El dilema de la reforma agraria en la agroindustria de Brasil.

BRASIL    

18 de enero 2013

(AW) El Gobierno "progresista" está cegado por el éxito de las exportaciones en bruto de la agroindustria, que no tienen nada que ver con un proyecto nacional. La sociedad brasileña se enfrenta en el campo a problemas de naturaleza distinta que requieren soluciones específicas. Tenemos graves problemas y situaciones de emergencia que requieren una actuación urgente. Hay alrededor de 150.000 familias campesinas sin tierra que viven bajo toldos, acampadas, luchando por un derecho que esta en la Constitución como es tener tierra para trabajar. Para resolver este problema, el gobierno tiene que hacer un verdadero esfuerzo conjunto de los diversos organismos y asentar a las familias en tierras que existen en abundancia en todo el país. Recuérdese que Brasil utiliza para la agricultura sólo el 10% de su superficie total . Quien escribe es João Pedro Stedile, economista, miembro de la coordinación nacional del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) y de Vía Campesina Brasil, sobre un escenario que encuentra en el de Argentina un paralelismo inmediato.


Allí, en el noreste, hay más de 200 mil hectáreas que se preparan para proyectos de riego, con millones de fondos públicos, pero que el Gobierno sólo ofrece a los empresarios del Sur para producir para la exportación. Ahora, la presidenta se comprometió durante el Foro Social Mundial (FSM) de Porto Alegre, el 25 de enero de 2012, que daría prioridad a la solución de los sin tierra en estos proyectos. Sólo entonces sería posible asentar más de 100 000 familias en lotes de 2 hectáreas de regadío por familia.

Tenemos más de 4 millones de familias rurales pobres que reciben la Bolsa Familia para no morir de hambre. Esto es necesario, pero es un paliativo y debería ser temporal. La única manera de salir de la pobreza es permitir el trabajo en la agricultura y actividades asociadas, que un amplio programa de reformas debería permitir. Porque ni las ciudades ni la agroindustria proporcionará trabajo decente a estas personas.

Tenemos millones de trabajadores rurales, asalariados, expuestos a todo tipo de explotación, desde el trabajo semi-esclavo a la exposición irresponsable a los venenos que el capataz ordena usar, y se requiere la intervención del gobierno para crear unas condiciones adecuadas de trabajo, ingresos y vida. Incluida la garantía de libertad de organización sindical.

La estructura de propiedad de la tierra, producción e ingresos de la sociedad brasileña en las zonas rurales hegemonizadas por el modelo agroindustrial está creando problemas estructurales muy graves para el futuro. Basta considerar lo siguiente: el 85% de toda la tierra en Brasil se utiliza solamente para la soja / maíz, pasto y caña de azúcar. Sólo el 10% de los propietarios, hacendados que cuentan con áreas superiores a 500 hectáreas, controlan el 85% del valor total de la producción agrícola, destinada, sin ningún valor añadido, a la exportación. La agroindustria ha re-primarizado la economía brasileña. Somos productores de materias primas, que se venden y se apropian unas 50 multinacionales que controlan los precios, la tasa de ganancia y el mercado mundial. Si los hacendados tuviesen conciencia de clase, se darían cuenta de que ellos también son meros títeres de las corporaciones transnacionales.

La matriz de producción impuesta por el modelo agroindustrial es socialmente injusta, ya que cada año hay más personas en paro que son reemplazadas por máquinas y venenos. Es económicamente inviable, porque depende de las importaciones cada año, tomen nota, de 23 millones de  toneladas de fertilizantes químicos procedentes de China, Uzbekistán, Ucrania, etc.. Es totalmente dependiente del capital financiero, que debe conceder anualmente 120 millones de dólares para que pueda plantar. Y subordinado a grupos extranjeros que controlan las semillas, insumos agrícolas, los precios, los mercados y se quedan con la mayor parte de las ganancias de la producción agrícola. Esta dependencia crea distorsiones de todo tipo: en 2012 faltó maíz en el Nordeste y a los avicultores, pero Cargill, que controla el mercado, exportó 2 millones de toneladas de maíz de Brasil a Estados Unidos. Y el gobierno debe haber leído los periódicos, como yo. Por otro lado, importamos frijoles negros de China, para mantener nuestros hábitos alimenticios.

