COLOMBIA
SE TRATA DE SERGIO ULCUE PERDOMO, VOCERO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES MC-97-10 DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CIDH EN CALOTO CAUCA.
Con profundo dolor informamos que ayer domingo 17 de noviembre de 2013, hacia las 13:00 horas fue cobardemente asesinado en el municipio de Caloto-Cauca el dirigente campesino SERGIO ULCUE PERDOMO, vocero ante el Gobierno Colombiano de las Medidas Cautelares MC-97-10 que otorgó la CIDH a 179 familias campesinas de las Veredas El Vergel y El Pedregal de Caloto Cauca a fin de proteger sus vidas e integridad personal, en el marco del conflicto armado.
El crimen fue perpetrado por dos oscuros personajes vestidos de civil, quienes como pájaros de muerte ingresaron al albergue que el dirigente y su familia habían improvisado en la Vereda Marañón de Caloto Cauca, luego de haber sido desplazados forzadamente en noviembre de 2011 desde la vereda El Pedregal donde dejaron abandonada su tierra y años de trabajo (Ver anexo).
Los rastreros sicarios cumpliendo órdenes superiores profanaron la humilde morada y en medio de niños y ancianos cegaron la vida del líder campesino de varios impactos de bala quien se encontraba en absoluto estado de indefensión.
SERGIO ULCUE PERDOMO, fue un destacado dirigente campesino de las veredas El Vergel y El Pedregal del municipio de Caloto Cauca, quien desde 2009 denunció los atropellos y los crímenes cometidos por el Ejército Nacional contra la población civil en el municipio de Caloto-Cauca, contribuyendo a la judicialización de más de 46 violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Fue gracias al trabajo de SERGIO ULCUE PERDOMO, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA otorgó Medidas Cautelares a 179 familias campesinas para proteger sus vidas e integridad en medio del conflicto armado y superar la impunidad. Irónicamente el escrito de solicitud de medidas cautelares a la CIDH la suscribió SERGIO el 20 de marzo de 2010 por la ejecución extrajudicial del campesino LIBER CUETIA RAMOS, a quien el Ejército no pudo presentar como guerrillero dada de baja en combate por la intervención oportuna de campesinos e indígenas enardecidos (Ver anexo) . El 28 de septiembre de 2012 la ejecución extrajudicial de NORBEY MARTINEZ BONILLA, también beneficiario de las medidas cautelares, estremeció a la comunidad de Caloto, luego que el ejército Nacional lo presentara como un guerrillero que llevaba más de diez años en la insurgencia, cuando este contaba tan solo con 15 años de edad. Además, según experticia de la Sijin de la Policía, el fúsil presuntamente portado por el menor, nunca fue disparado.(VerAnexo).
SERGIO ULCUE PERDOMO también fungía como vocero del Comité Interinstitucional para mitigar los efectos del conflicto armado en el Norte del Departamento del Cauca, creado por Sentencia del Consejo de Estado de 24 de septiembre de 2011. ( Ver Anexo)
JUDICIALIZACION PREVIO AL ASESINATO: ?ya no hay nada más que hacer?
El día 9 de junio de 2013 SERGIO ULCUE PERDOMO fue capturado y judicializado por la Fiscalía Seccional de Puerto Tejada quien le imputaba el delito de Rebelión con base en cargos de presuntos desmovilizados de las Farc. El dirigente campesino estuvo cuatro meses privado de la libertad hasta que el proceso penal fue declarado nulo desde su etapa previa y posteriormente fue declarada la preclusión de la investigación a su favor.
El proceso de aniquilamiento de las personas y organizaciones que acceden a la Administración de Justicia y buscan Justicia en los organismos internacionales en forma organizada por graves violaciones a los Derechos Humanos, también se hizo extensivo a RAFAEL ULCUE PERDOMO, hermano de SERGIO, quien aún se encuentra injustamente privado de la libertad acusado de Rebelión desde hace 17 meses por solicitud de la Fiscal Quinta Especializada de Popayán, MARTHA LILIANA REALPE CERON, quien en una constante vulneración de los derechos fundamentales ha obstruido y vulnerado la defensa formal y material de ULCUE PERDOMO.
