Desplazados colombianos se movilizan por la restitución de tierras.

COLOMBIA-DDHH

Personas desplazadas por el conflicto armado colombiano se movilizarán el próximo 10 de febrero. Será para exigirle respuestas al presidente de ese país, Juan Manuel Santos, en el proceso de aplicación de la Ley de Restitución de Tierras.

Audios disponibles:

Máximo Hoyos Guerra, víctima de desplazamiento. (impunidad) - 15 seg. (120 Kb.)

Marco Romero, miembro de Consejería para los DDHH y el desplazamiento de la CODHES. (contexto) - 10 seg. (85 Kb.)

Viviane Morales, Fiscal General de Colombia. (paramilitares) - 11 seg. (91,3 Kb.)

La marcha se realizará en 19 municipios de la región costera del Urabá antioqueño. Según los manifestantes, allí confluyen grupos criminales conformados por ex paramilitares. Las personas desplazadas en esa zona por el conflicto armado colombiano reclaman la presencia del Estado para que de cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Dicha normativa plantea compensar a las víctimas del conflicto armado a partir de 1985. El resarcimiento se llevará a cabo mediante una indemnización administrativa. También con la restitución de tierras a las familias que fueron desplazadas desde 1991 por el mismo conflicto. Se trata de unos 2 millones de hectáreas que deben ser devueltos antes de 2014 a unas de 400 mil familias que fueron desplazadas de sus terrenos por grupos armados ilegales. Por otra parte, los habitantes del Urabá antioqueño señalaron que en esa región se han registrado amenazas de persecución y desplazamientos masivos para quienes reclamen la devolución de sus tierras. Vale recordar que en esa zona, la multinacional bananera Chiquita Brands había financiado a paramilitares a cambio de protección. Por este motivo, dicha compañía fue multada en septiembre de 2007. Según datos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, en los últimos 15 años fueron robadas hasta 5,5 millones de hectáreas en Colombia. Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció el pasado enero que el desplazamiento continúa siendo un delito con un 99 por ciento de impunidad, en el país sudamericano. (PÚLSAR)