LAS OCHO PROPUESTAS DE LAS FARC QUE LLEGAN DESDE LA HABANA.

COLOMBIA

*DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP*

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 11 de 2013
Ocho propuestas mínimas de estímulo a la participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional y el impulso a procesos de integración de Nuestra América

En desarrollo de las propuestas para la Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, se presenta el siguiente conjunto de iniciativas correspondiente al punto sobre ?Estímulo a la participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional y el impulso a procesos de integración de Nuestra América?:
1. Estímulo a participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional.
2. Control social y popular y veeduría ciudadana frente a los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano.
3. Reconocimiento de la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano.
4. Medidas transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren los derechos de la población.
5. Estímulo a la participación social en los procesos de integración de Nuestra América.
6. Estímulo a iniciativas sociales y populares para fortalecer los procesos de integración.
7. Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los procesos de integración.
8. Promoción de un nuevo orden económico internacional democrático y participativo.
1. Estímulo a participación social y popular para la reafirmación de la soberanía nacional.

Se proveerán los diseños constitucionales a que hubiere lugar para garantizar que la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales y ambientales, además de basarse en la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional, se fundamenten en el respeto efectivo a los principios de la soberanía nacional y la autodeterminación, así como en el diseño de mecanismos de participación, consulta y control social y popular. Las facultades que tienen los poderes públicos serán redefinidas en consideración al necesario reconocimiento constitucional del Poder popular, al cual se le concederán funciones en esta materia.
2. Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano.

Los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano que vulneren o puedan vulnerar el catálogo de derechos consagrados constitucionalmente serán objeto de control social y popular y de veeduría ciudadana. Los tratados de libre comercio, los acuerdos de protección y promoción recíproca de inversiones, así como los acuerdos de integración, previa suscripción, deberán ser sometidos a procesos de consulta con el Consejo Nacional de la Política Pública Democrática y Participativa y con el máximo órgano del Poder Popular, sin perjuicio de las facultades que en esa materia le corresponden al Congreso y a la Corte Constitucional. En todo caso, no podrán suscribirse tratados que afecten la producción y el ingreso de pequeños y medianos productores, el trabajo, y la soberanía alimentaria. Una vez suscritos lo tratados o acuerdos, se creará una Comisión técnica de control y seguimiento de sus impactos, que deberá contar con la participación social y popular. Tal comisión deberá producir informes anuales vinculantes, que incluirán acciones tendientes a la denuncia, la suspensión o el establecimiento de salvaguardas, según el caso. Sin perjuicio del trabajo de la Comisión, se estimulará la veeduría ciudadana.
3. Reconocimiento de la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios suscritos por el Estado colombiano.

Se reconocerá y garantizará la iniciativa social y popular para la denuncia de tratados y convenios que vulneren o puedan vulnerar el catálogo de derechos consagrado constitucionalmente a través del mecanismo de la consulta popular.
4. Medidas transitorias de protección frente a tratados y convenios que vulneren los derechos de la población.

Mientras se surten los trámites de denuncia o suspensión de tratados que vulneren los derechos de la población, o afecten la pequeña y mediana producción, y la soberanía alimentaria, se dispondrán medidas de salvaguarda y compensación para los grupos poblacionales o las comunidades afectadas. Tales medidas deberán ser concertadas con los afectados e incluirán la disposición correspondiente de recursos del presupuesto nacional
5. Estímulo a la participación social en los procesos de integración de Nuestra América.

Las políticas de internacionalización privilegiarán los procesos de integración de Nuestra América, siempre y cuando éstos posean un carácter integral, político, económico, social y cultural, contribuyan al fortalecimiento regional frente a los poderes trasnacionales estatales o corporativos, al hermanamiento, la solidaridad y la cooperación entre los pueblos y sus economías. En el entendido que la verdadera integración es esencialmente entre los pueblos, se estimulará la participación social y popular en los procesos de integración, especialmente en la UNASUR y la CELAC. Para tal efecto, se creará una instancia nacional de la participación social y popular y se promoverá un diseño correspondiente en el orden regional. En el caso de la participación política en el Parlamento Andino o en nuevos órganos o instancias de elección popular que se conformen, se establecerá una circunscripción especial para garantizar la representación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Procesos de integración reducidos al libre comercio se consideran impropios y excluyentes por contemplar exclusivamente los intereses de empresas transnacionales y poderosos grupos económicos, por promover inserciones en la economía mundial que acentúan la dependencia externa, y menoscabar los principios de la soberanía nacional y la autodeterminación. 
6. Estímulo a iniciativas sociales y populares para fortalecer los procesos de integración.

