jueves, 17 de octubre de 2013

Al borde de la suspensión de pagos.

ESTADOS UNIDOS
Demócratas y republicanos no logran aprobar contrarreloj una propuesta

El ánimo en Washington se acaloró con la impasse en la negociación bipartidaria que, de este modo, arrastrará a la principal potencia económica al default. Una nueva iniciativa republicana fue rechazada por la Casa Blanca.

Por David Usborne *

El gobierno de Obama rechazó la última propuesta de los republicanos porque favorecía al Tea Party.
Desde Washington

Un Congreso de Estados Unidos amargamente fracturado estaba trabajando anoche sobre dos propuestas para resolver la crisis fiscal que sufre Washington con los mercados perdiendo fuerza y la Casa Blanca rechazando por lo menos uno de los paquetes como inaceptable. Después de un brillo en el cielo sobre el Capitolio el lunes, cuando el senador Harry Reid, el líder de la mayoría del Senado y su contraparte de la minoría, el senador Mitch McConnell, estuvieron muy cerca de un acuerdo para reabrir el gobierno y subir el techo de la deuda aunque sólo sea por unas semanas, las negociaciones parecieron atascarse nuevamente.

Las últimas dificultades surgieron ayer después de una reunión de desayuno de los republicanos conducida por John Boehner que culminó con su determinación de que el paquete que venía del Senado no cumplía con sus mínimas demandas. El plan que se presentó como alternativo contempla una financiación temporal del gobierno federal hasta el 15 de diciembre y la elevación del techo de la deuda hasta el 7 de febrero de 2014. El texto elimina la capacidad del Departamento del Tesoro de utilizar ?medidas extraordinarias? para ampliar el límite de la deuda e impide que el personal del Congreso y la administración reciban subsidios del gobierno para el seguro de salud.

Los demócratas reaccionaron rápidamente, diciendo que el país estaba siendo rehén por una pelea familiar dentro del caucus republicano. El ánimo en Washington se estaba acalorando, con todas las partes mirando el reloj que se acerca al tiempo límite de mañana, cuando la principal potencia económica entraría en suspensión de pagos.

En la segunda quincena del mes el Tesoro debe pagar, con insuficientes fondos a mano, no sólo a los beneficiarios como los pensionados en seguridad social, a los veteranos y a los soldados en servicio, sino también a titulares de la deuda estadounidense. La Casa Blanca dijo que había invitado a los líderes demócratas de la Cámara a una reunión por la tarde con el presidente Obama, aunque no se especificó el propósito de la misma.

El plan Boehner, como el de sus colegas en el Senado, plantea la financiación al gobierno hasta comienzos de enero del año que viene y levantar el techo de la deuda hasta febrero. Mientras, los principales negociadores del Congreso intentarían elaborar normas más amplias para el presupuesto federal y para controlar el déficit. Sin embargo, añade algunos puntos más para calmar a la derecha de su partido. Esos cambios incluyen una demora de dos años de un impuesto a los dispositivos médicos tales como caderas de reemplazos y marcapasos, que son una gran parte del fondo de financiamiento para que funcione el Obamacare, y también requiere que los miembros del Congreso, el gabinete, el presidente y el vicepresidente se compren su propia cobertura a través del nuevo sistema de cuidado de salud.

La Casa Blanca rechazó la propuesta de la Cámara. ?El presidente dijo repetidamente que los miembros del Congreso deben cumplir con sus responsabilidades básicas de aprobar un presupuesto y pagar las cuentas de la nación?, dijo Amy Brundage, la vocera de la Casa Blanca. ?Demócratas y republicanos del Senado han estado trabajando en un esfuerzo bipartidista, de buena fe. Con apenas dos días hasta que Estados Unidos agote su capacidad de endeudamiento, es hora de que la Cámara (de Representantes) haga lo mismo. La última propuesta de los republicanos precisamente resultó en un intento partidario de calmar al pequeño grupo del Tea Party que provocó el cierre del gobierno?.

Michael Steel, vocero del presidente de la Cámara baja, Boehner, anunció ayer a la tarde que someterían a votación anoche el nuevo proyecto de los republicanos para reabrir la administración, paralizada desde el pasado 1º de octubre por falta de un acuerdo presupuestario, y evitar la suspensión de pagos. ?Después de escuchar a los miembros del grupo esta mañana (por ayer), los líderes republicanos de la Cámara someterán a voto un plan que limitará los subsidios del Obamacare para los funcionarios electos y el personal en Washington DC y presionará a los demócratas del Senado para aceptar fechas más razonables para la extensión de la financiación temporal y del límite de la deuda?, añadió Steel.

