(AW) A nueve meses de la masacre de Curuguaty se realizó un acto de protesta frente a la Embajada de Paraguay en Buenos Aires para exigir la liberación de los campesinos presos durante esos hechos, entre ellos dos embarazadas -a quienes se concedió arresto domiciliario este martes- y dos en huelga de hambre desde hace más de 50 días. Se lanzó una campaña internacional para recabar adhesiones.
Por Liliana Giambelluca
Miembros de la colectividad paraguaya en Buenos Aires que integran el "Movimiento 138. Colectivo de Resistencia Cultural" realizaron una protesta el viernes pasado frente a la Embajada de Paraguay para reclamar por la libertad de los campesinos detenidos luego de un brutal desalojo en el territorio Marina Cué, de Curuguaty, que terminó con la vida de once pobladores y seis policías.
Los manifestantes difundieron un informe referido a la situación actual de los detenidos, dos de ellos llevan más de 50 días en huelga de hambre y su salud está muy deteriorada. También reclamaron por el derecho de dos embarazadas privadas de su libertad en contra de lo que indica la Constitución Nacional, a las que este martes se les concedió el arresto domiciliario (ver nota al final).
Con figuras de papel, los integrantes del Movimiento 138 caracterizaron a políticos y juristas que "garantizan la impunidad y la persecución de los campesinos luchadores". Las personas escrachadas fueron el ex senador colorado y terrateniente Blas N. Riquelme; el fiscal de la causa, Jalil Rachid; el juez recusado José Dolores Benítez; la actual jueza Janine Ríos, el diputado Oscar Tuma; el presidente de facto Federico Franco; el senador Kalé Galaverna y en una figura de dos cabezas el candidato por el Partido Colorado, Horacio Cartes y por el partido liberal, Efraín Alegre.
El monstruo de dos cabezas representaba el malestar que generan los partidos tradicionales en Paraguay. Cada imagen contó con una breve "biografía y hazañas" para informar cómo esos actores participan de las injusticias que hoy se cometen en Paraguay. Luego se lanzaron globos llenos de agua.
Durante el acto también se presentó la "Campaña internacional por la libertad de los presos/as políticos de Paraguay", que apunta a recoger "la solidaridad de partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales y culturales, asociaciones, gremios y personas sensibilizadas por la situación de atropello a los derechos humanos que está ocurriendo en Paraguay con los campesinos encarcelados".
El acto fue simultáneo a otros que se realizaron en ciudades de distintos países.
Informe del Movimiento 138. Colectivo de Resistencia Cultural
El 15 de junio de 2012 ocurrió en Curuguaty, dentro de las tierras denominadas Marina cué, un desalojo que terminó con la vida de 17 personas: 11 campesinos y 6 policías. El hecho fue utilizado como causa para el juicio político que destituyó en tiempo record al presidente constitucional y democrático, Fernando Lugo.
Acusadas de emboscar a la policía, están imputadas alrededor de 60 personas, todas ellas campesinas, 12 de los procesados se encuentran privados de su libertad sin causa alguna y en medio de una aberrante investigación totalmente parcial y sesgada.
Dos de los presos políticos llevan 50 días de huelga de hambre.
Dos de las presas políticas están embarazadas, privadas de su libertad en contra de lo que indica la misma Constitución Nacional, y no están recibiendo ningún tipo de atención adecuada.
Un joven de 16 años fue condenado en un proceso abreviado por una confesión obtenida bajo dudosas condiciones y su cuerpo presenta graves lesiones que estarían relacionadas con presiones policiales para obtener forzosamente una confesión.
Otro joven de 17 años se encuentra en condiciones similares.
Además, el asesinato de cuatro dirigentes sociales en los últimos meses: Sixto Pérez, Vidal Vega, Bruno Chevugi, Benjamín Lezcano se agregan a las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo actualmente en Paraguay.
También se cumplen 50 días de huelga de hambre de Rubén Villalba y 47 de Néstor Castro.
En pocas semanas darán a luz Fani Olmedo y Dolores López, presas políticas en Coronel Oviedo. El fiscal Jalil Rachid dice que las embarazadas deben ser inspeccionadas por un médico para que luego la jueza decida si se les debe, o no, otorgar medidas alternativas a la prisión.
Desde el lunes 11 de marzo diversas organizaciones sociales y políticas acompañan el pedido de los abogados defensores para que se aplique el Código Procesal Penal Paraguayo que establece en su artículo 238 que no puede someterse a prisión preventiva a mujeres en los últimos meses de embarazo. Este reclamo es el que está en primer lugar en la lista de exigencias que levantan Rubén Villalba y Néstor Castro desde hace 50 días en huelga de hambre por la libertad de los presos y presas políticos de Curuguaty.
Para acceder al informe final de investigación (no oficial) respecto a los sucesos ocurridos en Curuguaty, ingresar a https://www.dropbox.com/sh/z8ho8vx8bx00eeu/eCTeZ1XD6t
Movimiento 138 en Facebook: http://www.facebook.com/Movimiento138
Para adherir a la "Campaña internacional por la Libertad de los presos/as políticos de Paraguay", escribir al correo electrónico: campaniaxlalibertad@gmail.com
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CONCEDEN ARRESTO DOMICILIARIO A EMBARAZADAS PRESAS POR MASACRE DE CURUGUATY
La magistrada Rosa Yanine Ríos concedió este martes arresto domiciliario a Fani Olmedo y Dolores López, embarazadas de 6 y 8 meses, respectivamente. Las mismas están detenidas por la masacre de Curuguaty.
Fani Olmedo y Dolores López guardarán reclusión en sus viviendas ubicadas en la zona de Britez Cué, por dictamen de la jueza de la Niñez y la Adolescencia, Rosa Yanine Ríos.
Ambas mujeres están presas en la cárcel de Coronel Oviedo, acusadas de asociación criminal, invasión de inmueble y homicidio doloso en grado de tentativa, en el marco de las investigaciones por la masacre de Curuguaty, que había dejado 17 fallecidos, 11 campesinos y 6 policías, el pasado 15 de junio. El enfrentamiento se produjo en Marina Cué, inmueble en litigio entre el Estado y la familia Riquelme.
El fiscal Jalil Rachid apoyó la prisión domiciliaria de ambas mujeres, ya que la ley establece que no podrán estar presas mujeres en los últimos meses de embarazo y durante la lactancia de sus hijos.
En tanto, el Ministerio Público se opuso a que los demás procesados sean beneficiados con el arresto domiciliario.
En el caso de Rubén Villalba, Rachid señaló que éste estuvo prófugo durante tres meses y que costó mucho trabajo detenerlo. En cuanto a los hermanos Castro, dijo que éstos están señalados como líderes del grupo que se enfrentó a la Policía durante los hechos ocurridos en Marina Cué, y no corresponde el arresto domiciliario.
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