Con miras a fortalecer la participación en los procesos de integración de los pueblos de Nuestra América, se garantizarán y estimularán iniciativas sociales y populares de carácter político, económico, social, cultural. Se apoyarán articulaciones o trabajos en red, congresos o encuentros de organizaciones sociales y populares, de comunidades y organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes de nuestro país con organizaciones de los países hermanos de la Región. Especial atención merecerán los intercambios económicos directos entre economías sociales y populares, basadas en la cooperación, la solidaridad y el intercambio justo y equitativo.
7.Control social y popular y veeduría ciudadana sobre los procesos de integración de Nuestra América.

Se promoverá el control social y popular y la veeduría ciudadana sobre los procesos de integración de Nuestra América. Para tal efecto, se conformará una Comisión de la Participación social en procesos de integración, integrada con representantes de las organizaciones sociales y populares y de las comunidades organizadas; cumplirá funciones de evaluación de los procesos y, en especial, de la participación social en ellos, incluidas las acciones a emprender para garantizarla de manera efectiva. La comisión funcionará sin perjuicio de iniciativas de veeduría ciudadana.
8.Promoción de un nuevo orden político y económico internacional democrático y participativo.

La función principal de la participación social y popular en los procesos de internacionalización en los diferentes ámbitos consiste en contribuir a promover un nuevo orden político y económico internacional democrático y participativo, basado en el internacionalismo, la solidaridad, la cooperación, la justicia social y el intercambio equitativo; orientado a superar las relaciones de dominación y explotación impuestas a escala planetaria por poderes imperiales, transnacionales, corporativos, militares y financieros; y garante efectivo de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población mundial.En defensa de la soberanía nacional se procederá a retirar las bases o instalaciones militares extranjeras que por concepto de cualquier tratado o convenio estén asentadas en territorio colombiano.

Las FARC están con las mayorías campesinas y rurales.

COLOMBIA

/La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, septiembre 14 de 2013/

El paro agrario y sus ecos de indignación y de interpelación al régimen
que no cesan, ha tenido la respuesta gubernamental de siempre: prometer,
engañar, reprimir y continuar con la miserabilización  del campo y la
entrega de la soberanía patria a las trasnacionales, más recientemente
mediante los Tratados de Libre Comercio. Su despliegue con más sectores
se inició el 19 de agosto, y ha sido impresionante el flujo de
compatriotas que con sus propias reivindicaciones o con las banderas de
la solidaridad se han sumado, convergiendo finalmente en consignas
reivindicativas y con objetivos políticos, que exigen cambios urgentes
en las políticas económicas, sobre todo agrarias, que han tomado el
rumbo de la reprimarización y la financiarización de la economía en
detrimento de las mayorías.



Todas las exigencias de los manifestantes son viejas aspiraciones
postergadas que ha conducido al país al fondo de la miseria y de una
confrontación entre compatriotas que ya cumple más de medio siglo sin
soluciones. En La Habana, coetáneamente, se buscan los caminos para
alcanzar la paz estable y duradera, con la particularidad que, aunque el
discurso de paz esté en boca de los gobernantes, sus acciones son de
hostilidad económica y bélica contra los desposeídos.



