BOLIVIA
por Alejandro Dausá
La IX Marcha Indígena ha comenzado. ¿Funcionará como catalizador
del descontento social que se viene expresando de múltiples
modos? Según la Fundación Unir, en 2011 se contabilizaron
alrededor de mil 300 conflictos en el país.
A riesgo de simplificar, se puede afirmar que prácticamente todos
fueron y son sectoriales y parciales. Sectoriales porque se trata
de reivindicaciones de tipo salarial, tarifario, limítrofe o
relacionadas con actividades económicas informales, pago de bonos
a sectores vulnerables, etcétera. Parciales, porque son
escasísimas las que proponen cambios estructurales.
Según la politóloga cruceña Helena Argirakis, el conflicto
interhegemónico (sectores subalternos versus grupos tradicionales
de poder) que caracterizó el panorama hasta 2009, se trasladó al
interior del campo popular (lucha intrahegemónica). Es lo que el
vicepresidente ha calificado con cierto candor como "?tensiones
creativas?".
Una administración responsable, prudente pero conservadora en lo
macroeconómico, excelentes precios de productos primarios como
soya, minerales e hidrocarburos, reservas inéditas en la historia
del país (más de 12 millones de dólares) atizan en el imaginario
de algunos sectores la idea de que es hora de reclamar la parte
que consideran suya. Ciertas señales públicas del gobierno han
operado como aceleradores de demandas. Aunque se trata de un
ejemplo extremo, la reciente legalización de 120 mil vehículos
introducidos vía contrabando funcionó como guiño cómplice para
casi cualquier reclamo.
El ex ministro Alfredo Rada, que suele hacer reflexiones agudas
dentro de la apuesta por profundizar el proceso de cambio, indica
que una de las fallas del gobierno es el cortoplacismo en la
resolución de conflictos, abandonando el análisis estratégico y
las grandes pautas planteadas en la Constitución y el Plan
Nacional de Desarrollo de 2006. Una muestra de lo anterior es la
variedad de posiciones y estrategias gubernamentales
contradictorias y erráticas en torno al conflicto por el Tramo II
de la carretera por el Tipnis.
A diferencia de la VIII Marcha Indígena, la que se inicia ahora
encabezada por la Cidob no cuenta con el respaldo de algunas de
sus propias afiliadas. Esa merma se puede explicar, entre otros
fenómenos, por su propia situación de crisis interna, y
paralelamente por el despliegue de una estrategia más avispada
del gobierno, que ha venido estableciendo convenios bilaterales
con sectores indígenas de tierras bajas, condicionando su
participación activa en la novena marcha. Otro elemento es el
desprestigio de los dirigentes de la Cidob, que han firmado
acuerdos con sectores de la derecha del departamento de Santa
Cruz. Incluso una connotada lideresa, ex ejecutiva de la
Confederación Nacional de Mujeres Indígenas, aceptó un cargo de
subalcaldesa del burgomaestre de la ciudad de Santa Cruz,
personaje conocido por su gestión favorecedora de los grupos de
poder, y una administración muy poco transparente.
Paradójicamente, la IX Marcha Indígena amenaza incendiar el
ámbito urbano, donde se agudiza la movilización de diferentes
sectores, con enorme apoyo del empresariado mediático. No parece
casual que una de las corporaciones más activas sea la de la
salud. Luego de un decreto que obliga al personal sanitario a
trabajar ocho horas en establecimientos públicos, se desató la
furia de este poderoso gremio; una verdadera mafia cuya premisa
es la mercantilización de la salud y la producción de billetes,
que entre otros mecanismos recurre a la derivación de pacientes
de hospitales públicos a clínicas o consultas privadas, donde sí
se trabaja ocho horas y más sin inconveniente ni queja alguna. En
su protesta han logrado arrastrar a grupos de estudiantes de
medicina como tropas de choque, cuyas exhibiciones de fuerza
incluyeron la quema de una bandera cubana en la UPEA de El Alto,
porque sin dudas simboliza otro tipo de política y ética médica,
aborrecida y sistemáticamente vilipendiada por la aristocracia de
los galenos.
Fracasados los variados intentos para derrocar al gobierno en
años anteriores, todo indica que la derecha apuesta ahora al
desgaste desde varios frentes. Recurrir a la memoria histórica es
arribar necesariamente a los tiempos del gobierno popular de la
UPD (1982-1985) cuando las constantes presiones y demandas
acabaron echando por la borda más de 25 años de acumulación
política, abriendo paso al neoliberalismo.
