AMARC Brasil exige que radios comunitarias se consideren medios públicos.

BRASIL-COMUNICACIÓN

Así lo expresó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Brasil durante un seminario sobre la regulación de la comunicación pública celebrado en ese país. Participaron representantes de medios públicos y de movimientos sociales.

Durante el encuentro, AMARC señaló que al considerar a las radios comunitarias como medios públicos se promueve el acceso al derecho a la comunicación. Según la organización, este acceso puede lograrse mediante un nuevo Marco Regulatorio de las Comunicaciones. Por tal motivo, AMARC presentó propuestas para impulsar una nueva legislación de la Comunicación en Brasil. Fue durante el Seminario Internacional sobre la Regulación de la Comunicación Pública que se celebró en la capital brasileña. El encuentro concluyó el pasado viernes en el Congreso del país sudamericano. El Seminario contó con la participación de parlamentarios, representantes de las estaciones de radio y televisión públicas y movimientos sociales de aquel país. Por su parte, Dioclécio Luz, consejero de AMARC Brasil, afirmó que la inclusión de las emisoras comunitarias a la comunicación pública significa una salida al problema de la sostenibilidad de las redes. En ese sentido, exigió que las radios comunitarias tengan la posibilidad de recibir publicidad de organizaciones públicas y estatales. Vale decir que esa posibilidad se encuentra prohibida por la Ley de Radiodifusión Comunitaria de Brasil de 1998. Según AMARC, la prohibición de la publicidad dificulta el trabajo de las radios comunitarias. El documento final del Seminario destacó la necesidad de independencia de los organismos públicos de radiodifusión frente a los gobiernos. Asimismo, apuntó a la creación de un Consejo Nacional de la Comunicación con carácter deliberativo y participación democrática. Por último, hizo un llamamiento a regular el artículo 223 de la Constitución Federal brasileña. Dicho apartado establece complementariedad entre los sistemas público, privado y estatal de comunicación. (PÚLSAR)

Justicia de Guatemala pide iniciar juicio contra el ex dictador Ríos Montt.

GUATEMALA-DDHH

La Fiscalía de Guatemala pidió iniciar un juicio por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt. El Ministerio Público de aquel país asegura tener comprobados mas de mil 700 asesinatos perpetrados por orden del retirado general golpista.

Ríos Montt está acusado de haber ordenado más de una decena de matanzas en contra de poblaciones indígenas del norte de Guatemala. Según el Ministerio Público de ese país, hay elementos para probar que el ex dictador fue responsable de la muerte de mil 771 hombres, mujeres y niños en al menos 11 de esas matanzas. Estos asesinatos fueron perpetrados en el marco del conflicto interno que vivió el país centroamericano entre 1960 y 1996. Por tal motivo, la Fiscalía de Guatemala presentó los resultados de su investigación ante el juzgado que entiende en la causa contra el militar retirado. En dicha presentación adujo que "existen suficiente elementos probatorios" para que el ex dictador sea procesado por genocidio y delitos de lesa humanidad. Cabe señalar la posibilidad de que el próximo 12 de abril, un tribunal penal decida la apertura del juicio contra Ríos Montt. Esto dependerá de los recursos presentados por la defensa del ex general para detener el proceso. Vale recordar que José Efraín Ríos Montt gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983. Desde enero pasado se encuentra bajo arresto domiciliario. En esta condición aguarda la decisión del tribunal sobre si es absuelto u ordena iniciar el juicio en su contra. En 2010, el entonces presidente guatemalteco, Álvaro Colom, pidió perdón en nombre del Estado a las familias afectadas por la guerra civil que se extendió entre 1960 y 1996 en ese país. Anteriormente, el mandatario había reconocido que en Guatemala hubo un genocidio. (PÚLSAR)

La marcha indígena llegó a la capital con exigencias a poderes del Estado.

GUATEMALA-MARCHA

La marcha indígena, campesina y popular llegó a la capital de Guatemala en el día waxaqib batz. Se trata del inicio de una nueva cuenta del calendario Cholq`ij. Demanda atención a conflictos agrarios en el país.