Por su parte, resulta inaceptable moral y jurídicamente que el Juez 19 Penal del Circuito de Cali, HELMER VELASCO CAICEDO, al resolver la solicitud de libertad de RAFAEL ULCUE PERDOMO, en la que se tomó más de 17 meses, haya manifestado que a pesar de que la realización de Audiencias de la Justicia Ordinaria Penal ?no esté permitido?efectuarse en brigadas militares, tal como lo dictaminó el Consejo Superior de la Judicatura-Sala Administrativa, rampantemente determinó que no evidenciaba ninguna violación de derechos fundamentales del imputado al habérsele celebrado audiencias constitucionales en la Tercera Brigada del Ejército, y ratificó sin sonrojarse que ?No hay mejor protección para un defensor de derechos humanos que la cárcel?. No hay derecho. (Ver anexo)
El asesinato de SERGIO ULCUE PERDOMO se presenta precisamente a escasas tres semanas de haberse celebrado Reunión de Trabajo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, en el marco del 149 Periodo de Sesiones, en la que se denunciaron violaciones a los derechos humanos y persecución militar y judicial de los voceros y peticionarios de la medida cautelar MC -97-10.
El asesinato de SERGIO ULCUE PERDOMO ocurre como consecuencia de la labor de denuncia efectuada por los campesinos y a la utilización del sistema interamericano de derechos humanos como último recurso de protección de sus derechos fundamentales ante la falta de garantías del Gobierno Colombiano. Los sicarios al momento de asesinar a SERGIO ULCUE PERDOMO le manifestaron ?ya no hay nada más que hacer?.
Exigencias:
Reubicación, atención humanitaria de urgencia y protección inmediata para los niños, mujeres y ancianos que constituyen la familia de SERGIO ULCUE PERDOMO, quienes actualmente se encuentran desplazados a merced de los sicarios.
Que se brinde protección y las mínimas garantías judiciales al beneficiario de las medidas cautelares RAFAEL ULCUE PERDOMO, quien actualmente se encuentra injusta e ilegalmente privado de la libertad.
Que la investigación por la Ejecución Extrajudicial de SERGIO ULCUE PERDOMO, sea adelantada por una Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, ya que la Fiscalía Seccional de Caloto no cuenta con personal de policía judicial ni las herramientas técnicas para adelantar una investigación de esta naturaleza.
Que la Fiscal Quinta Especializada de Popayán, Doctora MARTHA LILIANA REALPE CERON, se abstenga de seguir estigmatizando y obstruyendo el libre ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos ejercida por la Corporación Justicia y Dignidad y sus integrantes.
Que la Fiscal Quinta Especializada de Popayán, Doctora MARTHA LILIANA REALPE CERON y el Comandante del Batallón de Infantería Terrestre No. 91, se abstengan de presentar denuncias penales infundadas contra los abogados de la Corporación Justicia y Dignidad, ya que estas acciones son el preámbulo al vil asesinato de los defensores de derechos humanos.
Exigimos se respete el derecho a vivir, a trabajar y a caminar por estas tierras que nos vio nacer.
Hacemos responsables al Gobierno y al Estado Colombiano de lo que suceda con la vida, la dignidad y la libertad de los beneficiarios y peticionarios de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
CORPORACION JUSTICIA Y DIGNIDAD
Cali, 18 de noviembre de 2013
A propósito de este asesinato, la familia Ulcue Perdomo ya habías sido asediada por el ejército y detenidos varios de sus miembros en junio de 2012. (leer nota)
Regresa el fantasma de las capturas masivas
Por: Dora Montero, Lun, 2012-06-18
El fin de semana pasado, un grupo élite del Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía realizó más de 25 capturas en el norte del Cauca. A los detenidos los acusan de ser parte del frente urbano del sexto frente de las Farc.
Fotos Policía Cauca
El viernes de la semana pasada, un grupo conjunto del Ejército, la Policía y el CTI de la Fiscalía realizó un operativo en que fueron capturadas 29 personas en el norte del Cauca, sindicadas de hacer parte de las milicias del Sexto Frente de las Farc. Esta operación, así como otras capturas masivas que se han dado en Arauca, Caquetá, Huila y Nariño recuerdan las ocurridas en 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando cientos de personas fueron capturadas como supuestos guerrilleros y poco tiempo después tuvieron que ser dejadas en libertad porque no había pruebas contra ellas.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo que había suficientes pruebas para las capturas más recientes en el Cauca, pero tres de los detenidos en ese operativo son defendidos por las organizaciones indígenas y afros a las que pertenecen e incluso por la misma Defensoría del Pueblo, que asegura que su trabajo siempre fue en contra de la guerrilla y no a favor de ella. Dos de las personas capturadas tienen medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Pero la captura que más sorprendió fue la de Rafael Ulcué, un líder indígena de 40 años que se había convertido en el interlocutor de las quejas contra las Farc ante el Ejército y la Policía.
Rafael Ulcué lleva varios años denunciando a las Farc, a tal punto que estaba desplazado en el casco urbano de Caloto desde hace por lo menos seis meses.
