Juicio por genocidio. La CC ampara a Ríos Montt, pero no lo amnistía.

GUATEMALA

Por Sebastián Escalón

La Corte de Constitucionalidad amparó, en una resolución del 22 de octubre, a la defensa del general Efraín Ríos Montt. Sin embargo, contrario a lo que se especulaba debido a filtraciones a la prensa, la Corte no otorgó al ex dictador ninguna amnistía.

La resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) se centra en un punto puramente formal: afirma que el juez Miguel Ángel Gálvez y la Sala Primera de Apelaciones no argumentaron adecuadamente su decisión de declarar sin lugar la solicitud de la defensa de Ríos Montt de que se detuviera la persecución penal resguardándose en el decreto?ley  8-86. Este decreto, promulgado en los últimos días del gobierno de Oscar Humberto Mejía Víctores, declaraba una amnistía a todos los responsables de delitos políticos ocurridos durante los gobiernos de Ríos Montt y del propio Mejía Víctores.

Según la Corte de Constitucionalidad, reafirmando una resolución previa de la Corte Suprema de Justicia, el juez Gálvez, y posteriormente la Sala de Apelaciones no estudiaron a profundidad el alcance de dicho decreto-ley y basaron su decisión de perseguir a Efraín Ríos Montt en otra ley, la de Reconciliación Nacional (145-96), que reconoce que los delitos de genocidio, tortura, y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles no pueden ser amnistiados; a la vez que reconoce los tratados internacionales ratificados por Guatemala.

En consecuencia, la CC ordena que la Sala Primera emita una nueva resolución en la que ?analice el alcance de las amnistías decretadas?. La CC no le indica a la Sala cómo debe de resolver, ni tampoco indica o insinúa que el decreto 8-86 tiene vigencia y puede salvar a Ríos Montt de los juicios pendientes.

Esta resolución de la CC fue aprobada por cinco magistrados y rechazada por dos. Gloria Porras y Mauro Chacón, quienes el 20 de Mayo pasado se habían opuesto a la anulación de la sentencia del juicio por genocidio, volvieron a emitir votos disidentes.

El voto razonado de la magistrada Porras es particularmente contundente y crítico con el actuar de la CC. ?Esta decisión que por mayoría adopta este Tribunal, es incorrecta, ambigua y evidencia un análisis incompleto de las actuaciones?, escribe Porras, ?provocando un retardo innecesario en la persecución de delitos de lesa humanidad.?

Porras opina que el juez Miguel Ángel Gálvez explicó de forma muy clara por qué el decreto ley 8-86 no tiene vigencia, puesto que fue sustituido por la ley de Reconciliación nacional. La magistrada opina que, por otra parte, este decreto nunca tuvo eficacia jurídica puesto que, desde 1949, Guatemala es parte de la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio. Por estas razones, afirma que la Sala no podrá emitir una decisión diferente a la que ya emitió.

La magistrada agrega que ?con la sentencia emitida por este Tribunal, se vuelve a incurrir en la displicencia de otorgar amparos como obstáculos a la investigación de delitos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos.? En otras palabras, la CC con sus resoluciones que se centran en formalismos y no analizan el fondo de las controversias, estaría respaldando la estrategia de litigio malicioso de los defensores de los generales. 

La resolución de la CC fue filtrada al diario Prensa Libre un día antes de que ésta se hiciera pública y que las partes fueran notificadas. El matutino hizo de esta resolución una interpretación errónea, afirmando que la Corte declaraba que el decreto 8-86 sí debía aplicarse. El Centro de Acción Legal para los derechos humanos, en una conferencia de prensa calificó de ?extraño e inexplicable? que el máximo tribunal diera a conocer sus decisiones a un medio de comunicación antes que a las partes implicadas en el proceso. Asimismo, agregó que los delitos de genocidio y de lesa humanidad de ninguna manera son amnistiables. 

El Estado español, ante sus demonios y contradicciones.

EUSKAL HERRIA / PAIS VASCO

La decisión de Estrasburgo pone al Estado español ante los fantasmas que él mismo ha creado. Ni en sus peores pesadillas pareció prever que una «terrorista sanguinaria» ganaría la causa al «Reino de España» en un litigio sobre vulneración de derechos humanos. Habrá que ver si tal baño de realismo causa efecto o si se consolidan nuevos autoengaños, como cargar culpas sobre un juez o un Código Penal franquista.