No cesan los proyectos neoliberales y la represión, pero no cesa tampoco
el alzamiento de las pobrerías: los mineros  se levantan, los campesinos
lanzan su producción a las carreteras porque pierden menos así que
vendiendo el fruto de su trabajo;  los educadores paralizan sus labores
y se movilizan, los estudiantes elevan sus voces de rebeldía peleando
por una educación de calidad, por su gratuidad y la ampliación de su
cobertura; en fin, el  escenario político se agita, pero la protesta
social se desborda y el régimen en el desespero de su avaricia,  mancha
de sangre la contienda; es la sangre de los de abajo, que como héroes
descamisados reciben los balazos, las bombas aturdidoras, los gases y la
brutalidad de las fuerzas de represión, especialmente del Escuadrón
Móvil Anti-Disturbios, ESMAD.



En medio de la dramática situación Santos anuncia un "Pacto Nacional por
el Agro y el Desarrollo Rural" para hacer la "refundación del campo
colombiano" y lanzar luego de una reunión de encorbatados, con la
ausencia de los de ruana, decretos limosneros con los que dice que se
"satisface parcialmente las demandas" del campesinado. Y se manifiesta
que las decisiones están en coincidencia con lo que se ha acordado en la
Mesa de Diálogos de la Habana. Algo muy fácil de afirmar cuando el país
no conoce la totalidad de unos convenios en los que existen salvedades
sobre temas vitales para la sobrevivencia de la población rural y sus
economías. Ya es hora de levantar el manto de secretismo que sin razón
se ha tendido sobre estos asuntos de interés nacional.



Los indignados, los verdaderos protagonistas del paro, han tenido que
hacer su propia mesa alternativa, mientras se aumenta la burocracia del
viceministro del desarrollo rural, mientras se dice que habrá control
para fertilizantes y plaguicidas, que se eliminan aranceles para algunas
partidas de insumos para el agro, que se elimina el contingente para los
lacto-sueros, etc, etc, pero nada se dice de ponerle punto final a los
apátridas Tratados de Libre Comercio que son lo que más ruina traen al
campo, y nada tampoco se dice de parar la extranjerización de la tierra,
o de su redistribución a partir de la culminación del latifundismo, que
son problemas de fondo en esta larga noche de abandono al campo, que
jamás gobierno alguno ha querido tocar para no incomodar a las clases
pudientes de nuestro país, que ya están devorando la Altillanura
colombiana, pero que ahora, aprovechando el paro, logran acomodarse con
más gabelas que el gobierno entrega a partir de un supuesto equilibrio
razonable, que según sus cuentas también debe beneficiar a los empresarios.



El problema no se resuelve con oportunismo y paños de agua tibia que han
podido colocarse sin que para ello hubiese que esperar a que la gente se
rebote. Las migajas no valen los muertos, los heridos y los
judicializados que han dejado por centenares las recientes
movilizaciones, ni es por las miserias del tal Pacto por lo que la
guerrilla se ha alzado en armas. A nadie se debe engañar diciendo que
estas medidas intrascendentes, que no se corresponden con los anhelos de
la población rural, son la concreción de lo que la insurgencia ha
planteado en La Habana.



Unos 2500 representantes de las comunidades rurales y populares en paro
se reunieron el jueves en una cumbre que ratifica las medidas de lucha y
exige una verdadera reforma agraria, repudiando el pacto nacional de los
empresarios, que precisamente han sido cuestionados por los
manifestantes en la medida en que nadie quiere que se reedite el viejo
pacto de Chicoral que impida la reforma agraria necesaria; nadie quiere
que con el cuento de la asociatividad entre estos empresarios y los
campesinos, se le abra paso a una forma legal de despojo. Nadie quiere,
el pacto del zorro con la gallina.



Las FARC están  con las mayorías campesinas y rurales, y si en la Habana
se avanza en la discusión del punto de Participación Política, son las
organizaciones sociales y populares las que deben llevar la voz cantante.

El segundo tiempo de la lucha agropecuaria y popular.

COLOMBIA

La firma de un acuerdo entre la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA-Nacional) y el gobierno en cabeza de Angelino Garzón, inauguró ?desde el punto de vista de los medios de comunicación ofíciales? el fin del Paro Nacional Agropecuario y Popular iniciado el pasado 19 de agosto, ya que el vicepresidente junto con los gobernadores participes en el encuentro de Popayán, garantizaron que el campesinado despejara las vías.


