incapacidad genuina de pago, las leyes de derechos humanos prohíben la desconexión de la red de agua.

El Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit ha venido suspendiendo el servicio a viviendas que adeudan dos meses, acelerando la medida a partir de junio a un ritmo de 3.000 clientes por semana. Según las proyecciones, unas 30.000 familias carecerían de agua en los próximos meses.

Los expertos señalaron que dadas las altas tasas de pobreza y desempleo que existen en Detroit, las facturas del agua resultan caras e impagables para gran parte de la población. Advirtieron que si la suspensión del suministro afecta de manera desproporcionada a los afroamericanos, la medida sería además discriminatoria y violaría los tratados ratificados por Estados Unidos.

Finalmente, subrayaron que, según las leyes de derechos humanos es obligación del Estado implementar medidas urgentes, incluida la asistencia financiera, para garantizar el acceso al agua.

Los ideólogos de ONG disuelta son estadounidenses.

ECUADOR

EL TELEGRAFO ? ?Algunas Organizaciones No Gubernamentales sirven para infiltrarse en los movimientos sociales de lucha, desestructurar las bases y cumplir una función política. Ponen a los sujetos populares en el centro del poder como una cuestión positiva para ellos, pero si lo analizamos a fondo vemos que los países que introducen estas ONG son los mismos que insertan los monopolios en América Latina?, destacó Azequiel Blanco del colectivo de jóvenes comunistas de España.

Blanco resaltó lo anterior durante el XVIII Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes (FMJE), que del 7 al 13 de diciembre se desarrolló en el Parque Bicentenario, en Quito. Allí, alrededor de 8.500 jóvenes de más de 80 países se dieron cita para empoderarse de los procesos de cambio y de lucha porque, según la ministra Coordinadora de la Política, Betty Tola, la presencia de las nuevas generaciones dentro de la política es imprescindible para que conozcan sobre los ?nuevos imperialismos? que hoy en día se presentan de diferente manera, como por ejemplo a través de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las ONG, entre otros.

?Los mismos países que introducen ONG insertan monopolios en América Latina?. Azequiel Blanco
Joven español

Un ejemplo reciente de aquello serían los hechos ocurridos el pasado 28 de noviembre en Quito en el contexto de la XI Ronda Petrolera ?Suroeste?, en la que miembros de la Fundación Pachamama y de la organización La Hormiga, ocasionaron disturbios y atacaron física y verbalmente al embajador de Chile, Juan Pablo Lira, y a Andrey Nokonov, director de la empresa Belorusneft, de la República de Bielorrusia.

Por esa razón, el Ministerio del Ambiente decidió cerrar (disolver) la fundación Pachamama, basándose en el artículo 26 del Decreto presidencial Nº 16, que establece que las organizaciones sociales pueden ser disueltas en caso de que desvíen los fines y propósitos para los cuales fueron constituidas, o si se dedican a actividades políticas públicas ?que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado, o que afecten la paz pública?. Las primeras investigaciones policiales permitieron determinar que algunos miembros de Pachamama participaron de las agresiones en contra del embajador y del empresario extranjero. Igualmente, se identificó la participación de integrantes del colectivo Hormiga. El presidente Rafael Correa rechazó esos hechos y dijo: ?La mayoría del pueblo ecuatoriano somos buenas personas, a evitar a esta mala gente, violenta, que hace quedar mal a todo un pueblo?.

¿Quiénes son Pachamama y La Hormiga?

The Pachamama Alliance nace en Estados Unidos en 1995, a partir de una invitación del pueblo achuar para trabajar en equipo con activistas estadounidenses, con el supuesto objetivo de preservar su territorio y cultura, según consta en su página web www.pachamama.org.

Un grupo de extranjeros llegó a Ecuador para conocer más de la cultura Achuar, entre ellos: Bill Twist, su actual director, quien es consultor de gestión en industrias de servicios financieros y es dueño de la empresa aérea Aerotsentsak, la cual se califica como uno de los logros más destacados del trabajo conjunto con los Achuar, para construir proyectos de ecoturismo comunitario.

También consta John Perkins, economista, empresario y escritor estadounidense, autor del libro ?Un gánster económico?, donde describe su experiencia como exagente del servicio de Inteligencia del Gobierno de EE.UU. en conexión con la CIA.

