internacional
Expertos de la organización responden algunas de las preguntas que han surgido alrededor del conflicto
¿Qué pautas de violación del derecho internacional por parte de las fuerzas israelíes ha identificado Amnistía Internacional en la Franja de Gaza desde que Israel lanzó su ataque?
Las fuerzas israelíes han efectuado ataques que han matado a centenares de civiles, utilizando para ello incluso armas de precisión como misiles disparados por drones, así como ataques con munición, como proyectiles de artillería, que no puede dispararse con precisión contra zonas residenciales densamente pobladas, como Shuyaiya. También han atacado directamente bienes civiles. Millares de viviendas de toda la Franja de Gaza, varios centros médicos y diversos edificios oficiales sin uso militar han sido destruidos o han sufrido grandes daños. Las declaraciones hechas por militares y políticos israelíes en el sentido de que consideran las casas de las personas relacionadas con Hamás, incluidas las de los líderes políticos, objetivos legítimos indican que Israel ha adoptado reglas de ataque que no se ajustan al derecho internacional humanitario y podrían ser un indicio de que al menos algunos de los ataques contra viviendas civiles son el resultado de una política deliberada. Aunque las autoridades israelíes afirman que avisan a los civiles de Gaza, se ha observado constantemente que su actuación no constituye un “aviso efectivo” según el derecho internacional humanitario. Otro motivo muy grave de preocupación es la cantidad cada vez mayor de información que se recibe, según la cual se está atacando a personal médico que trata de evacuar a civiles, a trabajadores que reparan infraestructura de suministro de agua y saneamiento dañada y a periodistas, algunos de los cuales han muerto o resultado heridos. Los ataques directos contra civiles y bienes civiles, así como los ataques indiscriminados y desproporcionados que son intencionales y matan o hieren a civiles constituyen crímenes de guerra.
¿Cuál es la postura de Amnistía Internacional sobre el lanzamiento de proyectiles de mortero o misiles de efecto indiscriminado por grupos armados palestinos desde la Franja de Gaza? ¿Violan el derecho internacional humanitario otras acciones llevadas a cabo por los grupos armados palestinos en Gaza?
Según el ejército israelí, el brazo militar de Hamás y otros grupos armados palestinos dispararon más de 1.700 misiles contra Israel del 8 al 18 de julio y continúan disparando decenas cada día. Tres civiles israelíes han muerto y al menos 11 más han sufrido heridas moderadas o graves por metralla o cristales rotos, según los servicios médicos de emergencia de Israel, que han atendido también a centenares de personas más por daños leves (conmoción en su mayoría) desde el comienzo de la operación “Margen Protector”. También han sufrido daños en Israel viviendas y otros bienes civiles. El derecho internacional humanitario prohíbe el uso de armas que sean por naturaleza de efecto indiscriminado. Los cohetes lanzados contra Israel desde Gaza no pueden apuntarse con precisión contra su objetivo, por lo que su uso viola el derecho internacional humanitario. Disparar morteros y cohetes de efecto indiscriminado pone también en peligro a la población palestina de la Franja de Gaza y de Cisjordania.
Las declaraciones de algunos líderes de grupos armados palestinos indican también que no tienen reparos en lanzar ataques contra civiles y que, de hecho, efectúan tales ataques con la intención de matar o herir a civiles israelíes. Los ataques dirigidos directamente contra civiles y los ataques indiscriminados constituyen crímenes de guerra.
¿Cuáles son las principales obligaciones de las partes en el conflicto durante las hostilidades, según el derecho internacional humanitario?
El derecho internacional humanitario tiene por objeto proteger a la población civil durante los conflictos armados. Entre los principios clave que todas las partes deben respetar en todo momento figuran los de distinción, proporcionalidad y adopción de precauciones en el ataque y contra los efectos del ataque. En virtud del principio de distinción, las partes deben distinguir en todo momento entre objetivos militares y población civil, y dirigir sus ataques únicamente contra objetivos militares. Los ataques deliberados contra civiles o bienes civiles —como viviendas, centros médicos, escuelas u edificios gubernamentales— que no se estén utilizado con fines militares están prohibidos y son crímenes de guerra. No es ilegítimo atacar directamente a soldados y a quienes participen directamente en las hostilidades ni atacar directamente objetivos militares (como bases del ejército y arsenales y almacenes de munición). En caso de duda sobre si una persona u objeto es militar o civil, el atacante dará por sentada su condición de civil.