Ramón Sola|Donostia|2013/10/23

Comparecencia de Ruiz Gallardón y Fernández Díaz el pasado lunes para valorar la sentencia de Estrasburgo. (NAIZ.INFO)
No es España contra del Río, son los derechos humanos

Las causas judiciales que llegan al Tribunal Europeo llevan un título que se convierte en muy peligroso en caso de derrota. Técnicamente Inés del Río -no una presa, sino una «terrorista sanguinaria» para los medios de Madrid- ha vencido al «Reino de España». Pero en Estrasburgo no se decidía sobre sujetos, sino sobre derechos humanos, y por eso la sentencia ha sido muy contundente porque su vulneración resultaba escandalosa. Y más aún cuando el Estado ha aplicado la doctrina con toda la saña posible, imponiendo por ejemplo alargamientos de condena de una década cuando la persona presa ya tenía hecha la bolsa para retornar a casa o construyendo imputaciones a posteriori con premeditación, alevosía y reivindicación pública a cargo de todos unos ministros, a quienes se supone obligados a cumplir sus propias leyes, no a trampearlas.

Lo franquista es encarcelar por 30 años e intentar llegar a los 40

En el afán de explicar lo inexplicable, la vicepresidenta del Congreso y dirigente del PP Celia Villalobos ha recurrido a acusar a los presos vascos de acogerse a un Código Penal franquista, de 1973. Pero lo auténticamente relevante de la deriva del Estado español, cogiendo su argumento, es que esa norma franquista ciertamente incluyera la pena de muerte pero fuera menos cruel que la de 1995 en la cuestión de las redenciones. Para entonces Franco llevaba 20 años muerto, pero su Estado de Derecho no progresaba, sino que retrocedía hasta antes de 1973. Y eso es mucho retroceder si se recuerda que en aquel año ETA mató a Carrero Blanco, el sucesor del dictador.

La legislación de excepción española se ha construido a ladrillazos, normalmente partiendo de alarmas sociales recreadas de modo interesado por los gobiernos de turno. Frente al discurso falso de la impunidad de las acciones de ETA, nadie en esta parte del planeta pasa 30 años en prisión, como le ha ocurrido a Joxe Mari Sagardui Gatza y como estaba a punto de pasar con otras decenas de vascos. Ni siquiera ocurre en los estados que sí tienen establecida la cadena perpetua, dado que esta se revisa (algo similar parece pretender ahora el proyecto de Ruiz Gallardón).

En 2008 se llegó al paroxismo de alargar a los 40 años el tope de cumplimiento de condenas para los presos vascos, flagrante contradicción en un estado que dice que no existe la cadena perpetua. El entonces ministro, Alfredo Pérez Rubalcaba, se jactó de que «Arkaitz Goikoetxea [primer detenido tras la reforma] ha entrado en prisión con 28 años y saldrá con 68». ¿Seguirán creyendo que Europa va a permitir algo así?

El hoy chivo expiatorio ayer construía imputaciones

Como suele ser norma en estos casos, los perdedores, con el Gobierno a la cabeza, han corrido a buscar un chivo expiatorio sobre el que descargar culpas. Y han hallado de repente -algo sorprendente, porque ya votó en favor de Inés del Río en julio de 2012- al único juez español en la Gran Sala, Luis López Guerra. Pero no cuela.

Si se mira su currículum superficialmente, se hallará que fue diputado por el PSOE en la Asamblea de Madrid, lo que aporta la excusa perfecta para que el PP se cebe en él. Pero si se continúa mirando, se encuentra que López Guerra fue secretario de Estado de Justicia entre 2004 y 2007. Es decir, era el número dos del entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que fue quien lanzó políticamente la doctrina al proponer «construir imputaciones» para evitar las excarcelaciones de presos veteranos. Obviamente su mano derecha no podía estar muy lejos de aquel diseño, aunque seguramente hoy, vista la que le cae encima, López Guerra se esté arrepintiendo.

Esto lleva a otra reflexión paralela sobre el papel de Estrasburgo. Conviene no llevarse a engaño. Esta Gran Sala es la misma que avaló la ilegalización y miró hacia otro lado ante otras políticas de excepción durante años. Lo que ha cambiado radicalmente es el contexto. Aunque Madrid intente que nadie se entere, tras octubre de 2011 existe un nuevo tiempo y todo el mundo civilizado -incluido López Guerra- entiende que aquel entramado destinado a presionar a la izquierda abertzale usando todas las vías, incluidas las menos ortodoxas, no tiene sentido una vez que ETA ha dejado la lucha armada.