Lamentablemente, la realidad dice lo contrario. Los campesinos se mantienen en las orillas de las carreteras, esperando el cumplimiento del acuerdo logrado con Garzón: tras el despeje de las vías viene la instalación de una mesa entre la MIA y una comisión del alto gobierno. Por lo tanto, y como lo expresó Jorge Espítia, caficultor de Dolores-Tolima y participe de la reunión con el vicepresidente, ?estamos en asambleas permanentes, discutiendo todo el pliego de exigencias que tenemos para presentarle al gobierno nacional?.

Al respecto, los campesinos concentrados en Castilla-Coyaima, el casco urbano de Rovira y otros puntos, demuestra su apuesta por prepararse para interlocutor con el gobierno, en tanto se reúnen constantemente y procuran ganar el máximo apoyo social.


HACIA LA CUMBRE NACIONAL AGRARIA Y POPULAR

IMG-20130910-00100.jpgDanilo López ?caficultor de Ibagué? señaló que el campesinado también se esta preparando para reunirse en un evento opuesto al pacto por el agro convocado por el gobierno de Juan Manuel Santos el próximo 12 de septiembre: ?nosotros también convocamos a nuestras fuerzas sociales para el mismo 12 en un evento nacional que se va a hacer en Bogotá, donde vamos a llegar todos los actores en conflicto y todos los sectores que reclamamos nuestros derechos, que somos excluidos del desarrollo económico en el campo y del derecho de tener precios de sustentación y condiciones al menos medianamente favorables para nuestra vida. Entonces, vamos a hacer nuestro propio pacto?.

Esta decisión, la cual es la determinación de la MIA-Nacional, se soporta en una lectura critica del espacio gubernamental. Según López, ?el pacto convocado por el gobierno esta convocando es a su clase, a la clase que  ha generado la miseria, la pobreza, que ha despojado a todos los campesinos de sus tierras?. ?Entonces es imposible que nosotros estemos en medio de semejantes actores que lo que esta haciendo es reestructurar sus posturas para impedir la reforma agraria, los cambios sociales que se reclaman y el derecho que tenemos los campesinos de conquistar para nosotros un mejor bienestar social?, añadió López.

Cumbre Nacional Agraria y Popular.

COLOMBIA

Lanzamiento Cumbre Nacional Agraria

Con el sol llegaron cientos de delegados y delegadas al Lanzamiento de la Cumbre Nacional Agraria y Popular propuesta por las organizaciones, plataformas y movimientos que participaron del Paro Nacional que aún ondea sus banderas en los lugares que durante 21 días se presentaron tomas de carreteras y concentraciones.

En buses, chivas y a pie los rostros campesinos, indígenas y voces del campo se sumaron al lanzamiento de un escenario que le apunta a ?contribuir a la definición de las rutas estratégicas de unidad que determinen acciones políticas desde los sectores sociales y populares de Colombia? y se opone al Pacto Agrario que paralelamente se organiza desde Presidencia de la República.

?Hoy estamos aquí los verdaderos representantes del campo, los que sabemos que es un azadón, los que sabemos que es labrar la tierra. Estamos acá los que durante décadas y generaciones hemos dignificado el campo y los que hoy le decimos a Santos que no estamos de acuerdo con su dichoso pacto agrario y su mentado ministro de agricultura?  arengó una de las lideresas campesinas del departamento del Huila mientras se ondeaban banderas de la Marcha Patriótica, del Congreso de los Pueblos, de la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo (MIA) y del Coordinador Nacional Agrario (CNA).

Hacia las 10am y con la participación del Representante a la Cámara Iván Cepeda, la Senadora Gloria Inés Ramírez y el Representante a la circunscripción indígena  Hernando Hernández Tapasco se dio inicio al acto de apertura del lanzamiento de la cumbre.

En el acto de apertura fueron recurrentes los llamados al Gobierno Nacional a  tener en cuenta que un pacto nacional agrario no se puede hacer entre empresarios y gobierno. También se ratifico que el paro nacional agrario y popular continua y que se espera que el ?Gobierno cumpla con lo pactado y se siente seriamente a trabajar sobre los puntos expuestos en los pliegos nacionales de petición?.