Este modelo es insostenible para el medio ambiente, ya que las prácticas de monocultivo destruyen toda la biodiversidad existente en la naturaleza usando pesticidas de manera irresponsable. Y eso desequilibra el ecosistema, envenena el suelo, el agua, la lluvia y los alimentos. El resultado es que Brasil representa sólo el 5% de la producción agrícola mundial, pero consume el 20% de todos los venenos del mundo. El Instituto Nacional del Cáncer (INCA), reveló que cada año hay 400.000 nuevos casos de cáncer, la mayor parte provocados por la contaminación de los alimentos. Y el 40% de ellos morirá. ¡Este es el peaje que las multinacionales agroalimentarias están cobrando a todos los brasileños! Y cuidado: el cáncer puede afectar a cualquier persona, independientemente de su posición y cuenta bancaria.

Una política de la reforma agraria no es sólo una sencilla distribución de la tierra a los pobres. Esto se puede hacer en casos de emergencia para resolver los problemas sociales localizados. Pero tampoco le interesa al gobierno. En la fase actual del capitalismo, la reforma agraria es la construcción de un nuevo modelo productivo para la agricultura brasileña: a partir de la necesaria democratización de la propiedad de la tierra y la reorganización de la producción agrícola con otros parámetros. En agosto de 2012, se reunieron 33 movimientos sociales activos en el campo desde Contag, que es el más antiguo, pasando por el MST, Vía Campesina, el movimiento de los pescadores, quilomberos, etc., y construimos una plataforma de propuestas unitarias para el cambio. Es necesario que la agricultura se reorganice para producir en primer lugar alimentos saludables para el mercado interno y para toda la población. Y es necesario y posible, la creación de políticas públicas que garanticen el fomento de una agricultura diversificada en cada bioma, produciendo con técnicas agroecológicas. Y el gobierno debe garantizar la compra de esa producción por la Conab.

Hay que transformar la Conab en gran empresa pública de abastecimiento, que garantice un mercado para los pequeños agricultores y distribuya en el país con precios controlados. Hoy contamos con programas embrionarios como el PAA (compra anticipada) y el 30% de las comidas escolares se compra obligatoriamente a los agricultores locales. Pero por el momento solo implica a 300 mil pequeños agricultores, muy lejos de los 4 millones que hay en la actualidad.

El gobierno tiene que invertir más recursos en investigación agrícola para la alimentación y no sólo estar al servicio de las multinacionales, como esta haciendo Embrapa, que sólo destina el 10% de la investigación a los alimentos de los agricultores familiares. Hay que crear un programa de grandes inversiones en tecnologías alternativas, la mecanización agrícola para las unidades agrícolas pequeñas y las agroindustrias pequeñas en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Hay que desarrollar un gran programa de cooperativismo para las pequeñas y medianas empresas agroindustriales, para los pequeños agricultores de todas las comunidades y municipios de Brasil, para que puedan tener sus industrias agrícolas, agregando valor y creando mercados para los productos locales. BNDES, en lugar de seguir financiando a las grandes empresas con proyectos multimillonarios que concentran la renta, debe crear un gran programa para las pequeñas y medianas empresas agrícolas en todos los municipios brasileños.

También hemos presentado propuestas concretas al gobierno para un programa eficaz de promoción de la agroecología y un programa nacional de reforestación de áreas degradadas, montañas y riberas en pequeñas unidades de producción bajo el control de las mujeres rurales. Sería un programa de bajo costo y ayudaría a resolver los problemas de las familias y de la sociedad brasileña para el reequilibrio del medio ambiente.

Desafortunadamente, no hay motivación en el gobierno para abordar seriamente estas cuestiones. Por un lado, están cegados por el éxito de las exportaciones en bruto de la agroindustria, que no tiene nada que ver con el proyecto nacional, y por otro lado, hay un contingente de técnicos aduladores que cercan a ministros sin experiencia de la vida real, que sólo analizan los temas desde una perspectiva electoral o si son caros o baratos. Últimamente, hasta inventaron que era muy caro asentar familias, que primero es necesario resolver los problemas de los que ya tienen tierra y que los campesinos sin tierra esperen. ¿Esperar qué? ¿La Bolsa Familiar, el trabajo doméstico, emigrar a São Paulo?