Por eso las sentencias contra el Estado español por sus desmanes en Euskal Herria, antes una auténtica rareza, ahora se suceden casi sin parar: la negativa a investigar las torturas a Martxelo Otamendi, Aritz Beristain y Mikel San Argimiro, la agresión policial impune a Mikel Iribarren, la condena a Arnaldo Otegi por llamar «jefe de los torturadores» al Rey español... Y todo indica que la lista va a seguir creciendo con casos tan flagrantes como el de Bateragune (¿será por eso que el Constitucional sigue teniendo sobre la mesa el recurso de Otegi y sus compañeros, e impide así que se levante la última barrera antes de que apelen a Europa?)

La doctrina se hizo con el PSOE y contra la negociación

En la rueda de prensa posterior a su reunión con los ministros, Mari Mar Blanco -exparlamentaria del PP vasco, por cierto- situó esta anulación de la doctrina como una consecuencia del proceso de negociación entre Zapatero y ETA. Si lo de López Guerra no cuela, esto aún menos. De hecho, más creíble resulta justo lo contrario.

No hay más que ir a las fechas. La doctrina fue inventada por el Tribunal Supremo español en febrero de 2006, apenas unas semanas antes del alto el fuego de ETA de marzo que abría la puerta a la oficialización del proceso de negociación. Se introdujo por tanto una incomprensible bomba de relojería en un momento en que existía ya un acuerdo previo entre las dos partes para iniciar el intento de solución. Aquello solo tiene dos explicaciones posibles, y las dos son nefastas para Zapatero: o el Gobierno buscó «hacer caja» aumentando la lista de presos para afrontar la negociación con más margen, o aquel constituyó un boicot al Ejecutivo por parte de sectores judiciales opuestos al proceso (el reciente juicio por el caso Faisán ha dejado en evidencia que el Estado no es una estructura monolítica cuando se trata de afrontar el problema vasco).

El caso es que aquella trampa jurídica que parecía tener un objetivo coyuntural se convirtió en estructural, y aquellos polvos trajeron estos lodos.

La comunidad internacional existe más allá de Pirineos y océanos

La decisión del Tribunal Europeo tiene también el efecto de revalorizar el papel de la comunidad internacional en la solución al conflicto. Una comunidad internacional que ha sido minusvalorada unas veces y vilipendiada otras cada vez que ha intentado contribuir a la resolución. El último dato lo tuvimos la semana pasada, cuando ni el Gobierno ni la prensa española en su conjunto concedieron valor alguno a la declaración suscrita en México por dieciocho estadistas latinoamericanos, impulsando la hoja de ruta de Aiete. Entre tomárselo a la tremenda -las ácidas críticas al PP de algunos intervinientes en el acto le daban pie a ello- y ocultarlo, optó por lo segundo.

Pero la realidad no depende de los caprichos de Madrid. La comunidad internacional existe y tiene su opinión sobre Euskal Herria, y también sus mecanismos de presión. Kofi Annan y su grupo no vinieron a Donostia en 2011 a pasar un buen día de otoño en un espléndido lugar; ni los expertos de la Comisión Internacional de Verificación, bregados en decenas de conflictos mucho más sangrientos que este, son unos jubilados ociosos y vividores como los pinta Madrid; ni los relatores de la ONU o el Consejo de Europa se conforman ya únicamente con las versiones oficiales; ni los expertos en soluciones de conflictos o justicia transicional mienten al afirmar que el proceso vasco es uno de los cuatro grandes casos de análisis en el mundo.

Quienes conocen los entresijos del Tribunal de Derechos Humanos afirman que la presión diplomática española había llegado al extremo en las últimas semanas. Ni así ha conseguido nada. Y ello da una pista mayor también: la falsedad de su discurso cuando asevera que Europa nunca tolerará la independencia vasca o catalana.

Y en Euskal Herria, madurez y espíritu constructivo

Buscando otro agarradero para el embrollo en que le mete la sentencia europea, otra de las pataletas visibles de la parte española ha sido intentar presentar a quienes en Euskal Herria reivindican los derechos humanos de los presos como una turba de fanáticos. Así, uno de los principales diarios madrileños novelaba en su portada sobre la «euforia» en Bilbo y una de las grandes cadenas televisivas situaba como enaltecimiento o humillación a las víctimas el hecho de que en esa concentración se recibiera el fallo de Estrasburgo con aplausos (¿tratará Urquijo de que se prohíba dar palmas en lo sucesivo?).