Con el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y Popular donde nos movilizamos millones de personas a lo largo y ancho del país, hoy nos reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. Nos encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de diversos sectores populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la reciente movilización y para contribuir a la definición de las rutas de encuentro para avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.  

El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para el movimiento social colombiano, en especial para los sectores campesinos, indígenas y afros. El Paro representa la movilización más importante y contundente de los últimos años en el país. Podemos decir con orgullo que por primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos logramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de convocatoria para defender nuestra dignidad y nuestros derechos. Durante 24 días nos hemos movilizado en veintidós (22) departamentos del territorio nacional, para expresar nuestra inconformidad por las políticas de despojo, y desigualdad que se han lanzado contra los más humildes. A la vez, hemos puesto en discusión democrática una serie de exigencias, propuestas y soluciones, recogidas en diversos pliegos que recogen nuestros planteamientos.

Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta del gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados. Frente a nuestros pliegos y justas demandas, el gobierno respondió con la detención de nuestros líderes,  con la militarización de los campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta social. La represión gubernamental deja un saldo desolador, que incluye la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos  de  violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en  todo el país, 262  detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil  en diferentes departamentos del país.

El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del campo y del país en general generada por políticas que han empobrecido en especial a la población rural. Los gobiernos de turno han impulsado un modelo económico diseñado para favorecer a terratenientes, ganaderos y empresas transnacionales, desconociendo a las grandes mayorías campesinas, indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de libre comercio que han facilitado la importación de productos subsidiados que han quebrado a los pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una política de impulso a la gran minería transnacional que ha despojado a comunidades, que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha acaparado el agua en las regiones y ha contaminado nuestros territorios. Como si fuera poco, el gobierno persigue a los cultivadores que guardan sus propias semillas para su producción, amenazando gravemente la soberanía y autonomía alimentaria nacional, y favoreciendo a los grandes monopolios globales que controlan las semillas y los insumos. 

Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos  indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable. También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo, que han legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos  de tierras falsos auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria,  insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a los productores nacionales y el avance hacia una integración justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.

En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que recogen nuestras propuestas  para el campo colombiano. Exigimos tierras para los pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina. Lo anterior solo se lograra con la  adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de tierras y Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.

Exigimos  que  el  Estado  fije  precios  de  sustentación  para  la  producción  campesina,  que se garantice una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos la reducción de los precios de los combustibles, de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.

En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran minería transnacional, promueven consultas populares para la definición de proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la formulación de la política agraria. También se plantean condiciones para la discusión pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la política petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el lucro de las grandes empresas.

Exigimos una política de sustitución autónoma y concertada de cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las fumigaciones y la erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no debe ser tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la política del Estado. 

Luchamos por el reconocimiento político del campesinado. Exigimos que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, la inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho para el campesinado colombiano.

Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y hombres participantes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular, rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor. Por esa razón desconocemos al nuevo Ministro de Agricultura, representante de un modelo de agronegocios que ha sido agente de contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. No creemos que sea la persona adecuada para impulsar la política agraria que necesita el país. Seguiremos construyendo nuestros pliegos, mandatos y planes de vida como camino a la defensa del campo y sus habitantes más humildes.              

Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde los distintos sectores de la sociedad, pero en concreto que el campesinado, los afrodescendientes y por supuesto los indígenas, desde sus vivencias construyan espacios y soluciones a sus problemas, es el momento en que puedan opinar y decidir sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al frente de nuestros problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que nos da este momento histórico.

Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre agraria y popular teniendo en cuenta que la movilizacion no es algo que haya terminado, es un proceso que esta en curso, como determinante del ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el camino de construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de las diversas organizaciones que confluimos en este espacio

Por lo tanto, buscamos construir el proceso de resistencia y movilización social para recoger y articular los acumulados de lucha, anhelos y clamor, de transformación social del pueblo colombiano, para traducirlos en una propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar a partir de políticas democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes, que sienten las bases de construcción de un nuevo pacto social por la paz y la vida digna, que recojan los deseos, sueños y anhelos de paz con justicia social de las colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo, municipio, vereda, corregimiento, región, gremio, convite, sector y/o proceso organizativo.

Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos y campesinas, indígenas y afro descendientes de Colombia, organizaciones agrarias y populares, como también al conjunto de la población colombiana, a que nos juntemos en la cumbre agraria y popular a realizarse en el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la participación masiva de los diversos sectores populares y sociales, que permitan construir las propuestas, soluciones que darán respuesta al conflicto agrario y social que vivimos. Invitamos a construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social. 

Un día después de que le ratificaran condena de 60 años, el zapatista Alberto Patishtán insiste en que no solicitará indulto

MEXICO

"Ellos deberían pedir perdón por lo que me han hecho"
Tal vez negaron mi libertad porque no soy güero, dijo el maestro, acusado de asesinato de policías

por Elio Henríquez

Sábado 14 de septiembre de 2013, p. 33
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas., 13 de septiembre.

Un día después de que el Poder Judicial de la Federación le ratificara una sentencia de 60 años de cárcel, el maestro tzotzil Alberto Patishtán Gómez reiteró que no solicitará el indulto presidencial para ser liberado, porque es inocente.

Siempre he dicho que no voy a recurrir al indulto porque, ¿de qué voy a pedir perdón?; al contrario, ellos deberían pedirme perdón por lo que han hecho conmigo; sólo espero que se haga justicia y nada más, declaró en conferencia de prensa realizada en el penal de esta ciudad.

?Si le ofrecieran el indulto, ¿lo aceptaría aunque no lo pidiera?

?Repito: sólo quiero que me liberen porque soy inocente; sólo pido que me liberen y punto.

Sostuvo que los magistrados del primer tribunal colegiado del vigésimo circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, le negaron la liberación tal vez por el color, porque soy indígena; a lo mejor porque no soy extranjero ni güero para hablar otras lenguas, o porque no tengo el poder económico para hacer otras cosas.

Señaló que recurrirá a tribunales internacionales para lograr su liberación. Tristemente podría decir que debemos salir de México para buscar justicia, lo que no debería ser. Tenemos que ir a Amnistía Internacional.


He dicho mi verdad, la cual no puede ser infundada

Acompañado por su hija Grabriela Patishtán Ruiz y su nieta Génesis, de apenas tres meses, indicó: como sabrán, ayer todos estábamos esperanzados de que las autoridades demostraran un poco de justicia, pero no fue así sino todo lo contrario, aseveró.

Los magistrados dicen que está infundado (el incidente de reconocimiento de inocencia), y yo afirmo que he dicho mi verdad, la cual no puede ser infundada, está fundada en base a la palabra de Dios; no estoy mintiendo, manifestó el maestro originario del municipio de El Bosque, situado en el norte de Chiapas.


Tengo la conciencia limpia, dijo Alberto Patishtán ayer en conferencia de prensa en el penal de San Cristóbal de las Casas. En la imagen, con su nieta Génesis Foto Elio Henríquez
Las autoridades no ven como yo lo veo; si les prestara mis ojos creo que serían las cosas diferentes; si les prestara la conciencia que tengo, las cosas serían diferentes, expresó, al tiempo de subrayar: ?no me voy a quedar callado, seguiré luchando y la verdad  tiene que saberse algún día. Estoy tranquilo, un poco indignado por lo que pasó, pero aquí estoy echándole ganas para buscar la libertad.

Tengo la conciencia limpia, y eso me da tranquilidad, ánimo y fuerzas para seguir viviendo; no importa dónde esté, lo importante es que estemos vivos, aseguró.

Cuando se le preguntó qué piensa de los magistrados que le negaron su liberación, respondió: yo sólo voy a orar por ellos, porque los delincuentes no somos nosotros. No le guardo rencor a ningún magistrado, si lo hacen es porque no tienen conciencia. Ojala un día les toque sus corazones y vean las cosas como las quiero ver, con un México diferente, donde estemos todos en paz.

En tanto, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, afirmó que es injusto que el primer tribunal colegiado del vigésimo circuito haya negado la liberación a Patishtán Gómez, y dijo que ahora debe proceder el indulto.