Israel dice que la ofensiva tiene, en parte, por objeto, destruir los túneles que utilizan Hamás y los grupos armados palestinos en la Franja de Gaza.
¿Son los túneles objetivos legítimos?
Los túneles que se utilicen para facilitar de manera efectiva la acción militar (especialmente para lanzar ataques armados dentro de Israel o para almacenar o transportar armas o municiones) serían objetivos militares. En tal caso podrían ser atacados directamente, de acuerdo con las normas pertinentes de derecho internacional humanitario, anteriormente indicadas. Los túneles que se utilicen con fines civiles (en especial para introducir clandestinamente suministros y productos civiles en Gaza) no son objetivos militares y no pueden ser atacados directamente. Como potencia ocupante, Israel puede tomar medidas razonables y proporcionadas de control o de seguridad. Entre ellas, prevenir la entrada y salida irregulares de productos, y garantizar que no entran armas ni material militar en el territorio. Sin embargo, las medidas muy generales, como el bloqueo, que constituyan castigo colectivo de la población civil, están prohibidas. La forma más eficaz de poner fin al uso de túneles para introducir clandestinamente productos de consumo, combustible y otros suministros sería que Israel cumpliera con sus obligaciones en tanto que potencia ocupante y pusiera fin al sitio de Gaza, que paraliza la economía del territorio y viola los derechos humanos de la población civil desde hace más de siete años. Cuando el ejército israelí avisa a los habitantes de una determinada zona de la Franja de Gaza para que la evacúen, ¿cumple con ello la obligación de proteger a los civiles que le impone el derecho internacional humanitario?
Avisar de manera efectiva y con antelación a la población civil es sólo una de las precauciones prescritas para reducir al máximo en el ataque los daños civiles. Cuando las fuerzas israelíes han avisado de un ataque, han hecho caso omiso de elementos clave del aviso efectivo, como hacerlo en el momento oportuno, informar a los civiles de dónde es seguro huir y proporcionar un paso seguro y tiempo suficiente para huir antes del ataque. Se han denunciado también ataques mortales, lanzados muy poco después de haber avisado a la población civil. En cualquier caso, avisar previamente no exime a una fuerza atacante de su obligación de no causar daños a la población civil. Las autoridades israelíes afirman que Hamás y los grupos armados palestinos utilizan a la población civil palestina de Gaza como “escudo humano”
¿Tiene Amnistía Internacional algún indicio de que haya sido así durante las hostilidades actuales? ¿Y qué obligaciones deben cumplir en este caso las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos?
Amnistía Internacional conoce estas denuncias, y continúa manteniéndolas bajo observación e investigándolas, pero no ha encontrado de momento indicios de que durante las hostilidades actuales Hamás o los grupos armados palestinos hayan utilizado intencionadamente a civiles palestinos como “escudo”. En conflictos anteriores Amnistía Internacional documentó que los grupos armados palestinos habían almacenado municiones en zonas residenciales de la Franja de Gaza y disparado cohetes de efecto indiscriminado desde ellas, y los datos disponibles indican que continúan haciéndolo en las hostilidades actuales. De todos modos, incluso si las autoridades o combatientes de Hamás o de los grupos armados palestinos asociados con otras facciones han ordenado realmente a civiles permanecer en un determinado lugar para proteger objetivos militares de los ataques, la obligación de Israel de proteger a estos civiles sigue siendo totalmente aplicable.
¿Tiene Amnistía Internacional delegados sobre el terreno en la Franja de Gaza? ¿Cómo trabaja Amnistía Internacional para verificar la información durante las hostilidades en curso?