En su libro, Perkins relata cómo trabajó ?discretamente? en una firma internacional de consultoría para viajar a diversos países, entre ellos Ecuador. Su misión consistió en ?fomentar medidas políticas favorables a los intereses? de lo que el autor llama la ?corporatocracia estadounidense (alianza entre la administración, la banca y las corporaciones)?. Sin embargo, en apariencia, se trataba de remediar la pobreza.

Dos años más tarde (1997) se creó una fundación hermana en Ecuador que, según su directora Belén Páez, se dedicaba a trabajar en la Amazonía ecuatoriana en defensa de los derechos humanos de las poblaciones achuar, shuar y zápara. Páez, el 4 de diciembre pasado, en rueda de prensa admitió que el financiamiento de Pachamama Ecuador proviene de países como EE.UU. y Holanda. Páez tiene relación con la Coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica (COICA) y con grupos políticos como la Confederación de nacionalidades indígenas de Ecuador (Conaie), Movimiento Popular Democrático y Pachakutik.
?ONG se constituyen en un poder extranjero dentro del territorio nacional? Álvaro García Linera Vicepresidente de Bolivia

Por su parte, en el caso de La Hormiga, se trata de un colectivo juvenil mestizo de Puyo, que nació en 2009 con el objetivo de trabajar en iniciativas de educación ambiental, según lo dicho a la prensa por su representante Diego Escobar Duche, quien tiene en la Amazonía una operadora turística y es locutor del programa ?Radio La Hormiga?.
El grupo trabaja con el apoyo de otras organizaciones como Aya Huma, Comuna Amazónica y de personas como Margoth Escobar, identificada con videos y fotos como una de las principales agresoras del diplomático y el empresario foráneos.

ONG: ?Una máscara que esconde al imperialismo?

En su libro Geopolítica de la Amazonía, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, señala que el sistema neoliberal configura entre las ONG las capacidades reducidas de un Estado y un sector económico privado extranjero que se apodera de las riquezas públicas.

Por ello, describe a las ONG como un reemplazo del Estado que muchas veces es financiado por otros gobiernos o por empresas.

?La ONG, en tanto organismo de otro gobierno y como poseedor de recursos financieros, define la temática, el enfoque, el financiamiento, desde las prioridades de ese otro gobierno, constituyéndose en un poder extranjero dentro del territorio nacional?, escribe García.

Entonces destaca que las ONG son el vehículo para introducir un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico, creando un nuevo tipo de privatización y extranjerización de los parques y áreas protegidas.

En esto coincide la colombiana Juliana Botero, de la organización Marcha Patriótica y participante del FMJE, quien contó la situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes de ese país, en donde las ONG ejercen un poder sobre estos pueblos y lo que ?realmente quieren es conseguir dinero y avalar políticas muchas veces conservadoras?.

?Lo consideramos un ejercicio de dominación porque las comunidades caen en el asistencialismo y pierden su conciencia crítica, trabajando solo en función de agendas impuestas por estas entidades. Realmente ese trabajo se debería hacer desde las comunidades y con sus propias propuestas?, añadió Botero.

Elmer Micha Vásquez, de Cajamarca (Perú), diferenció entre los organismos que realmente trabajan con las comunidades y los que solo pretenden beneficiarse como en el caso de su país, en donde algunos organismos, incluso religiosos, han ayudado a que transnacionales como Newmont, empresa minera financiada por Estados Unidos, puedan ingresar a su país y saquearlo.

Por ello, según coincidieron en señalar los jóvenes, es importante un reforzamiento ideológico para evitar esta nueva forma de imperialismo.

?La Amazonía es de nosotros, no de las empresas u ONG que pretenden enseñarnos a protegerla?, escribió el vicepresidente García.

BILL TWIST, EL EMPRESARIO DE PACHAMAMA

Bill Twist, estadounidense que desde 1996 se desempeña como presidente de Pachamama Alliance, es consultor de gestión en industrias de servicios financieros y de arrendamiento de equipos desde 1970. Tiene una licenciatura en ingeniería y una maestría en administración de empresas. Es dueño de la empresa de autogestión AeroTsentsak (que sirve con avionetas en Puyo y que como perfil de comercialización consta como exportador ? importador) y financia a las nacionalidades amazónicas de Ecuador y Perú.

Twist apoya la lucha de las nacionalidades indígenas en contra de la expansión petrolera en sus territorios, que con ese fin busca alianzas estratégicas con otras fundaciones. Según él, existe la ?necesidad? de concienciar a la población en general de los efectos de las actividades petroleras.

