ARGENTINA
Atilio A. BORON, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales, incide en que la pugna del Gobierno de Cristina Fernández «no es con España, sino con una empresa que ha incurrido en las habituales técnicas depredadores de las multinacionales». Además de defender las «fundadas razones» del Ejecutivo argentino para nacionlizar YPF, pider ir más allá y critica la respuesta en clave de amenaza del Estado español.
El conflicto suscitado entre Buenos Aires y Madrid a propósito de la expropiación del 51% de las acciones que Repsol tenía en YPF ha desatado virulentas reacciones por parte de las autoridades del Estado español y sus voceros.
El repertorio comprende toda suerte de amenazas en contra de Argentina -y, por extensión, en contra de quienes, con independencia de nuestras opiniones acerca del actual Gobierno, habitamos en esa tierra- proferidas por altísimos funcionarios del Gobierno como la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y otras figuras menores del séquito de La Moncloa y secundadas por un coro impresentable de mal hablados e ignorantes hasta el tuétano que dicen ser periodistas, pero que, en realidad, parecen más bien ser supervivientes descartados del casting que Luis Buñuel organizó para seleccionar a los mendigos de Viridiana.
Alentados por sus mandantes, estos personajes repiten desaforadamente y sin gracia el libreto que les pasan sus mentores, auspiciantes y empleadores, no ahorrando epítetos dirigidos a la presidenta, Cristina Fernández, sus ministros, el partido del Gobierno y, ya en el aquelarre, a todos los argentinos, cómplices indirectos del «robo» sufrido por una inocente españolita llamada Repsol.
Por supuesto, ese espectáculo denigrante también lo tenemos en Argentina, pero, tal vez afectados aún por el reflejo del colonizado, pensábamos que en esa España, que tan machaconamente se vanagloria de su condición europea (Freud ya advirtió sobre lo que ese síntoma podría significar), tal cosa no podría ocurrir. Pero ocurre. Y no solo eso: a medida que pasan las horas, el Gobierno del Estado español ha avanzado en una campaña para aglutinar «en defensa de España y los españoles» la ayuda de sus compinches europeos, esos bribones que perpetraron el golpe de Estado en Grecia cuando el pobre Papandreu, movido tal vez por el recuerdo de la Oración Fúnebre de Pericles y su exaltación de la democracia, tuvo la inoportuna idea de decirle a quienes ahora acuden en ayuda del Gobierno español que quería solicitar la opinión de los griegos acerca del plan de ajuste salvaje que le proponían sus salvadores.
Al día siguiente, la pérfida troika que hoy gobierna Europa -la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI- lo desalojó a puntapiés en el trasero y lo sustituyó por uno de los suyos: un émulo contemporáneo del consigliere de don Corleone, para que maneje con la pulcritud propia de un tahúr del casino financiero global los destinos de Grecia. Por supuesto, estos bandidos no operan solo en Grecia y están asolando casi toda Europa, como bien lo saben quienes viven en el territorio del Estado español, sometidos a un ajuste de una brutalidad que no tiene nada que envidiar a las peores experiencias latinoamericanas en la materia. La cosa no es solo con Grecia, es con todos.
En su afán por defenderse de la agresión argentina, Rajoy y los suyos buscaron (y consiguieron) el apoyo del emperador y premio Nobel de la Paz (el mismo que dijo que «se hizo justicia» cuando le informaron que habían asesinado a Osama Bin Laden ante su propia familia y cuya secretaria de Estado estalló en carcajadas al enterarse del linchamiento de Muammar Gadafi). Ya en las Américas, los enviados de Madrid obtuvieron en México el apoyo de don Felipe Calderón, quien por su ineptitud e inmoralidad sumió a ese maravilloso país -en realidad, mi segunda patria luego de ocho años de exilio- en la crisis más grave del último siglo, por decir lo menos. Postrado indecorosamente ante los dictados de Washington y la violencia criminal de los narcos, Calderón se rasga las vestiduras junto a los paniaguados del Partido Popular ante la tibia medida adoptada por el Gobierno argentino.
Quienes viven en el Reino de España saben muy bien que Repsol es una transnacional en la que algunos ricachones tienen depositados sus dineros en acciones de la compañía. La participación de ese sector en el total del capital accionario de la empresa es del 43%. Y como dijera hace apenas un par de días un colega de la Universidad de Sevilla, «confundir los intereses de Repsol con los de España es un insulto a la inteligencia de los españoles. Ni es española por la composición de su capital -mayoritariamente en manos de intereses extranjeros-, ni por la estrategia empresarial que persigue ni, como he dicho, porque beneficie principal o sustancialmente a las familias o empresas españolas. Más bien todo lo contrario».
La opinión de Torres López contrasta con las declaraciones del estadista en ciernes, Felipe, príncipe de Asturias y heredero del trono de España (hasta el momento en que los españoles se despierten y acaben con una institución tan inútil, parasitaria, costosa y corrupta como la monarquía), quien ha agradecido «todo lo que Repsol hace y ha hecho, que es mucho, por el bienestar de numerosos países, así como expresar todo el apoyo a quienes hacen posible su importante tarea en España y fuera de España».