Mildred Mora es enfermera, estaba cursando una maestría y nació en Caloto.
Félix Banguero es miembro de la ONG Proceso de Comunciades Negras (PCN) y de un consejo comunitario del municipio caucano de Guachené, donde hoy es el secretario de Cultura.
Las capturas dudosas
La familia Ulcué Perdomo hacía parte del resguardo Kwet Wala, en el municipio de Pradera, en el Valle, hasta que en 2002 tuvo que salir de la región por las amenazas de los paramilitares. Se desplazó con otras familias de la zona y todas se asentaron en la zona campesina de Caloto, Cauca.
Desde que llegó a esa región, Rafael se convirtió en líder y vocero de las comunidades campesinas. ?Hoy lo sindican de terrorismo y otras cosas, pero él nunca ha estado por allá en la guerrilla. Él lo único que es, es un comunero, un directivo que ha peleado por nosotros y lideró la pedida de las medidas cautelares?, explicó el presidente de la junta de acción comunal Henry Mesa a La Silla Vacía.
En 2009, Rafael Ulcué Perdomo y su familia, junto con sus vecinos en las veredas El Vergel y Pedregal, en Caloto, quedaron atrapados en la mitad de los enfrentamientos entre la guerrilla y el Ejército y por eso sus cultivos fueron destruidos, algunos salieron heridos y muchos tuvieron que abandonar su tierra.
El 13 de agosto de 2010, lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara al Gobierno darles protección a 179 familias, incluidos los Ulcué Perdomo, a través de medidas cautelares.
En un principio, el Gobierno ignoró el fallo hasta que esas familias, lideradas por Rafael Ulcué, interpusieron una tutela y esta vez fue el Consejo de Estado el que le ordenó al Gobierno asumir las medidas necesarias para garantizarles la vida.
Un año después, el Gobierno las tomó pero fue peor el remedio que la enfermedad. El Ejército llegó a la zona, y trasladó a la Brigada Móvil 14 a la vereda donde vivían los Ulcué. Sin embargo, lo primero que hicieron los soldados fue decirles a los campesinos que habían llegado a la zona para complacer a las familias que habían promovido las medidas ante la Corte.
Ese mensaje llegó a oídos de las Farc, quienes mandaron llamar al presidente de la Junta de Acción Comunal, Henry Mesa, y a Sergio, el hermano de Rafael Ulcué, y les dijeron que tenían que abandonar el territorio.
El 8 de noviembre de 2011, doce familias salieron desplazadas hacia el casco urbano de Caloto, donde están todavía. En los refugios estaban Rafael y su hermando cuando el viernes llegó el grupo élite de la Policía, del Ejército y de la Dijin y se los llevó sindicados de subversión, concierto para delinquir, terrorismo, extorsión y secuestro.
Una historia de amenazas
La captura de Ulcué sorprendió a la población de Caloto y también a las autoridades locales porque si por algo era conocido este líder indígena era por sus denuncias contra las Farc.
Rafael Ulcué era el vocero de las comunidades en un comité creado por orden del Consejo de Estado y coordinado por la Defensoría del Pueblo en respuesta a la tutela interpuesta por las familias de Caloto para hacerle seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares de la Corte.
En ese comité, Ulcué se sentaba junto con el Alcalde, el secretario de Gobierno, el Defensor del Pueblo de Cauca, el Personero e incluso miembros del Ejército y la Policía. Y lo que recuerdan personas que estuvieron allí es que Ulcué siempre denunció los abusos de las Farc.
?Lo conozco muy de cerca desde el 2009 por la situación de seguridad de la comunidad?, dijo el defensor del Pueblo del Cauca, Víctor Javier Meléndez a La Silla Vacía. ?En el comité siempre estuvo sentada la Fuerza Pública y él con actitudes de respeto denunció a los grupos armados al margen de la ley?.
Otros casos
El de los hermanos Ulcué no es la única captura dudosa que reclaman las comunidades del Cauca. También en Caloto, en la misma operación, fue capturada la enfermera jefe de la ESE de ese municipio, Mildred Gisella Mora Pino, que según varios habitantes de la zona que hablaron con La Silla Vacía, es de una familia reconocida y nunca dejó dudas sobre su comportamiento.
Durante la audiencia ante el juez de garantías, según le dijo a El País de Cali la hermana de la sindicada, Jenifer Mora, la Fiscalía acusó a la enfermera de pertenecer a las Farc, dijo que ella ?es conocida con el alias de La Mona, es compañera sentimental de un guerrillero y ha realizado curaciones a los subversivos?.