Entre los principales vínculos sociales de Twist, dentro y fuera del país, constan Belen Paéz, de Fundación Pachamama Ecuador; Organización AVAAZ; Amazon Watch; y NBC. Entre sus vínculos laborales figuran la misma Páez y dirigentes de la nacionalidad achuar y kichwas de Sucumbíos.

JOHN PERKINS, EL EXAGENTE DE INTELIGENCIA

John Perkins, exagente del servicio de Inteligencia del Gobierno de EE.UU. y cofundador de la Alianza Pachamama. Es escritor, fundador y miembro del consejo de Sueño Cambio y asesor de empresas.

Dice que entre sus ?necesidades? está preservar los bosques y la cultura de los pueblos indígenas de la Amazonía.

Tiene vínculos sociales con organizaciones indígenas de la Amazonía, de manera especial con la nacionalidad Shuar. Sus vínculos laborales, dentro y fuera del país, los mantiene con Pachamama Ecuador; Organización AVAAZ; Amazon Watch; y NBC.

Tiene una fundación con su mismo nombre que se dedica -según su página web www.johnperkins.org- a ?transformar el mundo hacia una economía sostenible y en un hogar pacífico en donde todos los seres puedan prosperar?. En esta página web comparte sus viajes, artículos, agenda y eventos, y promociona sus libros: ?Confesiones de un Gánster económico?, ?Transmutación: Técnicas chamánicas para la transformación global y personal?, entre otros.

Juicio por genocidio. La CC ampara a Ríos Montt, pero no lo amnistía.

GUATEMALA

Por Sebastián Escalón

La Corte de Constitucionalidad amparó, en una resolución del 22 de octubre, a la defensa del general Efraín Ríos Montt. Sin embargo, contrario a lo que se especulaba debido a filtraciones a la prensa, la Corte no otorgó al ex dictador ninguna amnistía.

La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) se centra en un punto puramente formal: afirma que el juez Miguel Ángel Gálvez y la Sala Primera de Apelaciones no argumentaron adecuadamente su decisión de declarar sin lugar la solicitud de la defensa de Ríos Montt de que se detuviera la persecución penal resguardándose en el decreto?ley  8-86. Este decreto, promulgado en los últimos días del gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores, declaraba una amnistía a todos los responsables de delitos políticos ocurridos durante los gobiernos de Ríos Montt y del propio Mejía Víctores.

Según la Corte de Constitucionalidad, reafirmando una resolución previa de la Corte Suprema de Justicia, el juez Gálvez, y posteriormente la Sala de Apelaciones no estudiaron a profundidad el alcance de dicho decreto-ley y basaron su decisión de perseguir a Efraín Ríos Montt en otra ley, la de Reconciliación Nacional (145-96), que reconoce que los delitos de genocidio, tortura, y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles no pueden ser amnistiados; a la vez que reconoce los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

En consecuencia, la CC ordena que la Sala Primera emita una nueva resolución en la que ?analice el alcance de las amnistías decretadas?. La CC no le indica a la Sala cómo debe de resolver, ni tampoco indica o insinúa que el decreto 8-86 tiene vigencia y puede salvar a Ríos Montt de los juicios pendientes.

Esta resolución de la CC fue aprobada por cinco magistrados y rechazada por dos. Gloria Porras y Mauro Chacón, quienes el 20 de Mayo pasado se habían opuesto a la anulación de la sentencia del juicio por genocidio, volvieron a emitir votos disidentes.

El voto razonado de la magistrada Porras es particularmente contundente y crítico con el actuar de la CC. ?Esta decisión que por mayoría adopta este Tribunal, es incorrecta, ambigua y evidencia un análisis incompleto de las actuaciones?, escribe Porras, ?provocando un retardo innecesario en la persecución de delitos de lesa humanidad.?

Porras opina que el juez Miguel Ángel Gálvez explicó de forma muy clara por qué el decreto ley 8-86 no tiene vigencia, puesto que fue sustituido por la ley de Reconciliación nacional. La magistrada opina que, por otra parte, este decreto nunca tuvo eficacia jurídica puesto que, desde 1949, Guatemala es parte de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. Por estas razones, afirma que la Sala no podrá emitir una decisión diferente a la que ya emitió.