Presidenta Dilma, como usted lee 'Carta Capital', espero que lea este artículo, porque dudo mucho que ninguno de sus porta-carteras lo incluya en la colección de recortes de prensa del día.

* João Pedro Stedile, economista, es miembro de la coordinación nacional del MST (Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) y de Vía Campesina Brasil.

La vieja maldición de la minería.

AMERICA LATINA

Por Juan Diego García 

Los argumentos que esgrimen las comunidades afectadas por las modernas explotaciones mineras en América Latina se refieren al menos a tres aspectos diferentes: las condiciones técnicas propias de este tipo de explotaciones y su impacto, las condiciones institucionales y políticas del país y los inconvenientes de un modelo económico orientado fundamentalmente a exportar materias primas como recurso estratégico para impulsar el desarrollo.

En contra de quienes se oponen a la gran minería es usual aducir que con su actitud impiden el progreso, que los intereses egoístas de comunidades minoritarias no pueden prevalecer sobre los intereses generales de la nación, que existen garantías técnicas suficientes para hacer asumible el impacto en el medio ambiente, que un país no puede renunciar a la explotación de sus recursos o sencillamente que las comunidades están siendo manipuladas por grupos de extremistas que buscan réditos políticos debilitando a las autoridades.

Es probable que en la oposición de ciertos colectivos se pueda constatar la influencia de convicciones contrarias al industrialismo y a la civilización actual; también es común que se produzcan contradicciones (a veces difíciles de resolver) entre los intereses locales y nacionales, como lo es que la minería puede adelantarse reduciendo el impacto negativo sobre la población y la naturaleza, y que en tal caso, mucho depende del tipo de autoridades e instituciones con las que se cuente.

Cada tipo de minería tiene sus inconvenientes particulares, tanto si se trata de las explotaciones tradicionales de petróleo, gas, oro, níquel, carbón, cobre y similares, como si se extraen los metales vinculados a las tecnologías más modernas, incluyendo por supuesto los llamados ?minerales estratégicos? utilizados en la energía atómica. El continente americano es rico en todos ellos y la expansión de las economías centrales en las últimas décadas ha generado una demanda considerable (y precios al alza) incentivando el enérgico impulso de la minería por parte de los gobiernos latinoamericanos, con independencia de su signo político. La crisis actual y sobre todo lo complicado que resulta a estas alturas predecir su posible evolución en el inmediato futuro se convierten en un sólido argumento en favor de quienes ponen en tela de juicio la conveniencia de confiar en las exportaciones de materias primas como recurso principal para financiar el desarrollo. Si desciende bruscamente la demanda y caen los precios toda la estrategia exportadora se viene abajo. Así ocurrió siempre y nada indica que ahora no vaya a pasar lo mismo.

En este contexto cobra entonces enorme relevancia la amarga experiencia del pasado (incluso de un pasado muy reciente) y se impone una revisión a fondo de las condiciones específicas (de todo tipo) en las cuales se adelanta o se desea adelantar hoy este tipo de proyectos.

La historia de la minería en América Latina no puede sino generar pesimismo. Ningún país de la región ha conseguido desarrollarse aprovechando los beneficios dejados por la minería o por cualquiera de los otros sectores económicos que juegan igual papel en la estrategia exportadora: alimentos, madera o mercancías de escaso valor agregado, para no mencionar la ?exportación? masiva de mano de obra a las economías centrales (con la enorme carga de dolor y sufrimientos para el-la emigrante y su familia, y sin olvidar la sensible pérdida para el país de un recurso humano precioso que no se compensa ni de lejos con la remesa de divisas) o el tráfico ilegal de psicotrópicos (cuyos escasos beneficios jamás igualan el enorme perjuicio para la economía y la sociedad locales). Agotadas las minas, solo quedan pueblos desolados, obreros con silicosis y un paisaje de mayor atraso que contrasta con la riqueza que acumulan los empresarios (sobre todo extranjeros) y las migajas de vergüenza que se reparten gobernantes cipayos, burócratas corruptos y los dictadores militares o civiles de turno cuya función no es otra que ?garantizar el orden?.

