LA OPINIÓN DEL ELN
Revista Insurrección
ELN de Colombia
(Primera parte)
Toda sociedad tiene parámetros para medir su estado de salud, la
gravedad de sus enfermedades y medir el tamaño de su felicidad.
Universalmente se conoce el PIB, que permite cuantificar todo lo
producido por una sociedad determinada en un modo de producción;
también se ha comenzado a hablar de la necesidad de un parámetro que
permita medir el PIF o producido interno en felicidad que se realiza
en una sociedad, en lo que sería muy importante seguir avanzando. Este
último correspondería al principio y uno de los objetivos de la
política del Libertador Simón Bolívar que nos decía que la política
debe estar al servicio de construir la mayor suma de felicidad y de
armonía entre la vida de los seres humanos y la madre tierra.
Importante también que podamos medir el estado de una sociedad por la
situación y la política carcelaria que será el objeto de este
artículo, siendo apenas una aproximación que debe profundizarse, en el
marco de construcción de una política de paz autentica, constituida a
partir de proporcionar el máximo de vida digna.
Entre menos población carcelaria exista en un país significa que hay
mayor grado de desarrollo humano. En Colombia las cifras oficiales
señalan que el hacinamiento al interior de las penitenciarías es del
47%, sin embargo, fuentes de congresistas y organizaciones defensoras
de presos, denunciaron la superpoblación carcelaria rebaza en 200 por
ciento. Cárceles que deberían tener una población carcelaria de 100
detenidos albergan 200 y más de ellos. Y centros de reclusión como La
Modelo de Bogotá, la de mujeres El Buen Pastor, Villa Hermosa de Cali
y Bellavista de Medellín tienen niveles de hacinamiento por el mismo
porcentaje.
La más crítica por hacinamiento es la cárcel La Picota en Bogotá, que
tiene una capacidad para 2.000 reclusos pero que en la actualidad
tiene 9.028.
Estas condiciones de hacinamiento viola todos los derechos humanos
referidos a un espacio habitable digno a que tienen derecho los
reclusos según los preceptos jurídicos de la corte suprema de justicia
según que define ?imperativo infranqueable según el cual sólo puede
someterse a una persona a reclusión si se le aseguran unas condiciones
dignas?. Este imperativo infranqueable es violado por el Estado
colombiano.
Del hacinamiento se excluye una franja de población carcelaria que
goza de todas las condiciones donde están los usurpadores de dineros
públicos, y uno que otro ex general u oficial de las fuerzas armadas.
Las cifras son alarmantes; uno de cada 400 colombianos está recluido,
en Colombia hay 111.500 personas privadas de la libertad. Según
cálculos, todavía conservadores, cerca de 130 niños viven en las
cárceles junto a sus madres, asunto indignante cruel e inhumano, que
niega a los niños otras condiciones de educación y crecimiento de su
personalidad, pues se sabe que la política de rehabilitación a los
prisioneros es inexistente. Los niños y niñas junto a sus madres deben
estar en otras condiciones.
El abandono a la salud histórico de los presos, se ha agravado en este
periodo, la actual Ministra de Justicia, en intervención que realizó
en la audiencia de control político el pasado 15 de agosto en el
congreso, apuntó que en los actuales momentos, los reclusos ha
interpuesto más de 4 mil derechos de tutela ante la carencia de
atención médica o violación a este derecho fundamental. Se ha vuelto
cotidiano que mueran reclusos porque les niegan la atención médica, o
suministro de medicamentos.
Según denuncias de los reclusos a congresistas, además de la mala
calidad de los alimentas, se les obliga a consumirlos descompuestos.
El l servicio de agua potable tiene gravísimos racionamientos.
LA POBLACION CARCELARIA ES CONSIDERADA DESECHABLE
La población carcelaria es asimilada como desechable y sobrante porque
no es productiva para el capital mientras que sí produce gastos. Por
ello no hay voluntad de inversión social para su rehabilitación
integral y proyectar su vida en sociedad. Las cárceles son centro de
muerte gota a gota, para consumir la vida de miles de colombianos.
Este razonamiento es corazón y nervio del capitalismo y el estado
colombiano para definir las políticas carcelarias, capitalismo que
todo lo convierte en suma y multiplicación de ganancias y en resta en
lo que se refiere a derechos humanos.
Esta verdad, se confirma en la propuesta que hizo la Ministra de
Justicia en el DEBATE DE CONTROL POLITICO al que fue convocada por
congresistas del polo democrático y el liberalismo. Dijo la ministra
que el Ministerio está estudiando la posibilidad de crear un sistema
nacional de salud penitenciaria para brindarle atención de primer
nivel a la población reclusa.
En ello se concentra la mirada de población que por ser sobrante no
puede gozar de todos los niveles de salud a que tienen derecho todos
los seres humanos, sino a una simple curación si es que hay los
insumos.
Hoy no solo son los prisioneros políticos y sus organizaciones,
quienes luchan y denuncias estas atrocidades, la lucha y
desobediencias ha traspasado los muros de la infamia y se están
convirtiendo en muros de rebeldía y sus voces están llegando al
recinto del congreso, los padres de la injusticia por su incapacidad
de diseñar una política justa para esta población, que es producto de
las injusticias sociales de la sociedad capitalista, que es producto
de la necesidad de rebeldía y de lucha para superar este estado de
cosas inhumanos y de infelicidad.
Hay que construir un nuevo ordenamiento político, social y cultural
para evitar que haya población carcelaria y que este contingente
humano no esté privado de la libertad, sino colocando sus energías
creadoras al servicio de una sociedad igualitaria, en equidad y en
paz.(pendiente la segunda parte)