No obstante, a última hora el jefe de la mayoría republicana, Kevin McCarthy, opositor de California, dijo al salir del Senado: ?Hemos terminado por esta noche?, según informó Jackie Kucinich del Washington Post, quedando así suspendido el voto sin más explicación.

FUENTE:  The Independent de Gran Bretaña.

El gobierno uruguayo hizo pública la respuesta al gobierno argentino tras el comunicado emitido por el canciller Timerman.

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La respuesta de Uruguay:
Montevideo, 16 de octubre de 2013.
Señor Ministro,
Tengo el honor de dirigirme al Señor Ministro con el fin de hacer referencia a su Nota de fecha 15 de octubre del presente año, relacionada con la solicitud de incremento de la producción anual de celulosa de la Planta Orión de UPM y con las gestiones realizadas por el Gobierno uruguayo para concretar su autorización a través de los procedimientos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay.
Uruguay ha actuado en todo momento conforme a sus obligaciones internacionales, particularmente las contraídas a través del Estatuto del Río Uruguay, y ha procedido en forma respetuosa con la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 en el caso de las Papeleras sobre el Río Uruguay.
Uruguay presentó su solicitud precisamente a través de los artículos 7 al 12 del mencionado Estatuto y procedió a autorizar el incremento cuando ya habían vencido los plazos allí establecidos, después de transcurridos más de 390 días desde el inicio del procedimiento.
Asimismo, Uruguay no ha roto unilateralmente el diálogo, sino que se ha pronunciado a favor de la continuación del mismo y ha hecho propuestas en tal sentido, a las que me remitiré posteriormente. También, es necesario señalar de manera enfática que los resultados de los análisis del monitoreo conjunto, que son los mismos con los que cuentan ambos países, demuestran sin ambigüedades que la Planta Orión de UPM no contamina.
Estos resultados son coincidentes con los que viene realizando la autoridad medioambiental uruguaya desde el inicio de las operaciones de la planta en el año 2007. Al respecto, me permito anexar a esta Nota el informe que he solicitado a los miembros uruguayos del Comité Científico sobre este tema en particular.
En relación al trámite de la autorización del incremento, me permito señalar que la empresa presentó su solicitud ante las autoridades nacionales competentes conforme a la normativa aplicable, habiendo dichos organismos analizado la viabilidad medioambiental del proyecto.
El 15 de marzo de 2012, de acuerdo a lo que dispone el primer párrafo del artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay, la Delegación Uruguaya ante la CARU -a través de la Nota CARU 63/12-, presentó ante dicha Comisión la solicitud de incremento de la producción de la Planta Orión de UPM de 1.000.000 a 1.300.000 ADT por año.
Esta solicitud fue acompañada del correspondiente informe de la División de Control y Desempeño Ambiental de la DINAMA, donde se analizan las diferentes características del proyecto y se concluye que “no se prevé que existan impactos negativos residuales de significación en caso que se acceda a lo solicitado por la empresa, en lo que refiere a permitir una producción anual de 1.300.000 ton de ADT/año y con un limite máximo que no exceda el 5%, de mantenerse vigentes las condiciones ya impuestas por las autorizaciones ambientales previamente otorgadas y se instrumenten las medidas de mitigación planteadas por la empresa”.
La solicitud fue analizada en la Sesión Extraordinaria de la CARU llevada a cabo el día 16 de abril, donde la Delegación Argentina se pronunció en contra de aprobar el pedido formulado, tal como lo recoge el Acta 03/12 de la misma fecha, prejuzgando sobre el proyecto y anticipando su oposición al mismo. Ese mismo día, y de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 7 del Estatuto, la Delegación Uruguaya, -a través de la Nota CARU 90/12-, solicitó en nombre del Estado uruguayo que se notificara al Estado argentino la mencionada solicitud de ampliación de la producción de la empresa UPM.
Dicha notificación incluyó documentos anexos conteniendo los aspectos esenciales del proyecto y otros detalles técnicos para permitir a las autoridades argentinas evaluar el efecto probable de la obra en la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas.
Dentro del plazo previsto en el artículo 8 del Estatuto, la Delegación Argentina hizo saber que a su juicio la documentación presentada resultaba incompleta, lo que motivó que Uruguay remitiera, el 21 de septiembre de 2012 -a través de la Nota CARU 241/12-, información adicional a la inicialmente remitida.