La magistrada agrega que ?con la sentencia emitida por este Tribunal, se vuelve a incurrir en la displicencia de otorgar amparos como obstáculos a la investigación de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.? En otras palabras, la CC con sus resoluciones que se centran en formalismos y no analizan el fondo de las controversias, estaría respaldando la estrategia de litigio malicioso de los defensores de los generales. 

La resolución de la CC fue filtrada al diario Prensa Libre un día antes de que ésta se hiciera pública y que las partes fueran notificadas. El matutino hizo de esta resolución una interpretación errónea, afirmando que la Corte declaraba que el decreto 8-86 sí debía aplicarse. El Centro de Acción Legal para los derechos humanos, en una conferencia de prensa calificó de ?extraño e inexplicable? que el máximo tribunal diera a conocer sus decisiones a un medio de comunicación antes que a las partes implicadas en el proceso. Asimismo, agregó que los delitos de genocidio y de lesa humanidad de ninguna manera son amnistiables. 

LAS OCHO PROPUESTAS DE LAS FARC QUE LLEGAN DESDE LA HABANA.

COLOMBIA

*DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP*

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 11 de 2013
Ocho propuestas mínimas de estímulo a la participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional y el impulso a procesos de integración de Nuestra América

En desarrollo de las propuestas para la Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el siguiente conjunto de iniciativas correspondiente al punto sobre ?Estímulo a la participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional y el impulso a procesos de integración de Nuestra América?:
1. Estímulo a participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional.
2. Control social y popular y veeduría ciudadana frente a los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano.
3. Reconocimiento de la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano.
4. Medidas transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren los derechos de la población.
5. Estímulo a la participación social en los procesos de integración de Nuestra América.
6. Estímulo a iniciativas sociales y populares para fortalecer los procesos de integración.
7. Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los procesos de integración.
8. Promoción de un nuevo orden económico internacional democrático y participativo.
1. Estímulo a participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional.

Se proveerán los diseños constitucionales a que hubiere lugar para garantizar que la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales, además de basarse en la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, se fundamenten en el respeto efectivo a los principios de la soberanía nacional y la autodeterminación, así como en el diseño de mecanismos de participación, consulta y control social y popular. Las facultades que tienen los poderes públicos serán redefinidas en consideración al necesario reconocimiento constitucional del Poder popular, al cual se le concederán funciones en esta materia.
2. Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano.

Los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano que vulneren o puedan vulnerar el catálogo de derechos consagrados constitucionalmente serán objeto de control social y popular y de veeduría ciudadana. Los tratados de libre comercio, los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones, así como los acuerdos de integración, previa suscripción, deberán ser sometidos a procesos de consulta con el Consejo Nacional de la Política Pública Democrática y Participativa y con el máximo órgano del Poder Popular, sin perjuicio de las facultades que en esa materia le corresponden al Congreso y a la Corte Constitucional. En todo caso, no podrán suscribirse tratados que afecten la producción y el ingreso de pequeños y medianos productores, el trabajo, y la soberanía alimentaria. Una vez suscritos lo tratados o acuerdos, se creará una Comisión técnica de control y seguimiento de sus impactos, que deberá contar con la participación social y popular. Tal comisión deberá producir informes anuales vinculantes, que incluirán acciones tendientes a la denuncia, la suspensión o el establecimiento de salvaguardas, según el caso. Sin perjuicio del trabajo de la Comisión, se estimulará la veeduría ciudadana.
3. Reconocimiento de la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano.

Se reconocerá y garantizará la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios que vulneren o puedan vulnerar el catálogo de derechos consagrado constitucionalmente a través del mecanismo de la consulta popular.
4. Medidas transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren los derechos de la población.

Mientras se surten los trámites de denuncia o suspensión de tratados que vulneren los derechos de la población, o afecten la pequeña y mediana producción, y la soberanía alimentaria, se dispondrán medidas de salvaguarda y compensación para los grupos poblacionales o las comunidades afectadas. Tales medidas deberán ser concertadas con los afectados e incluirán la disposición correspondiente de recursos del presupuesto nacional
5. Estímulo a la participación social en los procesos de integración de Nuestra América.