El tiempo que el Movimiento al Socialismo ha perdido descuidando
el fortalecimiento del instrumento político, obviando planes para
la formación de la conciencia crítica informada y confundiendo
participación con masividad, pudiera comenzar a pasarle factura.
fuente: Alainet
por Alejandro Dausá
La IX Marcha Indígena ha comenzado. ¿Funcionará como catalizador
del descontento social que se viene expresando de múltiples
modos? Según la Fundación Unir, en 2011 se contabilizaron
alrededor de mil 300 conflictos en el país.
A riesgo de simplificar, se puede afirmar que prácticamente todos
fueron y son sectoriales y parciales. Sectoriales porque se trata
de reivindicaciones de tipo salarial, tarifario, limítrofe o
relacionadas con actividades económicas informales, pago de bonos
a sectores vulnerables, etcétera. Parciales, porque son
escasísimas las que proponen cambios estructurales.
Según la politóloga cruceña Helena Argirakis, el conflicto
interhegemónico (sectores subalternos versus grupos tradicionales
de poder) que caracterizó el panorama hasta 2009, se trasladó al
interior del campo popular (lucha intrahegemónica). Es lo que el
vicepresidente ha calificado con cierto candor como "?tensiones
creativas?".
Una administración responsable, prudente pero conservadora en lo
macroeconómico, excelentes precios de productos primarios como
soya, minerales e hidrocarburos, reservas inéditas en la historia
del país (más de 12 millones de dólares) atizan en el imaginario
de algunos sectores la idea de que es hora de reclamar la parte
que consideran suya. Ciertas señales públicas del gobierno han
operado como aceleradores de demandas. Aunque se trata de un
ejemplo extremo, la reciente legalización de 120 mil vehículos
introducidos vía contrabando funcionó como guiño cómplice para
casi cualquier reclamo.
El ex ministro Alfredo Rada, que suele hacer reflexiones agudas
dentro de la apuesta por profundizar el proceso de cambio, indica
que una de las fallas del gobierno es el cortoplacismo en la
resolución de conflictos, abandonando el análisis estratégico y
las grandes pautas planteadas en la Constitución y el Plan
Nacional de Desarrollo de 2006. Una muestra de lo anterior es la
variedad de posiciones y estrategias gubernamentales
contradictorias y erráticas en torno al conflicto por el Tramo II
de la carretera por el Tipnis.
A diferencia de la VIII Marcha Indígena, la que se inicia ahora
encabezada por la Cidob no cuenta con el respaldo de algunas de
sus propias afiliadas. Esa merma se puede explicar, entre otros
fenómenos, por su propia situación de crisis interna, y
paralelamente por el despliegue de una estrategia más avispada
del gobierno, que ha venido estableciendo convenios bilaterales
con sectores indígenas de tierras bajas, condicionando su
participación activa en la novena marcha. Otro elemento es el
desprestigio de los dirigentes de la Cidob, que han firmado
acuerdos con sectores de la derecha del departamento de Santa
Cruz. Incluso una connotada lideresa, ex ejecutiva de la
Confederación Nacional de Mujeres Indígenas, aceptó un cargo de
subalcaldesa del burgomaestre de la ciudad de Santa Cruz,
personaje conocido por su gestión favorecedora de los grupos de
poder, y una administración muy poco transparente.
Paradójicamente, la IX Marcha Indígena amenaza incendiar el
ámbito urbano, donde se agudiza la movilización de diferentes
sectores, con enorme apoyo del empresariado mediático. No parece
casual que una de las corporaciones más activas sea la de la
salud. Luego de un decreto que obliga al personal sanitario a
trabajar ocho horas en establecimientos públicos, se desató la
furia de este poderoso gremio; una verdadera mafia cuya premisa
es la mercantilización de la salud y la producción de billetes,
que entre otros mecanismos recurre a la derivación de pacientes
de hospitales públicos a clínicas o consultas privadas, donde sí
se trabaja ocho horas y más sin inconveniente ni queja alguna. En
su protesta han logrado arrastrar a grupos de estudiantes de
medicina como tropas de choque, cuyas exhibiciones de fuerza
incluyeron la quema de una bandera cubana en la UPEA de El Alto,
porque sin dudas simboliza otro tipo de política y ética médica,
aborrecida y sistemáticamente vilipendiada por la aristocracia de
los galenos.
Fracasados los variados intentos para derrocar al gobierno en
años anteriores, todo indica que la derecha apuesta ahora al
desgaste desde varios frentes. Recurrir a la memoria histórica es
arribar necesariamente a los tiempos del gobierno popular de la
UPD (1982-1985) cuando las constantes presiones y demandas
acabaron echando por la borda más de 25 años de acumulación
política, abriendo paso al neoliberalismo.
El tiempo que el Movimiento al Socialismo ha perdido descuidando
el fortalecimiento del instrumento político, obviando planes para
la formación de la conciencia crítica informada y confundiendo
participación con masividad, pudiera comenzar a pasarle factura.
fuente: Alainet
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