MEXICO
Publicado el 1/23/14 ? en Contrainjerencia
El gobierno del Distrito Federal (DF) de México ha puesto en marcha la operación ?Escudo Ciudad de México? para vigilar por aire y tierra los principales accesos a la capital mexicana, con el fin de detectar y detener vehículos que no cumplan con la normativa o sean sospechosos.
El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, informó este miércoles en rueda de prensa que han sido desplegados mil 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPDF) y 100 de la Policía de Investigación.
Los efectivos tienen la encomienda de detectar, ubicar y revisar vehículos que circulen de manera sospechosa las 24 horas del día en las zonas limítrofes con otras entidades.
En este sentido, Mancera Espinosa indicó que este operativo responde a las acciones de colaboración con el gobierno federal para contribuir a la seguridad en las diversas entidades por los hechos recientes en Michoacán (suroeste), a pesar de que la capital no comparte frontera con dicho estado.
El gobernante indicó que se instalaron puntos de supervisión, principalmente en la colindancia del Distrito Federal con los municipios de Nezahualcóyolt, Chalco, Tlalnepantla, Ecatepec, Naucalpan, Los Reyes y La Paz, Estado de México.
?Además de tener esta función coordinada, estaremos realizando sobrevuelos de vigilancia. ¿Qué quiero decir con esto? Además de los sobrevuelos para efectos de tránsito de vehículo, es decir, los que realiza la subsecretaría encargada del tránsito de la ciudad, se realizarán otros sobrevuelos que tendrán estos puntos específicos que acabo de comentar?, precisó.
Mancera Espinosa señaló que se estará en contacto permanente con autoridades federales, el Ejecutivo local señaló que dichas acciones se coordinarán con el Centro de Videovigilancia (C4).
Las autoridades darán reportes diarios en las sesiones de gabinete que se realizan en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. ?Hay que estar en el contexto de las medidas preventivas, es decir, el llamado que se ha hecho o la puesta que ha realizado la Secretaría de Gobernación de información es en este sentido, que todo mundo participe?, añadió.
El mandatario capitalino descartó la presencia de grupos del crimen organizado en el Distrito Federal. Aclaró que el operativo ?sólo se trata de una alerta?.
?No tengo ningún informe en este momento, de que tuviéramos grupos, no hay un punto específico a localizar o a operar. Nosotros seguimos con las labores de apoyo cuando se realicen operativos que tengan que ver con la ciudad de México por instancias federales?, subrayó.
Este miércoles, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, alertó que derivado del combate al crimen organizado en Michoacán, ?vamos a tener el efecto cucaracha?, pues tienen previsto que algunos delincuentes huyan de Michoacán para cometer delitos en otros estados.
Michoacán ha padecido en los últimos años la violencia del narcotráfico. La situación se complicó en los últimos meses cuando surgieron grupos civiles de autodefensa para intentar defenderse de ataques y extorsiones de los cárteles de la droga Los Caballeros Templarios y los Beltrán Leyva.
Autodefensas y narcotraficantes han sostenido diversos enfrentamientos, que se recrudecieron en los últimos días, lo cual llevó al Gobierno de Enrique Peña Nieto a ordenar un nuevo despliegue de militares y policías federales con la intención de asumir el control de la seguridad pública en Tierra Caliente, la zona del sur de Michoacán más afectada por la violencia.
México: Con Peña Nieto continúan las desapariciones forzadas,tortura y abusos militares
por Sididh
Jueves, 23 de Enero de 2014 00:56
La organización señaló que el Gobierno mexicano ha obtenido pocos avances, comparado con los pendientes que dejó la administración pasada de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada ?guerra contra el narcotráfico?
México, DF.- Human Rights Watch (HRW) en su informe anual, capítulo México, elaboró 14 temáticas que enmarca las principales violaciones a derechos humanos durante el primer año de la administración de Enrique Peña Nieto.
La organización señaló que el Gobierno mexicano ha obtenido pocos avances, comparado con los pendientes que dejó la administración pasada de Felipe Calderón, en el contexto de la llamada ?guerra contra el narcotráfico?, pues persisten los asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías; el sistema de justicia militar, que no opera con objetividad, continúa siendo el ámbito donde se juzga a militares acusados de violaciones de derechos humanos; las disposiciones sobre arraigo permiten que algunas personas presuntamente implicadas en delitos penales sean detenidas durante períodos de 80 días sin ser consignadas.
En cuanto a la militarización y el abuso de militares, el informe detalla que México ha delegado mayormente a las Fuerzas Armadas la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, y esto ha provocado violaciones de derechos humanos generalizadas.
Entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recibió 8 mil 150 denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, y emitió recomendaciones sobre 116.
Asimismo, HRW señala que es común que en el país se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. Las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos. Los funcionarios judiciales casi nunca aplican el Protocolo de Estambul. Entre enero y septiembre de 2013, la CNDH recibió más de 860 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios federales.
Impunidad por abusos militares y policiacos tanto del sexenio pasado como de hoy: ?el gobierno ha obtenido pocos avances en el juzgamiento de numerosos asesinatos, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por soldados y policías en el marco de acciones contra la delincuencia organizada, incluso durante la presidencia de Peña Nieto.?
En cuanto a migrantes el texto señala que cientos de miles de migrantes indocumentados cruzan el territorio de México cada año, y durante el trayecto muchos de ellos sufren graves abusos por parte de la delincuencia organizada, autoridades migratorias y miembros de las fuerzas de seguridad, sin embargo, las autoridades no han adoptado medidas adecuadas para protegerles, ni para investigar y juzgar a quienes cometen abusos.
Sobre las y los defensores de derechos humanos, se destaca la persecución y las agresiones, las cuales a menudo están asociadas con su oposición a ?megaproyectos? de infraestructura o extracción de recursos. En muchos casos, existen evidencias, incluido el testimonio de testigos o el rastreo de comunicaciones de teléfonos celulares, de que agentes del estado están involucrados en agresiones contra defensores de derechos humanos. De las 89 agresiones contra defensores de derechos humanos registradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, no se dictaron condenas en ninguno de estos casos?.
Respecto a la desaparición forzada, el informe detalla que a comienzos de 2013, el gobierno indicó que más de 26 mil personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde 2007 ?un problema que calificó como una ?grave crisis humanitaria?? y promulgó una ley integral destinada a asegurar los derechos de las víctimas.
En junio de 2013, la CNDH indicó que estaba investigando 2 mil 443 desapariciones en las cuales había encontrado evidencias de la posible participación de agentes del estado.
Ante ello, la organización enfatiza que ?es común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los responsables de su desaparición, y frecuentemente se culpa a las propias víctimas o se indica a los familiares que deben investigar ellos mismos?.
?En mayo, el gobierno creó en el ámbito de la Procuraduría General de la República (PGR) una unidad dedicada a investigar desapariciones, si bien al momento de la redacción de este informe no había demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas. México todavía no cuenta con una base de datos nacional de personas desaparecidas??, puntualiza la publicación.
El informe también incluye los apartados: libertad de expresión/agresiones a periodistas, violencia de género, condiciones carcelarias, discriminación, derechos laborales, entre otros.