Al Poder Judicial los manifestantes han exigido la liberación de las decenas de líderes sociales en prisión. Al Poder Legislativo se le ha exigido el cumplimiento de la iniciativa de ley de Reforma Agraria, así como la aprobación de las iniciativas por el cumplimiento del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Entre ellas se encuentran el proyecto sobre Medios de Comunicación Comunitaria que es impulsada por AMARC Guatemala. Resta conocer los resultados de la entrevista con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, para el cumplimiento de los compromisos para resolver las demandas del pueblo de Polochic. La reunión con el Ejecutivo comenzó en la tarde del martes. Por la noche, los convocados esperaban conocer la posición del Gobierno a las demandas de los campesinos del Polochic que fueron desalojados de sus territorios ancestrales. Debido a estos hechos de violencia sucedidos en 2011, las y los campesinos marcharon durante 9 días a pie los más de 200 kilómetros que les separan de la capital. En el acto cultural, festivo y pacífico en el parque central de la capital, se comenzó con una ceremonia maya alrededor del fuego sagrado, en conmemoración del Waxaqib Batz, día en el que inicia una nueva cuenta del calendario sagrado lunar Cholq’ij. "Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo"; " Cuando los de abajo caminan, los de arriba tiemblan"; "Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha campesina por América Latina"; "La tierra no se compra, la tierra no se vende, la tierra se recupera y se defiende"... son algunos de los mensajes enviados por la marcha en Guatemala. Los líderes sociales convocados señalaron que esta movilización es el inicio de un proceso de mayor fortaleza a nivel nacional para lograr transformar las estructuras excluyentes del país. Líderes sindicales, grupos de mujeres, organizaciones no gubernamentales y de Derechos Humanos se sumaron este domingo a la marcha de campesinos e indígenas de Guatemala. De este modo, se solidarizaron con la movilización convocada por el Comité de Unidad Campesina (CUC) de ese país que reclama soluciones para diferentes conflictos agrarios.(PÚLSAR)

Más de 36 mil personas participan de Marcha por la Vida en Perú .

CALLAO, 26 Mar. 12 (ACI).-Cerca de 36 mil personas de Lima y Callao (Perú), participaron en la Gran Marcha por la Vida para conmemorar el Día del Niño por Nacer, que desde hace diez años se celebra en el Perú el 25 de marzo.

La marcha, que se realizó el sábado 24, también conmemoró los 17 años de la Encíclica Evangelium Vitae del Beato Juan Pablo II.

Al evento pro-vida asistieron delegaciones de más de 50 colegios y cinco universidades, además de delegaciones de parroquias de las diócesis del Callao, Carabayllo y Lima, y representantes de los principales movimientos católicos del país.

La marcha culminó frente a la Universidad Nacional del Callao, donde los asistentes fueron alentados a defender el derecho a la vida desde la concepción. En el evento estuvieron presentes el Obispo del Callao, Mons. José Luis del Palacio; el Obispo Auxiliar de Lima, Mons. Adriano Tomasi; y el Obispo de Carabayllo, Mons. Lino Paniza, que recordaron que la vida "es un regalo de Dios" en todas las etapas de su desarrollo.

El expremier y principal promotor de este día, Luis Solari de la Fuente, también estuvo presente y se refirió a la importancia de amar y proteger la vida de toda persona desde la concepción hasta la muerte natural. También alertó sobre las "estrategias que buscan despenalizar el aborto en el Perú usando como pretexto 'reglamentar el aborto terapéutico'".

Este año, el Centro de Promoción Familiar y Regulación Natural de la Natalidad (CEPROFARENA), que organiza la marcha, contó con el apoyo del Movimiento de Vida Cristiana, Renovación Carismática Católica, el movimiento CAPHONU, MSM y el movimiento juvenil EPJ. 

Nuevas vocaciones participarán en primera Misa del Papa en Cuba.

SANTIAGO DE CUBA, 26 Mar. 12 (ACI).-
Nueve seminaristas de la región, símbolo de una nueva generación de vocaciones sacerdotales en Cuba, servirán al Papa Benedicto XVI en la Misa que presidirá en pocas horas en la Plaza Antonio Maceo en Santiago de Cuba.

ACI Prensa conversó con el grupo de jóvenes que se preparan para el sacerdocio en el seminario santiagueño de San Basilio Magno, que funciona actualmente en el antiguo convento de las Siervas de María que corona una loma con una de las más bellas vistas a la bahía de Santiago.

"Son cada vez más muchachos los que estamos considerando la vocación al sacerdocio, el llamado de Dios, el llamado al servir al pueblo", dijo a ACI Prensa Yosvani Viera Rodríguez, uno de los dos futuros sacerdotes salesianos que se forman en el seminario, junto con las vocaciones diocesanas.

Yosvani reconoció que en su generación "existe indiferentismo, decepción y materialismo"; pero "también existe un grupo pequeño, pero que crece, de jóvenes que están descubriendo o redescubriendo su vida en el Señor Jesús… y creo que muchos escuchan o van a escuchar la llamada de Dios a seguirlo de cerca". 

El seminario ofrece actualmente cuatro años de formación a seminaristas de la región oriente de Cuba, incluyendo a las vocaciones de algunas comunidades religiosas, que, como los salesianos, han abierto su propia casa de formación en Santiago, cerca del seminario.