Dejando de lado lo incomprensible que resulta ese afán de exagerar, convendría que sus lectores y telespectadores no se engañen, y vean y que escuchen directamente lo que dicen los vascos. La mayoría social ha recibido la noticia con satisfacción, pero también con mucha serenidad. Es un signo de madurez, una señal de que dos años después de que este nuevo ciclo echara a rodar crece la consciencia de que el camino hasta la resolución del conflicto será compartido, sin vencedores ni vencidos como ha dicho Sortu, o simplemente no será.

Encarcelado por defender la familia.

¡Hola, Francisco!

Todavía no se me va el susto del cuerpo. En enero estuve con otras personas de HazteOir.org en París, participando en la  «Manif pour tous» para apoyar al pueblo francés en la defensa de la familia natural. Como ha ocurrido en España se cargan a la familia con la excusa del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Fue espectacular, más de un millón de personas. Por la noche participé en una sentada, cantamos, recitamos poemas, encendimos velas. Un par de días después estaba en casa contándolo. Nicolás Bernard no ha tenido la misma suerte, no hizo nada distinto a lo que hice. Ni lo que hicieron los niños que tenía enfrente. Ni la señora embarazada de mi izquierda.

Tras una brutal e injustificada paliza policial, un juez le ha condenado a dos meses de prisión firme y una multa de 1.000 euros. Su único delito: defender la familia, ni siquiera la policía se presentó en el juicio. Al estilo mafioso han elegido una víctima para atemorizar a la ciudadanía.  

El escándalo recorre Europa. Yo le he pedido al ministro de Asuntos Exteriores de España,  José Manuel García-Margallo, que se interese por Nicolás, y pida explicaciones formales al gobierno de Francia por la violación de los Derechos Humanos. Tú puedes pedírselo también firmando aquí:

http://www.hazteoir.org/alerta/51834-firma-libertad-nicol-s-v-ctima-matrimonio-homosexual

Te mentiría si dijese que Nicolás es una persona normal. Tú tampoco lo eres, luchas y te comprometes por los demás, por eso te cuento estas cosas. A pesar de que la ley que desnaturaliza la familia, la «ley del matrimonio homosexual», ha sido aprobada, la protesta de los franceses no sólo no ha decaído. Está poniendo al gobierno socialista de Hollande contra las cuerdas.

Sus únicas armas son tener razón y dar testimonio de sus ideas.. El poderoso lobby homosexualista no sabe cómo detener la protesta ciudadana que no cesa en su empeño por defender la familia: izquierda, derecha, niños, ancianos, jóvenes, incluso muchos homosexuales están públicamente a favor de defender el matrimonio natural.

El último recurso del gobierno es aterrorizar a la población para intentar paralizarla. Por eso han elegido a Nicolás como chivo expiatorio: podría haber sido yo, podrías haber sido tú.

Ciudadanos de toda Europa están exigiendo su inmediata liberación. Incluso en un inusitado gesto en la laica Francia el obispo de Bayona ha salido en su defensa:«Los cargos parecen surrealistas, y la pena desproporcionada en relación a los hechos. Se trata, manifiestamente, de una forma política de represión policial y judicial»

Tú y yo podemos también contribuir a que se haga justicia. No podemos permitir que con puro matonismo nos cierren la boca y nos impidan defender en lo que creemos. Pídele al gobierno español que intervenga:

http://www.hazteoir.org/alerta/51834-firma-libertad-nicol-s-v-ctima-matrimonio-homosexual

Nos jugamos todos mucho. Francia está demostrando que esta batalla global a favor de la familia se puede ganar. Aunque una poderosa minoría haya impuesto sus criterios, personas como Nicolás o como tú, o como yo, conseguiremos darle la vuelta a la situación.

¡Gracias por todo lo que haces en la defensa de la familia!

Jaime y todo el equipo HO Jóvenes

PD: Si Nicolás te preocupa tanto como a mi puedes ayudarle. Difunde este correo entre tus amigos y familiares animándoles a exigir al gobierno de España que se repare la injusticia.

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Peritos del Servicio Médico Legal (SML) concretaron esta mañana la exhumación de los restos del poeta chileno Pablo Neruda para constatar si murió el 23 de septiembre de 1973 debido al cáncer que padecía o si fue asesinado por la dictadura instalada pocos días antes en el país.