Patishtán lleva 13 años preso, acusado de homicidio calificado y lesiones, daños en propiedad ajena y portación de armas de fuego  prohibidas, por su presunta participación en una emboscada ocurrida en 2000 en El Bosque. En aquella agresión, murieron seis policías estatales y uno municipal.

CRECE LA SOLIDARIDAD CON LOS MAESTROS DE LA CAPITAL MEXICANA.

MÉXICO

En Oaxaca, las protestas más importantes después del desalojo policiaco en el Distrito Federal

Marchas y bloqueos en 9 estados en apoyo a maestros de la CNTE


Después del desalojo de la Plaza de la Constitución, la Policía Federal cercó a los profesores en la esquina del Eje Central y 16 de Septiembre. Los iban liberando cuando se identificaban como mentoresFoto Francisco Olvera
De los corresponsales

Sábado 14 de septiembre de 2013
Las protestas contra la reforma educativa que tuvieron lugar ayer en los estados se iniciaron con el cierre de vialidades que conducen a la ciudad de Tlaxcala, continuaron con el bloqueo de los accesos al aeropuerto de Minatitlán y al parque industrial de Orizaba, en Veracruz; concluyeron con movilizaciones de solidaridad a la gremial después del desalojo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el Zócalo de la ciudad de México.

Las protestas más representativas, después del operativo de la Policía Federal (PF) ocurrieron en Oaxaca, donde diversas organizaciones, simpatizantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y normalistas realizaron diversas acciones de inconformidad.

Hubo momentos de tensión cuando integrantes de agrupaciones afiliadas al Frente Único de Lucha hacia la Reconstrucción de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (FUL-APPO) retiraron las vallas colocadas en torno al Palacio de Gobierno y comenzaron a golpear las puertas para tratar de ingresar.

Los manifestantes colocaron las vallas en las cuatro esquinas de la plaza central del Zócalo; minutos después integrantes del Frente Popular Revolucionario retuvieron varios autobuses del transporte urbano, con los que cercaron el centro histórico.

Los policías que resguardaban el recinto alcanzaron a cerrar las puertas y a detener a un profesor, lo que provocó un conato de bronca; los inconformes retuvieron a los comandantes Guillermo Luna y Pedro Cruz, a quienes minutos después liberaron al tiempo que los agentes dejaban en libertad al mentor.

Otro contingente del FUL-APPO tomó las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, y Radio Universidad, perteneciente a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También bloquearon la carretera federal 190, Oaxaca-Istmo, y miembros de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado impidieron la circulación en la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido.

En tanto, profesores agremiados al Sindicato de Maestros del Estado de México se apostaron en el kilómetro 31 de la carretera federal México-Texcoco para exigir que se frene la represión perpetrada por la PF. En Pachuca, Hidalgo, integrantes de la CNTE realizaron una marcha para expresar su inconformidad por el desalojo.

En Chiapas, el magisterio agrupado en la sección 7 del SNTE, que desde el 28 de agosto pasado mantiene un paro de labores y un plantón en el centro de Tuxtla Gutiérrez se declaró en alerta máxima tras el desalojo en la capital del país. Acordaron unilateralmente replegarse hacia la avenida y la calle Centrales para no obstaculizar la ceremonia del Grito de Independencia.

Decenas de maestros bajacalifornianos protestaron en Mexicali y Tijuana en repudio a las medidas represivas del gobierno de Enrique Peña Nieto para acallar la inconformidad por la reforma educativa.

Desde las 10 de la mañana de este viernes, cientos de docentes adscritos al subsistema de enseñanza básica pública en Tlaxcala cerraron los tres principales accesos a la capital del estado, en demanda de la abrogación de la reforma educativa promulgada por el presidente Peña Nieto.

Contingentes de miembros y simpatizantes de la CNTE y del autodenominado Digno Movimiento de Bases Magisteriales de Tlaxcala bloquearon las carreteras federal Tlaxcala-Puebla, la autopista a México, en el tramo San Martín Texmelucan-El Molinito, y la vía corta Santa Ana Chiautempan-Puebla.