En su artículo, Torres López aporta algunos datos interesantes de lo mucho que Repsol ha hecho por el bienestar de España, en palabras que hago mías sin reservas: «Utiliza paraísos fiscales para tratar de tener aquí la menor carga fiscal posible, ha destruido empleo y a docenas de pequeñas y medianas empresas españolas al someterlas a condiciones de pagos draconianas a pesar de que cuenta con abundantes recursos financieros y liquidez suficientes».
En síntesis, el pleito del Gobierno argentino no es con España o los habitantes del Estado español. Es con una empresa que aquí también ha incurrido en las habituales prácticas depredadoras que todas las transnacionales sin excepción incurren en todo el mundo, incluyendo sus propios países. Y esto fue hecho, preciso es decirlo, con la complicidad de las autoridades argentinas, tanto de las provincias como de la nación, que hicieron la «vista gorda» ante el descarado incumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos de privatización de YPF. Gracias a esta negligencia oficial, sobre cuyas (malas) razones preferimos, por ahora, no expedirnos, Repsol pudo explotar los yacimientos conocidos, y hacerlo de mala manera, sin cuidarlos como se debe, y sin tener tampoco que preocuparse por tomar los riesgos financieros que supone la exploración y búsqueda de nuevos mantos petrolíferos o gasíferos, cosa a la que contractualmente estaba obligada. Pudo también remitir el 90% de sus utilidades, ante la mirada distraída de los entes estatales encargados de fiscalizar sus operaciones en la Argentina.
Pudo ocultar operaciones, al punto tal que recién con la intervención de Repsol-YPF se conoció que había una compañía denominada Repsol YPF Gas S.A, que se encontraba en poder de Repsol sin que los sagaces ojos de los funcionarios de diversos entes reguladores de Argentina se hubieran percatado de ello.
Por eso, cuando la presidenta envió el proyecto de ley expropiando las acciones de Repsol en YPF no incluyó la de aquella empresa, cosa que hubo de corregir apresuradamente una vez que la intervención hizo el anuncio correspondiente.
Esto nos recuerda lo ocurrido cuando, después del paro petrolero que PDVSA hizo en contra del Gobierno de Chávez y producida la intervención de la firma, los venezolanos se enteraron de que esa empresa estatal era la ignota propietaria de la cadena de gasolineras CITGO, con unas 6.000 bocas de expendio en EEUU. Estas prácticas de ocultamiento, fuga de capitales, evasión fiscal, incumplimiento de obligaciones contractuales son corrientes en el mundo de las grandes compañías. Y ocurren porque los gobiernos consienten este tipo de conductas. De otro modo sería imposible.
El Gobierno argentino tiene razones muy fundadas para avanzar sobre Repsol. Pero esto es apenas un primer -y tibio- paso, porque la crisis energética de Argentina, y de la cual Repsol es altamente coresponsable, no se solucionará con las medidas tomadas. Hay que ir mucho más a fondo. No se entiende por qué no se expropian todas las acciones, incluyendo las de los argentinos nucleados en el Grupo Petersen, una suerte de proto-burguesía nacional inventada con malas artes por el kirchnerismo y cuyos resultados fueron desastrosos. Además, dado que Repsol-YPF representa el 30% de la producción hidrocarburífera de Argentina, ¿qué se va a hacer con el 70% restante? ¿O es que se piensa, erróneamente, que las otras empresas actúan con patrones de moralidad y eficiencia superiores a la de la española? ¿O que la crisis energética se solucionará actuando solo sobre Repsol-YPF?
Como se puede apreciar, son muchas las críticas que se pueden formular a la iniciativa de la Casa Rosada. Pero, de lo que no cabe ninguna duda es que no se debe identificar a España con Repsol. Para nosotros España son los versos de Machado, Alberti, Hernández, García Lorca; la pintura de Picasso y la tragedia de Guernica, fabulosamente retratada por su pincel; es Manuel de Falla y Pablo Casals, o la filosofía de Sacristán Luzón, Sánchez Vázquez y el humanismo de Roces, Gaos, Imaz. Y entre quienes están entre nosotros, la excelsa pluma de don Alfonso Sastre, la de él y su sombra, a cuál más incisiva.
Eso es España para los argentinos. Y no la picaresca ramplona de lobistas como Felipillo o Aznar, el siniestro ascetismo de Escrivá y Balaguer, o la obra, la obra de verdad que impulsa el Opus Dei, de los saqueadores profesionales que se lanzaron a la reconquista de América a caballo del tsunami neoliberal que asoló nuestras costas desde mediados de los ochenta, expertos en vaciar empresas, fugar capitales y corromper políticos y periodistas.
Tenemos una larga lucha por delante. Los pueblos de España y de América Latina y el Caribe debemos ser conscientes de que tenemos los mismos enemigos. Los que destruyen la legislación laboral y provocan paro y empobrecimiento en el Estado español son los mismos que han provocado el holocausto social y ecológico que hoy padecen los países de este lado del Atlántico.
Atilio A. Boron director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED)