Algunas explotaciones mineras solo se pueden llevar a cabo destruyendo casi de forma irreversible el medio ambiente. Si se hacen cálculos globales -es decir, que superen los estrechos márgenes de la contabilidad de la empresa- el balance será siempre negativo. Mientras las empresas obtienen ganancias considerables el daño sobre el agua, al aire, la biodiversidad, la salud de la población, las reservas en bosques y similares resulta un costo que no asume la entidad que extrae pero recae directamente sobre la comunidad afectada no menos que sobre toda la nación. En tales condiciones todo indicaría que mientras no se sea técnicamente posible evitar semejantes consecuencias lo razonable es desistir de tales empresas. Ocurre así, por ejemplo, con la energía atómica, seguramente fundamental en muchos aspectos (y a cuya investigación no se puede renunciar) pero con consecuencias negativas que la técnica actual aún no resuelve: manejo de residuos radioactivos, resultados incontrolables de los accidentes, y -no menos inconveniente- su posible uso militar. Igual ocurre con la extracción de oro que requiere ingentes cantidades de agua, el uso masivo de cianuro y otros venenos y la destrucción de regiones enteras, obligando casi siempre al desplazamiento de la población (otro costo que apenas aparece en la contabilidad de la empresa). Y como el oro o la energía atómica, muchos de los actuales proyectos mineros resultan desaconsejables desde todo punto de vista.

Ahora, en el caso de explotaciones mineras que pueden desarrollarse con un manejo razonable del impacto sobre la naturaleza y las personas, es decir, explotaciones que minimizan los daños y sobre todo que garantizan  una economía sostenible, la cuestión a resolver se reduce entonces a determinar las condiciones técnicas e institucionales en las cuales han de llevarse a cabo. (No sobra recordar que toda acción humana supone siempre un determinado impacto sobre la naturaleza; que la especie humana dejó de ser parte de la misma desde hace milenios y que la condición de recolectores y cazadores solo se registra hoy en grupos marginales en regiones de la periferia de la civilización).

Que se respeten los procedimientos técnicos adecuados, que la explotación revierta en beneficio de la comunidad directamente afectada y sobre la nación entera, que los ingresos públicos (impuestos, regalías, participaciones, etc.) sirvan realmente como un recurso para promover el desarrollo, salir de la pobreza y superar la condición de países dependientes y atrasados, dependerá entonces del tipo de autoridades que deban garantizarlo. Gobiernos de escaso o nulo sentimiento nacional, burocracias corruptas y un funcionariado ineficiente, son todas ellas condiciones que conspiran abiertamente contra estos propósitos. Así, los requerimientos técnicos se quedan como letra muerta en el papel de los contratos, las instituciones legislan según los deseos de las empresas (casi todas multinacionales), la corrupción administrativa permite cerrar los ojos ante incumplimientos y atropellos, repitiendo las formas tradicionales que han permitido el saqueo de recursos para contribuir  al desarrollo y bienestar de las economías centrales. Cualquiera con curiosidad puede indagar, por ejemplo, cuál fue el precio del barril de crudo desde los comienzos del siglo XX hasta la llamada ?crisis del petróleo? en los años 70 (creación de la OPEP). Entonces, será claro que ésta, como cualquier otra actividad minera, ha servido realmente para contribuir a la riqueza de unos y al empobrecimiento de otros. En el centro del sistema se benefician principalmente los grandes capitalistas; en la periferia, las clases dominantes criollas, esas oligarquías primitivas y obsecuentes, con sus dictadores sanguinarios, sus sátrapas y reyezuelos de opereta o -más recientemente-, con presidentes que encabezan remedos de democracia.

En síntesis, en unos casos y por su propia naturaleza determinadas explotaciones mineras resultan inaceptables desde todo punto de vista; en otros, siendo apropiadas, todo depende de las condiciones políticas e institucionales que garanticen las medidas técnicas de prevenciones, aseguren el control oficial adecuado de las explotaciones (pago de impuestos, cantidades extraídas, cuidado del medio ambiente, régimen laboral al que se somete a los trabajadores, respeto a los intereses de las comunidades directamente afectadas, etc.) y sobretodo que se destinen esos recursos a la inversión social y productiva.