"Es un honor, un privilegio que nunca hubiera esperado, el poder estar junto al Santo Padre, y creo que su visita va a traer un poco más de unidad entre los cubanos, y más entusiasmo entre los jóvenes", concluyó. 

El Estado está conforme con la política hacia los pueblos originarios.

Audiencia en la CIDH

(AW) Nulas respuestas fue lo que pudieron brindar los representante del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia solicitada para tratar la problemática de los pueblos originarios. Según los funcionarios nacionales "a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena". Por Darío Aranda (www.odhpi.org) Un país, dos realidades y un Estado mudo Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo. "El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes". Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja. "Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados", denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la "paradójica situación" que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas "acusadas por usurpación de sus propias tierras". La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: "Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina" Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que "revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta". "Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia", resumió. El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. "Su implementación ha sido completamente deficiente", afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad. Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches "imputados y perseguidos" por defender el territorio y remarcó que "la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)". Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían "buena vida" cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se "privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica". Díaz responsabilizó a "los gobiernos y las empresas" por la situación de los pueblos originarios. "La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (...) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas", explicó el líder qom. Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino. Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. "Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina", aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos. Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. "Ya tenemos que contar muertes de hermanos", lamentó y denunció al INAI por "dejar desprotegidas a las comunidades". Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión. "Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria", finalizó. Otra Argentina Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer. Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: "El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina". Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: "Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena". Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que -ante la sorpresa de los presentes-, comenzó a leer un informe. Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó "tres leyes fundamentales" para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que "establece la educación intercultural bilingüe", la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, "reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión" para las comunidades. Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron "relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas". "Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país", señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un "esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos" en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado "26 proyectos que benefician a 429 comunidades" (no precisó qué proyectos). "Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino", recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que "a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan". La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4. Preguntas Los comisionados de la CIDH hicieron consultas: -¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas? -¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades? -¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)? -¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado). -¿Qué ocurre que "estas medidas" (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones? -¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral) -¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160? La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación. Respuestas Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: "Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio". Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. "Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste". Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que "en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta" a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco "fue consultado con ninguna comunidad". Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. "Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad", lamentó. Silencio La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas. Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las "autoridades competentes" y que responderían por escrito. Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde. Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada.

La marcha indígena llegó a la capital con exigencias a poderes del Estado.

GUATEMALA-MARCHA

La marcha indígena, campesina y popular llegó a la capital de Guatemala en el día waxaqib batz. Se trata del inicio de una nueva cuenta del calendario Cholq`ij. Demanda atención a conflictos agrarios en el país.

Al Poder Judicial los manifestantes han exigido la liberación de las decenas de líderes sociales en prisión. Al Poder Legislativo se le ha exigido el cumplimiento de la iniciativa de ley de Reforma Agraria, así como la aprobación de las iniciativas por el cumplimiento del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Entre ellas se encuentran el proyecto sobre Medios de Comunicación Comunitaria que es impulsada por AMARC Guatemala. Resta conocer los resultados de la entrevista con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, para el cumplimiento de los compromisos para resolver las demandas del pueblo de Polochic. La reunión con el Ejecutivo comenzó en la tarde del martes. Por la noche, los convocados esperaban conocer la posición del Gobierno a las demandas de los campesinos del Polochic que fueron desalojados de sus territorios ancestrales. Debido a estos hechos de violencia sucedidos en 2011, las y los campesinos marcharon durante 9 días a pie los más de 200 kilómetros que les separan de la capital. En el acto cultural, festivo y pacífico en el parque central de la capital, se comenzó con una ceremonia maya alrededor del fuego sagrado, en conmemoración del Waxaqib Batz, día en el que inicia una nueva cuenta del calendario sagrado lunar Cholq’ij. "Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo"; " Cuando los de abajo caminan, los de arriba tiemblan"; "Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha campesina por América Latina"; "La tierra no se compra, la tierra no se vende, la tierra se recupera y se defiende"... son algunos de los mensajes enviados por la marcha en Guatemala. Los líderes sociales convocados señalaron que esta movilización es el inicio de un proceso de mayor fortaleza a nivel nacional para lograr transformar las estructuras excluyentes del país. Líderes sindicales, grupos de mujeres, organizaciones no gubernamentales y de Derechos Humanos se sumaron este domingo a la marcha de campesinos e indígenas de Guatemala. De este modo, se solidarizaron con la movilización convocada por el Comité de Unidad Campesina (CUC) de ese país que reclama soluciones para diferentes conflictos agrarios.(PÚLSAR)