Las políticas de internacionalización privilegiarán los procesos de integración de Nuestra América, siempre y cuando éstos posean un carácter integral, político, económico, social y cultural, contribuyan al fortalecimiento regional frente a los poderes trasnacionales estatales o corporativos, al hermanamiento, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos y sus economías. En el entendido que la verdadera integración es esencialmente entre los pueblos, se estimulará la participación social y popular en los procesos de integración, especialmente en la UNASUR y la CELAC. Para tal efecto, se creará una instancia nacional de la participación social y popular y se promoverá un diseño correspondiente en el orden regional. En el caso de la participación política en el Parlamento Andino o en nuevos órganos o instancias de elección popular que se conformen, se establecerá una circunscripción especial para garantizar la representación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Procesos de integración reducidos al libre comercio se consideran impropios y excluyentes por contemplar exclusivamente los intereses de empresas transnacionales y poderosos grupos económicos, por promover inserciones en la economía mundial que acentúan la dependencia externa, y menoscabar los principios de la soberanía nacional y la autodeterminación. 
6. Estímulo a iniciativas sociales y populares para fortalecer los procesos de integración.

Con miras a fortalecer la participación en los procesos de integración de los pueblos de Nuestra América, se garantizarán y estimularán iniciativas sociales y populares de carácter político, económico, social, cultural. Se apoyarán articulaciones o trabajos en red, congresos o encuentros de organizaciones sociales y populares, de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de nuestro país con organizaciones de los países hermanos de la Región. Especial atención merecerán los intercambios económicos directos entre economías sociales y populares, basadas en la cooperación, la solidaridad y el intercambio justo y equitativo.
7.Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los procesos de integración de Nuestra América.

Se promoverá el control social y popular y la veeduría ciudadana sobre los procesos de integración de Nuestra América. Para tal efecto, se conformará una Comisión de la Participación social en procesos de integración, integrada con representantes de las organizaciones sociales y populares y de las comunidades organizadas; cumplirá funciones de evaluación de los procesos y, en especial, de la participación social en ellos, incluidas las acciones a emprender para garantizarla de manera efectiva. La comisión funcionará sin perjuicio de iniciativas de veeduría ciudadana.
8.Promoción de un nuevo orden político y económico internacional democrático y participativo.

La función principal de la participación social y popular en los procesos de internacionalización en los diferentes ámbitos consiste en contribuir a promover un nuevo orden político y económico internacional democrático y participativo, basado en el internacionalismo, la solidaridad, la cooperación, la justicia social y el intercambio equitativo; orientado a superar las relaciones de dominación y explotación impuestas a escala planetaria por poderes imperiales, transnacionales, corporativos, militares y financieros; y garante efectivo de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población mundial.En defensa de la soberanía nacional se procederá a retirar las bases o instalaciones militares extranjeras que por concepto de cualquier tratado o convenio estén asentadas en territorio colombiano.

Navi Pillay, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, estimuló hoy a los Estados a ‘aumentar sus esfuerzos para respetar los tratados que protegen a los pueblos indígenas’.

Pillay manifestó por medio de  un comunicado con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra este viernes 9 de agosto, que: “Incluso si los tratados fueron firmados o ratificados hace más de un siglo, éstos siguen siendo la piedra angular de la protección de la identidad, la tierra y las costumbres de estos pueblos”.

“Estos documentos a menudo permitieron poner fin a períodos de conflicto, explotación y expropiación, por lo que los gobiernos deben  honrarlos y respetarlos”.

“Sin embargo, en demasiadas ocasiones las comunidades indígenas se ven obligadas a recurrir a los tribunales para forzar a los Estados a que cumplan sus promesas”.

“E hecho de que la explotación y la expropiación continúen hoy en día,  pone de manifiesto la necesidad de trabajar más para proteger los derechos de alrededor de 370 millones de personas indígenas en el mundo”.

“El mensaje para este Día Internacional de los Pueblos Indígenas es que se deben redoblar esfuerzos para construir una colaboración entre los Estados y los pueblos indígenas que esté basada en la confianza, el respeto mutuo, el estado de derecho y la afirmación de la cultura y las costumbres de los aborígenes”.

El Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por sus siglas en inglés) pretende, a través de su poderosa influencia en la ONU, establecer un presunto “derecho” internacional al aborto.

GRUPO ANTIVIDA PRETENDE ESTABLECER “DERECHO” INTERNACIONAL AL ABORTO.

 El CRR fue fundado con el propósito expreso de establecer el aborto como un “derecho” en todo el mundo susceptible a ser puesto en vigor aún por encima de las soberanías nacionales.