Aunque no resuelve todos los interrogantes del problema, la nacionalización de estos recursos y su control riguroso por parte del estado constituyen un paso decisivo en la buena dirección. En esta perspectiva entonces, mucho dependerá del tipo de gobierno, de su apoyo social y de sus propósitos de futuro. Que estas condiciones favorables no siempre se producen explica la creciente oposición (local y nacional) a muchos proyectos mineros en el continente; la manera como se resuelven estas contradicciones indica bien a las claras la naturaleza de los gobiernos. En unos casos se resuelven mediante el diálogo y la negociación; pero con frecuencia, se asiste a las escenas ya conocidas de represión, cárcel o muerte, además de las campañas de intoxicación y manipulación de la opinión pública, impidiendo un debate de suma importancia pues se trata ni mas ni menos que de evitar que en las condiciones de hoy, se repita el mismo proceso de esquilmar y saquear recursos que en buena medida explican el cuadro de atraso de los países de América Latina. O sea, impedir que abandonando todo esfuerzo de industrialización propia, estos países afiancen su naturaleza de economías complementarias multiplicando los enclaves coloniales del pasado y sacrificando unos recursos no renovables que seguramente serían indispensables para su propio desarrollo.

No hay que sorprenderse demasiado si los indígenas de una comunidad amenazada por una explotación a cielo abierto evocan a la Pacha Mama (la madre tierra) y se oponen a la mina porque afecta una montaña ?sagrada?, pues detrás de un concepto seguramente extraño a la racionalidad occidental (que no permite dar entidad de sujeto a algo que es obviamente un objeto) se esconde una reflexión muy ligada a la realidad: allí, en esa montaña, se produce el agua, elemento básico para  la vida. Con categorías diferentes y desde la óptica occidental se diría que la mencionada montaña resulta intocable pues asegura el suministro de agua a una ciudad. Se ordena entonces no afectarla, se la asume como intocable (?sagrada? dirán los indígenas). Ocurre sin embargo que por su propia naturaleza el sistema capitalista es depredador y no se detiene ante nada cuando se trata de beneficios económicos, sea ?sagrado? o ?intocable?. Solo una movilización muy enérgica de la población puede conseguir que las autoridades impidan la profanación/destrucción de aquella ?montaña sagrada?.

Resulta por demás paradójico que los defensores del capitalismo se mofen de un lenguaje seguramente premoderno y bastante romántico que acude a los fetiches, cuando todo su discurso teórico no es otra cosa que una sistemática sublimación que convierte de hecho al capital en un sujeto y nos deja a los demás convertidos en objetos bajo su dominio.

La oligarquía minera.

PERÚ

por Javier Diez Canseco    

  La exportación minera representó, el 2011, casi el 60% del valor total de lo que vendimos al exterior. De US $46,000 millones de dólares exportados por el país el año pasado, US $27,000 millones son minerales y, de ese total, el 75% -es decir más de $20,200 millones- corresponden a dos minerales: cobre y oro. Es obvia la fuerte dependencia de nuestras exportaciones de la minería. Si nos fijamos en la serie histórica de las exportaciones, en promedio, las exportaciones mineras han representado el 55.7% de las exportaciones totales desde el 2000 hasta la fecha.  

Solo para entender el enorme peso económico, político y mediático de las mineras: sus exportaciones, US $27 mil millones el 2011, equivalen a 4.8 veces el presupuesto nacional para Educación y a 8.4 veces el presupuesto para Salud correspondientes al 2012 (datos del SIAF convertidos a dólares). Sus ingresos por exportaciones superan varias veces lo que el sector público destina al sector educación y salud.

Más preocupante es que la producción de minerales se encuentra concentrada en unas cuantas empresas, ni 20. Por ejemplo, para el caso del cobre se tiene que el 52.62% de la producción total del 2011 (según el MEM) fue realizada por dos empresas, Antamina y Cerro Verde con participaciones de 28.1% y 24.52% de la producción nacional respectivamente. En el caso del oro, el 48.38% de la producción total del año 2011 fue realizada por tres empresas, Yanacocha, Barrick Misquichilca y Buenaventura (socia también en Yanacocha) con participaciones de 24.52%, 17.36% y 6.5%, respectivamente.


Hemos señalado que el 75% de las exportaciones mineras corresponde a la exportación de cobre y oro. A su vez, la producción de cada uno de estos minerales se concentra en cinco empresas (dos en el caso del cobre y tres en el caso del oro), lo que conlleva a que en esas cuatro empresas se genera en ventas por exportaciones un monto de US $10, 300 millones de dólares, increíble pero cierto.