El retiro de los restos se realizó en la casa-museo del Premio Nobel de Literatura en Isla Negra, localidad situada en el litoral central de Chile, provincia de San Antonio, de la comuna de El Quisco.

Los trabajos comenzaron a las 8:15 ante la presencia del juez de la causa abierta en 2011, Mario Carroza; los dirigentes comunistas (agrupación querellante) Eduardo Contreras y Guillermo Teillier, y el ex chofer de Neruda, Manuel Araya, quien reveló sus sospechas respecto de que el escritor pudo haber sido envenenado en la Clínica Santa María mientras estuvo internado allí.

Tras unos 40 minutos se logró la extracción de la urna, que fue  sellada con garantía de custodia delante de las autoridades presentes y trasladada por personal del SML a un laboratorio de antropología de Santiago.

Según fuentes ligadas al proceso: “la labor de rompimiento de nicho fue relativamente fácil ya que la urna estaba cubierta con  una tapa de pastelón de concreto”.

Finalizada la diligencia, el juez Carroza encabezó una reunión con los peritos nacionales e internacionales que participarán del proceso, dirigido por el director del SML, Patricio Bustos.

Con estos estudios, que podrían durar hasta tres meses,  se espera definir si Neruda fue envenenado por agentes de la dictadura pinochetista, como sostuvo Araya.

El ex chofer afirma que Neruda murió el 23 de septiembre de 1973 por una inyección letal que le aplicaron mientras estaba internado en la clínica Santa María a la espera de viajar a México, donde había decidido exiliarse tras el golpe que 12 días antes derrocó al presidente Salvador Allende.

Esta hipótesis fue criticada y rechazada ayer por Bernardo Reyes, sobrino del poeta, cuyo nombre real era Neftalí Reyes Basoalto.

“La dictadura no tuvo que ver en la muerte de Neruda porque el proyecto Andrea, que lo desarrolló el Ejército de Chile con ayuda estatal, empezó a desarrollarse, de acuerdo a las declaraciones de Michael Towley, en 1976”, afirmó Reyes.

El sobrino agregó que: “antes de eso, entre el 73 y el 76, no hubo un solo crimen que se haya producido mediante prácticas de inyecciones letales”.

El proyecto Andrea permitió a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet fabricar gas sarín para usarlo en contra de opositores, y en esa iniciativa participó el estadounidense Towley, ex agente de la CIA que actualmente vive en su país, acogido a un programa de protección de testigos.

El juez militar que entiende en el juicio del presunto denunciante del Ejército, Bradley Manning, dictaminó que no se violó su derecho a un juicio.

Juez rechaza argumento de que a Bradley Manning le fue denegado un juicio rápido

El juez militar que entiende en el juicio del presunto denunciante del Ejército, Bradley Manning, dictaminó que no se violó su derecho a un juicio rápido, a pesar de los más de mil días que lleva preso. Los abogados de Manning habían acusado a los fiscales de “extrema dilación”, pero el juez, el coronel Denise Lind, rechazó el argumento y dijo que los fiscales habían iniciado "aplazamientos excluibles". El dictamen parece poner fin a la última de las opciones de Manning para que se desestime su causa antes de que se inicie un consejo de guerra en pleno, previsto para junio.

El canciller Héctor Timerman aseguró en declaraciones radiales que el ministro iraní Ahmad Vahidi, acusado como el cerebro del atentado contra la AMIA, será interrogado por la justicia argentina.

“Me aseguré que el ministro de Defensa iraní Ahmad Vahidi sea uno de los interrogados”, dijo el canciller.

El funcionario defendió el memorándum que el gobierno argentino firmó con Irán, por el que funcionarios argentinos podrán viajar por primera vez a Teherán para realizar interrogatorios, en el marco del juicio por el caso AMIA.

Timerman aseguró que esto bajo ningún punto de vista implica ceder soberanía. “La Justicia es argentina, el fiscal es argentino y el juez es argentino”, dijo el ministro, y añadió que “es una práctica que la Corte Suprema lo autoriza desde 1993

Y afirmó además que: “Ningún tercer país intercedió, ni Venezuela, ni Chávez, ni Siria, ni nadie”.

“Estamos tratando buscar cómo avanzar en la causa, que lleva 19 años sin ser resuelta. Hemos hecho un avance significativo, donde por primera vez los sospechosos iraníes van a estar sentados frente a un juez argentino”, señaló.