Hace algunos años, el CRR radicó una demanda judicial para bloquear la puesta en vigor de una ley de EEUU, que negaba el financiamiento del aborto, su promoción y la revocación de las leyes que lo prohíben en países extranjeros con el dinero de los contribuyentes [1]. El dinero de los contribuyentes de EEUU ha sido utilizado en grandes cantidades, para financiar a organizaciones que realizan campañas para revocar las leyes provida en distintos países. Entre esas organizaciones abortistas cabe señalar a la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés).  El Plan Estratégico Visión 2000 de la IPPFpide a sus afiliadas “aumentar el derecho al acceso al aborto seguro y legal” y “ejercer presión a los gobiernos para que retiren las barreras a dicho acceso”. En general, la ley de EEUU mencionada arriba no tiene ningún efecto en cuanto al financiamiento de ese país a los programas de “asistencia demográfica”, porque cuando un grupo abortista se niega a aceptar esos fondos debido a la política provida vinculada a los mismos, dichos fondos son destinados a otro grupo que está dispuesto a evitar las actividades proaborto [2].

En su demanda, el CRR revela su plan para hacer del aborto un “derecho” humano fundamental en todo el mundo. Por ejemplo, el CRR sostiene que las leyes que penalizan o limitan el aborto violan derechos humanos que han sido reconocidos internacionalmente. El CRR detalla su estrategia de usar todas las conferencias y tratados de la ONU (aun cuando no tienen relación con el asunto en cuestión), para establecer “un derecho al aborto en EEUU y en todos los demás países de la tierra”.

El CRR asegura que está utilizando este y otros instrumentos para intentar legalizar el aborto internacionalmente a través de  la ley internacional consuetudinaria, obviando de esa manera la soberanía nacional y el proceso democrático. A diferencia de las leyes de los tratados, la ley internacional consuetudinaria es vinculante para las naciones del mundo, aunque esas  naciones no hayan consentido formalmente con dicho vínculo. El CRR dice que la mera repetición de normas legales a través del tiempo puede resultar en el desarrollo de leyes internacionales consuetudinarias, y que la repetición de ese tipo de textos en las conferencias internacionales, a las cuales los Estados han dado su aprobación, es una forma en que ello puede ocurrir.

El CRR se ha jactado de que varias naciones han legalizado el aborto luego de las conferencias de El Cairo y Pekín. Y no ha escatimado esfuerzos en señalar que ello tuvo lugar entre 1993 y el 2000, cuando la ley de EEUU mencionada arriba no estaba en vigor y “las organizaciones no gubernamentales (ONGs) fuera de ese país que recibían dinero de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) tenían libertad, con fondos privados, para promover el aborto como un derecho humano” y “para urgir su despenalización…”

El CRR ha continuado promoviendo la legalización del aborto, particularmente en países africanos y latinoamericanos. Por ejemplo, en el 2011, el CRR estableció una nueva oficina regional para América Latina y el Caribe en Bogotá, Colombia, para lograr ese propósito. La presidente del CRR, Nancy Northup, se jactó de “los tremendos avances en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres en América Latina durante la última década, incluyendo la sentencia de una corte constitucional que echó abajo la prohibición total del aborto en un país latinoamericano”.

Fuente: “The Center for Reproductive Rights (CRR) Reveals Strategy to use language, such as ‘reproductive rights’ in UN Conference Documents to Bypass Sovereignty and Establish an International Human Right to Abortion”, NGO Pro-Life and Pro-Family Coalition, 14 de noviembre, 2012.

Notas de VHI:

[1]. Esta ley se llama “Política de Ciudad México”. El nombre es puramente circunstancial. Se le llama así por haber surgido con ocasión de una conferencia internacional de la ONU sobre población y desarrollo que tuvo lugar en Ciudad México en 1984. Debido al latente peligro de la promoción del aborto a nivel internacional derivado de esa conferencia, Ronald Reagan, presidente de EEUU en aquel entonces, impulsó esa medida provida.

[2]. Se refiere al lamentable hecho de que, si bien esos programas no incluyen el aborto quirúrgico, sí incluyen el aborto químico producido, parte del tiempo, por los anticonceptivos hormonales (píldora anticonceptiva, Depro-Provera, Norplant, etc.) y los dispositivos intrauterinos.