De los datos antes mencionados se desprende, de forma preliminar, que existe una tremenda concentración de propiedad y de poder ?no sólo económico sino político- en unas cuantas empresas. Esto se refuerza y queda en evidencia cuando se toma en cuenta que en el Perú existen 3904 titulares mineros registrados en el directorio del MEM.


En lo que respecta a la rentabilidad de las empresas mineras, si medimos su patrimonio total, tenemos que para el 2011 -de la totalidad de empresas que están registradas en la Conasev (donde no está Antamina, la empresa más grande del Perú)- el promedio de rentabilidad como total de su patrimonio, es decir sus utilidades netas, representaron ?en un año- el 23.5% de su patrimonio. Las cuatro empresas mineras con utilidades más altas respecto a su patrimonio, el 2011, son; Shougang Hierro Perú con 48.5% (lo que significa que en poco más de dos años esta empresa logra duplicar su riqueza o patrimonio total), Cerro Verde con 43.2% y Sociedad Minera Corona con 42.2%, Cerro Verde con 40.3%, en 2.3 años logran duplicar su patrimonio o riqueza total. ¿Y a estos sectores no se les puede aumentar los tributos a sus sobreganancias para invertir en salud, educación, saneamiento?


¿Qué porcentaje de las ventas totales se quedan como utilidades netas, es decir como beneficios libres de impuestos para las mineras? El sector minero tiene un margen del orden de 42.4% de utilidades netas. Las tres empresas con mayores utilidades netas son Compañía de Minas Buenaventura con un 84.16%, Barrick Misquichilca con un 55.02% anual y Cerro Verde con 43.47%.


En estas condiciones, la minería atrae a los inversionistas, como la miel atrae a las abejas, con márgenes de utilidad neta que llegan en algún caso a 84.16% y que en promedio son de 42.4%. En promedio ganan el equivalente a todo su patrimonio en cuatro años y algunas mineras lo logran en dos. ¿Quién no quisiera invertir ahí?


¿Cuánto nos deja la minería, cuánto de su bonanza deja como impuestos en el Perú? La cifra cruda y real de la Sunat indica que el año 2011 el país recibió $4,500 mil millones, es decir tan solo, un 17% del monto exportado del sector minero. Esta es la nueva oligarquía minera.

  Javier Diez Canseco es miembro del Consejo Editorial de SinPermiso  

La Organización oriental LATINCHINA visita la Argentina con el objetivo de “promover el desarrollo y la cooperación estratégica” entre ambos países en cuanto a industria láctea se refiere.

  

Previenen inversiones.

El organismo visitó, en el día de ayer, las plantas de Sancor en la localidad de Sunchales, provincia de Santa Fe, el Centro Genético Cabaña “La Lilia”, la “Clínica 10 de Septiembre” y el Centro de Formación Profesional de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA).

El secretario General de dicho gremio, Héctor Ponce, indicó que “el fortalecimiento de la agenda estratégica agroindustrial con China es de suma importancia, por eso, le damos la bienvenida a esta delegación y los invitamos a que conozcan el desarrollo de la industria láctea en nuestro país”.

“La Argentina cuenta con una larga trayectoria y tecnología de punta en el sector lácteo, siendo uno de los mayores productores y exportadores mundiales de lácteos; nuestro país tiene la aptitud y la tecnológica para producir productos alimenticios salubres, inocuos y de calidad, como leche en polvo, yogures, y quesos”, añadió el dirigente.

Tan solo en 2010, las exportaciones lácteas de la Argentina a China se incrementaron en un 119%, lo cual se encuentra signado en el marco de un cambio en el referente de exportación del país.

La industria lechera china se encuentra con graves problemas por la falta de modernización. No puede garantizar la salubridad y calidad de sus productos, por lo que busca invertir en acuerdos de cooperación con nuestro país.

Desde LATINCHINA, indicaron que “la Argentina y China enfrentan distintos retos en sus industrias lecheras, y por ende ambos países pueden afianzar su cooperación para intensificar su comercio lácteo y agrícola, desarrollo biotecnológico, e inversiones recíprocas”.