La Cámara de Apelaciones de EEUU suspendió el fallo del juez Thomas Griesa que ordenaba a la Argentina a pagarle a los fondos buitre.

De este modo, la corte hizo lugar esta tarde al pedido del Gobierno argentino de suspender el fallo y evita de este modo que el país caiga en default técnico.

Así lo confirmó a M24Digital Jorge Arguello quien dijo “En Nueva York la cámara de apelaciones favoreció a la Argentina en su pedido de suspender los fondos buitres”.

De esta manera Argentina podrá pagar sin inconvenientes el vencimiento del 15 de diciembre por 3.300 millones de dólares, sin que esos fondos sean inmovilizados como lo había dispuesto el juez Griesa en su fallo.

Según un comunicado de la Cancillería, “La denuncia de la Argentina ante Ghana por la retención de la Fragata Libertad será dirimida en el Tribunal del Derecho del Mar los próximos 29 y 30 de noviembre.

 Así lo estipuló hoy la corte internacional luego de una teleconferencia con ambas partes en disputa”.

“Antes de esas audiencias, que serán orales, habrá consultas previas entre los representantes del gobierno argentino y el ghanés”.

“La Argentina aceptó tanto las fechas propuestas por el Tribunal para la realización de las audiencias orales, como los demás aspectos de procedimiento que se plantearon en la teleconferencia”.

La teleconferencia se efectuó alrededor de las 11:00, entre  el presidente del Tribunal, Judge Shunji Yanai, y representantes de ambos países en disputa con  la intención de ‘consultar a las partes sobre aspectos procesales de la próxima etapa de la solicitud de medida cautelar que la Argentina ha sometido a ese Tribunal’.

Con  posterioridad a las audiencias se debatirá el planteo formulado por el Gobierno: “La Fragata es un buque de guerra y un bien con inmunidad diplomática, imposible de embargar”.

Pero la justicia de Ghana opina lo contrario: “El fallo del juez Richard Adjei Frimpong quien decidió la retención de la Fragata,  consideró que la Argentina resignó la soberanía de sus bienes al vender bonos de la deuda al fondo NML Elliot, que hoy reclama 370 millones de dólares”.

Fragata Libertad: Ayer, el ministro Twiterman había anticipado que “Argentina no negociará” con los fondos buitres que iniciaron el proceso judicial para embargar la embarcación y advirtió que el país, de ser necesario, acudirá hasta las Naciones Unidas para rescatar a la fragata.

El Canciller Héctor Timerman, junto con el ministro de Defensa Arturo Puricelli, desde Casa Rosada anunció esta tarde que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ordenó evacuar la Fragata Libertad en Ghana y que él viajará inmediatamente a las Naciones Unidas para reunirse el lunes con el Consejo de Seguridad.

“Han colocado en riesgo los derechos humanos de los más de 300 tripulantes que se encuentran a bordo”, señaló Héctor Timerman y agregó que el juez  ha decretado la “prohibición del combustible de la Fragata, el agua corriente, luz eléctrica, lo cual puede causar una tragedia”.

“La única respuesta del juez ante el pedido argentino que contemple la posibilidad de una tragedia fue que lleguemos a un acuerdo con el fondo buitre. Queda claro entonces la intención del juez de obligar a un país soberano a negociar con una entidad dedicada a la piratería financiera desde su guarida fiscal. Esta opción es la única inaceptable para la Argentina”, señaló el canciller.

También expresó: “Un acto que a prima facie parecía un embargo comercial se le ha caído la careta y deja ver el verdadero rostro de los fondos buitres”, y señaló que “es un secuestro, una extorsión y un acto de piratería contra un estado soberano”.

Durante su conferencia remarcó que: “Ni el juez, ni los fondos buitres, ni los socios argentinos lograrán torcer la decisión de un pueblo y un Gobierno de rechazar las extorsiones”.

Luego, el canciller Timerman, junto con el ministro de Defensa comunicó la decisión del Gobierno: “La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido evacuar la totalidad de los tripulantes argentinos y no argentinos a fin de preservar su integridad y dignidad dejando a bordo únicamente al Capitán y una dotación mínima necesaria para atender a la fragata”.

También informó que la mandataria le dio instrucción al Canciller para “trasladarse a la sede de las Naciones Unidas donde el lunes se reunirá con el presidente del Consejo de Seguridad de las ONU” para destrabar el conflicto.