En la referida Nota, la Delegación Uruguaya dejaba constancia que de esta manera se entregaba “la documentación completa del proyecto”. No obstante, también señalaba que por razones de cortesía, transparencia y buena fe, “si la República Argentina lo entiende necesario, Uruguay estaría dispuesto a responder las preguntas adicionales que pudieran surgir”.
El 28 de diciembre de 2012, y ante un nuevo pedido formulado por la República Argentina, Uruguay entregó informaciones complementarias para facilitar que Argentina diera cumplimiento a lo que establece el artículo 8 del Estatuto y se expidiera sobre el proyecto que le fuera notificado, aun cuando la documentación ya presentada contenía elementos suficientes para ello.
En suma, este conjunto de informaciones aportadas en tres instancias sucesivas, constituye una base documental más que razonable para que el Estado argentino pueda evaluar los probables efectos del proyecto.
Los datos allí contenidos satisfacen claramente el requerimiento de proporcionar información sobre “los aspectos esenciales de la obra”, previsto en el párrafo tercero del artículo 7 del Estatuto, y el criterio de “la información más amplia posible”, al que refiere el artículo 113 de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia.
En base a estas informaciones, la República Argentina estaba en condiciones de comunicar al Estado uruguayo cuales eran los aspectos del proyecto que podrían causar un perjuicio sensible a la navegación, al régimen del Río o a la calidad de sus aguas, las razones técnicas que permitan llegar a esa conclusión y las modificaciones sugeridas al mismo.
Sin embargo, la Delegación Argentina ante la CARU continuó realizando sucesivos pedidos de información cuyo efecto no fue otro que el de obstaculizar el transcurso de los plazos previstos en las mencionadas normas, los que resultan de imperativo cumplimiento.
Esta práctica desnaturaliza un mecanismo que tiene como objeto la consulta y el intercambio informativo. Es notorio que la posición de la Delegación Argentina ante la CARU, al rechazar sin más la solicitud uruguaya en la Sesión Extraordinaria de la CARU realizada el día 16 de abril del pasado año, prejuzgaba ya sobre la misma, anticipaba su rechazo y vaciaba de utilidad el posterior intercambio informativo a través un mecanismo que, tal como lo afirma la Corte Internacional de Justicia en el párrafo 113 de su Sentencia, tiene como finalidad la de crear -a partir de la notificación del proyecto-, las condiciones para una cooperación fructífera entre las Partes, permitiéndoles evaluar los impactos del proyecto en el río y negociar, si fuera necesario, los ajustes requeridos para evitar los eventuales perjuicios que pudiera causar.
Durante el transcurso de los plazos establecidos en los artículos 8 y 12 del Estatuto, la Delegación Argentina continuó efectuando reiterados pedidos de ampliación de información, pero no opuso una objeción formal al proyecto. Para Uruguay no es aceptable que, mediante esta práctica, el derecho a la información con el que cuentan las Partes conforme a los artículos 7 a 12 del Estatuto, se vea transformado en un derecho de veto implícito sobre los proyectos que se llevan a cabo en el territorio de la otra Parte.
Ello constituiría una flagrante violación de lo establecido en los párrafos 153 a 155 de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril de 2010 y contrario a la naturaleza, el objeto y el espíritu del Estatuto del Río Uruguay.
El párrafo 155 de la referida Sentencia consagra en forma expresa que, luego de haberse recurrido al mecanismo de consulta de los artículos 7 a 12 y aún en el caso de subsistir entre las Partes opiniones discrepantes, el país que proyecta puede autorizar dicho proyecto bajo su responsabilidad.
Conforme a ello, a través de la Resolución 1334/2013, de fecha 2 de octubre del presente año, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay autorizó inicialmente a la empresa UPM a utilizar la capacidad instalada de la planta Orión hasta un volumen máximo anual de 1.2000.000 ADT (un millón doscientos mil toneladas secas al aire por año), con una variación que no exceda del 5% (cinco por ciento) del incremento del volumen anual que se autoriza en esa Resolución.