?Es absurdo que un reinsertado diga que una señora gorda, de cabello crespo estuvo en el campamento de un reinsertado y solo por eso le eleven cargos?, se quejó el Defensor del Cauca. ?Esta defensa la hacemos respetando los poderes, pero con preocupación porque miembros de una comunidad que actúa con desesperación por el ataque de los armados hoy estén privados de la libertad. ¿Cuál es la protección que merecen como desplazados??, dijo a La Silla.
Otra de las capturas cuestionadas por las comunidades es la de Félix Manuel Banguero, delegado del Consejo Comunitario de Pilamo ante el equipo de Coordinación Regional del Proceso de Comunidades Negras, PCN. PCN es uno de los principales interlocutores de las comunidades afrocolombianas frente al Gobierno y Banguero estaba trabajando como Secretario de Cultura de Guachené, en el norte del Cauca.
El Ministerio de Defensa lo sindica de ser el encargado de la política clandestina, espionaje e inteligencia a la Fuerza Pública para las estructuras que manejan alias ?Rigo? y alias ?Pepo? en varias veredas, pero quienes asistieron a la audiencia dicen que la prueba contra él es una fotografía con la guerrilla tomada hace más de veinte años.
Varias instituciones académicas salieron en su defensa. Una de ellas fue el grupo de investigación Conflicto Social y Violencia del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, y el CENSAT que aseguraron que siempre ha hecho parte de los grupos que pelean por las comunidades negras y que siempre ha reclamado justicia para las comunidades afro. Precisamente por ese trabajo, Banguero también tiene medidas cautelares de la Corte Interamericana.
Los abogados denunciaron que los detenidos fueron trasladados a guarciciones militares y algunas de las audiencias fueron a puerta cerrada, en una modalidad muy parecida a la que se dio en 2003.
¿Espada de Honor o de Damocles?
La operación en la que se realizaron estas capturas en Corinto, Caloto, Caldono, Guachené y Toribío hace parte de la estrategia Espada de Honor que el Ministerio de Defensa lanzó en marzo pasado y con la que pretende debilitar a las Farc con base en la información hallada en los computadores de los guerrilleros capturados o muertos en los últimos años.
El laboratorio de ese proyecto es el Cauca, donde los guerrilleros se movilizan con facilidad, entran y salen a los corredores del narcotráfico y le han propinado a las Fuerzas Militares duros golpes en el último año.
El Gobierno ha invertido allí cuantiosos recursos de consolidación, pero aún no hay resultados para mostrar. La estrategia ahora es, por un lado, cerrarles todos los corredores de movilidad a las Farc y segundo golpear las redes sociales de apoyo. Y en este último escenario es que ?según un representante de las comunidades del norte del Cauca que prefirió no dar su nombre- muchos civiles inocentes pueden caer aunque lleven décadas oponiéndose a las Farc y defendiendo la neutralidad de las comunidades.
El comandante de la regional 4 de la Policía Nacional, general Hernando Nieto Rojas, dijo que este operativo es el resultado de varios meses de trabajo de inteligencia y que hay más de cien órdenes de captura para el suroccidente del país. Esto tiene a las comunidades indígenas y negras del Cauca en alerta. Incluso ya hay versiones de quiénes podrían ser los próximos capturados.
Uno de ellos es Luis Ángel Perdomo, el tío de Rafael y Sergio Ulcué Perdomo, que no se fue de su casa y todavía vive en el resguardo Kwet Wala, en el municipio de Pradera, en el Valle. A él le han llegado rumores de que lo están buscando las autoridades. ?Estamos dispuestos a dar la cara y aclarar lo que sea. Lo único que pedimos es que no hagan esos grandes operativos para buscarnos, no es necesario, nosotros mismos nos entregaríamos y aclararíamos la situación?, dijo a La Silla Vacía.
Perdomo ya fue capturado una vez, el 7 de diciembre de 2003, cuando se dieron las capturas masivas en todo el país durante el gobierno de Álvaro Uribe, pero después de tres meses demostró su inocencia y fue dejado libre. En ese momento lo acusaban de lo mismo que hoy acusan a sus sobrinos: de ser auxiliador del Sexto Frente de las Farc.
?Yo siento que la forma como están acusando a Rafael es la misma que usaron conmigo. Le están haciendo un montaje basado en quién sabe qué y las autoridades lo creen?, dijo a La Silla Vacía.
La Silla Vacía contactó a la Fiscalía, que confirmo que existe una investigación contra Ulcué, Banguero y los otros 25 capturados, que adelantó la Fiscalía Especializada de Popayán y que ahora será trasladada a la Unidad Antiterrorismo en Bogotá. Pero no dieron más detalles porque está bajo reserva del sumario.