Amnistía Internacional no ha podido conseguir todavía que una delegación entre en la Franja de Gaza durante las hostilidades en curso, aunque la organización ha solicitado permiso a las autoridades israelíes para entrar por el paso fronterizo de Erez y a las autoridades egipcias para entrar por el paso fronterizo de Rafá. Seguimos insistiendo ante las autoridades de estos dos países, directamente y a través de intermediarios, para que permitan el acceso inmediato a la Franja de Gaza de delegados de Amnistía Internacional y de otras organizaciones internacionales de derechos humanos.
Mientras tanto, Amnistía Internacional trabaja con contactos de confianza en la Franja de Gaza para tomar testimonios telefónicos de testigos presenciales de ataques concretos y de familiares de personas fallecidas, así como para recopilar material fotográfico y videográfico con el fin de que sea examinado por expertos en municiones fuera de Gaza. La organización sigue de cerca las declaraciones acerca de las hostilidades en curso y de ataques concretos, tanto de las autoridades israelíes como de los grupos armados palestinos. Amnistía Internacional está usando también información de organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes, así como de ONG internacionales y de organizaciones de la ONU que tienen personal sobre el terreno en Gaza, para ayudar a identificar constantes de violaciones de derechos y verificar incidentes concretos.
¿Cuál es la postura de Amnistía Internacional acerca de la resolución que aprobó el Consejo de Derechos Humanos el 23 de julio?
Amnistía Internacional instó al Consejo de Derechos Humanos a enviar con urgencia una comisión internacional e independiente para investigar todas las violaciones del derecho internacional humanitario, así como los abusos y violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, cometidos por todas las partes en el actual conflicto. En la Resolución S-21/1, aprobada por 29 votos a favor, uno en contra (Estados Unidos) y 17 abstenciones (entre ellas las de todos los Estados miembros de la UE actualmente en el Consejo), se establece una comisión encargada de investigar todas las violaciones del derecho internacional cometidas en los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén oriental, particularmente en el territorio ocupado de la Franja de Gaza, en el contexto de las operaciones militares llevadas a cabo desde el 13 de junio de 2014. Amnistía Internacional advierte que el texto de la Resolución permite a la comisión de investigación examinar las violaciones cometidas por todas las partes, incluidas las perpetradas por Israel en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y las perpetradas por los grupos armados palestinos, como el lanzamiento de misiles de efecto indiscriminado contra Israel desde la Franja de Gaza. La comisión de investigación debe contar con recursos suficientes, tener acceso sin restricciones a todas las zonas y documentos pertinentes y ser exhaustiva, independiente e imparcial. La comisión de investigación representa una oportunidad de romper la espiral de impunidad de los delitos de derecho internacional persistente en Israel y los TPO, y hay que aprovechar esta oportunidad.
El principio de proporcionalidad establece que no debe efectuarse un ataque si puede causar víctimas civiles o dañar objetos civiles de manera excesiva con respecto a la ventaja militar concreta prevista. Las partes en el conflicto tienen también que tomar todas las precauciones necesarias (en el ataque y en la defensa) para proteger a la población civil. Disparar munición que no pueda dirigirse con precisión contra objetivos militares, como proyectiles de artillería y de mortero, contra zonas residenciales densamente pobladas constituye un incumplimiento de la obligación de tomar todas las precauciones posibles, aunque vaya dirigida contra objetivos militares situados en esas zonas. Además de las responsabilidades anteriormente indicadas, Israel sigue teniendo obligaciones, en tanto que potencia ocupante y en tanto que parte en el conflicto, durante las hostilidades, como garantizar el bienestar de la población de la Franja de Gaza y respetar la prohibición de los castigos colectivos. Dada la difícil situación humanitaria, es esencial que Israel permita el suministro suficiente de combustible, material médico y socorro a Gaza y facilite la entrada y el desplazamiento seguro de trabajadores humanitarios. Israel y Hamás deben acordar treguas periódicas para evacuar a las personas heridas y muertas, y hacer reparaciones urgentes de la infraestructura de suministro de agua y saneamiento. Egipto también debe garantizar el suministro continuo a la Franja de Gaza de material médico y combustible. Ni Israel ni los grupos armados palestinos han atendido las peticiones de Amnistía Internacional.
¿Qué pide Amnistía Internacional a todos los Estados que hagan en este momento?