El volumen de este incremento es inferior al que fuera presentado en la solicitud ante la CARU en marzo del 2012 y está sujeto al cumplimiento de las mejoras medioambientales establecidas a la empresa UPM como condición necesaria para que pueda hacerse efectivo. La adopción de la Resolución 1334/2013 se ajusta a lo dispuesto por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en sus párrafos 119, 120 y 121, en el sentido de que fue dictada luego de haberse realizado las notificaciones a la República Argentina en función del artículo 7 del Estatuto.
En suma: habiendo nuestro país recurrido al procedimiento de consultas de los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay, habiéndose notificado a la República Argentina la información completa sobre los aspectos esenciales de dicho proyecto y encontrándose todos los plazos previstos en dicho procedimiento cumplidos en el mes de septiembre del 2013, el Gobierno uruguayo entiende que la autorización concedida resulta respetuosa no solo de la legislación nacional, sino también de las obligaciones emanadas del Estatuto del Río Uruguay, de los acuerdos presidenciales y ministeriales celebrados entre ambos países y de los términos de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de abril del 2010.
No obstante, en ningún caso el Gobierno uruguayo renuncia a continuar las negociaciones bilaterales con la República Argentina, por el tiempo que sea necesario, para lograr soluciones mutuamente satisfactorias en torno a las cuestiones de control medioambiental del Río Uruguay que se encuentran planteadas.
Con este espíritu de diálogo, en mi reciente visita a Buenos Aires el 1º de octubre pasado, fui portador de una propuesta ambiciosa y constructiva para alcanzar esos propósitos de la que le hice entrega en la reunión que mantuvimos.
Ella está destinada a facilitar un entendimiento para establecer un nuevo marco normativo en la CARU superador de la actual reglamentación, a la que nuestro país se ha ajustado estrictamente, pero que resulta insuficiente para que los dos países afronten en la CARU los nuevos desafíos en materia de prevención de la contaminación y se beneficien de los conocimientos técnicos y científicos acumulados durante estas décadas.
En la misma se propone, entre otras cosas: ampliar el Capítulo V del Digesto de la CARU con nuevos parámetros y la incorporación del concepto de BATs, destinado a alcanzar un elevado estándar de protección para el Río; abordar varias de las problemáticas existentes como la presencia de fósforo en el Río a través de planes de acción específicos generales, pero también para la planta de UPM y la desembocadura del Río Gualeguaychú, de modo de alcanzar reducciones sustantivas de los aportes; implementar acciones para la elaboración de objetivos adicionales de calidad de aguas relativos a otras matrices ambientales, los que podrían luego ser incorporados al marco normativo, así como completar la instalación de los equipos para la medición continua de los efluentes descargados en la canaleta Parshall de UPM y de la desembocadura del Río Gualeguaychú y los de calidad del aire.
Particularmente, la propuesta entregada sugiere avanzar en la mejora de los estándares sobre la base de disposiciones generales que tengan en cuenta las características de lo monitoreado hasta ahora, es decir, plantas industriales de las características de las de producción de celulosa, y afluentes que desembocan en el Río Uruguay, para comenzar a monitorear otras zonas del río a la brevedad posible de modo de continuar fijando estándares para los efluentes vinculados a trabajos agrícolas, otras producciones ambientales, los colectores de las ciudades, así como cualquier otra actividad que pueda modificar la calidad de las aguas del Río Uruguay.
Esta iniciativa no solo refleja la buena fe y la buena disposición del Uruguay para continuar las negociaciones, hecho que no puede ser ignorado, sino que aporta una base concreta para avanzar en las mismas y poder alcanzar los más altos estándares internacionales para la protección del río, aplicables tanto a sus aguas como a los efluentes que se vierten en el mismo. Interpretando que esta propuesta resulta una contribución positiva para las negociaciones entre ambos países en una materia donde existen intereses compartidos, la misma se adjunta a la presente Nota.
Uruguay reitera su disposición a continuar las negociaciones para alcanzar un nuevo marco normativo en la CARU que satisfaga el interés común de preservar la calidad ambiental del Río Uruguay. En tal sentido, se aguardan los comentarios de la República Argentina a la propuesta presentada.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle al Sr. Ministro las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Luis Almagro Lemes
Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay

Los líderes demócrata y republicano del Senado de Estados Unidos, Harry Reid y Mitch McConnell, anunciaron este miércoles un acuerdo bipartidista para elevar el límite de endeudamiento del Gobierno y acabar con un cierre parcial de servicios públicos por falta de financiamiento.

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El senador republicano Ted Cruz, quien antes se había opuesto a cualquier acuerdo que no incluyera un retiro de fondos para el programa de salud ‘Obamacare’, dijo que no intentará demorar la discusión de la iniciativa.
El acuerdo, según Reid, incluye la creación de una comisión presupuestaria que hará un informe para diciembre con las recomendaciones de ambos partidos para aprobar las cuentas de la Administración sin tanta polémica.
El senador destacó, además, que el acuerdo permitirá “trabajar de forma conjunta para un acuerdo a largo plazo sobre los presupuestos para acabar con estas frecuentes crisis” y poner a funcionar al Gobierno, cerrado desde el pasado 1 de octubre.
Por su parte, McConnell dijo que el acuerdo incluye recortes en los presupuestos como forma de control de gasto, una de las principales preocupaciones de los republicanos, aunque indicó que los partidos necesitan hacer más para “poner en orden” la situación fiscal.
“Afortunadamente, ahora que pasó el drama del momento, podemos ponernos a trabajar. Pero ahora mismo, no se debe minimizar la importancia del control del gasto”, aseguró el líder republicano en la Cámara Alta.
McConnell indicó  que los republicanos siguen dispuestos a tumbar la ley que amplia los seguros sanitarios a las personas con recursos, conocida como Obamacare, pero por ahora, lo importante era “abrir el Gobierno, evitar la suspensión de pagos y proteger los recortes de gastos alcanzados”.
La Cámara de Representantes ya informó que va a aceptar el acuerdo del Senado, por lo menos  para que se habiliten los servicios públicos.

miércoles, 16 de octubre de 2013

La Cancillería argentina dijo que la gestión de José Mujica incurrió en una “ruptura unilateral” del Estatuto del Río Uruguay en medio del conflicto por la pastera UPM.

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El gobierno argentino informó a su par uruguayo que considera que incurrió en una “ruptura unilateral” del Estatuto del Río Uruguay al autorizar el aumento del volumen de producción máxima anual de la planta de UPM (ex Botnia).
A través de un comunicado dado a conocer por la Cancillería se informó que “el Gobierno de la República Argentina señala al del Uruguay que tal medida constituye una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas establecido en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975, el cual se encontraba en pleno desarrollo, luego de haber sido puesto en marcha por el Uruguay en el marco del citado artículo 7″.

martes, 15 de octubre de 2013

Según un informe realizado por un grupo de líderes provida, los fondos federales de los contribuyentes podrían subvencionar decenas de miles de abortos cada año a través de la nueva legislación en materia de salud popularmente conocida como Obamacare.

Obamacare incluye abortos financiados con dinero de contribuyentesObama firma la ley Obamacare. Foto: Pete Souza (CC BY 2.0)

Obama firma la ley Obamacare. Foto: Pete Souza (CC BY 2.0)
WASHINGTON D.C., 14 Oct. 13 / 03:26 am (ACI/EWTN Noticias).-

“La polémica sobre si la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible genera financiamiento de abortos con dinero de los contribuyentes ha sido un tema arduamente debatido”, explicó Chuck Donovan, presidente del Instituto Charlotte Lozier. “Gracias a los programas de planes multi-estatales, los estadounidenses serán cómplices de la muerte de miles de no nacidos cada año a través de sus impuestos”, agregó.

El Instituto Lozier es la sección de educación e investigación de la organización provida Susan B. Anthony List y en un reciente informe entrega un análisis sobre los planes multi-estatales de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, presentes en los nuevos seguros médicos.

El instituto estima que los contribuyentes federales van a subsidiar entre 71.000 y 111.500 abortos por año a través de nuevos créditos fiscales federales y la expansión del programa de salud Medicaid para los suscritos a planes que permiten el aborto.

Hay 27 estados, además del Distrito de Columbia, que no prohíben el uso de planes de salud con cobertura de abortos inducidos. Asimismo, 17 estados permiten que los fondos estatales se utilicen para cubrir abortos inducidos dentro de sus programas Medicaid.

Más de 5.5 millones de mujeres podrían acceder a planes con cobertura de abortos bajo la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible ya sea, mediante la expansión del programa Medicaid o los intercambios de seguros médicos creados por dicha ley.