El presidente del Tribunal de la Ciudad del Vaticano, el profesor Giuseppe Dalla Torre, emitió hoy el decreto que establece para el próximo 29 de septiembre la primera audiencia en el proceso de los imputados Paolo Gabriele y Claudio Sciarpelletti, reenviados a juicio por el caso del robo y difusión de documentos reservados del Vaticano.

Proceso sobre "vatileaks" comienza el próximo 29 de septiembre

VATICANO, 17 Sep. 12 / 10:31 am (ACI/EWTN Noticias).- 

La audiencia será a las 09:30 a.m. y sigue a la sentencia del juez instructor del 13 de agosto último. Así lo indica la Sala de Prensa de la Santa Sedeprecisando que esta primera diligencia se realizará en el Aula de audiencias del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El decreto ha sido notificado a los interesados. Paolo Gabriele, el exmayordomo del Papa, está acusado de robo agravado, mientras que Claudio Sciarpelleti, técnico informátivo de la Secretaría de Estado, es acusado de favorecimiento.

Días atrás el hasta entonces abogado de Gabriele, Paolo Fusco, renunció a seguir defendiéndolo. Esta información fue confirmada a ACI Prensa por el Director de la Sala de Prensa del Vaticano, Padre Federico Lombardi, quien precisó que "no me toca a mí dar explicaciones o interpretaciones" al respecto.

Ex-juez Garzón acompañará a Fiscalía colombiana en descongestión de procesos.

LA OTRA CARA DEL EX JUEZ GARZÓN

Colaboración con el fascista Juan Manuel Santos para reprimir a los que luchan

Bogotá, 4 jul (EFE).- El exjuez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón acompañará a la Fiscalía colombiana en una estrategia para descongestionar los procesos judiciales, en especial, los casos relacionados con derechos humanos, dijeron hoy a Efe fuentes de esa entidad. Una fuente de la Fiscalía explicó a Efe que el juez Garzón estará haciendo una labor de acompañamiento a la entidad en calidad de asesor de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Señaló que Garzón viene acompañando a la Fiscalía  desde enero pasado, pero su labor se hizo más visible con la llegada del nuevo fiscal, Eduardo Montealegre, en marzo de este año.

El fiscal Montealegre está implementando un programa de priorización para seleccionar procesos delicados e impulsarlos y es allí en donde el juez Garzón apoyará, indicó la fuente.

Aclaró que Garzón no tendrá una oficina ni nada que se le parezca, pero si "acompañará y dado su conocimiento en materia de derechos humanos, será importante".

Garzón participó hoy en la Mesa Nacional de Garantías con varias ONG, en la que la Fiscalía se comprometió a crear una unidad especializada en reconstruir los contextos históricos de los casos de violaciones de derechos humanos, cuyo aporte a las  investigaciones garantice la no repetición.

Al acto, en un salón especial de la Fiscalía, además de Garzón y de Montealegre, asistieron los ministros del Interior, Federico Rengifo, y de Justicia, Juan Carlos Esguerra.

Restos humanos fueron retirados del Batallón 14.

URUGUAY

Los restos humanos hallados en el Batallón 14 fueron retirados y trasladados al lugar donde indicó el juez, informó el antropólogo José López Mazz.
Según expresó, los restos óseos salieron "sin ningún problema" y "con bastante integridad". Además, informó que se va a analizar todo el esqueleto y luego se van a tomar las muestras para el examen de ADN.
En el lugar, también encontraron "un poco de ropa" y otras "cosas", indicó.
Familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura visitaron este mediodía el predio en el Batallón 14.
La delegación, integrada por familiares e hijos de desaparecidos, fue encabezada por Luisa Cuestas y el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, cuyo hermano Ignacio también se encuentra desaparecido.
López Mazz afirmó que recién con el examen de ADN se sabrá el género y la identidad. El antropólogo informó que el cuerpo fue enterrado boca abajo.
"Este nuevo hallazgo da grandes indicios de que puede haber más enterramientos clandestinos en el predio", afirmó el jefe del equipo de Antropología Forense.
Esta mañana fue el presidente José Mujica quién visitó el lugar.
El mandatario llegó al Batallón 14, en Toledo, sobre las 10 de la mañana. En ese momento Carve informó que el mandatario estuvo unos 10 minutos en el predio y que al retirarse no hizo declaraciones, sino que se limitó a decir: "No estoy en condiciones de dar una reflexión".

FUENTE: El País Digital