Todos los Estados (y especialmente los proveedores clave, como Estados Unidos en el caso de Israel) deben suspender todas las transferencias de armas, municiones y otros materiales y tecnologías militares a todas las partes hasta que deje de existir un riesgo sustancial de que esos artículos se usen para cometer graves violaciones del derecho internacional humanitario o graves abusos contra los derechos humanos. Israel retiró a sus colonos civiles y sus bases militares del interior de la Franja de Gaza en 2005.
¿Por qué Amnistía Internacional sigue considerando a Israel la potencia ocupante en la Franja de Gaza, y cuáles son las obligaciones de Israel como potencia ocupante?
El artículo 42 del Reglamento de La Haya define la ocupación: “Se considera como ocupado un territorio cuando se encuentra colocado de hecho bajo la autoridad del ejército enemigo. La ocupación no se extiende sino a los territorios donde esa autoridad esté establecida y en condiciones de ejercerse”. Así, el concepto de “control efectivo” sobre el territorio en cuestión es fundamental. En aquellos casos en que la potencia ocupante ha retirado sus fuerzas de todo el territorio ocupado o de partes de dicho territorio, pero ha mantenido elementos clave de la autoridad de potencia ocupante, este mantenimiento de la autoridad puede equivaler a control efectivo. Israel mantiene el control exclusivo del espacio aéreo y las aguas territoriales de Gaza, y sigue prohibiendo todo movimiento de entrada o salida de personas o mercancías de Gaza por vía aérea o marítima. Israel controla directamente todos los pasos fronterizos de Gaza excepto uno, y sigue cerrando tres de los cuatro pasos fronterizos para artículos comerciales, restringiendo el volumen de importaciones fundamentales y prohibiendo la mayor parte de las exportaciones, todo lo cual tiene graves repercusiones para las condiciones humanitarias y socioeconómicas en Gaza. Para que un palestino salga de Gaza, incluso a través del puesto fronterizo de Rafá, debe estar en posesión de un pasaporte o una tarjeta de identidad aprobados por Israel. Por último, la Franja de Gaza sigue dependiendo de Israel para la mayor parte de su suministro de electricidad.
Desde 2005, Israel ha seguido llevando a cabo incursiones terrestres en la Franja de Gaza, en las que las fuerzas israelíes destruyen habitualmente tierras de labranza y bienes agrícolas en zonas situadas dentro de la Franja cerca de su perímetro, llevan a cabo otras operaciones militares “rutinarias” y, en algunos periodos, arrestan a hombres “buscados” dentro de Gaza. Varias operaciones militares israelíes de envergadura llevadas a cabo desde 2005 han tenido efectos devastadores sobre la población civil en Gaza. Además de estas grandes ofensivas, fuerzas terrestres y navales israelíes utilizan habitualmente fuego real contra civiles palestinos —sobre todo agricultores y pescadores— en las zonas terrestres y marítimas de acceso restringido. Israel lleva a cabo una vigilancia permanente de la Franja de Gaza, para lo que utiliza sofisticados vehículos aéreos no tripulados, imágenes de satélites y otros medios. La combinación de estas políticas, acciones y medios de control militar y administrativo, y la dependencia fomentada por más de cuatro decenios de ocupación permiten a Israel —incluso sin una presencia militar permanente— ejercer el control efectivo sobre la Franja de Gaza. Así pues, Israel sigue siendo la potencia ocupante en Gaza y sigue estando obligado por el derecho que regula la ocupación, especialmente en lo relativo a los poderes que continúa ejerciendo.
Los habitantes de un territorio ocupado tienen derecho a protección especial y a un trato humano. La potencia ocupante es responsable del bienestar de la población que está bajo su control. Esto significa que debe garantizar el mantenimiento del orden público y la satisfacción de las necesidades básicas. Israel ha optado por no cumplir muchas de sus obligaciones positivas como potencia ocupante. Como mínimo, Israel está obligado a no obstruir activamente la asistencia humanitaria a la población civil de Gaza. Su bloqueo militar, que persiste desde hace más de siete años y va mucho más allá de medidas de seguridad razonables, es contrario a sus obligaciones como potencia ocupante y constituye castigo colectivo.