Durante el debate sobre si se debe aprobar la legislación de asistencia médica, el presidente Obama recibió el apoyo de muchos demócratas provida al firmar un decreto de ley que aseguraba la aplicación de antiguas restricciones en el financiamiento de abortos inducidos dentro del programa de intercambios de seguros médicos.

Sin embargo, los opositores a la norma consideran  que esto no evitará que los subsidios federales se asocien a planes de seguro que pagan por abortos y son permitidos en los intercambios de seguros médicos.

La plataforma mexicana YoInfluyo.com denunció que la parlamentaria Martha Lucía Mícher Camarena, diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha presentado y promovido desde abril de 2013 una reforma legislativa en materia de salud, que permitiría, entre otras cosas, que las menores puedan abortar desde los 12 años y sin el conocimiento de sus padres.

Alertan posible reforma para que niñas de 12 años accedan al aborto en MéxicoImagen referencial. Foto: Raphael Lopes Bernardino (CC BY-NC-SA 2.0)

Imagen referencial. Foto: Raphael Lopes Bernardino (CC BY-NC-SA 2.0)
MÉXICO D.F., 13 Oct. 13 / 07:46 pm (ACI/EWTN Noticias).-

Mícher Camarena es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados de México, y ha promocionado su propuesta legislativa como una iniciativa de esta. Sin embargo, diputadas del Partido Acción Nacional (PAN), compañeras de Mícher en este grupo de trabajo parlamentario, se han deslindado recientemente de este proyecto legislativo.

Las parlamentarias Lucía Pérez Camarena y Blanca Jiménez, integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, y Flor Pedraza, rechazaron que hayan participado en la redacción de la propuesta abortista.

En un comunicado, las parlamentarias del PAN demandaron que para considerar esta reforma se deben “escuchar también a otros sectores, grupos y organizaciones interesadas en el tema”.

Las diputadas señalaron que no se puede pretender sorprender a la opinión pública con una propuesta no consensuada ni consultada con el resto de integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.

“Consideramos que esta iniciativa no puede ni debe ser dada a conocer como un trabajo en conjunto, porque es impulsada hasta ahora únicamente por cuatro de 25 legisladoras que integramos esta instancia, será hasta que la analicemos detenidamente cuando se defina nuestra posición de sumarnos o no a la misma”, señalaron.

Entrevistada por YoInfluyo.com, Lucía Pérez Camarena descartó el apoyo del PAN a la propuesta legislativa de Mícher Camarena, y aseguró que es “más un título personal que general”. Su grupo político, aseguró, está preparando propuestas a favor de la familia, de forma integral.

El proyecto de reforma legislativa, que propone además que se repartananticonceptivos y píldoras abortivas del día siguiente a niñas desde los 12 años, “no cuenta con el aval de todas las legisladoras que integramos la comisión, por lo que no se puede declarar y menos asumir que se trata de una iniciativa consensuada por todos los grupos parlamentarios aquí representados”, dijo Pérez Camarena.

La legisladora del PAN señaló que así como se promueve el uso de la píldora del día siguiente “también se deben difundir las consecuencias que lleva su ingesta”.

El Obispo de Mocoa-Sibundoy (Colombia), Mons. Luis Alberto Parra Mora, denunció que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han expulsado a unos seis sacerdotes de las zonas rurales del bajo Putumayo.

Colombia: FARC expulsa sacerdotes de la zona rural del Putumayo

Mons. Luis Alberto Parra Mora. Foto: Conferencia Episcopal de Colombia

Mons. Luis Alberto Parra Mora. Foto: Conferencia Episcopal de Colombia
BOGOTÁ, 13 Oct. 13 / 03:19 pm (ACI/EWTN Noticias).-

Según informó este miércoles Radio Caracol, se ha expulsado especialmente a los sacerdotes que hacen presencia en la zona rural de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo. Las FARC han advertido que los únicos que pueden estar en la zona es la guerrilla.

Hasta la fecha seis sacerdotes han tenido que salir de la región y solo se permite la presencia en los cascos urbanos de los mismos.

Ante esto, Mons. Parra Mora hizo un llamado al Gobierno Departamental y a la Fuerza Pública para que adopten las medidas necesarias que permitan a los sacerdotes continuar con sus misiones religiosas en esta parte del país.