En Veracruz, maestros bloquearon el acceso al aeropuerto de Minatitlán, en el sur de la entidad, provocando que algunos pasajeros no pudieran abordar sus vuelos en el horario que tenían programado.

FUENTE: LA JORNADA

"Fue un trabajo profesional, pero hubo infiltrados entre los maestros", afirma un cínico Secretario de la Gobernación.

MÉXICO

Justifica Osorio Chong la acción policial
Gustavo Castillo García

14 de septiembre de 2013
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró estar convencido de que el diálogo es el camino para resolver los problemas con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); sin embargo, señaló que el operativo policiaco emprendido para desalojarlos del Zócalo capitalino se puso en marcha porque se les había explicado que en ese lugar se realizaría la fiesta más importante de los mexicanos, como es la ceremonia del Grito de Indepenencia, y no dieron respuesta para irse a otro sitio.

Durante una conferencia de prensa en el salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, el funcionario dijo que la operación policiaca para retirar a los maestros en plantón, fue una operación profesional y apegada a los protocolos de los derechos humanos, la Policía Federal intervino para liberar el Zócalo capitalino.

Según Osorio Chong y el comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón, grupos ajenos a la CNTE infiltraron el movimiento magisterial, y eran los que portaban armas, tanques de gas que utilizaban como sopletes y rompieron las banquetas del Centro Histórico para agredir a los policías federales porque sabían que iban desarmados.

Osorio dijo a los periodistas que desde un principio, cuando los maestros arribaron al Distrito Federal, hace ya varias semanas, en reiteradas ocasiones se les dijo que la reforma en materia educativa no tiene marcha atrás, que es benéfica para los niños del país, así como en cuanto a la capacitación que con ella se brindará a los docentes.

Acerca del desalojo, Osorio puntualizó que en virtud de los preparativos de los festejos septembrinos, era imprescindible llevar a cabo la acción policiaca, y dijo que desde el jueves pasado ya se les había indicado a los profesores, que en acuerdo con el Gobierno del Distrito Federal podrían instalar su campamento en el Monumento a la Revolución y abandonar el Zócalo.


Miguel Ángel Osorio Chong, durante la conferencia de prensa que ofreció ayer
Sin embargo, puntualizó, no hubo respuesta a los plantea­mientos de la autoridad y que aunque la disposición al diálogo del gobierno federal se mantiene abierta no cedería a los reclamos de una minoría, la cual dijo, lleva ocho días sin contestar a los ofrecimientos del gobierno federal y el de Oaxaca, los ­cuales plantearon mejorar la infraestructura en la que laboran en sus comunidades.

Consideró que a los profesores se les dio tiempo suficiente para que se movieran a otro sitio, al no hacerlo, dijo, la Policía Federal intervino para liberar el Zócalo capitalino y mencionó que en todo momento estuvo presente en el operativo personal de las comisiones de Derechos Humanos nacional y del Distrito Federal, así como notarios públicos que verificaron lo ocurrido.

Aseguró que en el gobierno federal están conscientes de que en esta transformación se seguirán presentando resistencias, pero dijo que debe prevalecer la con­vivencia pacífica y que las diferencias se resuelvan con diálogo, y señaló que el encargado de continuar las negociaciones con los docentes es el subsecretario Luis Miranda.

Puntualizó que desde hace varios días, cuando los integrantes de la CNTE pretendieron blo­quear Periférico y Paseo de la Re­forma el gobierno capitalino ya decidió que no se permitirá más este tipo de situaciones y que en caso de que las autoridades capitalinas lo soliciten el gobierno federal lo apoyará porque hay límites y no se puede rebasar los derechos de los demás.

El comisionado Nacional de Seguridad (CNS), Manuel Mondragón y Kalb, precisó que en este operativo fueron detenidas 31 personas, las cuales aseguró, no son profesores, y dijo que fueron enviadas al cuartel que la Policía Federal tiene en la delegación Iztapalapa, conocido como el centro de mando, donde hay permanentemente un agente del Ministerio Público Federal.